Domingo, 21 Febrero 2021 01:40

Reforma tributaria, sal en la herida que demanda inteligencia: Pinto Saavedra

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Varios analistas aseguran que la reforma llega en el peor momento de la historia económica de Colombia, sin empresas, sin empleo y con los bolsillos limpios. Un error, dicen, contraerá la demanda y afectará la inversión.

El Gobierno Nacional anunció lo inevitable en materia económica y ello tiene que ver con la reforma tributaria, la ya desgastada y poco eficiente transformación en el cobro de impuestos que no resuelve absolutamente nada en lo fundamental y sí mostrando un mecanismo de emergencia, afianzado como una maquinaria tipo bomberos, que apaga incendios y problemas de coyuntura. Algunos más escépticos dicen que es tan terrible el atraso de Colombia y la falta de ejecución de obras, que esa plata se vuelve la caja de un Estado endeudado, afectado por la corrupción y sometido a las órdenes, muchas veces absurdas, del Fondo Monetario Internacional, FMI, una entidad que recomienda, sin saber, qué sucede en las zonas marginales del país o al interior de las empresas, las que quedan, y que maniobran de manera increíble para subsanar obligaciones y sostener puestos de trabajo.

Extraña que entidades como el FMI o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, no inviten a aliviar las economías de los países emergentes con dinero disponible para oxigenar las empresas, que repotencien el campo y abran las fabricas cerradas para impulsar el empleo. Llama la atención que los gurús de la economía, generalmente adeptos a la doctrina neoliberal, no propongan tasas de interés bajas y humanas como acontece en Estados Unidos, Canadá y países desarrollados sin esclavitud financiera pues en América Latina ese indicador supera el 30 por ciento efectivo anual, una locura.

Los “sabios” de la multilateralidad pasan por alto absolutamente todo, pero tienen el coraje de parrandearse la vida de los más vulnerables en la región, omitiendo que las políticas económicas al amparo de los aperturistas, fracasaron y llevaron a los incansables trabajadores a la miseria, sin dejar de lado que al campo lo atomizaron a punta de importaciones, haciéndolo depender de los cultivos ilícitos, proyectando un lío de marca mayor que no da para el análisis porque raya en la obvia consecuencia. La tragedia económica y social que redunda en orden público no llega como por arte de magia, tan solo se fabrica, es orquestada de manera sistemática y envía al inframundo, de manera impía, a gentes buenas que tan solo anhelaron mejores contextos empresariales, laborales o agropecuarios. Aplica el principio de Jean-Jacques Rousseau, “el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe”.

Hoy con la tragedia encima, ya los colombianos hablan de reforma tributaria y quizás la ven con desdén y bronca porque siguen siendo los afectados de un Estado que improvisa, que empobrece y gana con trabajo ajeno sin pensar en una nación próspera y conectada con la realidad, la del país, no la de un puñado de equívocos y al parecer mal enfocados economistas.

Juan Alfredo Pinto

En charla con Diariolaeconomia.com, el analista económico, ex diplomático y recordado dirigente gremial, Juan Alfredo Pinto Saavedra, dijo que desde tiempo atrás le preocupa el hecho que Colombia no estabilice un sistema tributario sobre el cual la inversión privada de todo tamaño, micro, pequeña, mediana y grande, pueda hacer las cuentas y planear estratégicamente los negocios. Agregó que según corrillo de los círculos económicos, un cambio en el estatuto tributario sería el número 12 en lo corrido del siglo XXI, es decir que Colombia está haciendo las modificaciones impositivas, una vez cada dos años, asunto que complica mucho las decisiones de inversión y el marco ordenador de una verdadera economía de mercado con responsabilidad social.

El economista agregó que Colombia debería hacer reformas tributarias mucho más serias y más pensadas de tal manera que la siguiente trasformación en los impuestos, no se vuelva una rectificación de la anterior y así sucesivamente. A su bien entender, el país debe construir un marco ordenador de referencia para hacer dinámica la inversión.

