Martes, 08 Septiembre 2020 21:24

Subasta de activos de Corveica: A mansalva, dramática y riesgosa

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Los perjudicados serán varios ahorradores a un fondo en donde depositaron confianza, esperanzas e ilusiones. Hoy muchos quedarán con las manos vacías.

En medio de una superlativa sorpresa y abrazados incómodamente por la frustración, los asociados al Fondo de Empleados de Instituciones Colombianas Agropecuarias, Corveica, conocieron por medios ajenos a la comunicación legal sobre la apertura de las subastas virtuales de los bienes inmuebles de dicho fondo lo cual fue considerado como una burla por parte del agente especial frente a la petición del gobierno en cabeza de la Superintendencia Solidaria de constituir una Junta Asesora para la venta de los activos.

Según voceros del Corveica, no fue poca la indignación al verificar que desde el ejecutivo ya habían tomado las decisiones desde junio pasado, como lo confirma la publicación de las subastas. Advierten que vender los inmuebles del fondo con un precio base muy bajo configuraría unas pérdidas muy grandes que golpearía considerablemente el patrimonio, pérdidas estimadas en varios miles de millones de pesos lo cual acercaría peligrosamente el fondo a una liquidación forzosa.

 

“Así las cosas, la junta mencionada ya no tendría la posibilidad de ejercer las funciones establecidas en la norma. Incluso estas decisiones se tomaron antes de la expedición de la resolución del 19 julio que extendió la intervención y daba vía libre al plan de recuperación presentado por el Agente Especial. Estas acciones de la venta de inmuebles son medidas extremas e irresponsables que ponen en riesgo nuestro patrimonio y contradicen el sentido de la intervención actual”, reza una comunicación rubricada por los ahorradores de Corveica.

 

Adicionalmente, precisan los afectados, los métodos empleados parecieran de liquidación cuando se supone que deben ser de administración del fondo. En opinión de los asociados, esta es una situación extremadamente dramática y riesgosa.

 

“Desde que se nos anunció la inmediata subasta de los inmuebles de la entidad, consideramos esto una pésima, irracional y terrible decisión porque estamos en medio de una recesión grave y la economía está casi paralizada”, reseñan.

 

Según el oficio de los ahorradores, el Agente Interventor Luis Alfonso Samper, encomendó unos avalúos muy poco confiables, desconociendo los que había contratado Corveica en 2019, realizados por reconocidos agentes inmobiliarios en las diferentes ciudades.

Se preguntan, ¿Cómo se puede confiar en estos nuevos avalúos de inmuebles ubicados en Acacías, Bogotá, Santa Marta, Tunja, Manizales, Palmira, Valledupar, Montería, Cartagena y otras, cuyo costo fue de 30 millones de pesos.

El propósito de generar unos nuevos precios de los inmuebles, aseguran, sigue siendo poco claro y técnicamente cuestionable. Por lo menos, precisan los dolientes, están por fuera de las tarifas fijadas por las Lonjas de Propiedad Raíz de Colombia.

Adicionalmente, en opinión de los ahorradores, la modalidad de subasta, que supone suministrar un precio base, se presta para colusiones entre eventuales compradores, que seguramente dejarán pasar las primeras rondas y finalmente plantearán ofertas que tendrían que ser aceptadas, sin importar que no correspondan con los precios del mercado. Es apenas razonable, estiman, que la oferta aceptada contenga condiciones de pago desfavorables y riesgosas.

 

“En resumen, el mercado en este momento no está para salir a vender apresurada e irresponsablemente los activos del fondo y lo prudente es diseñar una estrategia de venta diferente, en la que tanto el fondo como los asociados vean que se toma la mejor opción posible. En este sentido, nuestro grupo de asociados ha elaborado una propuesta razonable que solo requiere la aprobación de los asociados, con el visto bueno de la superintendencia. Nos parece una burla que el proceso de subasta, que empezó públicamente desde el 30 de junio, según consta en la página de internet de la empresa subastadora, se esté realizando desde esa fecha, pero por otro lado el Agente Especial aparenta ante la Junta Asesora estar dispuesto a considerar las alternativas de venta de los inmuebles”, enfatiza el documento elaborado por los ahorradores.

 

Los firmantes reiteran que según se ve en el proceso de subasta en los sitios de internet, éstas se abrieron desde el 30 de junio de 2020, con la debida contratación previa con la empresa Superbid Colombia SAS. Aseguran que está anunciado el cierre de estas subastas para el 16 de septiembre.

 

“El señor Samper ni siquiera dio tiempo para que la Junta se posesionara formalmente y así configurar un desacato de la Resolución de la Superintendencia. En esta coyuntura reiteramos nuestras solicitudes, invocando que este fondo les sea devuelto a todos los asociados, como ya había sido expresado desde el grupo de asociados de Corveica con la consigna, Salvemos a Corveica”, puntualizan los ahorradores.

 

Recalcaron que la solicitud se hace en virtud de las desacertadas decisiones del Agente Especial Luis Alfonso Samper Insignares, que hacen parte de una intervención muy mal orientada y totalmente lesiva para el fondo. En el comunicado son tajantes al aseverar que la realidad les viene dando la razón, sobre el cómodo, pero e irresponsable hábito de los llamados agentes especiales, de suspender indefinidamente todo tipo de operaciones de las entidades intervenidas, con el argumento de la necesidad de investigar posibles irregularidades.

Así lo hizo, afirman, el interventor José Arturo Figueredo entre 2012 y 2013, durante la primera intervención, con efectos tan nocivos que fueron llevados a instancias del Superintendente de ese entonces. En ese momento de le dijo al funcionario que tal práctica estaba generando pánico económico entre los asociados, que veían amenazados sus aportes y ahorros, toda vez que la parálisis se mantuvo durante un año.

