Martes, 25 Abril 2017 05:07

En legislación minera, el gobierno está pelando el cobre: Suárez Bernal

Los mineros consideran que las condiciones contractuales arrasaron con la pequeña y mediana minería haciendo que la gente vea con muy malos ojos un sector que como la minería no hace parte de la empresa social del país.

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Los gremios mineros que representan a las empresas y a los trabajadores de este difícil, arriesgado y por momentos temible oficio, reiteraron su inconformismo por la carencia de una política minera seria que le dé solidez jurídica a una actividad que debe ser incluyente, resiliente y competitiva para que sea aceptada por una sociedad que ve con desconfianza la extracción de metales y piedras preciosas.

En charla con Diariolaeconomia.com, el presidente de la Confederación Nacional de Esmeralderos, Confedesmeraldas, Germán Suárez Bernal, denunció que las inversiones en minería están en riesgo por la falta de piso jurídico así como por la serie de medidas que la hacen de este sector el más excluyente y actualmente en la mira de la sociedad, de los Altos Tribunales y de la comunidad internacional que canaliza quejas y un visible inconformismo de parte de quienes le apuestan a esta ardua y dura tarea.

Dijo que la minería de hoy es totalmente excluyente porque no tiene en cuenta las regiones, por cuanto no da beneficios a las zonas productivas que de manera increíble son las más miserables del país y porque no tiene una inversión importante para optimizar el factor competitividad. En ese sentido, aclaró, la inversión extranjera es muy importante, pero sin dejar de lado la inclusión como pasa en Cajamarca, en Piedras, en Tauramena y en otras regiones en donde por no pensar en mejoras sociales hay una resistencia civil hacia la minería porque no les está dejando nada tangible a las zonas productivas.

En ese sentido Suárez indicó que es oficio del ejecutivo, enfocar sus mayores esfuerzos y sus mejores políticas en una minería que necesita ser aceptada por la sociedad y vista como un potencial de desarrollo social y económico.

“Hoy tenemos resistencia en El Cerrejón, en La Loma, Cesar, en el occidente de Boyacá, en el Valle del Sugamuxi y Tundama, como en otras zonas del país, porque no está quedando nada para las comunidades y es por ello que la sociedad está rechazando los proyectos mineros porque no son generadores de progreso o bienestar para la sociedad amen de los inmejorables balances económicos de las empresas”, declaró el señor Suárez Bernal.

En Colombia cerca de 1.8 millones de familias dependen de la minería y es por eso que hay que cuidar un sector productivo del cual dependen desde los barequeros hasta los empleados y los representantes legales de las multinacionales que deben dar resultados con reglas de juego claras que les permita hacer un traslado en materia de beneficio social. Lo preocupante, señaló el experto, es que de esos 1.8 millones de mineros no hay ni un 10 por ciento legalizado lo que se convierte en un problema muy grave porque está dejando a la gente en un limbo sin solución toda vez que no existe el marco jurídico que aplique para esa situación.

El asunto es tan delicado, reveló Suárez, que el viernes anterior se desplomó el negocio de Gemfields, multinacional inglesa que ya no entrará a la zona esmeraldera pues deshizo el preacuerdo para explotar gemas en Coscuez, es decir que ya no van en el sonado negocio pues prefirieron retirarse.

“Esto muestra que los líos son en cadena para la minería y que las políticas no son confiables para nadie, aquí sale impactado desde el más miserable hasta el inversionista más opulento pues si se descuida termina llevando del bulto”, expreso el vocero.

Invitó a revisar con mucho juicio todos los títulos mineros otorgados en zonas vedadas para la minería y en donde el gobierno cobró cánones superficiarios durante ocho o diez años. Explicó que al mirar con sensatez la ley de páramos o la línea Humboldt, resulta que esas áreas otorgadas por la Agencia Nacional de Minería en el gobierno de Álvaro Uribe, quedaron reducidas al diez por ciento del total de las áreas otorgadas. Dijo que ahora la pregunta que se hacen muchos es ¿Quién responderá por la plata que se pagó por lo que no se entregó y por los mismos estudios de suelos y de factibilidad?.