Reconoció que la venidera reforma tributaria es insoslayable puesto que resulta un imperativo categórico, teniendo en cuenta la expansión del gasto público y el endeudamiento significativo que se ha venido registrando por cuenta de la pandemia, desembolsos que no serán gratis y que demandará un esfuerzo considerable de toda la sociedad de perfil redistributivo.

 

“Puede decirse que es poner sal en la herida o que precisamente en momentos de dificultad es abiertamente inconveniente plantear una decisión en materia tributaria. Yo creo que Colombia necesita una reforma tributaria inteligente y con gran sentido social de la compensación, es inaplazable, por lo menos la determinación de presentarla. Ni siquiera me gusta el argumento en el sentido que estas decisiones serán para el nuevo gobierno y cosas así porque no ese oye bien, sencillamente porque necesitamos corregir en algún grado significativo el desbalance fiscal que se ha creado por culpa de la coyuntura pandémica, tanto por ingresos como en gasto y endeudamiento”, expuso el señor Pinto Saavedra.

 

Reforma inteligente y con sentido de responsabilidad social

Esa respuesta, apuntó Juan Alfredo Pinto, hay que encontrarla al interior del propio sistema tributario, es decir que el tema de eliminar las exenciones es fundamental. Aclaró que si bien se ha trabajado en ese tema, siempre ha habido un cabildeo y una función mal entendida como lobby que no es otra cosa que la gravitación de grupos de interés sobre el marco regulador de la tributación en el país.

Al final, agregó, en esas tortuosas y dolorosas sesiones de trámite legislativo, aparecen muchas sorpresas que tienen contenidos malsanos, con el tufillo de elitismo manejando un bolígrafo legislativo, lo cual conduce a cosas muy tristes.

Recalcó que los colombianos no están en condiciones de preservar exenciones sobre determinados bienes, unos suntuarios, algunos de contenido tecnológico, pero en síntesis se hace muy necesario eliminar el grueso de los privilegios y sobre todo no construir, excepto por la crisis social grave, una figura tributaria particular ya que solo para lo social es admisible una decisión que rompa esa preceptiva de tratar de hacer una tabla de igualdad para los contribuyentes en forma general. Si ese es el marco, indicó, la primera decisión sería eliminar las exenciones.

En segundo lugar, está el tema del Impuesto de Valor Agregado, IVA, que es una vieja discusión en la economía de la tributación, capítulo que lleva a todo tipo de razonamiento como, por ejemplo, si los impuestos indirectos tienden a ser, definitivamente, regresivos o no. Manifestó que hay un sector de la ortodoxia económica que asegura que no porque si el rico compra más, paga más, pero aclaró, hay otro mensaje de la economía que dice que la gente con ingresos tan diferentes y distantes como pasa en Colombia, al tener una misma tasa de tributación o al conceder descuentos conllevará a una desigualdad idéntica en el largo plazo. En esas circunstancias, opinó el ex presidente de la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y Mediana Industria, ACOPI, el examen de las exenciones al IVA tiene que ser muy delicado.

 

“Por ejemplo, en la llamada canasta familiar, hay que hacer un análisis de forma tal que el impacto sobre los sectores populares sea prácticamente inexistente. Bienes como los alimentos básicos, leche, arroz, pan, huevos, gastos de educación y de otros servicios esenciales, es un tema evidente, no pueden ser gravados con el IVA, pero habrá algunos bienes que fueron considerados exentos, consecuencia del famoso lobby como por ejemplo las bebidas azucaradas, los energéticos, suplementos alimenticios consumidos en circuitos de élite, elementos no indispensables en la dieta y el balance nutricional que requiere la población de bajos ingresos. Ese trabajo debe ser muy seriamente elaborado, pero desde el punto de vista de trámite legislativo no puede ser objeto de la transacción en el proceso de forja del estatuto tributario que saldría de la reforma porque esa transacción de media noche entraña una gran perversidad en la diligencia legislativa”, consideró Pinto Saavedra.

