Jueves, 15 Noviembre 2018 12:32

Petroleras están dejando de invertir en Colombia: Lloreda

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El gobierno del Presidente Iván Duque, tiene un gran reto y tiene que ver con permitir la actividad del sector petrolero o posiblemente verlo marchitar. ¿Cien años de soledad?.

La industria petrolera colombiana presentó un alarmante análisis que dejó a muchos con incertidumbre sobre el devenir de la exploración y la explotación de hidrocarburos. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco José Lloreda Mera, indicó en desarrollo de la Primera Cumbre de Petróleo y Gas que la situación no es fácil y alertó por un agudo panorama fiscal a futuro si del subsuelo colombiano o de las aguas caribeñas, no brota crudo para solventar las inmensas necesidades fiscales.

Al cumplirse cien años de la industria petrolera, el dirigente gremial expuso que amén del potencial en tierra firme y costa afuera, en yacimientos convencionales y no convencionales, hay unas reservas probadas exiguas y un riesgo inminente de perder la autosuficiencia energética, y los recursos que el sector aporta al país y a las regiones. No menos apremiante resultó su versión que da cuenta del comienzo del marchitamiento de la inversión petrolera en Colombia, asunto que puede frenarse por el bien del desarrollo y de las cuentas urgidas del estado.

“¿Dejamos enterrado el petróleo y el gas durante la diversificación o transición energética? ¿Nos convertimos en importadores de hidrocarburos, conscientes de su impacto en las finanzas públicas y el bolsillo de los colombianos? ¿No será más sensato aprovechar la estrecha ventana de oportunidad de las próximas dos o tres décadas para desarrollar nuestros recursos del subsuelo de manera responsable y destinar esos recursos a fortalecer otros sectores, el agrícola y el turismo, las energías renovables?”, indagó recurrentemente el presidente de la ACP.

Precisó que indudablemente esa es la discusión, la diversificación o transición energética no es incompatible con el desarrollo responsable del petróleo y el gas. Sostuvo que así lo han entendido varios países, entre ellos, Arabia Saudita, Emiratos, Rusia, Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, Canadá, China, Argentina y Perú, que junto a otros países tienen claro que al tiempo de impulsar las energías renovables, deben continuar desarrollando sus hidrocarburos, pues son además, el motor de su transición energética y de su transformación económica.

Comentó que a juzgar por lo que pasa en Colombia, los hidrocarburos podrían quedar enterrados ya que las reservas probadas languidecen, pues así lo demuestran los 1.782 millones de barriles que alcanzan para 5.6 años. Dijo que preocupantemente la exploración no despega en vista que van 30 pozos exploratorios de los 65 programados para este año, situación difícil aún más con ese reporte de 900 kilómetros de sísmica.

Aseguró que la inversión no levanta cabeza y caso opuesto se contrae puesto que se tenía previsto invertir en 2018 US$ 4.500 millones y no es claro que el país llegue a US$4.000. Los prospectos exploratorios, enfatizó, están prácticamente congelados.

“¿Por qué si los precios internacionales se han recuperado situándose en un promedio de $75 dólares el barril, la exploración no despega? ¿Por qué si logramos importantes descubrimientos costa afuera y unos recientes en tierra, la inversión requerida no llega? ¿Por qué si la producción se ha mantenido en 860 mil barriles y Ecopetrol presenta resultados positivos, hablo de un escenario en el que la industria podría desvanecerse?”, nuevas inquietudes de Lloreda Mera.

Empero respondió en orden y afirmó que toda la situación petrolera de Colombia y un eventual desenlace complicado es un contexto difícil porque el país es dubitativo y contradictorio. Expuso que Colombia decidió desarrollar los recursos del subsuelo marino sabiendo que implica grandes inversiones y una seguridad jurídica a prueba de toda volatilidad política e ideológica y al final le inquieta el arbitraje internacional; olvidando que la inversión en esos proyectos es cada día más selectiva, en especial tratándose de gas por los precios bajos y las diversas opciones para desarrollarlos.

Hay líos porque el país decidió desarrollar los yacimientos no convencionales hace diez años y no ha iniciado la fase exploratoria a sabiendas que todos los días se presentan nuevas talanqueras, basadas en información falsa sobre los riesgos e impactos y una interpretación errada y absurda del Principio de Precaución, que de aplicarse con igual rasero en el país conduciría a prohibir cientos de productos y varias actividades económicas.

También hay un limbo según Lloreda porque las empresas que están produciendo en tierra firme, todas, están confinadas a los terrenos que conocen, exprimiendo unos campos viejos y en declive, para sostener una producción de corto plazo; la mayoría, apuntó, no quiere correr riesgos en áreas nuevas, lidiar con licencias, consultas, chantajes y bloqueos. A criterio del connotado dirigente, las empresas están acorraladas, es la realidad, en un país que sufre de miopía severa así como de un cortoplacismo alarmante e irresponsable.

