En un comunicado enviado por los productores de caña de azúcar se puso de manifiesto el malestar del sector por las declaraciones que el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia entregó a algunos medios de comunicación y que de manera anticipada condenan a un sector productivo que si bien está en investigación, aún no ha sido condenado por la posible conformación de un cartel.

El oficio emitido por la Asociación Colombiana de Productores de Caña de Azúcar, Asocaña, precisa que las aseveraciones del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, contenidas en el informe que conoció el sector azucarero por la divulgación que hicieron algunos medios de comunicación, son falsas de toda falsedad como ha sido demostrado con las pruebas que el gremio ha aportado a lo largo de la acción administrativa ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

“Pruebas que deliberadamente el funcionario citado ni siquiera menciona, analiza, ni mucho menos considera en ese informe que es un acto de trámite que no concluye la investigación en curso”, señala el oficio.

Asocaña y los productores afiliados esperan que la etapa de la investigación que sigue y que corresponde al Superintendente de Industria y Comercio, al que consideran un destacado profesional que en su importante trayectoria ha actuado en derecho, se tenga en cuenta y se considere las pruebas mencionadas porque son claras y contundentes luego del concepto que rendirá el funcionario a su Consejo Asesor.

“Por ello manifestamos de manera categórica, que las afirmaciones de algunos medios de comunicación, según las cuales la Superintendencia encontró probada la existencia de un cartel anticompetitivo, no corresponden a la realidad, pues solamente compete al Superintendente de Industria y Comercio, determinar si se encuentra demostrada o no la existencia de una conducta anticompetitiva”, reza el documento.

Asocaña y sus agremiados, dice el oficio, adelantarán todas las acciones legales que sean necesarias para impedir que se continúe lesionando el derecho de defensa, y para hacer valer el derecho fundamental a la honra y al buen nombre de la institución y de las personas naturales.

Asocaña solicitó a la Procuraduría General de la Nación que acompañe al gremio hasta el final de este proceso administrativo, que desarrolla la Superintendencia de Industria y Comercio, a fin de garantizar la consideración y valoración del material probatorio, y el consecuente debido proceso que garantiza la Constitución Política de Colombia y al respeto y probidad que demandan estas diligencias al amparo de un Estado Social de Derecho que le da tranquilidad a una nación y que por eso existe en el país.