Al iniciar esta nota me vino súbitamente la figura del muy destacado José Miguel Pey y Andrade, figura pública de alto turmequé quien nació en Bogotá en 1763 y falleció en 1838. Fue un abogado formado en el Colegio de San Bartolomé en donde recibió título en 1787. Le correspondió ser Alcalde de Santa Fe, pero igual brilló como militar y como estadista, haciendo que todos esos pergaminos logrados en la lectura intensa, la disciplina, en su espíritu pragmático y en una vasta experiencia, lo llevaran a dirigir los destinos del país, siendo el primer Presidente criollo luego de reemplazar en el poder ejecutivo al virrey Antonio Amar y Borbón en tiempos de la Nueva Granada, pero ratificado como Presidente de Colombia el 25 de julio de 1810, un cargo casi interino, pero con reconocimiento histórico.

Como hecho trascendental está su firma en el acta de independencia y como anécdota el haber salvado a José González Llorente de los lugareños enfurecidos con el español tras el incómodo hecho que tuvo origen en el famoso florero.

Igual, cuando se buscan las raíces del derecho en Colombia, que no es tarea fácil, hay que pensar en ilustres de la talla de Manuel Rodríguez Torices, Camilo Torres y muchos otros juristas que inclusive pagaron con su vida el participar en las cruzadas por la independencia. Según los registros esta activa lucha implicó que en ese proceso, una tercera parte de los abogados fueran fusilados o afectados por actos de represión.

Como es apenas sensato, el derecho ha marcado una historia en el desarrollo erudito y constitucional del país porque gracias a esa intelectualidad de quienes en la materia se prepararon, fue posible darle viabilidad jurídica y leyes a un país que trazó un derrotero y creó la hoja de ruta de su historia constitucional, paralelo a ello las normas y los mandatos de comportamiento y ley, todo sobre los códigos y los procedimientos en aras de administrar justicia.

El derecho fue, es y será determinante en el país, retomando inclusive el antes y el después de la Gran Colombia lo cual involucra el frustrado sueño de Simón Bolívar que vislumbró unos estados unificados como herencia del otrora Reino de Granada el cual quedó desintegrado hasta quedar dividido en cinco repúblicas independientes después de unas guerras y batallas que se hicieron en favor de la unión. Como si fuera poco nació una sexta república en los albores del siglo XX con la controvertida y mal recordada separación de Panamá en 1903, un hecho con alto componente jurídico y político. ¡Qué paradoja!

El tema del derecho está cada vez más en boga y es por eso que el país y el mundo se preparan para asumir nuevos retos en materia jurídica ante los nuevos escenarios que apuntan a bajar la intensidad de la globalización y crear condiciones de desarrollo sobre pilares jurídicos sólidos, sostenibles y confiables en vista que con el nuevo contexto mundial, vendrán cambios en todo y ello implica, sin duda alguna, echar mano del indispensable y sabio derecho.

En diálogo con Diariolaeconomia.com, el abogado y socio de la afamada firma Sanabria & Andrade, Henry Sanabria Santos, indicó que la coyuntura sanitaria por Covid-19 y los impactos sociales, psicológicos y económicos que pusieron al mundo en jaque, cambiarán radicalmente el comportamiento productivo y obligará a acudir a estrategias de salvamento en donde la renegociación marcará un hito en la historia de la humanidad.

La situación, alarmante y con pronóstico reservado hace que la inteligencia brille y se imponga pues de lo contrario vendrán tiempos oscuros toda vez que no en vano se habla de caos económico, recesión, crecimientos negativos en las economías, quiebras y unos líos que ya se avecinan por los efectos en cadena que puede traer un colapso total de la economía global.

El poscovid-19, por usar una figura nueva, tendrá unas características muy duras para el planeta, la región y dese luego para Colombia. Desde el punto de vista jurídico, la lectura que hace Sanabria es que antes que demandas, embargos y procesos judiciales lo que puede venir es una gran cantidad de renegociaciones que implican contratos laborales en donde indudablemente la única opción para mantener los puestos de trabajo es con la reducción de salarios en las empresas.

