Las familias del proyecto, Álamos de Belverde, ubicado en Bello Antioquia, le pidieron a la constructora Obrasdé, cumplir con los cronogramas de entrega de las soluciones habitacionales, pero igual terminar los aspectos pendientes del promocionado plan de construcción para que los compradores puedan hacer uso de unos inmuebles seguros, con las mínimas especificaciones garantizadas y terminadas tal y como fue vendido el proyecto. Aseguraron que los plazos incumplidos para otorgar las unidades fueron inclusive del mismo desarrollador inmobiliario.
Los compradores de vivienda del Proyecto Álamos de Belverde hablaron con Diariolaeconomia.com, y expresaron su total preocupación por dilaciones en las entregas, pero igual por la falta de servicios públicos instalados de manera formal, que incluyan red de gas natural así como Internet y televisión por cable para gozar de unas viviendas verdaderamente equipadas y propicias para tener la calidad de vida esperada. Recalcaron que el acceso parcial a los servicios básicos es uno de los temas que debe conjurarse a la mayor brevedad.
Las inquietudes son varias y por eso quieren que la empresa constructora le dé curso a una reunión entre las directivas de la empresa y los compradores del proyecto, sin intervención de terceros, para escuchar soluciones y tiempos de entrega sobre la base de la verdad y no una junta más que deje las heridas abiertas sin la más mínima certeza. La incertidumbre que reina hoy, solo puede superarse, afirmaron, con actas y compromisos de cumplimiento que les permitan a esos clientes respirar tranquilos a sabiendas que tienen y tendrán soluciones para disfrutar una compra inmobiliaria que a la fecha ha resultado un completo sufrimiento.
La vocera Bárbara Barrera González, apuntó que nunca los propietarios fijaron cronogramas y dejó muy en claro que la constructora fue la encargada de dar las fechas que finalmente incumplieron, un tema que terminó siendo reiterativo y que hoy tocó fondo, quizás para frenar los incumplimientos porque en la situación actual del proyecto, los aplazamientos y las faltas no pueden seguir siendo un común denominador.
Barrera indicó que todo ha terminado en palabras, pero sin un plan de acción ejecutado que brinde sosiego, caso opuesto, comentó, han venido aplazamientos, quebrantamientos y omisiones.
“Simplemente no cumplen, mueven las fechas a su conveniencia, y al no haber un plan de acción todo se complica, dejando ver falta de transparencia porque nunca han honrado las fechas pactadas por ellos mismos para la entrega y mejoras. Si a nosotros nos dicen que, por ejemplo, la vía de ingreso está lista para 2023, sencillo, nosotros esperamos, pero es que esta obra estaba prevista para octubre de 2020, es más ese ingreso tenía otra fecha, esto se volvió una cadena de promesas, incumplimientos y aplazamientos”, comentó Bárbara Barrera.
La vocera aclaró que en algún momento hubo intervenciones en partes estructurales de la torre tres del proyecto en mención y descartó que en este momento estuviese dándose esa situación, como jamás lo indicó. Los trabajos, dijo, se hicieron en una parte específica durante 2018 y 2019.
“A nosotros nos entregaron un documento de la misma interventora el cual dice que supuestamente logró superarse la falencia que tenía ese punto de le estructura. Hoy podemos pensar que el resultado de ese informe es ajustado a la realidad, pero como no hemos tenido una entrega total de la torre, nosotros no hemos hecho la contratación de la interventoría por parte del grupo de propietarios para poder dar entera fidelidad de las correcciones adelantadas en el sector conocido como los dados. Cierto es que la intervención de la torre sí se dio”, expuso.
Sobre los subsidios, el grupo de voceros especificó que para el tema puntual de vivienda y del proyecto Álamos de Belverde, en efecto hubo inconvenientes porque posiblemente llegaron los que hacen parte de “Mi casa Ya”, empero, sostienen que una cosa muy diferente es el subsidio de las cajas de compensación Familiar toda vez que tienen unos requisitos muy diferentes a los que entrega el gobierno con “Mi Casa Ya”, razón de peso para decir que hasta el momento ningún recurso vía subsidio proveniente de las cajas ha sido desembolsado.
