"Conseguimos infligir un daño de 30 millones de euros en la compañía, y creo que eso no lo podrá desoír el Gobierno", declaró a los periodistas el portavoz del Sindicato de Pilotos de Aviación Civil (SPAC), Hélder Santinhos.
A pesar de que la incidencia del paro de diez días consecutivos -comenzó el pasado día 1 y se prolongará hasta el domingo- ha sido inferior a lo esperado, Santinhos lo vio como una prueba de fuerza por parte del colectivo que representa.
La cifra de cancelaciones de la aerolínea lusa TAP -propiedad del Estado y en pleno proceso de privatización- rondó cada jornada de huelga el 30 %, aunque también se registraron numerosos retrasos.
El sindicato incidió en que el conflicto que mantiene abierto con la administración de la aerolínea y con el Ejecutivo no está resuelto, por lo que no descarta nuevas movilizaciones en un futuro próximo.
Los pilotos pretenden obtener garantías ante la futura venta de la empresa y exigen el cumplimiento de un antiguo acuerdo en el que acordaron quedarse con el control del 20 % de TAP en el caso de privatización, además de reclamar la reposición de los salarios tras años de recortes.
El portavoz del SPAC reconoció que la compañía está cumpliendo con las reglas mínimas de seguridad en horas de vuelo con los pilotos que no secundaron la huelga, pero avisó de que algunos patrones de actuación han sido menos rigurosos que los habituales. EFE