Miércoles, 25 Agosto 2021 21:10

En primer debate fue aprobado el proyecto de Inversión Social

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Tras esta primera aprobación, continuarán las reuniones de coordinadores ponentes y posteriormente se llevará la ponencia para segundo debate.

El Gobierno colombiano empezó con pie derecho lo que en principio se pensó, sería la difícil travesía por las corporaciones legislativas para defender el proyecto de reforma tributaria que entró al Congreso con mensaje de urgencia. El también bautizado Proyecto de Inversión Social canalizará, si pasa en plenarias, 15,2 billones de pesos anuales.

Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron en primer debate el proyecto de Ley de Inversión Social, tras varias horas de discusión.

“Con esta primera aprobación se ratifica la necesidad de llevar las medidas que contempla el proyecto para seguir apoyando a los más vulnerables, quienes siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia, generar empleo y condiciones para reactivar la economía y, por supuesto, dar un respiro a nuestras finanzas públicas”, expresó el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo.

El jefe de las finanzas públicas agregó que el espaldarazo que le dieron las comisiones económicas del Congreso serán un gran impulso para el debate que queda- Además, expuso, se le envía un mensaje a la ciudadanía al dar continuidad a programas que han sido claves para sopesar la emergencia.

Frente a la ponencia radicada del proyecto, este se aprobó sin modificaciones a la propuesta básica, ni a los artículos nuevos y modificaciones a los existentes. Los puntos del plan se dejaron como constancia para que los coordinadores y ponentes los estudien en el marco de segundo debate en plenarias de Senado y Cámara.

Cabe recordar que, entre los artículos nuevos, se destacan los que buscan fortalecer el régimen SIMPLE, para que los micro y pequeños empresarios tengan acceso a una tarifa impositiva favorable, que además contribuya a la formalización. Así como aquellos que buscan dar prioridad a la mujer, pues esta población ha tenido mayor impacto en términos de empleo y pobreza, por eso, se incluyeron artículos para favorecerlas a través del Ingreso Solidario y el PAEF.

Así mismo, los que apoyarán a los empresarios que tuvieron afectaciones relacionadas con los bloqueos y cierres durante las manifestaciones en los meses pasados. De igual manera, los que facultarán a la DIAN y las entidades territoriales para facilitar los procesos de pago y acuerdo con los contribuyentes a través de reducción de intereses y moratorios.

Caber precisar que el proyecto abocado a instancias del legislativo, beneficiará a 7,8 millones de hogares, es decir, más del 50 por ciento de los hogares colombianos, los cuales recibirán recursos para aliviar el impacto de la pandemia de Covid-19. Esta propuesta resulta ser el proyecto fiscal más ambicioso que se ha presentado en materia de recaudo durante los últimos años.

En un articulado corto, la propuesta, resultado de un consenso con distintos actores de la sociedad, como jóvenes, congresistas, beneficiarios de programas sociales, empresarios y autoridades departamentales y municipales, pretende proteger a los más vulnerables, reactivar la economía y estabilizar las finanzas públicas.

Es así como se plantea la extensión de programas sociales como Ingreso Solidario, que, según la propuesta, iría hasta diciembre de 2022 y llegará a más de cuatro millones de hogares a partir de abril de 2022.

Según el ministro de Hacienda y Crédito Público, con el esquema actual del programa, los hogares en pobreza extrema y pobreza moderada reciben $160.000 mensuales. A partir de julio de 2022, obtendrían un apoyo monetario en promedio de $267.579 y $195.906, respectivamente, el cual dependerá de su nivel de ingresos.

Con la decisión el ejecutivo busca darle continuidad al esfuerzo en reducción de la pobreza, que ha venido realizando en medio de los grandes problemas suscitados.

El proyecto contempla también un incentivo a la creación de nuevos empleos para jóvenes y el resto de la población. En este sentido, plantea un subsidio del 25 por ciento de un salario mínimo para los jóvenes de 18 a 28 años, no necesariamente para el primer empleo, el cual alcanzaría a cubrir las contribuciones a pensiones, cajas de compensación y riesgos laborales. Con este incentivo, se espera beneficiar cerca de 319.000 jóvenes, lo cual contribuiría a reducir sustancialmente la tasa de desempleo juvenil, de 24,2% observada en 2020 a 19,3%.