Explicó que las Cajas de Compensación Familiar son muy estrictas con esas contribuciones a tal punto que visitan las obras y se percatan de todo el proceso de obra, venta y entrega al detalle. En la inspección que hicieron a Álamos de Belverde, las cajas dijeron que se apartaban del desembolso por falta de claridad en temas tan esenciales como los servicios públicos, que requieren de su total legalización.
Hay que decir, si bien el proyecto y la torre tres cuentan con servicios públicos que brinda la obra, estos no están debidamente legalizados. Las cajas, inclusive insisten con la legitimación de los servicios básicos llámense acueducto, alcantarillado, energía, telefonía e Internet, porque buscan que cada apartamento o vivienda cuente de manera independiente con dichos servicios y que no estén dependiendo de un suministro que entrega la obra. No solamente brinda confiabilidad para el subsidio de vivienda una infraestructura sólida y convincente que coadyuve con la calidad de vida sino una enorme confianza para los propietarios ver los contadores de agua y energía.
Los voceros y voceras insistieron en que sí tienen servicios públicos, pero lamentaron que estos no estén legalizados porque ese es un asunto en el que las cajas de Compensación matizaron, tanto que fueron claras pues dijeron que no podían soltar un solo peso hasta tanto no se cumpla con el total de obligaciones y requerimientos.
Los alimentos son preparados con gas propano o energía eléctrica, pero la idea es contar con una infraestructura que les lleve el gas natural a los apartamentos en donde cada núcleo familiar cuenta con la instalación.
Julieth Tatiana Herrera Hurtado, una de las mujeres que hace parte del grupo de voceras, indicó que al inicio de la pandemia, el gobierno decretó los servicios de telecomunicaciones como esenciales y en ese sentido el mal se agudiza para todos porque el conjunto no tiene ese tipo de conexión que los proveedores preparan para los hogares, todo por la carencia de una infraestructura que facilite la puesta en marcha de esas herramientas digitales, hoy vitales por el entorno de Covid-19 y teletrabajo.
Hoy hay manera de llevar cableado desde el primer piso a los últimos niveles, los apartamentos cuentan con las facilidades para instalar, sin embargo las empresas de servicios de telecomunicaciones para hogar, no tienen cómo llegar al proyecto.
Los primeros en llegar tuvieron que contratar un servicio de datos móviles, de alguna manera adaptados a sistemas fijos y ello conlleva luego de varias conexiones a una saturación que pone en riesgo el enlace. En opinión de Tatiana Herrera, no es fácil el asunto y anotó que quienes recibieron sus apartamentos en 2020, no tienen servicio de Internet, todo un contrasentido con el mandato gubernamental en esta coyuntura pandémica.
“Aquí hay agua, también alcantarillado, contamos con energía, pero todo es provisional. Tenemos pruebas que la acometida de la red eléctrica está en mal estado poniendo en peligro la integridad física, una advertencia que se le hizo a la empresa desde marzo de 2020, esto dice que Obrasdé y los encargos fiduciarios están vulnerando nuestros derechos con decir que transgreden hasta el derecho a ser peticionario, un mecanismo constitucional. Resulta increíble que para obtener respuestas sobre temas legales, haya que presentar un derecho de petición, pero lo más tenaz es que para dicho propósito el interesado deba interponer una acción de tutela”, sostuvo.
El proyecto suma cinco cortos circuitos, poniendo en evidencia que hay falencias en el sistema eléctrico, otro derecho que salta a la palestra porque se puso en peligro la vida de las personas por eventuales inconvenientes o accidentes, pero igual el tener que subsanar el lío expuso a muchos en momentos de pandemia por el furor del Covid-19. Después de arreglos y conceptos, los cortos retornaron y con ellos el riesgo porque hubo conato de incendio, una eventualidad que de manera presta atendió un vecino con el extintor.
