Viernes, 16 Abril 2021 02:12

Gobierno radicó Ley de Solidaridad Sostenible, paso importante a la Equidad

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La Ley trae un fuerte carácter social que busca aumentar las transferencias para los hogares más vulnerables, generar empleo y fomentar el ingreso a la educación.

El ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla Barrera radicó en la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, el cual busca luchar contra la pobreza y la inequidad, en un contexto donde el país, y el mundo, ha sido fuertemente golpeado por la pandemia del covid-19.

De acuerdo con el titular de la cartera, este proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible es el primer y más importante paso que tiene que dar el país en el camino de la pospandemia que está iniciando, pues el Estado no puede permitir que más personas caigan en la pobreza y la pobreza extrema sin tomar medidas urgentes y necesarias.

Este proyecto viene acompañado de un gran componente social que busca la permanencia del Programa Ingreso Solidario que ampliará el monto y cubrirá a los hogares en situación de pobreza, que son aproximadamente 4,7 millones.

Así mismo, la compensación del IVA llegará a toda la población vulnerable con una transferencia de $50 mil mensuales, con lo que se pasa de cubrir al 20% de la población a cerca del 40%.

Complementando las transferencias sociales, también se busca incentivar el ingreso a la educación superior pública subsidiando hasta el 100% de la matrícula de estudiantes en condición de vulnerabilidad.

En esa transición, también se busca impulsar la generación de empleos para aquellos grupos con alta incidencia del desempleo, como ocurre para los jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores sin pensión y aprendices del SENA.

Adicionalmente, el paquete impositivo propone dos medidas para mitigar los efectos de la pandemia en el empleo. En primer lugar, se crea un programa de impulso a la recuperación del empleo que tiene objetivo la generación de nuevos empleos formales. Asimismo, se establece una expansión del PAEF por tres meses, con el fin de llevar este beneficio hasta junio de este año.

“Como toda medida que implica gasto público, hay que buscar cómo financiarlo. Al Congreso trajimos una propuesta concreta que implica que todos los colombianos, en la medida de nuestras capacidades aporten proporcionalmente con lo que su capacidad les permite, así como los que están un poco mejor que el grueso de la población, contribuyan solidariamente y ponernos en los zapatos de quienes salieron peor librados de esta pandemia”, expresó el ministro de Hacienda.

En ese sentido, el proyecto propone una estrategia para financiar los gastos sociales, cimentada en la reducción de beneficios y exenciones que históricamente han beneficiado principalmente a los individuos de mayores recursos. Este es el caso de las excepciones al pago del impuesto de IVA y de personas naturales. Es vital resaltar que en la propuesta del Gobierno ningún bien de primera necesidad está evidenciando un incremento en su tarifa estatutaria.

Frente a la renta de las personas naturales, se propone aplicar el principio de equidad tributaria con el fin de hacer el sistema más progresivo. De esta manera, entre mayor sea el ingreso, mayor es la contribución, y para niveles de ingresos similares se paga un impuesto similar. Adicionalmente, se simplifica la depuración de la renta eliminando una serie de exenciones que benefician a los hogares de mayores ingresos y las reemplazamos por una renta exenta automática. Asimismo, continuamos fortaleciendo la lucha contra la evasión, por eso le permitiremos a las personas naturales deducir hasta el 10% de su ingreso por el uso de la factura electrónica.

Otros impuestos dirigidos a las personas naturales son el impuesto temporal a la riqueza para patrimonios superiores a $5mil millones; el fortalecimiento del impuesto a los dividendos y un impuesto temporal solidario para ingresos mensuales de más de $10 millones.

Para las personas jurídicas se fortalece la estructura del impuesto para facilitar el crecimiento y la inversión de las micro y pequeñas empresas. Adicionalmente, se plantea una eliminación de una serie de beneficios tributarios que tienen las empresas con el fin de incentivar la equidad tributaria.

En el proyecto se incorporan algunos impuestos verdes, esto con el ánimo de fomentar comportamientos y métodos de producción sostenible. Entre estos se resalta el impuesto al carbono, a los vehículos, plásticos de un solo uso, al consumo de plaguicidas y se creará el FonClima y el FonEnergía para mejorar la inversión y el gasto público.

Finalmente, se propone una serie de cambios a la actual Regla Fiscal, que permita un ajuste más ordenado, que persiga objetivos orientados a reducir la deuda pública y que no ponga en riesgo la reactivación del país. Asimismo, se propone un fortalecimiento de la independencia del comité de expertos en esta materia, en aras de robustecer la institucionalidad de la política fiscal.