Sobre el particular Sanabria indicó que las empresas podrán sobrevivir buscando en casos específicos la manera de renegociar los contratos con sus empleados pues resultaría muy grave para el país los despidos colectivos. Otra situación que será normal después de la crisis, apuntó, es el ingreso de varias compañías a la Ley de Reorganización Empresarial para hacerlas viables.

 

“Se viene una gran renegociación de deudas, no solamente con el sector financiero sino con otros tipos de acreedores. Van a renegociarse muchos contratos y algunos van a terminar por la imposibilidad de cumplir con lo pactado por fuerza mayor y por caso fortuito que hará perentoria esa gran renegociación de contratos. Lo más importante será mantener las empresas y los empleos y eso solo podrá ser posible renegociando convenciones, estipulaciones o términos”, vislumbró el también analista jurídico.

 

Renegociar que será el término de moda será igualmente usual entre entidades financieras, sistemas de crédito y comercios no solo con empresarios sino con personas naturales. Acabar empresas y empleo, sentenció, acaba la economía y por ello es urgente la cordura, la calma y la cabeza fría. Vio graves problemas si no hay acuerdos porque sin empresas y sin empleo no hay productividad, no habría tributación y vendrían tiempos más que complicados.

El gran reto según proyecta Sanabria & Andrade es para los abogados, no por el tener que acudir a medidas de choque, decisiones sancionatorias, términos de contratos, imposición de multas, clausulas penales u otras medidas, no el asunto pasa por hacer uso de los instrumentos de negociación, reorganización empresarial, cambio en los contratos así como en las condiciones pactadas para poder mantener una época de crisis que ya empezó y que invita a trabajar unidos para superar las vicisitudes, ojalá pronto.

En derecho vienen unos cambios y acoplamientos como la realización de audiencias de manera virtual, pero también con el mismo mecanismo la realización de asambleas y juntas directivas con lo cual el derecho saldrá beneficiado con el uso de las nuevas tecnologías que terminó imponiendo el Covid-19.

No es de extrañar ni de sorprender que después de los planes de choque y de asistencia económica vengan las medidas económicas que conllevará a la reorganización de ciertos sectores de la economía para que puedan seguir funcionando sobre la base de preservar el capital humano, el activo más valioso. Estas medidas, según Henry Sanabria, si bien van a facilitar la vida igual deben traer un blindaje fiscal que no ponga en riesgo el recaudo tributario pues eso llevaría al país a un déficit y un problema de mayores magnitudes.

 

Todo al derecho

 

Al hablar de la profesión y el ecosistema jurídico, Henry Sanabria Santos comentó que el escenario del derecho en Colombia es confiable y respetable debido a que muy a pesar de la proliferación de abogados y de facultades de derecho hay un grupo de juristas muy calificado, especialmente ese que está entre los 25 y los 35 años, muy matizado por estudiar sin límite, por absorber conocimientos y por hablar dos o más idiomas. Algunos se han especializado, han hecho maestrías así como doctorados en el exterior.

Dijo que hay abogados que están muy atentos de las redes sociales, haciendo de la tecnología una herramienta muy versátil y útil que marca, en buena hora, una buena generación de profesionales del derecho, precisamente en estos momentos de crisis en donde han venido reaccionando muy positivamente, utilizando todos los mecanismos virtuales posibles y encontrando en la creatividad las posibles soluciones a todo lo que se le ofrenda a la profesión.

 

“Esa es una visión positiva y un lado afortunado que está mostrando la profesión porque lo más importante del ámbito jurídico es justamente lo que se viene para Colombia por todas estas generaciones. Así el país tenga un número muy superior de abogados en comparación con otros países, lo cierto es que esa proliferación de profesionales abre la oportunidad para que llegue otra descendencia muy importante para el derecho colombiano aunque lo cierto es que lo ideal sería no tener tantos abogados sino un número consecuente con el mercado y sí a cambio contar con más profesionales en otras áreas que son indispensables como ingenierías, medicina, técnicos y tecnólogos en muchos campos que piden a gritos otro tipo de profesionales en otras áreas del conocimiento, porque hoy, es un hecho, tenemos muchos abogados”, declaró el señor Sanabria Santos.

