Domingo, 02 Diciembre 2018 02:23

Seguridad y vigilancia, un sector con normatividad obsoleta

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La adecuada regulación de la seguridad privada, pues por su naturaleza, el sector implica riesgos tanto para los usuarios como para los prestadores de servicio.

Un estudio realizado por Fedesarrollo hace por primera vez una radiografía completa del sector de seguridad y vigilancia privada en Colombia y evidencia, no solo la importancia de éste para la economía nacional, sino los retos y oportunidades que enfrenta de cara a un probable repunte del crecimiento económico previsto para los próximos años en el país y que se llevaría a que la demanda de estos servicios crezca.

El análisis liderado por Fedesarrollo con el apoyo de Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, FedeSeguridad, dice que en América Latina, en promedio hay 16.000 compañías dedicadas a este servicio, empleando 2,4 millones de personas aproximadamente.

La subdirectora del Centro de Investigación Económica y Social, Fedesarrollo, Camila Pérez Marulanda, quien comandó el estudio dijo que en Colombia, el sector reportó cerca de 900 empresas y 256.618 trabajadores operativos registrados formalmente, aclarando que las cifras son del año 2016. El análisis deja ver que el 74% del total de empresas son pequeñas y micro. Sin embargo, la ingresos están concentrados en las empresas grandes.

Uno de los principales determinantes del crecimiento del sector es la escasez de personal policial medido por cada 100.000 habitantes, dejando ver que ciudades como Bogotá presentan el mayor déficit de policías, factor que coincide con la alta demanda Per Cápita de servicios, le siguen Cartagena, Cali y Pasto.

En la mayor dinámica y crecimiento de los servicios de seguridad está el alto uso del efectivo en Colombia que está incluso por encima de otras economías de la región como Chile y México. Esa tendencia tiene según Fedesarrollo unos costos asociados vinculados al transporte de valores y a la adquisición de seguros por hurto. Del total del costo operativo, 62% se atribuye a los conceptos de seguridad y transporte, espacio físico, gastos de personal y otros.

El incremento en el número de cajeros electrónicos es otra de las principales determinantes del crecimiento de los servicios de seguridad, pues en la última década se disparó la instalación de éstos y como es apenas consecuente el mayor uso de dinero plástico.

Otro problema en seguridad privada tiene que ver con la capacitación ya que el curso de reentrenamiento anual siempre tiene el mismo contenido, de igual manera dice Fedesarrollo, no existe una malla curricular definida para quienes prestan el servicio de transporte de valores. En Colombia, hay ocho empresas autorizadas por la Supervigilancia para transportar valores. El año anterior representaban el 7% del total de los ingresos del sector.

“El contenido de los cursos no tiene ninguna supervisión por parte del Ministerio de Educación, ni existe un perfil establecido para los docentes de las academias de capacitación, lo que conduce a que no haya estándares de calidad en la educación que se está dando. Dentro de las academias que imparten la capacitación, existe mucha informalidad”, específico la señora Pérez.

La experta dijo en su informe que el marco normativo para el transporte de valores está lejos de ser el adecuado debido a la gama de servicios que se ofrece actualmente en el mercado no limitándose al transporte, procesamiento y custodia de valores. Desde 2014 la Superintendencia del ramo ha trabajado en un protocolo de operación para éste tipo de transporte especializado, lo que conduciría a eliminar las malas prácticas como el transporte de especies valores en motos. Sin embargo, aclara Fedesarrollo, no ha sido posible su aprobación.

Hay que decir que el número de empleados que cotizan a seguridad social es aproximadamente de 311.876 personas. Según el estudio, el nivel de educación de empleados dedicados a la seguridad es en 91.5% gente con educación media, el 7.3% con educación primaria básica y tan solo 1.3% acreditan educación profesional. Mirando la industria por género, el 88% de la empleados son hombres, mientras que el 12% hace parte de la fuerza femenina vinculada a la actividad.

Los departamentos en donde se concentra la prestación de servicios son, Bogotá, Santander, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico. En materia salarial, los vigilantes generalmente devengan un salario mayor al estipendio mínimo legal vigente.

En su investigación, Fedesarrollo explicó que el sector se mueve al ritmo de la economía y por tal razón, en los últimos dos años la significativa reducción en la tasa de crecimiento de Colombia, producto de la caída del precio del petróleo, que se tradujo en una fuerte contracción de las exportaciones, la devaluación del peso y una reducción de la inversión extranjera se tradujo en una importante disminución en el número de servicios prestados de seguridad y vigilancia privada.