 

Anotó que al hacer la exploración sobre fuentes y usos, es fácil pensar que hay sectores que pueden contribuir un poco más y entonces, planteó el experto, lo que debe mirarse es la técnica tributaria que se vaya a aplicar. Afirmó que necesariamente, castigar a la inversión privada no siempre es la mejor ruta, pero tocar a la riqueza en un país de considerables brechas sociales y de una estructura extremadamente desigual, sí se hace necesario.

Sobre las movidas que estaban planteadas en la reforma tributaria de hace dos años y que no salieron muy bien porque hablaron de disminuir una renta presuntiva, de no afectar patrimonios y de una tributación local, generalmente baja por la lentitud en los procesos de actualización catastral, deben ser parte del juego de correctivos.

En su análisis, Pinto estimó que hay unas ideas no liquidadas en causa propia por la condición de jubilado, pero dijo que el tema de las pensiones amerita igual un estudio con la más sutil delicadeza puesto que gravar mesadas de tres salarios mínimos resultaría complejo, un asunto que invita a pensar, qué el promedio de personas a cargo que tienen los pensionados colombianos dista mucho de los beneficiados en países desarrollados. Añadió que la capacidad de ahorro pensional en Colombia es mínima puesto que se trata de ingresos bajos y con responsabilidades vigentes tales como hijos, matrimonios disueltos, nietos, agregados a los grupos familiares, familias políticas, uniones no configuradas en la base legal en derecho civil y de familia, una retahíla de formas que impactan a la gran mayoría de la población jubilada.

Pinto dijo que las pensiones no deben tocarse y aseveró que de hacerse, éstas no pueden ser diferentes a cinco o seis salarios mínimos legales. Al grupo de pensiones de mayor nivel, de las que superan los 14 millones de pesos, dedujo el reconocido analista, podría impactársele su ingreso un poco más. Así mismo, sostuvo, hay que mirar cómo van a variar las pensiones hacia el futuro y en qué sentido porque aseveró que hay una perversidad en el marco regulatorio.

 

“Este año tuvimos aumento de más del cinco por ciento para el salario de los parlamentarios, incremento del 3.5 por ciento a los trabajadores en el estipendio básico y aumento del 1.49 por ciento para los pensionados porque el incremento de la pensión se liquida con base en el IPC, no partiendo del salario mínimo legal. Debería darse el salto para que el ajuste anual se haga con referencia al cambio que ocurre en los ingresos de la clase obrera, para mantener el poder de compra real del retirado porque si se le va a gravar y como si fuera poco se le está construyendo una brecha entre su incremento de ingresos y aporte tributario, se está golpeando al sector de los adultos mayores, una minoría dentro de la pirámide social y demográfica del país”, planteó el ex embajador.

 

En síntesis, la reforma tributaria de la cual se conocen inapropiados borradores, un gran problema porque lanzar pedazos de iniciativa estatal al público no es nada sano, en sensibilidad aparente, no corre en el mejor momento, pero en paralelo, recalca el experto, es inevitable lo cual hace que no sea objeto de aplazamientos.

Subrayó que la reforma debe ser inteligente y social con respuestas dentro de las inequidades en la tributación, haciendo que la eliminación de exenciones sea una ruta importantísima. Insistió que la selectividad en gravámenes de impuestos indirectos tipo IVA, será fundamental.

 

Audacia, bajar tarifa de IVA y ampliar base

El tema del IVA suele ser largo, espinoso y delicado. Una voz que se escuchó en los sitios de café en Bogotá decía que lo mejor para el Gobierno era ampliar la base de este impuesto, pero bajando la tarifa que es demasiado alta en una economía difícil en donde ser formal cuesta y no incentiva.

Sobre el particular Pinto Saavedra comentó que la propuesta tiene un componente y antecedente teórico, plasmada en la teoría de Arthur Laffer, el economista estadounidense que asegura que si la tasa impositiva es menor, el cumplimiento voluntario de la obligación tributaria crece, y por eso, explicó, hay decisiones tributarias en las que baja la tasa de contribución en mejora del recaudo porque la propensión a ese tipo de pago se estimula.