 

A la actual generación, explicó, la ha tocado todo lo atinente a escándalos, corrupción, violencia, bataholas con la administración de justicia y todo tipo de situaciones que hoy están como parte del aprendizaje del manejo de crisis y la manera de salir de estas.

En materia de derecho todo cambia y va mostrando innovación de manera permanente porque el mundo gira y las condiciones de convivencia y adaptación a las nuevas condiciones le van dando un ritmo, por lo general frenético, a la evolución. En opinión de Sanabria el asunto es apenas obvio porque el derecho no es nada distinto que regular la vida en sociedad porque si esta avanza los retos son nuevos y con mayores desafíos.

Afirmó que a esos retos no puede ser ajeno el derecho, empero manifestó que es necesario evolucionar y dar respuestas a los nuevos retos, eso sí, manteniendo la seguridad jurídica porque esta no es más que la balanza puesto que es bueno avanzar, pero igual avalando la seguridad jurídica en procura de hacer de lado la costumbre de hacer cambios permanentes porque eso igualmente genera una serie de sinsabores.

 

En el sector justicia hay mucho por hacer, pero ya se está avanzando

 

Desde la tribuna de Sanabria & Andrade, los cuellos de botella en materia jurídica no son pocos teniendo en cuenta que se han hecho muchos esfuerzos desde hace una década pues finalizando el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y durante todo el gobierno Santos con continuidad en el mandato de Iván Duque Márquez, los bríos por modernizar la legislación se han dado y a ello hay que reconocerle, escribió, unos trabajos destacados en pro de modernizar la legislación nacional básicamente en materia de códigos de procedimiento.

Estimó que en la década que pasó fueron modernizados prácticamente todos los códigos de procedimiento pues indicó que si bien no fue posible hacerle una reforma integral a la justicia, de orden constitucional si fueron hechas reformas legales muy importantes que ya están dando sus frutos porque es visible una administración de justicia mucho más moderna, no dejando de costado que hay unos procesos que siguen siendo muy demorados, pero que han mejorado ostensiblemente en los tiempos de desarrollo y finalización de los procesos.

 

“Me parece que lo que se quiere hacer en el sentido de implantar un expediente virtual y poner la administración de justicia al día con todos los sistemas informáticos y virtuales es muy importante porque desde luego se espera que ese proceso arroje los mejores resultados y resulte más que útil porque se trata de un esfuerzo del actual gobierno a través del ministerio de Justicia, con apoyo del Consejo Superior de la Judicatura de lo cual se espera mucho en materia de logros partiendo de la celeridad y la eficacia”, apuntó.

 

En materia judicial, conceptuó el litigante, el gran problema es que hay muy pocos jueces lo cual hace perentorio que se adelanten nuevos nombramientos porque los jueces que suma hoy Colombia no son suficientes lo cual hace que se acumule trabajo, que se multiplique el número de expedientes y que haya líos de velocidad en el aparato de justicia.

Consideró que necesariamente Colombia requiere de más jueces lo cual hace parte de una necesidad urgente que demanda acción para ofrecer soluciones en procura de inyectarle a la justicia esa eficiencia y esa velocidad que todos anhelan desde todas las tribunas.

En segundo lugar consideró que se hace necesario que se fortalezcan otras fuerzas alternativas de solución de controversias como la conciliación y el arbitraje que es muy fuerte en Colombia, pero que necesita potenciarse más porque no puede permitirse que todos los litigios lleguen de manera indiscriminada donde los jueces porque hay litigios que perfectamente pueden conciliarse y asuntos que igual se pueden desjudicializar y resolver por la vía administrativa, pero ello, consideró Sanabria, exige un arbitraje más fuerte para que los jueces queden con una carga razonable de trabajo.

Un punto que calificó de muy importante es el ver la reforma a la justicia como un paquete integral de cara a optimizar la rama judicial y no llevar la iniciativa única y exclusivamente al plano de reformar los altos tribunales lo cual no es así porque usualmente a los ciudadanos del común poco les interesa lo que pase en esas instancias pues eso hace parte de otro tema.