De otro lado, para el resto de la población que gane hasta tres salarios mínimos, se suministrará un subsidio equivalente al 10 por ciento de un salario mínimo, con lo cual un empleador alcanzaría a cubrir cerca del 40 por ciento de la seguridad social de sus empleados. Cabe indicar que el incentivo en mención, beneficiaría a 271.000 personas.

Los subsidios consentirán la recuperación de aproximadamente 500.000 empleos, según estimaciones del ministro Hacienda y Crédito Público.

Otro de los programas que se planea extender es el del apoyo a la nómina, PAEF, que estará concentrado en la micro y pequeña empresa e incluirá a las personas naturales que tengan a partir de dos empleados. Este beneficio se extenderá por seis meses adicionales, hasta diciembre de 2021, beneficiando así a 400.000 empleados, con un costo de $1,1 billones.

Este Proyecto de Inversión Social también contempla mayores recursos para el pago de la matrícula para 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, con un costo anual de $700.000 millones.

Gasto público en cintura

En la propuesta de la cartera de Hacienda se contempla indistintamente, un ambicioso plan de austeridad, que generaría ahorros periódicos de $1,9 billones entre 2022 y 2032, en promedio.

Según Restrepo Abondano, con este plan se limita el crecimiento de la burocracia y se mantiene la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos. De manera paralela, restringe los cambios en la planta de personal, se congelan las vacantes y se limitan los gastos en bienes y servicios.

El funcionario confió en alcanzar un ahorro del 50 por ciento en gastos de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y combustibles en un periodo de 10 años. Agregó que el Gobierno no renovará telefonía celular, planes de telefonía móvil, internet y datos.

Dentro de las medidas está el control en costos de arrendamiento, promoviendo el teletrabajo y los eventos virtuales. Los esquemas de seguridad serán racionalizados y se hará un control a los contratos de prestación de servicios, salvo aquellos que sean esenciales para el funcionamiento de las entidades.

No tolerancia con la evasión

Otra de las grandes columnas del Proyecto de Ley es el referente a la lucha contra la evasión de impuestos, plan con el que se pretende recaudar $2,7 billones anuales.

Las nuevas medidas en este sentido incluyen, entre otros, la expedición del RUT y de declaraciones sugeridas del impuesto de renta a aquellas personas que no cumplen con sus obligaciones tributarias. También plantea un sistema de información georreferenciada, con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados.

Empresas aportarán

El ministro de Hacienda y Crédito Público señaló que la iniciativa expuesta, contempla, además, mantener el descuento de ICA sobre el impuesto de renta en 50 por ciento, medida con la que se disminuye significativamente la tarifa efectiva de tributación de las empresas, al compararse con 2018, sin afectar los ingresos de las entidades territoriales.

Se propone también establecer una tarifa de renta para empresas de 35%. En 2017, esta tarifa de renta era de 40%, y en 2018 de 37%, para empresas con utilidades de más de $800 millones. Restrepo precisó que continuarán los beneficios de la Ley de Crecimiento, como aquellos de contratación de jóvenes, Economía Naranja, renta exenta de 0% para el sector agroindustrial y las inversiones en hoteles y parques. En particular, para las microempresas, continuará vigente el Régimen SIMPLE de Tributación, que facilita y reduce el costo del proceso de cumplimiento de obligaciones tributarias para estos contribuyentes.

También se plantea una sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales hasta 2025. Adicionalmente, se establece una normalización tributaria como la principal herramienta para regularizar los capitales de los colombianos en el exterior.

 

“Cada vez tendremos más jurisdicciones para intercambiar información en todo el mundo. Contamos con más de 110 jurisdicciones cooperando con la Dian”, explicó Restrepo.