Si bien hubo trabajos en la acometida, el proveedor de servicios eléctricos de Obrasdé y Contex, determinó que el transformador provisional que hubo aguantaba la distribución y la carga para 143 apartamentos, de los cuales algo más de sesenta estaban ocupados por lo que el aparato no iba a soportar porque la capacidad era muy inferior, una razón para vaticinar que en full ocupación volverán los problemas. El caso es que llegó el quinto corto, asomaron los riesgos y las improvisaciones.
Actualmente más de la mitad del edificio no cuenta con gabinetes dotados y adolece de puertas instaladas, afianzando no uno sino muchos problemas. Todo esto, afirmó Herrera, está atado al inconveniente con los subsidios porque no hay manera de demostrar que se cumple con los mandatos técnicos y legales, muy necesarios para brindar seguridad y confianza.
En teoría la red contra incendios está instalada, pero no conectada a una bomba y a un sistema de punta que permita actuar ante la eventualidad de fuego en el lugar. El tanque no está pues a la fecha ese engranaje puede estar fácilmente al 50 por ciento, no de manera total ni dentro de la norma.
Subsidios echados a perder
La situación es demasiado compleja en el renglón subsidios porque algunos ya aparecen prescritos y un número que definitivamente no serán pagados por el sistema de compensación. Cajas como Comfenalco que suele ser muy estricta posiblemente niegue un subsidio aprobado que tiene como plazo de vencimiento el próximo mes. El caso Comfama es distinto, manifestaron, ya que es factible que la caja los pague pese a su caducidad.
El detrimento es total porque los subsidios vencidos por la demora prácticamente se pierden y para este caso no es una opción volver a aplicar en vista que con la prescripción, los recursos no son desembolsados. Este entorno de pérdida invita a revisar cuál es el asidero para que llegue un cobro jurídico porque las familias negociaron una solución de vivienda con un subsidio y por las demoras registradas en la constructora, ese auxilio se perdió, luego no cabe una cobranza que debería ser a la inversa porque la gente que tenía el aval acabó sin nada por unas demoras que no compró.
Hoy la capacidad de endeudamiento de los compradores está prácticamente en ceros habida cuenta que hay una deuda con el banco y la única prenda de garantía que existe es un inmueble que está hipotecado, restando margen para responderle a la constructora por unos recursos que no han llegado de las Cajas de Compensación. Nos están cobrando un error que fue sin duda alguna de la constructora.
“Hay una ley de 2019 la cual dice claramente que es el oferente quien tiene la obligación de gestionar el cobro de las cajas pues esa plata jamás se la entregan al propietario y el desembolso tan solo se hace quince días después de firmada la escritura. Nosotros firmamos escrituras a mediados de diciembre de 2019 y ellos apenas hicieron las últimas solicitudes a finales de 2020. Lo grave es que en el momento de hacer el contrato de compra, la empresa sabía que nosotros éramos beneficiarios de esos subsidios y no debieron permitir el vencimiento de los subsidios porque era obvio que ello complicaría los términos de adquisición y de cumplimiento. No actuaron a tiempo el tema, la diligencia de los subsidios era algo que no tenían previsto porque sabían que tenían que escriturarles a las personas que iban a comprar con subsidios, el alma de las vivienda de interés social”, declaró la señora Bárbara Barrera.
La empresa, dicen, desconociendo las falencias, asegura que el cobro jurídico procede porque es, según la constructora, aportar el 100 por ciento de los recursos, pero la ley es taxativa y pone en claro que es el oferente quien debe cobrar esos dineros provenientes de los subsidios. Los propietarios del proyecto tocaron la puerta de la Superintendencia de Subsidio, pero las cajas reiteraron que están dispuestas, como es su filosofía a aportar los recursos única y exclusivamente si se cumplen las normas exigidas y que finalmente buscan transparencia y eficacia. Todo lo anterior, aseguran los voceros, invita a hacer ajustes para que el ejecutivo regule a la empresa privada de la construcción, evitando problemas de gran calado.