Pinto señaló que definitivamente en asuntos de IVA, hay que eliminar los diferenciales y tener un impuesto universal, propuesta delicada ante el actual escenario de dificultad económica que de hacerse generaría repudio en los sectores populares que no comprenden sobre las ventajas de uniformar el cobro para frenar la evasión y tener más recursos para atender las falencias sociales.

Reconoció que así como hay empresarios muy honestos que cumplen con las obligaciones impositivas, igual hay evasores y gente inescrupulosa que traslada, a todo nivel, el IVA al consumidor, que de llegarse a tener que cubrir productos de la canasta básica, inmediatamente se produciría un alza más que proporcional. Por ello, recalcó, hay que hacer una selección inteligente de los productos que pueden pagar IVA sin que conlleve a impactos negativos.

En materia de impuestos, Pinto dijo que el país ha mejorado en eso, pero admitió que aún hace falta mucho por hacer en evasión y elusión porque las bases de liquidación tributaria no están al día.

 

“Aquí todavía hay predios de 200 hectáreas que pagan 50.000 pesos de impuesto predial y así no se pueden manejar las cosas, es decir que el sistema de información puede ser óptimo, pero aún con liquidaciones irrisorias, hace que la injusticia sea intrínseca, yo creo que hay que seguir mejorando el proceso de información sin que se confunda con estimular la informalidad y caso opuesto a que la herramienta incentive la formalidad. Aclaró, la informalidad no es un crimen sino un recurso para muchos agentes de la vida económica y por eso en lugar de perseguir es necesario abrir puertas institucionales con sacrificio fiscal”, expuso.

 

Las cajas de compensación y las cámaras de comercio, analizó Pinto, deben propender por inclusión y por verdaderos servicios de formalización así como de ayuda para recuperar la economía, en eso deben estar igualmente comprometidos los gremios como lo hace Cotelco desde la hotelería y los mismos sindicatos, vitales en el desarrollo social.

Un papel clave en generación de empleo lo puede cumplir el Banco de la República con la compra de títulos de emisión para favorecer la financiación de proyectos regionales de desarrollo, una oportunidad inmejorable para brindar puestos de trabajo y mejora en la calidad de vida de los colombianos. El compromiso de rescatar la economía, puntualizó el versado, es de todos, de manera compartida y sin mezquindad porque el país está en modo supervivencia.

En tributación es necesario contar con imaginación, audacia y responsabilidad, afirmó, pero igual sobre la perentoria base en la misión de todos ponen.

 

Economía del cuidado, clave para oxigenar la economía

El ex presidente de ACOPI, Juan Alfredo Pinto Saavedra, autor de libros de alto impacto, estimó que un escenario de tipo social que debe configurarse es el de la economía del cuidado, teniendo en cuenta que retomar la normalidad en los indicadores demandará entre cinco y ocho años. Dentro de esa iniciativa está toda la atención para adultos mayores, niños y jóvenes que vieron un cambio radical en la forma de vivir por la pandemia, un fenómeno que los sacó de los colegios y de escenarios importantes como el mismo trabajo porque muchas madres dejaron su empleo para dedicarse a los menesteres hogareños.

Así las cosas, Pinto planteó, en tiempo temporal y sin romper la unidad tributaria, la posibilidad de una renta específica o de un incremento en los recursos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para que la red de madres comunitarias se ampliara a una de ciudadanos en la economía del cuidado, empezando con un 15 o 20 por ciento del salario mínimo, reconociendo que en diez años, los individuos dedicados al cuidado de ancianos, de personas en condición de discapacidad, víctimas del conflicto y otros, deben mejorar con la toma de decisiones en el nuevo contexto de la economía.

Pinto aplaudió la determinación del Presidente de la República Iván Duque Márquez, en el sentido de meterle mano a la migración y refugiados porque resulta consecuente con el derecho a la vida y la atención que piden unas personas en situaciones sumamente difíciles.