Expuso que al colombiano realmente le interesa el cómo funciona el juzgado civil municipal, el laboral, cómo operan los juzgados penales y cuál es la dinámica de la Fiscalía, puntos que deben estar como prioritarios en la próxima reforma.

 

“Frente al tema de administración de justicia hay mucho por hacer, pero indudablemente yo creo que los avances logrados en los últimos diez años resultaron importantes”, sostuvo el socio de Sanabria & Andrade.

 

Otro cuello de botella, expresó, es la seguridad jurídica porque en Colombia las normas son cambiadas de manera permanente lo que muestra que no hay política ni legislatura seria pues no es extraño que se expida un código y a la mayor brevedad se piense en reformarlo, todo un lío porque la jurisprudencia cambia de manera preocupante porque los no y los sí cambian día tras día, es decir no hay certeza y se le abren las esclusas a la incertidumbre.

El abogado razonó que Colombia debe apostarle a una reforma mucho más estructural en donde la seguridad jurídica cuente con todas las garantías porque lamentablemente y en las actuales circunstancias el país no es atractivo para la inversión local o extranjera pues a quienes traen capital les cambian las reglas de juego de manera permanente, escenario que dificulta toda la planificación de la actividad y del manejo de una empresa en vista que llegan a un país con unas normas y en tiempos relativamente cortos están expuestos a cambios tributarios, laborales y comerciales que dificultan la operación.

Por el bien de Colombia y su progreso, sentenció el abogado, es urgente superar ese cuello de botella porque en un país en donde permanentemente las reglas están cambiando es muy difícil atraer inversión o sostener la que hay y que ya manifiesta agotamiento por los relevos en los diferentes espacios contractuales, haciendo que el país no sea confiable en materia jurídica.

El tercer cuello de botella en el análisis de Sanabria & Andrade es la corrupción, un cáncer que se ve tanto en el sector público como en el privado pues en los dos contextos este flagelo es muy grande a tal punto que a veces el derecho se queda corto para luchar contra todas las modalidades de corrupción pues de nada sirve, anotó, tener un sistema jurídico avanzado y contar con buenas normas ya que frente a telas de corrupción nada hay por hacer.

 

“El tema es claro, necesitamos modernizar la administración de justicia, dar más seguridad jurídica y tenemos que garantizar diversas formas efectivas de lucha contra la corrupción que no es nada distinto a hacer cumplir las normas que hoy están en vigencia”, precisó Sanabria Santos.

 

Un semblante que amerita consideración según la firma de abogados es el profundizar en las políticas de formación judicial porque si bien Colombia cuenta con una buena escuela y un buen sistema en ese sentido, lo cierto es que hace falta seguir formando los jueces, pero también es necesario, darles capacitación, metiéndolos de lleno en la era digital, labor a la medida de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura.

Nada menor, observó Sanabria & Asociados, es la revisión de los estándares para la elección de los magistrados de los Altos Tribunales en vista que deben ser mucho más exigentes en los perfiles, hojas de vida, criterios de experiencia y de formación, no porque los togados o el órgano colegiado sea el principal problema, sino porque los jueces a cargo de los tribunales superiores son la cabeza y las máximas autoridades de la administración de justicia.

Lo ideal y justo es que el grueso de jueces que se sacrifica a diario y ve los problemas en las altas corporaciones de la justicia se sienta debidamente representado por personas idóneas, capaces, llenas de conocimiento y muy comprometidas con la ética, el trabajo y el avance en los temas de jurisprudencia que igual deben mostrar eficiencia y una administración proba y encomiable. Es por ello, dijo el experto, deben subirse todos los estándares y categorías éticas que exige el ser magistrado.