Igual los usuarios de vivienda del proyecto Álamos de Belverde auscultaron posibilidades o ayuda en la Superintendencia de Industria y Comercio, pero allí les dijeron que nada se podía hacer hasta tanto no hubiese una entrega definitiva del proyecto, es decir que no se puede hacer reclamo sobre un producto aún no está en manos del comprador.
El proyecto no tiene optimizada su red contra incendios y los habitantes de la torre tres debieron pasar unos derechos de petición ante unos conatos de conflagración que hubiesen sido caóticos ante una eventualidad de semejante gravedad.
“Aquí no hay ninguna normalidad tranquilizadora porque del proyecto medianamente nos han entregado la torres tres después de una venta que nos hicieron en 2015. Nos dijeron que todo estaría lista en marzo de 2018 y en 2021 tan solo hay una en las condiciones que le comento. En deuda están las áreas sociales porque los niños están jugando en una zona de parqueaderos, no tenemos nada más, con todo y eso, pagamos la cuota de administración. A la gente de Torre Dos no le han entregado soluciones y estamos hablando de 220 familias perjudicadas”, puntualizó Bárbara Barrera.
Manifestó que no puede haber tranquilidad alguna cuando la fecha máxima del contrato inicial era cinco de mayo de 2019 y deploró que nada fue tan halagüeño en las postrimerías del mes de enero de 2021. La Torre Dos, subrayó, no será entregada en tres meses porque ahí entran los plazos móviles y los procesos de escrituración que tardan seis y hasta ocho meses en promedio, pero una cosa es terminar una obra sobre física al público y otra muy diferente en el papel.
Para la vocera la torre puede estar terminada en tres o cuatro meses, pero la entrega como tal seguramente va a demandar un buen tiempo.
En el proyecto dicen los compradores hay una tercera torre involucrada que debió ser entregada a sus compradores iniciales, es decir que debería estar culminando el proceso de entregas definitivas de las 660 viviendas que abarca el proyecto como tal, incluidas las zonas comunes. Aducen que de la Torre Uno no hay ni siquiera la primera excavación debido a que mucha gente desistió del proyecto por los incumplimientos.
Allí, explicaron, empezaron los traslados de Torre Uno a Torre Dos y de Torre Dos a Torre Tres, teniendo en cuenta que el punto de equilibrio del proyecto ya fue decretado para las tres torres razón más que suficiente para haber iniciado la construcción de la Torre Uno. El lío a la fecha es demostrar la solidez para la Torre Uno y así contar con liquidez necesaria para darle vía libre al proyecto, pero recalcaron que hoy no hay puesto en ese propósito arquitectónico, un solo ladrillo.
Las personas son claras quieren más que respuestas, soluciones y cumplimiento porque saben que hay capital invertido, ahorros y mucho esfuerzo. El sueño que empezó en 2014, es para los compradores una larga y expectante pesadilla.
“Hay un asunto que no puede pasar por debajo de la cerca, a mucha gente no le resuelven la situación con su vivienda, pero tampoco les devuelven su dinero porque las cuotas iniciales solo volverán a las manos de los demandantes inmobiliarios de Álamos de Belverde hasta que no se vuelva a vender el apartamento. Muchos cansados de esperar están buscando otras opciones habitacionales, pero están amarrados con el tremendo problema que sin querer adquirieron”, señaló Barrera González.
Para evitar los inconvenientes con las constructoras porque este no es el único antecedente en Antioquia, los compradores piden ajustar los controles y mirar en qué está la regulación para vivienda. No esperan más que se cumpla la norma, darle celeridad a la documentación y acabar con el vacío legal, una tarea que deben asumir los entes territoriales, es decir alcaldías y gobernaciones para ponerle freno a los incumplimientos porque en materia contractual y técnico tan solo hay interrogantes.