 

A los venezolanos hay que tratarlos como huéspedes y no como a invasores. Hay que abrirles los espacios en el sistema educativo, en seguridad social y otorgarles ciudadanía ya que con el registro habrá control, eso evita que la condición de inmigrante se vuelva una profesión inadmisible en un territorio de para-legalidad. Así como el ejecutivo tuvo esa valentía, muy seguramente facilitará las áreas para la economía del cuidado y la cooptación de esa población para los servicios sociales. El mundo entero saludó esa decisión, pero hay que tener cuidado a la hora de inyectarle recursos porque en Colombia hay negocios desmoronándose y por ello es bueno revisar economías extractivas como la del oro y otras para que aporten vía tributación y así apalancar los nuevos gastos. Esos aportes hay que revisarlos, igual el de todos los minerales y piedras preciosas sin dejar por fuera apuestas deportivas y los temas vinculados a la red porque mientras los hoteles formales son cerrados, la industria digital no tributa, luego todo ese tipo de cosas necesitan una juiciosa observación”, dijo Pinto.

 

Agregó que la coyuntura con Venezuela e inclusive la que corresponde a la pandemia, amerita unas imposiciones tributarias de carácter temporal que alienten un flujo de recursos para atender el relicario de obligaciones sociales impostergables. Los impuestos fueron importantes en la colonia, pero fueron mutando en la república. En los primeros años de la nueva etapa en la historia de Colombia se mantuvo la base Colonial, que iría ajustándose y cambiando con los años.

Los impuestos directos fueron el tributo de indios, medidas anatas, seculares o eclesiásticas, pero igual la bula de cruzadas e impuestos indirectos como diezmo aplicado a la agricultura, quintos reales que sopesaban en la actividad minera y la alcabala que regía para mercancías y papel sellado. En ese tiempo fueron determinantes para las arcas coloniales impuestos a los estancos y a monopolios de tabaco, aguardiente y sal.

En el Congreso de Cúcuta de 1821 fueron derogados impuestos como la sisa o el gravamen a los comestibles, igual, el tributo indígena, la alcabala, el monopolio de aguardiente y el de los naipes. Caso opuesto, mantuvo el diezmo, el monopolio del tabaco y la actividad agrícola. En esa conferencia se mantuvieron los impuestos al comercio exterior y se flexibilizaron los del mercado doméstico. Justo la Ley 30 de 1821 le dio vida al impuesto de renta que en su debut tuvo una tarifa del 10 por ciento anual por beneficios obtenidos de la tierra y el capital. La ley avaló una tarifa de entre dos y tres por ciento para ingresos personales. Esos gravámenes fueron defendidos por el primer ministro de Hacienda del Libertador Simón Bolívar, Castillo y Rada.

Los impuestos de Castillo no tuvieron el mejor recibo y por eso tan solo en 1918 entra a regir el impuesto de renta. El IVA es planteado en 1963 en el Gobierno de Guillermo León Valencia, como un impuesto monofásico o exclusivo para las etapas de producción y distribución, totalmente indirecto para manufacturas e importaciones, dejando claro que se liquidaba sobre el volumen de ventas con una base general del tres por ciento, pero solamente hasta 1975 en el gobierno de Alfonso López Michelsen, lo pone a rodar de manera mucho más amplia cuando rigió una tarifa del 10 por ciento.

Es bueno recordar que el IVA, a nivel universal, fue creado en 1962 por un Comité de Expertos conformado por los seis países que hacían parte del Mercado Común, Francia, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Bélgica e Italia. La idea de gravar las ventas venía haciendo carrera desde la primera guerra mundial. Algunos sugieren que el impuesto rigió en Francia en la edad media con el nombre de “Maltote”, antes de la alcabala, cobro impositivo español que a su vez venía de las prácticas musulmanas que gravaban la compra y venta de mercancías. Otras voces más documentadas ubican el IVA en el antiguo Egipto, pero igual en las transacciones comerciales hechas en Atenas.

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