 

“Es indudable que en Colombia el cargo de magistrado debe tener unos requisitos con demasiada exigencia legal y ética, muy superiores a los que tenemos en la actualidad. Es importante que se fortalezca todo el sistema de precedentes pues ya hay mucha jurisprudencia en Colombia y el problema es que las autoridades administrativas no cumplen esa interpretación, dicho de otra manera, si hay veinte sentencias que dicen que una pensión en un caso determinado debe cumplirse, y debe pagarse de una manera expresa, sabiendo que hay veinte jurisprudencias que dicen eso, uno no entiende porque las autoridades administrativas todavía siguen negando esas retribuciones lo cual genera ir a la rama judicial y así congestionar la administración de justicia. Si ya hay un precedente claro en Colombia sobre cómo debe interpretarse una norma, pues es importante que se fortalezcan los mecanismos para que ese precedente sea obligatorio y así las autoridades administrativas lo cumplan en pro de la ley, dinamizando la administración de justicia”, dijo Sanabria.

 

Indicó que se hace urgente que todas facultades electorales se les quiten a las cortes como se les ha ido quitando, pero sostuvo que esa medida no puede hacerse a medias o de manera paulatina, el jurista subrayó que deben quitarse todas esas potestades porque a juicio del contertulio, los Altos Tribunales no pueden tener facultades electorales y no tienen por qué intervenir ni en el nombramiento del Fiscal General ni en el del Contralor y menos en la designación del Procurador, del Defensor del Pueblo, en el nombramiento del Auditor ni en absolutamente nada porque la experiencia ha resultado nefasta.

Entendió que el tema fue muy bienintencionado en la Constitución Política de 1991 que permitió que las cortes intervinieran en la designación de altos dignatarios del estado con un sistema de pesos y contrapesos, de distribución de cargas entre las ramas del poder público, pero recalcó, la experiencia fue infausta.

 

El país demanda justicia con políticas de estado

 

Al mostrarse la justicia no como una política de estado sino como una situación amoldada a las necesidades o requerimientos de cada gobierno, de manera inmediata se van desnudando las falencias por la falta de verdaderas iniciativas legislativas, esas que deben darse con una planeación jurídica del ordenamiento jurídico del país a largo plazo. Por esa razón, afirmó el jurisconsulto, los escenarios terminan siendo muy complicados y carentes de un soporte jurídico confiable.

En esta plática quedó claro que los gobiernos llegan y quieren dejar una huella con los cambios normativos sin que caigan en cuenta que ese derecho que les asiste, resulta sumamente perjudicial para el derecho porque castiga la estabilidad jurídica, un indicador muy determinante a la hora de definir futuro en muchas compañías o multinacionales. Es claro, añadió Sanabria, que cada gobierno quiere hacer su reforma tributaria, la reforma laboral, igual cambios a los códigos penal y de procedimiento penal lo cual es entendible bajo el techo de la democracia, pero muy complicado en términos de derecho porque esos relevos en las normas no brindan seguridad jurídica alejando inversión o el desarrollo de actividades empresariales, comerciales o mercantiles.

Henry Sanabria Santos tiene claro que en materia tributaria el país debe mejorar y hacer las cosas con mayor equidad porque hay muy pocos pagando impuestos y con un valor elevado cuando lo ideal es que todos tributen de manera proporcional. Agregó que cuando no logra enfocarse la gente en la base tributaria y en donde hay inconvenientes de fiscalización por falta de mecanismos efectivos, resulta difícil que las empresas sigan porque las factorías tributan mucho como lo hacen también las personas naturales en un escenario en donde lo ideal es que todos hicieran su aporte al fisco, bajando tarifas, oxigenando la economía, llevando mensajes de tranquilidad a la inversión y sabiendo que la norma no va a modificarse, generalmente en perjuicio de quienes le han creído a Colombia.

El asunto contractual en el país es complejo, nada fortuito porque las cosas se han hecho a sabiendas que pueden generar mal ambiente en los inversionistas y en la comunidad como tal porque el país se acuesta con unas normas y se levanta con otras, llevando todo a un alarmante plano de incertidumbre y pérdida de la confianza. Ese punto, destacó, ha hecho que muchas empresas se hayan ido o estén buscando destinos de inversión en donde las reglas de juego en materia jurídica sean sostenibles y amigas de los negocios.