“Hay problemas porque llevar un barril a puerto es complejo y costoso pese a contar con un buen sistema de oleoductos y nuevas opciones de transporte por el Magdalena. Es triste que el crudo que va con destino a tierras asiáticas salga principalmente por Ecuador o por el Caribe porque el Oleoducto Trasandino vive reventado y no hay más opciones. Qué decir de Caño Limón-Coveñas que lleva 272 días parado y con 80 atentados, señales de paz del ELN. Tenemos unas tarifas reguladas que por distintos motivos nos ubica en el 25% de la producción más costosa del mundo”, aseveró.

Igualmente dijo que otra respuesta a la coyuntura la da un abastecimiento de combustibles frágil y asimétrico que da a entender que Colombia le tiene miedo a la libre competencia. Lloreda señaló que el país está importando 20% de los combustibles pues la capacidad de refinación se quedó corta, además porque tampoco hay un volumen de petróleo en perspectiva que sugiera a ojo cerrado ampliar la capacidad existente, ni unas señales hacia una liberación gradual, que garantice un abastecimiento de líquidos competitivo.

“Las empresas extranjeras quieren invertir en Colombia, pero el nuestro es un país difícil. No significa que otros no lo sean, sin embargo tienen otro potencial. Si seguimos como vamos, irán dejando de invertir: ya lo están haciendo. Nos quedaremos con Ecopetrol, una gran empresa que mantendrá su producción un tiempo gracias a los proyectos de recobro y la política de reversión de campos; crecerá aún más su participación en una producción menguada y en declive, según las proyecciones de la ANH. Sin ser ese el propósito y contadas excepciones, la estatización de la industria sería inexorable”, sentenció el Presidente de la ACP.

Aclaró que la situación actual de la industria petrolera no es culpa del Presidente de la República y su equipo que llevan escasos cien días de gobierno. Admitió que el gobierno recibió una industria con una salud frágil. Escribió que no se trata de buscar culpables pues la crisis de precios fue implacable y sorprendió a un sector petrolero con serias falencias en competitividad. Las medidas tomadas, estimó, resultaron insuficientes, algunas tardías y lastimosamente fue dilapidado un tiempo precioso.

“Pero está en sus manos, Presidente Duque, tomar una decisión y liderarla: impulsar la industria de hidrocarburos, con sus oportunidades y retos, o verla desvanecer poco a poco, sin pena ni gloria. Estamos ante una coyuntura histórica, única e irrepetible”, vaticinó Lloreda.

En opinión de Lloreda Mera, la Ley de Financiamiento, con unas observaciones que el gremio hizo, ayudará a hacer de los hidrocarburos, una industria más competitiva a nivel regional, en especial por la tarifa en renta. Lo responsable, dijo, es aprobarla, con los ajustes del caso, sin que pierda su esencia.

Dijo que definitivamente Colombia es un país bastante peculiar por cuanto no quiere más impuestos, pero le hace la vida imposible a la industria que está en condiciones de aportarle al fisco y a las regiones los mayores ingresos. El país, insistió, no quiere un gas natural más costoso, ni tarifas de electricidad altas, pero opta por cruzarse de brazos y por una lamentable indiferencia, viendo cómo se acerca al abismo de la pérdida de autosuficiencia.

La Asociación Colombiana del Petróleo afirmó que los colombianos olvidaron lo que representó pagar 16 años petróleo importado con sacos de café.

“Presidente, ésta industria desea ser socia de su gobierno, aliada de la reactivación económica y la transformación productiva del país. Esta industria está en condiciones de aportar en los próximos cuatro años, $100 billones, en impuestos, regalías, dividendos y derechos económicos. Para ello, se requieren inversiones por $ 7 mil millones de dólares año, que sólo llegarán si existen las condiciones, y algo igual de importante, las áreas y proyectos donde invertir”, afirmó Lloreda.

Para la ACP las condiciones que demanda la industria pasan por cuatro decisiones cruciales: Reformar el sistema general de regalías; seguridad jurídica; una regulación competitiva en tarifas de oleoductos y avanzar de manera gradual e integral en la liberación del mercado de combustibles.

Agregaron las asociadas que nada de lo que haga la industria será suficiente si no se reforma el sistema general de regalías. Aseguran que la animadversión en el territorio, sin ser exclusivo, pasa por ese meridiano. Dijeron igualmente que con un grupo de gobernadores y alcaldes, con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la industria inició desde el territorio, la construcción de una propuesta a ser presentada al Congreso en 2019, con el liderazgo del Gobierno. El problema es que si todo sale bien, la legislación sería efectiva en 2020 y la industria a criterio de las empresas, no puede esperar tanto.

¿Hay tranquilidad en términos jurídicos?

En seguridad jurídica, afirmó el Presidente de la ACP, pareciera que el país da un paso adelante y otro atrás. Especificó que en buena hora la Corte Constitucional puso orden sobre consultas populares, al reafirmar la línea jurisprudencial que por décadas imperó en el sentido que el dueño del subsuelo es el Estado y que es competencia de la Nación, administrar el recurso, es decir, que no puede, por ningún medio, una autoridad local prohibir el desarrollo del hidrocarburo.