Los bajos resultados de los últimos años van en contravía con la tendencia mundial e incluso con los números recogidos en Colombia durante la última década, cuando el crecimiento anual de los ingresos del sector fue cercano al 10%. Para el 31 de diciembre de 2017 las empresas de vigilancia y seguridad privada habían reportado $9.2 billones de pesos en ventas, con un crecimiento de 7% frente al año anterior.

Sin embargo, según la investigación, que cuenta con componentes cuantitativos y cualitativos, con la dinamización en el mediano plazo del crecimiento del sector de la construcción, especialmente el componente de obras civiles, del sector agrícola y de la minería, es de esperar que la demanda de servicios de seguridad y vigilancia privada se recupere, pero con tasas de crecimiento inferiores a las observadas a comienzos de esta década. Así mismo, el proceso de urbanización y crecimiento de las ciudades en el país impulsarán la demanda del servicio hacia futuro.

En su estudio Camila Pérez dijo que el sector cuenta con importantes retos, especialmente en materia regulatoria, por lo que la actualización del marco normativo debería ser una prioridad. En efecto, consideró, hoy en Colombia no existe una regulación adaptada a los cambios tecnológicos como la seguridad electrónica, drones y armas no letales, por mencionar algunas, que permita que el sector avance y ofrezca una mayor gama de servicios como el transporte de valores en motos, que no cumplen con los estándares de calidad ni de seguridad adecuados.

A pesar de que el sector de seguridad privada tuvo origen en Colombia hace más de 50 años, su legislación fue posterior. Los primeros pasos para su formalización se dieron en la década de los sesenta y es hasta 1994, con el decreto 356, que se implementa un marco regulatorio especifico que aún sigue vigente.

“Aún cuando se han expedido mas de 50 decretos reglamentarios y resoluciones de la Superintendencia con el fin de modificar o complementar la normatividad existente, ésta no alcanza a cubrir los cambios que se presentan en el mercado y varias de las numerosas propuestas radicadas en el Congreso han sido archivadas” explico Pérez.

Así mismo, destaca el informe, el fortalecimiento institucional de la Supervigilancia debe ser prioritario, toda vez que resulta fundamental mejorar los sistemas de reporte y procesamiento de información del sector, los cuales están desactualizados y presentan inconsistencias. Así mismo, es importante simplificar y racionalizar los trámites de licencias y capacitaciones que deben surtir las empresas del sector y procurar que éstos sirvan para mejorar el servicio que brindan.

Si bien en Colombia existe una estructura establecida para estas capacitaciones, la investigación devela varias fallas de este sistema, el curso de reentrenamiento anual siempre tiene el mismo contenido, no existe una malla curricular definida para quienes prestan el servicio de transporte de valores, el contenido de los cursos no tiene supervisión por parte del Ministerio de Educación, no existe un perfil establecido para los docentes de las academias de capacitación, lo que conduce a que no haya estándares de calidad en la educación que se imparte, y dentro de las academias que realizan la capacitación existe mucha informalidad.

“Es urgente e importante que la superintendencia mejore su capacidad técnica al interior de la organización, con el fin de lograr una adecuada labor de control”, señala la investigadora.

Percepción del sector

Con el objetivo de conocer la percepción sobre la situación actual del sector, en el marco de la investigación, Fedesarrollo realizó una encuesta dirigida a empresas dedicadas a la prestación de servicios de vigilancia, transporte de valores, blindadoras y seguridad electrónica. La encuesta se envió a 1.000 empresas, de las cuales 187 diligenciaron formulario.

Dentro de los resultados más destacados se resalta que las empresas tienen la percepción de que existen dificultades para la contratación de servicios de seguridad con el estado, principalmente por temas relacionados con falta de transparencia en los procesos.

Por otro lado, se encontró que el ingreso básico de los trabajadores del área operativa es mayor a un salario mínimo en el 75% de las empresas encuestadas. Además, el 78% de ellas ofrece beneficios extralegales. Al clasificar por tamaño de empresas, las microempresas son las que presentan unos salarios más bajos para quienes prestan el servicio de vigilancia y seguridad.

En cuanto al marco normativo, existe una inclinación de los encuestados a que la tarifa de los servicios de vigilancia y seguridad privada continúe siendo regulada. Un porcentaje importante de empresas considera que toda la normatividad dificulta la prestación de su servicio y todos los encuestados coinciden en que una nueva normatividad debe convertirse en la principal misión del sector.

