Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, sobre Colombia precisa que solamente las reformas estructurales serán determinantes para potenciar la protección social, las finanzas públicas y la productividad, además dijo el organismo, optimizarían la solidez y la calidad de la recuperación.

Las considerables ayudas públicas proporcionadas para proteger los hogares, las empresas y los puestos de trabajo, sostuvo la OCDE, han ayudado a Colombia a realizar una buena gestión de la pandemia de COVID-19 y sitúan su economía en la senda de una sólida recuperación, si bien siguen existiendo retos para conseguir un crecimiento sostenible, según apunta un nuevo informe del ente multilateral.

La ampliación de la protección social, la mejora de la sostenibilidad de las finanzas públicas y el aumento de la productividad serán esenciales para impulsar el crecimiento, reducir la pobreza y mejorar las oportunidades de todos los colombianos.

El último Estudio Económico de Colombia elaborado por la OCDE muestra que los altos niveles de apoyo fiscal, que representan casi el 5 % del PIB, junto con la ayuda proporcionada por la política monetaria han limitado el impacto económico de la crisis, e igualmente contribuyeron al rápido retorno del país a una sólida senda de crecimiento. Se espera, dice el organismo, que el PIB de Colombia aumente un 5,5 % este año y posteriormente se sitúe en el 3,1 % en 2023.

"La economía colombiana se ha recuperado de manera notable, y se prevé que sea una de las economías que más crezca en América Latina. Las autoridades colombianas adoptaron unas políticas sólidas y bien definidas como respuesta a la pandemia que han allanado el camino a nuevas reformas estructurales para conseguir un crecimiento sostenible y garantizar que ningún colombiano se quede atrás.", afirmó el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, durante la presentación del Estudio en París junto al presidente colombiano Iván Duque.

El Estudio presenta recomendaciones específicas para abordar la pobreza y la informalidad en el mercado laboral. Aboga por desvincular el acceso a la protección social de la condición de formalidad o informalidad de los trabajadores, estableciendo una pensión básica universal, junto con la prestación de un ingreso mínimo garantizado que reforzaría y ampliaría las transferencias monetarias existentes a los hogares de bajos ingresos.

Al mismo tiempo, la carga financiera de la protección social debería trasladarse gradualmente de las cotizaciones de los trabajadores a la fiscalidad general, reduciendo así los costos laborales no salariales. Estas reformas podrían impulsar la creación de empleo formal y a aumentar en gran medida el acceso a la protección social, lo que podría reducir de forma significativa la pobreza y las disparidades existentes en Colombia en materia de ingresos. A largo plazo, una reforma de este tipo exigiría aumentar la recaudación tributaria en torno al 1 % del PIB, según los cálculos de la OCDE.

Para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, que al igual que en otros países de la OCDE se han visto presionadas por las políticas adoptadas en respuesta a la pandemia, el Estudio sugiere que Colombia siga adelante con sus actuales planes para mejorar los resultados fiscales e invertir la trayectoria de la deuda pública. De cara a futuras reformas fiscales sería fundamental aumentar la baja recaudación fiscal y optimizar el sistema tributario.

La mejora de la competencia, la reforma regulatoria y el aumento de la participación en el comercio internacional impulsarían la productividad y el crecimiento, según el Estudio. La adopción de una regulación más favorable a la competencia en los mercados de productos y la reducción de las barreras administrativas podrían promover la entrada en el mercado y la competencia, al tiempo que la reducción de las barreras comerciales podría potenciar la internacionalización de la economía.