Miércoles, 21 Noviembre 2018 17:14

Fallo de los Altos Tribunales sobre consulta previa preocupa a las petroleras

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La Asociación Colombiana del Petróleo pidió el pronto trámite de una ley que regule el derecho fundamental de las comunidades a esta herramienta.

Las multinacionales petroleras que operan en Colombia expresaron su preocupación por las últimas disposiciones de la rama judicial al considerar que la inestabilidad jurídica puede generar inconvenientes en el frente de los hidrocarburos toda vez afecta la ejecución de proyectos.

Tras conocer el fallo de unificación de jurisprudencia sobre el derecho fundamental de la consulta previa, proferido por la Corte Constitucional, la Asociación Colombiana del Petróleo ACP, reiteró que respeta los fallos y decisiones judiciales y el Estado Social de Derecho. Asimismo, resaltó la importancia del derecho fundamental de consulta previa de las comunidades indígenas, afrodescendientes y demás grupos étnicos.

La industria petrolera recalcó que hay un estrecho compromiso en el sector de hidrocarburos para trabajar con los diversos actores del territorio, en el marco de unas condiciones y normatividad clara y estable, que permita el óptimo desarrollo de los proyectos y la consolidación de relaciones de confianza.

“Frente al reciente fallo de la Corte Constitucional, expresamos nuestra preocupación en tanto consideramos que genera una afectación a la seguridad jurídica, con efectos en la normal ejecución de los proyectos y/o actividades de la industria hidrocarburífera que representamos, así como en diversos sectores económicos”, reza un documento de la ACP.

Añaden las multinacionales petroleras con operación en Colombia que no es claro, por ejemplo, por qué en su decisión la Corte le quita el valor al acto administrativo expedido por el Ministerio de Interior, mediante el cual se certifica o no la presencia de comunidades en un territorio y, además, avala que en cualquier etapa o fase del proyecto proceda la consulta, tanto de comunidades ya consultadas, como de nuevas comunidades que hagan presencia en el territorio con posterioridad al inicio de un proyecto, aumentando así la inestabilidad e incertidumbre para las empresas.

En su análisis el gremio petrolero estima que entre los aspectos de la decisión que generan preocupación también está el hecho que la Corte estaría otorgando un derecho a veto a favor de las comunidades, en lo que se refiere al concepto de consentimiento y no de acuerdo; y en lo relacionado con la posibilidad de suspensión de un proyecto en el caso de la no aprobación de las comunidades.

Dichas circunstancias, manifiesta la ACP, implican que se desnaturalice el derecho fundamental a la consulta previa, actuando incluso en contra de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y de la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional.

“Reconocemos que la decisión de la Corte responde a la ausencia de una ley estatutaria de consulta previa, ante lo cual es pertinente recordar que desde la industria hemos sido los más interesados en que se regule este procedimiento. Es así que la ACP junto con otro gremios empresariales léase ACM, Acolgen, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Andeg y Naturgas, trabajaron de manera conjunta durante más de cinco años en la elaboración de un proyecto de esta naturaleza, que buscaba regular de manera integral ese derecho y contenía los aspectos más importantes para su aplicación. Este proyecto fue presentado al Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, no obstante, y a pesar de las múltiples reuniones de trabajo con el Ministerio de Interior, este no fue presentado al Congreso de la República”, añadió la ACP.

Ante el escenario jurídico actual, la ACP hizo un llamado respetuoso al Gobierno Nacional y especialmente al Ministerio de Interior para que, con carácter urgente, se tramite un proyecto de ley estatutaria que regule de forma integral el derecho fundamental de las comunidades a la consulta previa, establezca definiciones y obligaciones claras, contribuya a la seguridad jurídica, la armonización de las relaciones con las comunidades, y al desarrollo óptimo de los proyectos de interés para el país.

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