“En estos días se vendrá una serie de debates muy importantes, en donde se requiere la participación de toda la sociedad. Los realizaremos con espíritu constructivo, porque todos estamos en la misma sintonía de querer que el país supere esta crisis, sea solidario con quienes más lo necesitan y deje unas finanzas públicas sanas y sostenibles para los gobiernos venideros”, expresó Carrasquilla Barrera.

 

Implicaciones sobre impuesto a los plásticos de un solo uso

Daniel J. Mitchell

El proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, el cual busca reformar el esquema tributario en el país, con el fin de incrementar el recaudo y aliviar el déficit fiscal, trae consigo una serie de iniciativas y propuestas que podrían tener un impacto considerable sobre los consumidores, el tejido empresarial y la economía en general, como lo es, por ejemplo, el impuesto a los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Este sería realmente un impuesto sobre todos los productos que están empacados en plásticos, por ejemplo, arroz, café, granos, azúcar, leche, queso, bebidas, galletas, snacks, papel higiénico, productos de limpieza, elementos de aseo y de tocador, cosméticos, entre muchos otros.

 

"Resulta positivo el enfoque de economía circular en la no causación del impuesto a empaques y envases de plástico por parte de las empresas que demuestren resultados de reciclaje. Sin embargo, su aplicación quedaría condicionada a la discrecionalidad en la reglamentación por parte del gobierno, lo cual representa un riesgo alto, además para poner un ejemplo, si la no causación solo aplica con el cumplimiento del 100% de reciclaje, ninguna empresa se podría acoger al beneficio y los consumidores terminarían pagando, vía un incremento en el precio de alimentos, bebidas y productos de aseo, alrededor de 1.4 billones de pesos al año en impuestos. Por ello la importancia de establecer claramente en la ley la condición de economía circular para la no causación del impuesto", afirmó el presidente de Acoplásticos, Daniel Mitchell.

 

Adicionalmente, la tarifa del impuesto puede significar hasta el 50% del valor del envase o empaque, lo que podría significar cerca del 5% de incremento en los precios de muchos productos de la canasta básica.

 

“Proponemos que el alcance de la propuesta se extienda para incluir también los empaques de papel, cartón o vidrio, toda vez que los esfuerzos en materia de reciclaje y sostenibilidad competen a todos los actores. Incluso, las tasas de reciclaje de muchos empaques de plásticos son superiores a las de sus sustitutos en otros materiales”, agregó, Mitchell.

 

La industria plástica en Colombia está compuesta por más de 2.500 establecimientos, principalmente pymes y genera alrededor de 220.000 puestos de trabajo, así como ventas cercanas a 20 billones de pesos por año, exportaciones de alrededor de 4.5 billones de pesos y, de hecho, ya paga en impuestos más de 1 billón de pesos anuales. En este sector, los empaques y envases representan alrededor del 55% del total.

Acoplásticos, fundada en 1961, es una entidad gremial colombiana, sin ánimo de lucro, que reúne y representa a las empresas de las cadenas productivas químicas, que incluyen las industrias del plástico, caucho, pinturas y tintas (recubrimientos), fibras, petroquímica y sus relacionadas. Los objetivos generales de Acoplásticos son Promover el desarrollo sostenible de los sectores productivos representados, Coadyuvar en la gestión empresarial de sus afiliados cooperar en la concertación entre ellos y ser su vocero ante el gobierno, la sociedad y entidades nacionales y extranjeras.

 

La verdad sobre la Reforma Tributaria

Aunque no se puede definir con certeza el impacto real que tendrá el proyecto de la reforma tributaria debido a que el texto debe ser analizado y aprobado en el Congreso de la República, sí es posible destacar los puntos clave que se debatirán, así como las decisiones que deben ser tomadas en los próximos días.

A continuación, Lucas Solano, Gerente de Planeación Patrimonial de Credicorp Capital, empresa del Grupo Credicorp, señala los nueve puntos clave del proyecto de reforma.

 

Impuesto a la riqueza

El proyecto propone que el Impuesto al patrimonio pase a llamarse Impuesto a la riqueza, que no será permanente y contará con una vigencia de dos años (2022 y 2023). Este gravamen aplicará únicamente a las personas naturales, por lo que las personas jurídicas quedarán exentas tal y como sucedió con el último impuesto al patrimonio.