En el frente de la infraestructura, dijo Sanabria & Andrade, el panorama no es nada halagüeño porque hay muchas trabas burocráticas, haciendo que el éxodo de inversionistas crezca pues no hay condiciones ni una atmosfera propicia para hacer inversiones en obras claves para el país, su desarrollo, su empleo y su curva de crecimiento. Hoy, reza la firma, las firmas buscan sitios en donde sea mucho más fácil, rentable y estable hacer empresa.

 

Contencioso Administrativo, una jurisdicción que brinda garantías

 

Sobre el Contencioso Administrativo, el abogado precisó que se trata de una jurisdicción muy fuerte porque la creación de los jueces administrativos y la implementación de éstos, ha resultado de mucha importancia.

 

“El Consejo de Estado es hoy una entidad fortalecida, es una de las Altas Cortes que más aceptación tiene y una de las que mejor funciona. Ya no reporta demoras en los nombramientos de magistrados y tiene decisiones muy importantes. Yo creo que la jurisdicción del Contencioso Administrativo funciona mejor de lo que funcionaba antes”, aseveró Sanabria.

 

Sobre la Procuraduría y el Ministerio Público, anotó, es un ente eficiente, pero susceptible de mejorar pues reconoció que a este despacho hay que darle más dientes en otros temas, especialmente en la intervención del proceso judicial, pero exteriorizó que a la fecha, esa jurisdicción del Contencioso Administrativo opera bien, empero insistió en que requiere reformas, asunto que no hace ver una gran preocupación en el funcionamiento de esa instancia.

Cambiando de tercio y entrando en las aguas del Consejo Superior de la Judicatura, El profesional afirmó, que esta corte hay que verla sin titubeos porque hay que entender cuál es la función que cumple este tribunal, entendiendo que tiene dos grandes misiones, la primera que tiene que ver con administrar la rama judicial que es lo que hace la sala administrativa de ese cuerpo colegiado.

A criterio del profesional del derecho, hay que buscar que la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura esté más orientada hacia temas de administración porque finalmente esa es su función lo cual exige tener administradores de empresas, economistas, financieros y gente más formada en administración pública, con la organización de una gran empresa que es la rama judicial, sin que el parangón se preste para malos entendidos, pero sí poner en orden las cifras y los gastos de una institución que requiere de muchas labores administrativas, razón más que suficiente para decir que en el Consejo Superior de la Judicatura, más que juristas o grandes abogados, lo que se necesita es grandes administradores.

De otro lado, explicó, está la función disciplinaria de los jueces, pero aclaró que con el acto legislativo número 2 de 2015, el cual estipuló que la sala jurisdiccional disciplinaria o lo que se denominó el Consejo de Disciplina Judicial, no debiera conocer acciones de tutela sino que exclusivamente estuviera destinado a juzgar disciplinariamente a jueces y abogados.

 

“Yo considero que con eso se avanzó porque el gran problema que tuvo la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, fue la posibilidad de que conocieran tutelas y ahí fue donde empezó a complicarse el tema, empezaron a salir los grandes escándalos y se dio inicio a la preservación del gran problema, pero indudablemente, si nos centramos en que su función sea netamente jurisdiccional y que cuente con abogados especializados en la materia, estoy convencido que todo allí va a mejorar. La gran pregunta es ¿cuál es la demora del anterior gobierno y de este en el sentido de salir adelante con la elección del Consejo de Disciplina Judicial?, porque tenemos un acto legislativo expedido hace cinco años y todavía no se han nombrado los nuevos magistrados, asunto muy para el gobierno Duque a través de su ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, en quien reconozco una gran funcionaria”, comentó el destacado jurista.

 

Declaró que es urgente que empiecen a revisar con prisa la conformación del Consejo de Disciplina Judicial con los abogados de los más altos estándares éticos y jurídicos para que juzguen disciplinariamente a jueces y abogados.

