Jueves, 05 Mayo 2016 23:55

Eficaz programa de formalización minera se abre paso en Boyacá

Las aspiraciones del Departamento de Boyacá por recuperar la Delegación Minera, cobra mucha vigencia y con la Sentencia del Consejo de Estado, el departamento recupera acciones de Paz del Río.

Por 

 Por Germán Suárez Bernal

Presidente de ASOMINB y vicepresidente de Confedesmeraldas

Especial para Diariolaeconomia.com

Basta con recordar los grandes movimientos sociales protagonizados por los sectores económicos más fuertes y más golpeados por las políticas públicas en los últimos 15 años en Colombia, que sumieron a los campesinos Boyacenses en la miseria y la desesperanza, fue así como primero los mineros y luego seguidos por los agricultores fueron actores principales en los paros de 2013 que provocaron la creación de Mesas de concertación para lograr los cambios estructurales que permitieran salvar o sobreaguar a los labriegos dedicados a estas actividades económicas que en Boyacá generan el su sustento de gran parte de la población pues no solamente beneficiarían a los actores directos, sino también a las personas que se ven involucradas en la cadena productiva y dinamizan la economía de los campos y ciudades de cualquier nivel.

Vimos como desfilaban funcionarios de alto nivel, Ministros, Viceministros, directores, empresarios y curas, concertando las medidas inmediatas para la tan anunciada salvación del campo colombiano; después de casi 4 años no se concretan las anunciadas reformas y medidas y por el contrario se acentúa cada vez más la crisis agraria y minera de Boyacá y Colombia.

Saca pecho hoy el Ministro de Agricultura y el Presidente Santos anunciando paliativos que no solucionan en nada el sector agropecuario; de la misma manera y peor aún los mineros tradicionales que luego de más de 1000 sesiones de Mesas de concertación en todo el país y todos los minerales, presencian el desmantelamiento de la minería de Subsistencia y pequeña minería nacional acompañada de la criminalización de los mineros artesanales que confiadamente participaron en el Octavo programa de formalización minera adelantado por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, que sumidos en un desfile burocrático que rota Ministros y funcionarios incompetentes para lograr las soluciones que requiere el sector, que debe basarse en la inclusión, la caracterización del subsuelo, la promoción, fomento y transformaciones tecnológicas del sector al que se le debe todo lo que hay en materia de infraestructura vial, vivienda, educación y salud, pero que ha sido engañado por los gobernantes que paradójicamente en Boyacá han sido elegidos como sus verdugos, dejando el sector siderúrgico arruinado y con la perdida del mayor número de puestos de trabajo superado únicamente por el sector de hidrocarburos que hoy raya los 70.000 desempleados.

Consecuencias de las sentencias del Consejo de Estado

El Alto Tribunal acaba de tumbar el Decreto 0933 del 9 de Mayo de 2013 y como consecuencia todos los decretos reglamentarios que de él se derivan quedan muertos, quiere decir esto que el panorama en materia de formalización de los mineros tradicionales queda peor que en el año 2010 antes de la ley 1382 y con las sentencias C123 de 2014 y C035 de 2016, el papel de los entes territoriales es preponderante en materia de titulación y legalización de mineros tradicionales, ES INCREIBLE QUE LA INSEGURIDAD JURIDICA PROVENGA DE LA MISMA AUTORIDAD MINERA y que muerta la madre, muerta la hija.

Dado lo anterior, no hay mal que por bien no venga, las aspiraciones del Departamento de Boyacá por recuperar la Delegación Minera, cobra mucha vigencia y con la Sentencia también del Consejo de Estado que le devuelve el 13,5 % ( Que deberían ser el 21%) de las Acciones de Acerías Paz del Rio al Departamento de Boyacá, la Administración del Gobernador Carlos Amaya debe liderar el proceso de Legalización de mineros tradicionales dentro del título 070, que comprende un área de 38.000 has y que fue prometido por APDR como contraprestación por la prórroga de ese título en virtud de aporte (Abiertamente inconstitucional) para formalizar 400 mineros dentro de esta área y que hoy contrariamente ha dejado hasta el momento más de 23 mineros condenados penalmente y con orden de cierre definitivo de sus pequeños proyectos mineros sumiéndolos en la miseria y desesperanza.

De la misma manera y derivado de la misma sentencia, hay que aclara a quien pertenece el corredor Férreo entre Belencito y Patios de Santa Teresa en Paz del Rio, porque hasta donde la historia cuenta, ese corredor es una servidumbre campesina en donde aún hoy los pequeños finqueros por donde atraviesa la carrilera, pagan impuesto sobre esas franjas de terreno y la superestructura férrea fue construida con dineros del departamento de Boyacá y en 1954 como fruto de la integración de los ferrocarriles Nacionales, el gobierno departamental recibió dineros por ese bien para que se volviera una propiedad de la nación, por tanto en mi concepto ese bien es público y también la Administración Amaya debe defender esos intereses de los Boyacenses.