De acuerdo con el articulado, el hecho generador de este impuesto será un patrimonio líquido de 134.000 UVT, que para el 2022 equivaldrá a un valor cercano a los 5.000 millones de pesos. Sin embargo, se debe tener presente que podría restarse un valor de vivienda de habitación de 27.000 UVT, lo que equivale a una cuantía cercana a los 1.000 millones de pesos, algo que nunca antes se ha podido hacer. Además, se propone descontar el 50 % de los activos normalizados y repatriados, en caso de lograr un nuevo proceso de normalización.

Este impuesto será deducible del impuesto sobre la renta y tendrá 2 tarifas: 1 % y 2 %. Asimismo, se propone que la primera escala (1 %) permita descontar los primeros 134.000 UVT y la segunda (2 %) los primeros 402.000 UVT.

 

Normalización

El proyecto propone la creación de un nuevo impuesto de normalización, lo que implica que sería el 6 año en el que se tendrá este tipo de gravamen. Su tarifa sería del 17 % y es posible reducirla a la mitad si se traen los recursos a Colombia y permanecen por 2 años.

 

Impuesto de renta para las personas naturales

Hay cambios importantes en la depuración del impuesto, específicamente, en la cédula general donde se incluyen los ingresos por salarios y honorarios, así como las tarifas. En la depuración el cambio más relevante dentro del articulado es la reducción en el porcentaje de rentas exentas y deducciones, que actualmente está en 40 % con un tope de 5040 UVT y que bajaría hasta un 25 % manteniendo el tope de 5040 UVT.

Las tarifas propuestas van desde el 0 % hasta el 41 % e incluye variaciones en las escalas. El pago iniciaría en los 800 UVT de base gravable (hoy $29.046.400 pesos) con una tarifa del 10 %, lo que implica un aumento de 290 UVT frente a la actualidad. Además, ahora se llegará más rápido a la escala máxima gravable, que quedaría en 10.500 UVT (cerca de 400 millones de pesos) con una tarifa del 41 %.

Sobre este último punto vale señalar que dicha base gravable actualmente tiene una tarifa del 35 % y que hoy el porcentaje máximo a cobrar es del 39 %, que aplicada a rentas líquidas cercanas a los 1.125 millones de pesos.

 

Impuesto temporal y solidario para ingresos altos

El proyecto de ley propone crear un impuesto con vigencia entre julio y diciembre de 2021, el cual se podrá descontar de la renta del periodo gravable del 2021 que se presente en 2022. Este impuesto tendrá una tarifa del 10 % y gravará a las personas con salarios por encima de 10 millones de pesos mensuales tanto del sector público como privado, por lo que toma en consideración honorarios, rendimientos, dividendos, pensiones, etc.

De ser aprobado, es posible que la Corte Constitucional lo declare inconstitucional al ser un impuesto de periodo que se introduce en una misma vigencia fiscal y no la siguiente.

 

Impuesto de renta para personas jurídicas

El articulado busca que dependiendo de la base gravable se aplique una tarifa del 24 % o un 30 %. La segunda tarifa aplicaría si tiene una base gravable superior a 500 millones de pesos. Asimismo, se incluye una sobretasa de 3% para los años 2022 y 2023, por lo que las tarifas finales serían 27% y 33% según la base gravable.

 

Impuesto a los dividendos

El impuesto a los dividendos aumentaría 5 puntos porcentuales, pasando del 10 % al 15 %.

 

Ganancias ocasionales

Las ganancias ocasionales mantendrán la tarifa del 10%. No obstante, la determinación del valor de los bienes gravados con ganancia ocasional no sería con base en el costo fiscal sino con base en el valor comercial del artículo 90 del Estatuto Tributario.

 

Pensiones voluntarias y obligatorias

Todos los aportes que se realicen a fondos de pensiones voluntarias y cuentas AFC hasta el 31 de diciembre de 2021 mantendrán su tratamiento de renta exenta. Los aportes realizados a partir del 1° de enero del 2022 ya no tendrían este tratamiento. Por su parte, las pensiones obligatorias reducirían su exención anual de 12.000 UVT a 1.600 UVT. Esto quiere decir que las personas con una mesada pensional de más de 60 millones anuales (5 millones mensuales) serán gravadas.

 

IVA

El proyecto no gravaría los bienes que conforman la canasta familiar y servicios como los médicos, odontológicos, cirugías y planes de salud prepagada entre otros permanecerán excluidos.

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