 

La tutela, una herramienta que debe revisarse

 

Cabe recordar que la acción de tutela es un mecanismo jurídico que tiene como gran objetivo proteger los derechos constitucionales fundamentales de los nacionales colombianos o de extranjeros en condición de vulnerabilidad. Hay que decir que inclusive ampara los derechos que no están consagrados en la Carta Magna, cuando en cualquier escenario, sea por acción u omisión, todo tipo de funcionario que represente la autoridad pública, vulnere o amenace dichos derechos.

El llamado gran logro de la Asamblea Nacional Constituyente ha recibido aplausos, pero igual fuertes críticas, lo cierto es que dicha herramienta recibe la bendición de la Constituyente asumiendo que resultaba importante poner en marcha una figura jurídica ágil y eficaz de gran utilidad para los ciudadanos dentro del nuevo contexto de estado social y democrático de derecho que garantizara el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales.

El abogado sostuvo que donde en Colombia no hubiese existido tutela, hace rato que en el país hubiese pasado algo muy grave, mínimo una guerra civil. Precisó que la herramienta constitucional fue un avance, y lo más importante que trajo la Constitución Política de 1991. Dijo que es innegable que en ciertos casos está desbordada y por ello sería absurdo no reconocer que en Colombia hay lo que bautizaron como “tutelitis” o “tutelatodo”, situación que invita a mejorar este instrumento.

 

“El problema no es la tutela sino el funcionamiento del estado y si hay muchas tutelas en el sistema de salud, por decir algo, la culpa no es de la tutela sino del precario funcionamiento del sector que ante las falencias incumple o incurre en faltas que trasgreden los derechos fundamentales, dándole paso a las demandas o acciones jurídicas. La tutela desde luego va a necesitar reformas, como toda institución jurídica y debe resguardarse para que funcione mejor y no para limitarla. La tutela cumplirá en 2021 treinta años de existencia y esta es una de las grandes herramientas que el pueblo colombiano siente como propia pues acercó a la administración de justicia con los ciudadanos por lo que es bueno ir evaluándola, no para restringirla sino para que opere mejor y no sea causa de congestión en el aparato de justicia”, afirmó Henry Sanabria Santos.

 

Muchos casos sin resolver

En este trasegar de la vida, el derecho ha estado presente en la vida humana desde las civilizaciones antiguas, matizando con ese valor agregado de la norma la diferencia entre unos y otros y dándoles a los más fuertes e intelectuales el grado de imperios.

Colombia heredó pronto esa vena y desde tiempos ancestrales y coloniales esta profesión dejó un legado para tener en cuenta y para repasar momentos afables sobre la base del oficio encomiable del litigante.

De todas maneras, no todo fue color de rosa y hubo unos capítulos en los que la justicia y el derecho, posiblemente, se quedaron cortos porque subsistieron unas deudas en materia penal que se fueron quedando dormidas en los brazos de la impunidad, un problema inclusive reciente y llamado a corregir. Hubo asesinatos, magnicidios y proscripción como consecuencia de las guerras, de la violencia bipartidista, de las secuelas que fueron pasando de generación en generación y cobrando con sangre los pecados del pasado. Tristemente el tema humanitario casi nadie lo entendió.

En Colombia hicieron y deshicieron el narcotráfico, la guerrilla, los grupos paramilitares y unos agentes de violencia que fueron dejando con los marchitamientos de muchos almanaques, viudas, huérfanos y una serie de víctimas registradas en fosa y en vida.

Han pasado más de 72 años y la justicia no pudo resolver el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, pero aún más tenaz, después de 105 años sigue impune la muerte violenta de Rafael Uribe Uribe, al conocido “mirada de águila” lo ultimaron los campesinos conservadores Pedro Pablo Galarza y Jesús Carvajal, pero nadie supo quién dio, o de dónde vino la orden.

El país ha contado víctimas y todavía no es claro que pasó con las investigaciones de Rodrigo Lara Bonilla, de Luis Carlos Galán, de Rodrigo Jaramillo Ossa, Jaime Pardo Leal y muchos otros asesinatos que quedaron en veremos porque jamás hubo la capacidad para resolver esos lamentables casos, todos reprochables y condenables, independiente de su color político, credo o raza.

