El Gobierno Nacional debe establecer una política de subsidios incluyente, que distribuya equitativamente la adición del presupuesto nacional entre los diversos servicios públicos que se ofertan para cubrir las necesidades de energía de la población.

Entre cuatro y doce mil pesos colombianos adicionales tendrán que pagar los usuarios de estratos 1 y 2 por este combustible de primera necesidad.

El desconocimiento de la normatividad y la falta de compromiso de las instituciones encargadas de los procedimientos judiciales dificultan la lucha contra la ilegalidad. El sector del gas propano pierde aproximadamente 140 millones de dólares por cuenta de este fenómeno.