Al indagar sobre el por qué se concesionan áreas en zonas prohibidas para la minería y en dónde el sentido común no tiene cabida, Suárez Bernal dijo que todo eso es la consecuencia de otorgar títulos desde las oficinas perfumadas de Bogotá en donde los llamados “yupis” del Ministerio no conocen el sector minero y menos la ruralidad de Colombia.

“Es por eso que titularon el páramo de Santurban, la sierra nevada del Cocuy, el Páramo de Pisba, el Páramo de Paya, la laguna de Tota y Caño Cristales, que son zonas vedadas y de las que tiene conocimiento cualquier persona por ignorante que sea, pero no los señores de la Agencia Nacional de Minería que conceden títulos mineros imposibles que tan solo traerán gravísimos problemas jurídicos al país”, afirmó el también presidente de la Asociación de Mineros del Norte de Boyacá, ASOMINB.

Otro punto a tener en cuenta es que la minería que genera miles de millones de dólares y muchos billones de pesos, podría entregar mayores recursos si no fuera por esa condición de auto liquidable porque se hace a merced de los exportadores sin que los controles del gobierno surtan los efectos fiscales del caso. Dijo que con el carbón sucede que prácticamente Colombia paga para que le saquen el mineral sin que a la nación le quede una utilidad que se refleje en mejoras en infraestructura o calidad de vida porque para hacer vías se acude al endeudamiento y lamentablemente se habla de niños que siguen muriéndose de hambre.

Suárez aclaró que con muchos títulos mineros, varios propietarios de una finca que extraían carbón para venderlo y hacer posible su actividad agropecuaria, pasaron a ser los celadores y los que abren y le cierran la puerta de su finca al dueño del título que con la famosa figura de “amparos administrativos”, vulneró de manera imperdonable la propiedad privada y los derechos fundamentales de los labriegos.

Enfatizó que los mineros deben defender la minería como fuente de ingreso, respeto y dignidad, pero invitó a los empresarios a encabezar las marchas pacíficas porque ellos que han invertido plata en Colombia pueden salir perjudicados con una política minera que arrasa la minería nacional y que no le deja sustento ni justificación en la sociedad colombiana para que pueda continuar.

“Si los empresarios no se suman a las reclamaciones que se van a hacer el 28 de abril en el Segundo Encuentro Nacional de Minería y que termina en una marcha pacífica de esmeralderos, los primeros que se van a ver afectados son precisamente esos empresarios que en el caso de esmeraldas son apenas siete. Esos decretos que son abiertamente lesivos deben ser derogados inmediatamente porque es urgente hacer resocialización en las zonas productivas y por minerales para que la minería sea incluyente, resiliente y competitiva pues de lo contrario no vamos a tener una actividad que acepte y salude la sociedad”, acotó.

Encuentro para conjurar el desencuentro

Para exponer la problemática de cada subsector de la minería se llevará a cabo el Encuentro Nacional Minero este 28 de abril en el club de Ejecutivos de Bogotá y allí son esperadas delegaciones de todo el país y de todos los minerales. Aprovechando que el recinto del evento queda al frente de la plaza de toros de La Santa María, de allí partirá la marcha pacífica en protesta por una política minera inexistente y perjudicial que con la sola formalización minera que costo más de 600.000 millones de pesos dejó a más de uno viendo un chispero.

Suárez Bernal dijo es que fácilmente demostrable que ni siquiera los títulos mineros que se han otorgado desde el año 2002 o 2004, es decir en los gobiernos de los presidentes, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, no se han podido formalizar.

Para el tema de esmeraldas, explicó, el estado ha otorgado más de 360 títulos de los cuales apenas hay siete formalizados que vienen trabajando desde hace más de 30 años, es decir que no hay un yacimiento nuevo o una expectativa novedosa para la generación de empleo. Aseveró que la política de formalización ha tenido cero resultados en títulos mineros porque no ha logrado poner a funcionar una minería responsable y rentable bajo preceptos normativos ambientales, económicos y sociales.