“Ahora, El Consejo de Estado, a través de un auto proferido por un Magistrado, ha suspendido de manera provisional dos regulaciones técnicas para el desarrollo de los yacimientos no convencionales, expedidas hace cuatro años. Uno hubiese esperado que se pronunciara sobre la legalidad del acto administrativo, lo propio de una demanda de nulidad. Se decidió, sin embargo, no dudo que de buena fe, abordar el tema de fondo y realizar un análisis de la regulación técnica sobre tipos de pozos, los requerimientos constructivos, cementación, registro, integridad, presión, reportes a la ANH, entre otros. Se señala, entre los argumentos, la ausencia de normas ambientales; obvio, las dos normas demandadas no son las ambientales; la regulación ambiental está en otras normas, de otra entidad, de las 20 que regulan el desarrollo de los no convencionales”, dijo el dirigente gremial.

Añadió que en el auto se toma además como cierta la información dada por los demandantes sobre riesgos al ambiente y a la salud, que es la misma que difunden en las redes y que es según Lloreda, engañosa y mentirosa puesto que se basa en un control de advertencia viejo de la Contraloría, de 2012, anterior a la regulación que se expidió precisamente para atender el llamado de ese ente de control.

Para Lloreda hay una interpretación equivocada del Principio de Precaución, que no corresponde con la realidad, pues no hay un daño ni un perjuicio inminente. Pareciera, comentó, que el demandante, a propósito, se enfiló hacia las normas técnicas, que no son las ambientales, señalando “vacíos ambientales” para inducir al tribunal a error.

Pero la seguridad jurídica va más allá puesto que tiene que ver con las licencias ambientales, los permisos arqueológicos y la consulta previa. La ACP es clara al indicar que no hace oposición a unos requisitos ambientales exigentes, siempre que sean claros y dice que le inquieta la consistencia en algunas evaluaciones, el entendimiento de los aspectos técnicos específicos de la industria, y la interpretación de las normas.
La industria acordó con la ANLA una agenda de trabajo y un diálogo abierto y profesional, que no duda, será fructífero.

Las multinacionales con operación en Colombia recalcaron que la consulta previa en Colombia se desnaturalizó llegando a niveles de abuso, al punto que algunos grupos de interés que se han beneficiado del statu quo, no quieren que se reglamente por ley. Explicó que varios gremios, que durante cinco años han buscado su reglamentación, siguen atentos a un espacio con la Ministra del Interior, para retomar el tema; examinar el articulado y el procedimiento a seguir en materia de su consulta en el marco el Convenio 161 de la OIT, previo a presentarlo al Congreso.

“La nueva regulación en materia de tarifas de oleoductos no es un tema fácil. Por un lado, hay un interés comprensible de la estatal petrolera y de los inversionistas privados en mantener la regulación existente; por el otro, un hecho incontrovertible es el alto costo de las tarifas comparadas con otros países que afecta la competitividad.

Finalmente, Lloreda Mera consideró que Colombia está frente a una bomba de tiempo en materia fiscal. De ahí la propuesta, de definir, Gobierno e Industria, una hoja de ruta que al unísono permita avanzar con responsabilidad, hacia una mayor competencia en la importación y transporte de combustibles, eliminar de entrada la prelación en las áreas de frontera, y acompasar gradualmente los precios frente al mercado externo.

Lloreda hizo un recorrido por los cien años de historia y se remontó al uso del crudo que los aborígenes yariguíes le daban a sus rituales y a su salud en el Magdalena Medio santandereano. Hablo de la famosa concesión De Mares, entregada a Roberto De Mares, un empresario de origen francés que rubricó el negocio a 30 años al amparo de su firma Tropical Oil Company, que con el tiempo pasó a manos de Standard Oil, antes Esso y hoy ExxonMobil.

La historia dice que la gasolina se vendía en latas, en farmacias y locales comerciales. Con la masificación del automóvil, se construyeron quioscos con surtidores para proveer de gasolina a los automóviles.

Hoy Colombia consume más de 280 mil barriles diarios de combustible líquido. Entre 1922 y 1928 se habían importado 13.246 vehículos. Fue el inicio de la distribución de combustibles y de la industria automotriz. El país cuenta hoy con 5.000 estaciones y 12 millones de vehículos, sin contar las motos, desde buses escolares y ambulancias, hasta vehículos de carga y pasajeros, que mueven al país y su economía.

Lo propio ocurrió con la aviación. Diez años después de que los Hermanos Wright hicieran su primer intento de vuelo, en 1913 llegó a Santa Marta el primer avión y en 1919 se creó la primera aerolínea. Hay que decir que los grandes ríos eran utilizados como pistas de despegue y acuatizaje.

En 1928, Lindbergh, fue recibido como un héroe en Cartagena. Quién pensaría que cien años después con Jet-Fuel, la industria de aviación movilizaría 40 millones de pasajeros al año, interconectando al país y a éste con el exterior.

Esa es la industria de los hidrocarburos, esa que permitió el desarrollo porque desplazó hombres, caballos y mulas que caían extenuados del cansancio porque tenían que cargar bultos, madera, mercancías y a seres humanos que debían usar esa pericia para atravesar las ignotas y bravías tierras de empinadas montañas, de estrechos y malsanos caminos, algunos imposibles, esos que se hacían bajo el susurro tenebroso y húmedo de la vorágine.

 

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