 

“En más de un siglo, en largas décadas y en años, no ha pasado nada, ya debería haber hipótesis serias de esas muertes, pero nada, todo sigue igual”, afirmó Sanabria Santos.

 

En otros casos en los que la justicia está en tremenda mora es con todo lo relacionado a corrupción pues a Colombia la desangraron y la robaron durante extensos y vergonzantes periodos sin que haya mayores resultados en las investigaciones. De un lado, y caso reciente, las losas de Transmilenio, nada importante pasó.

La gente se pregunta, qué aconteció con todo lo que rodeó la construcción de la hidroeléctrica del Guavio, y no hay respuestas, lo mismo con Puertos de Colombia y del Fondo Pasivo Social, Foncolpuertos, en donde con la complicidad de abogados y funcionarios, muchas personas, entre empleados y gente del común, cobraron millonarias pensiones sin tener derecho. En ese tema dijo el jurista, aún hay mucho por saber y contar.

El caso Foncolpuertos reina en la historia de la laxitud, hablando de justicia, toda vez que fue por montos y procedimientos, un caso de corrupción mucho peor que el de Odebrecht, a tal punto que fue necesario crear fiscalías especiales para lograr descifrar un hecho igualmente para la vergüenza pública. Fue tan grave que con el tiempo debieron ser clausuradas las mencionadas fiscalías porque los casos prescribieron.

Hay muchas preguntas sin resolver, sostuvo, con el caso de los 13.5 millones de dólares que perdió Colombia con los dineros que fueron extraídos del Chase Manhattan Bank, en cabeza del siempre mal recordado Roberto Soto Prieto. Sobre ese caso ocurrido en 1984 todo quedó pendiente porque hubo seguramente más implicados en esa jugada en detrimento de la nación.

En fin, casos hay muchos, verbigracia, Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Ferrovías, Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema y muchos más que generan ira y reclamo en los juristas de hoy porque como dicen nada de eso debió suceder y lo más delicado todo debió resolverse, pero como dice el abogado, ganó la prescripción y el cansancio.

Hoy, según los expertos, Colombia pierde en promedio 50 billones de pesos por corrupción, pero como en todo, el silencio y la impunidad reinan.

Sanabria & Andrade es una firma que lleva en el mercado más de 17 años lo cual le da unas credenciales muy sólidas basadas en la experiencia y el conocimiento del derecho como ciencia. La empresa logró especializarse en el tema de litigios contractuales tanto en la jurisdicción ordinaria como en la del Contencioso Administrativo, igual en la llamada justicia arbitral.

La empresa tiene una primera especialidad que es la de litigios y en segundo lugar la de asesorías a entidades públicas y privadas, específicamente en temas contractuales, no solamente en la fase de celebración y ejecución del contrato sino frente a cualquier controversia que se presente.

 

“Esa es básicamente nuestra especialidad, conocemos de cerca el funcionamiento de la administración de justicia, ese es nuestro día a día, llevar procesos, conocemos también el andamiaje de las empresas y de las entidades públicas porque las asesoramos en temas contractuales lo cual nos permite hablar con propiedad sobre estos asuntos”, concluyó Henry Sanabria Santos.

 

Este fue un viaje por el mundo del derecho, ese que fue gestado en la mente resplandeciente del griego Pericles y luego adoptado dentro de un reordenamiento social por la antigua Roma que lo utilizó para propiciar un reordenamiento social y jurídico en donde las normas garantizaran convivencia y seguridad, dejando de lado malas prácticas en comunidad o la misma denostación.

En el inicio del ocaso del gran imperio, Justiniano el emperador de las tierras de oriente promueve el famoso Corpus Luris Civilis, en español, cuerpo de derecho civil, el más ambicioso compendio de derecho romano, el llamado Código Justiniano fue una iniciativa intelectual y legal llena de temas legislativos que fueron la gran herencia de los cesares al mundo.

Cabe anotar que dentro del derecho de los cesares la Santa Biblia tuvo una gran influencia pues no en vano se le llama al sagrado libro el Gran Código en donde se precisaba sobre resarcir daños e inclusive puntualizó sobre las cuarentenas entre tantas normas.