El estudio precisa que los empresarios perciben Una Superintendencia de Vigilancia con poca capacidad de gestión, asunto que perjudica el correcto desarrollo del sector. De igual manera se evidenció que dicha Superintendencia debería ejercer más control sobre aquellas empresas que no funcionan legalmente en lugar de enfocarse sobre aquellas que si lo hacen.

En vista que el marco normativo tiene a la fecha más de veinte años de vigencia, los empresarios demandan una adecuada regulación de la seguridad privada en Colombia. El estudio del centro de Investigación Económica y Social que el sector en medio de sus vicisitudes ha logrado una transformación importante en donde la tecnología entró a jugar un papel relevante en la gama de servicios ofrecidos, razón por la cual la adecuación de la regulación requiere especial atención.

En los últimos dos años, Colombia experimentó una significativa reducción en la tasa de crecimiento como consecuencia del desplome en los precios del petróleo que impactó severamente las exportaciones, también influyó la devaluación del peso y la reducción de la inversión extranjera. Sin embargo, Fedesarrollo estima que a partir del 2018 la economía retomará su ritmo de crecimiento, eso sí de manera lenta. Para este centro, sectores como la construcción por las obras civiles, el sector agrícola, la inversión extranjera y la minería, que se recuperará gradualmente, serán un importante motor de desarrollo.

En ese orden de ideas es de esperarse que en los próximos años haya una recuperación en la demanda de servicios de seguridad y vigilancia privada, pero con tasas de crecimiento inferiores a las observadas a comienzos de esta década.

Hay que abrir las puertas a la inversión

La Directora Ejecutiva de FedeSeguridad Natalia Gutiérrez Jaramillo, habló con Diariolaeconomia.com y consideró determinante para el desarrollo propiciar la inversión extranjera en el sector de la seguridad porque a ésta se le puso el candado en detrimento de una industria que con cargo a la añeja ley está perdiendo un sin número de oportunidades como actualizar el sector y modernizarlo para mayor eficiencia.

“Hay muchas compañías nacionales que respaldan la inversión extranjera, pero desafortunadamente hemos tenido dificultades para encontrar consensos entre todas las compañías. Igual hay que modernizar la competencia regulatoria y sancionatoria ya que hay muy buena voluntad pero muy pocas uñas para poder intervenir”, comentó la señora Gutiérrez Jaramillo quien añadió que todos en el país conviven con un celador y con la seguridad en general.

Dijo que resulta todo un contrasentido cerrarle la puerta a la inversión en seguridad en plena globalización de la economía y justo cuando hay una fila larga de multinacionales queriendo entrar a Colombia lo que podría conjurarse con la actualización de la norma porque dicha restricción viene desde 1994, cuando el país se movía en otro contexto. Insistió en que la talanquera a la inversión va en total contravía de todos los movimientos y tendencias a nivel mundial.

La inversión en seguridad es una tendencia en el mundo entero pero Gutiérrez lamentó que Colombia sea uno de los pocos, si no el único, en prohibir el ingreso de capitales frescos a este sector, lo cual es aún más preocupante si se tiene en cuenta que la puerta está cerrada de igual manera para la exportación de éstos servicios que a nivel de América Latina son altamente competitivos.

“Por reciprocidad muchos países nos dicen, qué pena pero ustedes no pueden hacer inversiones acá porque nosotros no la podemos hacer allá en Colombia. Es triste porque hay compañías muy grandes queriendo entrar pero infortunadamente la negativa está presente, asunto para el lamento porque aparte de invertir, esas transnacionales lo que buscan es mejorar estándares y coadyuvar con el crecimiento vía alianzas estratégicas y otros modelos”, expuso la directora ejecutiva de FedeSeguridad quien dijo que el tema no pasa por seguridad nacional ni por la quiebra de la industria colombiana.

Sostuvo que amén de las cifras y del aporte social, el sector ha pasado con bajo perfil muy a pesar de la dinámica que le imprime la economía. Lamentó la desactualización del marco regulatorio por cuánto está  en vigencia desde 1994 dejando ver limitaciones en el tema societario y unos objetos únicos así como absurdos que limitan el crecimiento empresarial lo cual no es bien visto en ningún sector de la economía colombiana.

Si bien destacó que ha habido muy buenos superintendentes, lamentablemente la Superintendencia de Seguridad es muy pobre lo que le dificulta fiscalizar todo el sector y ser ágil con los procesos. Expresó la ejecutiva su preocupación por la falta de actualización en las bases de datos y por el tema de control de las armas. Aclaró que lo ideal en esta industria es no usar armamento en vista de que hay nuevas tecnologías como aparatos no letales.

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