En su charla, Bárbara Barrera González, denunció que han pasado cosas tan locas con el proyecto que fueron entregadas algunos apartamentos sin baterías sanitarias. La Torre Tres tiene una habitación por debajo del 50 por ciento porque fueron ocupados 80 apartamentos en promedio. Hay casos de personas que pagaron de contado y aún no tienen sus escrituras, algo similar a comprar de chan con chan para vivir en la informalidad porque no tienen sus documentos en reglas.
Otra inquietud es lo que acontece con Acción Fiduciaria que fue la entidad encargada de velar por el manejo de los recursos, pero al girarse los dineros por llegar al punto de equilibrio, la entidad dejó de ser un respaldo para los propietarios, luego no hay una entidad que respalde los derechos de los mismos de ninguna manera.
Hoy el proyecto está semicrudo, una torre que empezó a habitarse, trabajos de mampostería en un 50 por ciento para el caso de las áreas comunes y muchos detalles legales por enderezar para que la gente retome la confianza. En el área de Torre Uno tan solo hay escombros y basura. Al proyecto se accede por una vía destapada y con una iluminación precaria, bastante provisional resultado de no haber definido todo lo atinente a iluminación pública de la polvorienta vía.
Hace falta una portería y hay inquietud porque no funciona la puerta provisional de seguridad. El panorama, expresan, es totalmente desolador y pletórico de incertidumbre.
Al retomar la palabra, Tatiana Herrera Hurtado, dijo que en todo lo que hace falta en el proyecto está sin duda el mayor control, vigilancia y regulación en alcaldías, gobernaciones y al interior del Gobierno Nacional lo cual involucra al Ministerio de Vivienda. El tema, razonó, no puede ir más allá de un permiso y hoy no hay certeza si para los compradores de este proyecto aplica la norma anti-Space que expidió el ejecutivo a través de un decreto que constriñe a las firmas constructoras así como a los vendedores de inmuebles a responder por fallas estructurales, riesgos de ruina o colapsos por un periodo diez años.
Según la determinación que al parecer rige desde 2021 por gracia del Decreto 282 de 2019 bautizado “de Amparos de la Ley de Vivienda Segura”, la finalidad es blindar el patrimonio, proteger a los propietarios de vivienda nueva por medio de resarcimiento dividido en tres alternativas, fiducia en garantía, garantía bancaria o una póliza de seguro.
“En caso de que aplique, nosotros tenemos un comunicado de la Alcaldía de Bello expedido en marzo de 2020 el cual dice que este proyecto no tiene permiso de ocupación. Sencillamente negaron la aprobación para ocupar los apartamentos o simplemente no ha sido tramitado, pero cierto es que no hacen como una auditoría después de, para garantizar que el constructor está cumpliendo. Lo cómico es que esa comunicación del municipio fue en marzo de 2020 y la torre está ocupada desde agosto de 2019. Con seguridad falta algo a nivel de vigilancia y control tanto en el ámbito nacional, pero igual departamental y municipal”, explicó Herrera Hurtado.
Por todo el entorno enrarecido que impacta el proyecto, Tatiana siente que compró una casa en el aire, de un lado por las demoras y los incumplimientos, pero igual por los riesgos a los que están todos expuestos.
Tildó de cínicos a los directivos del proyecto porque argumentó que los incumplimientos son todos, empezando con el juego de unas prórrogas de las que abusaron para dilatar construcción y entregas. Hay líos con parqueaderos, las etapas en su totalidad no están cubiertas por la figura jurídica de otro sí, dándole rienda suelta a la confusión y a unos cambios súbitos que generan inconformidad.