 

El ministro destacó que hay un acuerdo nacional en el que las clases medias no se deben gravar con impuestos adicionales, pues estas son el motor del consumo y, por consiguiente, de la reactivación. En este sentido, insistió en que la propuesta no tocará el impuesto a la renta de personas naturales, ni modificará la estructura del IVA.

Herramientas para la reactivación y la sostenibilidad

El proyecto admite, asimismo, la posibilidad de regular el uso de comercio electrónico para la realización de hasta tres días sin IVA. De igual forma, establece una serie de beneficios para las entidades territoriales.

Por otra parte, procura fortalecer la sostenibilidad fiscal, para asegurar la financiación sostenible del gasto social. Lo anterior, mediante un fortalecimiento de la independencia y capacidad operativa del Comité de Regla Fiscal, la definición de un anclaje de deuda pública que permita converger a niveles prudenciales de esta variable (esta ancla será del 55% del PIB) y metas de balance fiscal que se ajusten de tal forma que lleven a la deuda a converger al ancla.

Empresarios querían tener más conocimiento del articulado: Acolfa

El vicepresidente de la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes, Acolfa, Alberto Macías, anotó que hacer pronunciamientos a fondo es imposible porque los empresarios no conocieron el texto completo ya con los 56 artículos. Justamente, una de las solicitudes del Consejo Gremial Nacional fue que se diera a conocer el proyecto antes de someterlo a consideración del legislativo.

Por la aprobación de hoy en las comisiones económicas, aseguró, el proyecto tendrá un trámite rápido, una ventaja de abocar una propuesta social para atacar el agudo problema de pobreza.

Indicó que para el caso de los empresarios lo realmente apremiante es tener tranquilidad y holgura para poder fomentar empleo, algo fundamental porque solo así, el Estado puede oxigenarse un poco porque no todo puede ser subsidios o asistencialismo pues como pasa en todo escenario, la plata se acaba y llegará un momento en que no haya contribuyentes suficientes para recaudar el costo de los compromisos.

Independiente de como venga la propuesta tributaria, lo esencial es que genere puestos de trabajo para que la gente tenga un ingreso, gaste y mueva la economía, caso opuesto nada se habrá hecho.

Destacó la posición de los bancos que, al ver la situación del país, aceptaron pagar un impuesto de renta tres puntos más arriba del 35 por ciento que generalmente pagan las empresas. Ese sobrecosto, aseveró Macías, lo pueden amortizar sin problemas por el alto nivel de ganancias de las entidades financieras.

 

“Yo pienso que hay espacio para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas productivas que generan empleo y demandan mano de obra calificada para retomar la demanda interna y así cerrar el círculo. Si no hay empleo no hay consumo y si no hay consumo, no hay producción, luego es la lógica económica que invita a hacer reformas equitativas, bien hechas y en favor de toda una nación. Es urgente acertar en las medidas porque hay pymes heridas de muerte, otras ya desaparecieron y hoy lo importante es llegar con soluciones a quienes tienen forma de salvarse. Hay que tener en cuenta que las empresas pequeñas y micro abastecen a las grandes industrias, pero si estas nos producen se complica el asunto”, sostuvo Alberto Macías.

 

Estimó que esta es la última reforma a los tributos del presidente Iván Duque Márquez, teniendo en cuenta que el año se acaba y que el próximo será electoral, todo un lío por todo lo que acarrea la temporada de elecciones. Es por eso, afirmó, que después de la pandemia, será la política fiscal el gran desafío del próximo mandatario.

El actual Gobierno terminará el plan social y le tocará al próximo presidente de la República sacar adelante una reforma tributaria estructural que ayude a conjurar los desbalances de las finanzas públicas originadas por el Covid-19.

“Quién aspire al máximo cargo en Colombia debe manejar con propiedad el tema fiscal, debe hacerlo con profundidad, evitando que se torne politiquero con cargo a las promesas de no subir impuestos y a otros ofrecimientos que jamás se van a cumplir. El debate fiscal pide responsabilidad e inteligencia”, concluyó Macías.

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