El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, entregó un nuevo balance de las irregularidades que ha evidenciado en contratos para atender la pandemia de coronavirus.

Según el contralor, hasta la fecha la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) ha revisado registros por 5 billones de pesos, equivalentes al 22,2 por ciento de todos los contratos celebrados por entidades del Estado durante los últimos tres meses.

En esa revisión, el organismo detectó que el 49 por ciento de los contratos con el covid-19 han tenido como objetivo la compra de alimentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad, con un costo de 2,44 billones de pesos. El 51 por ciento de contratos restantes son de prestación de servicios, que tienen un valor de 2,56 billones.

Durante el examen, la Contraloría ha emitido 396 alertas por presuntos sobrecostos en contratos, cuyo valor es de 506.000 millones de pesos. Eso significa que las irregularidades detectadas crecieron en una importante suma desde el 17 de junio, cuando se hizo el último Corte, pues a esa fecha las irregularidades sumaban 484.000 millones. También crecieron las alertas, pues en la última fecha del reporte había 340.

Según el organismo de control fiscal, el 40 por ciento de los contratos del coronavirus con alertas tienen origen en los recursos departamentales de 26 gobernaciones.

Estas alertas de la DIARI llevaron a las administraciones locales a renegociar contratos que inicialmente valían 129.226 millones de pesos, lo que llevó a que su monto bajara a 80.233 millones de pesos.

Pero además, la Contraloría está revisando 78 proyectos para atender el coronavirus, que se están financiando con regalías y que tienen un valor de 321.444 millones de pesos.

El objeto generalizado de esos contratos es el fortalecimiento de las capacidades de ciencia y tecnología para atender los problemas de agentes biológicos de alto riesgo para la salud. De esos 78 proyectos, 53 están aprobados y 25 (que cuestan 77.373 millones de pesos) están pendientes de aprobación.

La Contraloría evidenció que esos proyectos tienen una ejecución de 12 meses, lo que significa que aunque su objeto es el coronavirus, no van a estar listos en el corto plazo. "No nos va a servir para atender la pandemia, o para tener mejor atención en la misma", dijo el contralor Córdoba.

Elefantes blancos

Otro resultado que la Contraloría General entregó este jueves tiene que ver con los elefantes blancos que han detectado, es decir, obras inconclusas.

Según el organismo de control, se han identificado 1.300 obras abandonadas o sin avance en todo el país, que tienen un costo de más de 20 billones de pesos en inversiones. El organismo de control adelantó un proceso de georreferenciación para poder encontrar estos elefantes blancos, sacar imágenes satelitales de ellos y emitir alertas sobre ellos.

Los sectores con más elefantes blancos son los de agua potable, saneamiento básico, educación, transporte, vivienda, deporte, salud y protección social.

Un ejemplo de esos elefantes blancos es el Plan Nacional de Infraestructura Educativa que tenía como fin implementar la jornada única estudiantil, y fue planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y superar el déficit de aulas educativas.

Así, de 541 instituciones que debían estar terminadas, a junio de este año solo se han terminado obras en 162 colegios de los cuales solo 35 se han entregado a las comunidades y estudiantes. En este caso la Contraloría aseguró que el avance de ese proyecto en cuanto a las obras entregadas, es apenas del seis por ciento, y en el caso de las obras terminadas, del 30 por ciento.

Los retrasos en esas obras se dan principalmente por el incumplimiento de contratistas como Mota-Engil, o Germán Mora Insuasti. Por este caso, la Contraloría lleva un proceso de responsabilidad fiscal por 559.853 millones de pesos.

“Son verdaderos mamuts, símbolos del despilfarro de los recursos públicos, la ineficiencia en la ejecución de proyectos y el reflejo de la inoperancia en el funcionamiento del Estado”, dijo Córdoba.

Otro ejemplo es el de la construcción de la represa del embalse multipropósito del Río Ranchería, que en 2005 fue definido por el Conpes como un proyecto estratégico para abastecer de agua a medio millón de habitantes de nueve municipios de La Guajira, y para generar 22,6 megavatios de energía al año. Ese embalse nunca fue terminado y por eso la Contraloría ha encontrado allí un posible detrimento de 637.000 millones de pesos.

También se encontró que el Distrito de Riego Triángulo del Tolima, que es otra obra abandonada. Ese distrito debía beneficiar a 20.000 personas de las cuales el 88 por ciento (17.500) pertenecen a comunidades indígenas.

Ese proyecto tuvo una inversión inicial de 388.500 millones de pesos, pero solo alcanzó a ejecutarse la primera fase. En esa obra ya se han invertido más de 600.000 millones de pesos, que podrían ascender a 1,2 billones. Esto muestra el dinero que está en riesgo en un proyecto que tras 15 años sigue sin terminarse.

Otro caso indignante es el de los Juegos Nacionales en Ibagué, donde por las obras inconclusas para esos juegos hubo un sobrecosto de 66.346 millones de pesos que se derivaron de las irregularidades en la contratación de estudios, diseños y la ejecución de obras. En ese caso, la Contraloría ordenó medidas cautelares por más de 112.000 millones de pesos dentro de los 13 procesos de responsabilidad fiscal que adelanta por ese caso.

En la infraestructura vial también hay preocupantes elefantes blancos. Uno de los que identificó la Contraloría es la vía Santana-Mocoa-Neiva, que buscaba realizar obras de mantenimiento sobre 456 kilómetros.

Este es un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura que viene desde agosto del 2015. Pasó de tener un costo de 2.969 billones en el 2013 a 3.874 billones en diciembre del 2019. El avance de las obras es apenas de un 5 por ciento.

Otro caso vergonzoso es el del Tropical Park, de San Andrés y Providencia, en donde se invirtieron más de 12.000 millones de pesos. También el Colegio CEMED y el Sunrise Park. En Providencia y Santa Catalina tampoco hay avances en la pisicina olímpica, en la que se han gastado 1.600 millones de pesos, ni en la pista de bicicross, en la que se invirtieron 1.200 millones de pesos. (Además: Al menos 117 financiadores de campañas fueron contratados en pandemia)

El organismo de control también informó que las alertas y el seguimiento de la Contraloría sobre las obras que están retrasadas o en riesgo en todo el país, permitieron la reactivación de 35 proyectos. Entre ellos están un hospital, 11 vías, 22 unidandes funcionales y un sector de infraestructura educativa.

“Veo con beneplácito cómo, a partir de las alertas generadas por la Contraloría a mediados junio, dentro de la estrategia Transparencia por la Emergencia, la Agencia Nacional de Infraestructura agilizó la entrega de obras fundamentales”, dijo el Contralor Carlos Felipe Córdoba.

Una de esas vías que pudieron continuarse es la de Girardot-Honda-Puerto Salgar, la primera GF del país. Otra vía es la ampliación de la Autopista Norte, en Bogotá.

También hay avances en la carretera Pasto-Canoa-Mojarras, que pasó de un avance físico del 23 por ciento a un 75 por ciento.

Otro caso es el que tenía la Agencia Nacional de Infraestructura, que tenía retrasos en el corredor férreo Bogotá Belencito y La Dorada-Chiriguaná, que pasó de un avance del 58 por ciento al 67 por ciento.

Además, la Contraloría dice que hay un avance en 49 obras de infraestructura educativa que se le asignaron a nuevos contratistas, con la suscripción de obras de interventoría