Los propietarios tienen como derrotero jurídico la Ley 675 de 2001 o de Propiedad Horizontal, pero igual sus propios reglamentos para este tema registrados bajo escritura pública en una notaría de Medellín. Estimó un despropósito el pago de una administración en un proyecto no concluido y dijo que eso pone en entredicho la moralidad de la constructora Obrasdé. A los compradores del proyecto les resulta claro y son conscientes que el cobro de expensas comunes es completamente legal y amparado por la ley. Tajantemente dicen que mirando el Reglamento de Propiedad Horizontal, RPH, no es razonable dicha recaudación teniendo en cuenta que la constructora infringió los términos.
La obra está a medias, aseguró, los compradores tienen unas obligaciones, pero igual la empresa, afirmó, debe cumplir con toda la reglamentación de propiedad horizontal y hoy los ocupantes no cuentan ni con portería ni con acceso a todos los servicios públicos. “No es justo y no tienen criterio moral para hacernos el cobro porque ellos no han cumplido a cabalidad lo que reza el reglamento de propiedad horizontal”.
La propietaria dijo que la comunicación de la Alcaldía de Bello sobre los permisos de ocupación así como les llegó a los compradores también aterrizó en las manos de las directivas de Obrasdé. No puso en duda la capacidad de la empresa y las licencias que debe tener para sus desarrollos, pero reiteró que hoy la duda está en los permisos citados.
Al preguntar sobre la diferencia en los proyectos y el diseño, Tatiana, haciendo uso de su pausa y coherencia, se apartó de opinar sobre estética e innovación al considerar que su estado de ánimo, su estado emocional y su descontento no le permiten responder objetivamente esa pregunta porque asegura que ya nada lo ve agradable y no quiso pecar en respuestas carentes de objetividad.
Un punto nada mínimo tiene que ver con los créditos constructores porque de hecho no han tenido ningún problema. En ese sentido, aseveraron, los bancos ven los niveles de incumplimiento un factor que pesa en la financiación.
Una reunión que ponga punto final
Frente a la reunión venidera, los voceros de Álamos de Belverde anotaron que las mesas de trabajo se han hecho, pero esperan que la cita pendiente sea contundente, de manera directa con la compañía, sin terceros y, ojalá, repleta de sinceridad y anuncios con soporte en la verdad.
El tiempo ha pasado y a muchos se les murió la ilusión, seguramente perdieron el encanto de sonreír y dejaron enfriar lo más sensible de los sentidos, todo por ver crecer hierbas en los potreros más no el reverdecer de la dura siembra, empero, aguardan el sábado para llegar a un punto final y dejar en la historia los ya tediosos puntos suspensivos.
“Irnos del proyecto no es una opción, nos queda la fe y no dejar de creer, a eso estamos resignados, pero levantar la imagen y la ilusión le corresponde a la constructora que debe parar los incumplimientos, honrar los compromisos y entregarnos las soluciones que con tanto anhelo pagamos, como todos sabemos nada se consigue fácil, pero eso no quiere decir que las empresas tengan el derecho de jugar con el esfuerzo, el trabajo y el entusiasmo de quien construye vida. Este proyecto resultó lleno de sufrimiento y seguramente la peor decisión de nuestras vidas, esperamos que muy pronto se evapore esta pesadilla”, concluyó Bárbara Barrera González.
Con esperanza, todos los tenedores y compradores de vivienda del proyecto Álamos de Belverde impulsado por el desarrollador inmobiliario Obrasdé, aguardan soluciones y todo el profesionalismo de una empresa que tiene que abandonar el escenario de las promesas, las fechas eternas de aplazamiento y los falsos anuncios para llevar a feliz término y con verticalidad lo pactado, Igual estiman que si no hay manera de hacerlo, lo más consecuente sería implementar un plan de acción, socializarlo y cumplirlo.
Los usuarios de crédito de vivienda exhortaron al gobierno y a los gremios de la construcción generar toda la confianza para quienes quieren comprar vivienda, es decir crear un banco de información caracterizado por la probidad, en donde los mensajes de las redes sociales no sean borrados y así cada quien logre enterarse de los pormenores de cada compañía.