“Para titulares mineros la política no es más que un rotundo fracaso porque no hay asideros jurídicos que brinden tranquilidad y los efectos económicos y sociales son más que precarios. El cuento aquí es quien va a responder por una política diseñada por imberbes y por personas que jamás han pisado un proyecto minero”, comentó el presidente de Confedesmeraldas.

Otro tema que genera toda la preocupación posible es el de las solicitudes de legalización de mineros tradicionales que arrancó en 2010 con la ley 1382 la cual fue declarada inexequible aclarando que al amparo de esta se radicaron más de 9.700 solicitudes para dicha legalización de las cuáles fueron rechazadas alrededor de 4.300 peticiones, quedando por evaluar unas 5.400 que no tienen la mínima esperanza de que sean resueltas tras el pronunciamiento del Consejo de Estado.

“Cabe precisar que el decreto 933 fue el mismo que reemplazo la ley 1382 para formalizar mineros tradicionales, pero como se vino al piso esta ley por ser objetada por el Alto Tribunal por falta de consulta previa, el estado expidió el decreto 933 como una vulgar copia del decreto 1970 que fue el que muto en el 1382, prácticamente reenumeraron la vieja ley para darle vigencia a lo inviable. Sin poder tomar soluciones de fondo con el decreto, todas sus acciones quedaron suspendidas para las 5.400 solicitudes y las rechazadas quedaron como si nada hubiese pasado, es decir hay un limbo suscitado por la falta de piso jurídico, luego el lío aquí es tenaz”, replicó Suárez Bernal.

Sobre la legalización de los barequeros, el dirigente gremial anotó que estas personas que hacen parte de la parte más baja y más vulnerable de la cadena minera, también quedaron en veremos porque en al comienzo se dijo que podrían legalizarse solo con ir y hacer el debido registro en las alcaldías para poder así transportar y comercializar el mineral que fuera.

Resulta, apuntó, que en febrero de este año expidieron el decreto 1666 para reglamentar la minería de subsistencia, es decir la de los barequeros, esta reglamentación, explicó Suárez, les puso unos topes con la resolución 40103 que les pone unas barreras supremamente altas a los marginados y empobrecidos barequeros a quienes los obligan a sistematizarse cuando ni siquiera aprendieron a leer en zonas complicadas del Magdalena Medio, del Bajo Cauca, del Occidente de Boyacá o en cualquier parte en donde se desarrolle la actividad minera.

De ñapa, sostuvo Confedesmeraldas, a estas personas que generalmente son iletradas e inquilinas de la miseria, les exigieron inscribirse en el Registro Único Tributario, RUT. Además les prohibieron pasar cuentas de cobro para reclamar lo que con dificultad se ganan como si esa facultad fuera totalmente del Ministerio de Minas.

“A mí me da mucha pena, pero esa es competencia única y exclusiva de la DIAN y eso cuando los minerales superen los niveles de ventas que obligarían ciertamente al barequero a abandonar el régimen simplificado para pasar al régimen común. Eso es como pedirle RUT a un reciclador de basuras y con esto el gobierno en cabeza del Ministerio de Minas y de la Agencia Nacional de Minería, está pelando el cobre en detrimento de la clase más desfavorecida, de esa base en harapos que conforma la pirámide minera en la extracción de esmeraldas dejándoles los beneficios a algunas transnacionales porque hay que reconocer que algunas están pagando salarios y prestaciones sociales”, afirmó.

Para el dirigente, el negocio de la tradicional Avenida Jiménez, que se caracterizó por tener negocios basados en el tallado, en las exportaciones y en comisiones que llegaban directamente de las minas por los barequeros o los guaqueros, pasó a la historia porque ningún minero de precarias condiciones puede sacar un certificado de origen, ni el RUCOM ni el RUT, es decir no puede hacer nada.

“La política de formalización arrasó con la minería de subsistencia, básicamente en el sector de esmeraldas y en el sector de carbones, ni en el decreto ni la resolución contemplaron la minería de subsistencia lo cual es un asunto completamente ridículo”, concluyó Suárez Bernal.