 

“Esto fue injustificable ya que, todos sabemos que, cualquier firma especializada hace una investigación forense de una entidad similar en 90 días. Luego, la gestión de Diego Congote Montoya que empezó en 2013 y culminó en 2015, fue nefasta habida cuenta que vendió Corvesalud, la IPS de propiedad de Corveica, con una clara y demostrable intensión de dañar al fondo y favorecer al comprador, trasladando primero las deudas de Corvesalud a Corveica, enredando el pago de las deudas que Saludcoop tenía con Corvesalud y con Corveica, aceptando de paso condiciones de pago onerosas para el fondo”, sostienen los ahorradores.

 

Pero no todo termina ahí, los asociados denuncian que fue peor lo que hizo Congote con la venta de la Clínica Sabana de Occidente por cuanto aplicó un avalúo como si se tratara de un edificio común y corriente, desconociendo que la infraestructura era de una clínica. Dicen que pactó una venta a plazos, sin cláusula penal y a un precio de $ 9.000 millones por debajo de su precio en libros, para favorecer al comprador que estaba en el negocio de la salud.

 

Ahorradores quieren recursos reales y no irrisorios centavos

En la actual intervención, que comenzó el 19 de diciembre de 2019, se completan casi nueve meses de parálisis de Corveica en manos de Samper Insignares, sin existir razón de peso para ello, pues hasta ahora no se ha demostrado que haya existido alguna irregularidad en el manejo administrativo, fiscal ni tampoco acciones que impliquen sanciones penales o civiles contra los administradores suspendidos.

A juicio de los ahorradores, sencillamente se trata de la versión más simplista de administración, en la que ni los asociados ni terceros pueden cuestionar o presionar para que se tomen decisiones acertadas.

 

“Recordemos que esta intervención es para administrar. Sólo en una ocasión accedió a recibir nuestras quejas y peticiones de manera individual y filtradas por él para una reunión virtual con la plataforma de Agrosavia. Allí manifestó que la ley le otorgaba total autonomía y no tenía por qué seguir las sugerencias de los asociados. Conocidos por fin los Estados de la Situación Financiera a junio de 2020, no sólo se confirman nuestros temores, sobre las malas decisiones y su pésima gestión, sino que nos aterran los efectos de las medidas anunciadas para las próximas semanas”, señalaron los asociados.

 

Dijeron que las advertencias sobre este tipo de malas decisiones se encuentran en el decálogo de los riesgos que los gerentes y administradores deben tener en cuenta en su gestión, y que pueden impactar asuntos trascendentales como pánico económico, competencia, daños reputacionales, caída de la actividad económica y lenta recuperación, incapacidad para atraer y retener talento nuevo, incapacidad para innovar y satisfacer las necesidades de los clientes, interrupción operativa, incertidumbre política como también responsabilidad civil hacia terceros.

De momento revela el documento, el Agente Interventor anunció, y no ha modificado la decisión, la venta de la cartera categoría A que es el núcleo y la razón de ser del negocio del fondo. Si realiza esto, precisan, no habría cómo justificar su exagerada y muy onerosa remuneración como administrador.

 

“En cuanto al anuncio de comenzar las devoluciones con $ 50 millones mensuales a partir de este septiembre, también nos parece una desafortunada decisión. Repartido proporcionalmente entre los acreedores, ese monto no constituye solución para ninguno y generará rechazo, reclamos, malestar y mayor desconfianza en la voluntad del ente de control y vigilancia.
Resulta más razonable, negociar un nuevo acuerdo de pago, aceptable para todos y muy realista, que fije un plazo para la total devolución de deudas y ahorros. Los asociados no quieren que les devuelvan sus recursos en centavos. A estas pésimas decisiones se suma una atención deficiente e inoportuna de los pocos servicios que se han mantenido en operación. Aunque estemos en condiciones de virtualidad, teniendo en cuenta los altísimos honorarios y salarios del cuerpo directivo actual, es impresentable tener una mala atención a los asociados”, escribieron los ahorradores.

 

Finalmente, consideran que la decisión de comenzar a normalizar el servicio de crédito a partir de septiembre, colocando 200 millones de pesos mensuales, pero con la condición de que sea solamente para los asociados a los que se pueda descontar por nómina, viola el principio de igualdad y seguramente habrá reclamos airados. Además, afirman, estos nuevos créditos que serán categoría A, en cartera, se suman a la cartera que planea vender el Agente Especial en el corto plazo.

Concluyen los ahorradores que a esta altura de la argumentación, cabe presentar al señor Superintendente, como superior responsable del Agente Especial, algunas preguntas que deben ser respondidas, con base en el derecho de petición consagrado en La Constitución Política de Colombia. ¿Cómo planea el Agente Especial recuperar La confianza de los asociados con el tratamiento despótico y displicente mostrado hasta ahora?

Igualmente, ¿Qué medidas se tomarán para que al cierre de la vigencia del 2020 se reduzcan las pérdidas que ya se han evidenciado con corte a junio de este año?

Los asociados calculan que al ritmo que va, las pérdidas del fondo pasarán fácilmente de 2.000 millones de pesos al cierre de 2020.

¿Por qué no se han presentado formalmente los Estados de la Situación Financiera del año 2019, ya que está obligado por Ley a presentarlos a la Supersolidaria y a los interesados?

¿Por qué la cuenta de Propiedad Planta y Equipo aumenta en más de $1.000 millones si no se ha comprado nada y la existencia al cierre del 2019 debía, por el contrario, ser castigado su valor por depreciación?

¿Por qué las cuentas por cobrar tienen un cargo de aproximadamente $707 millones, también con corte a junio 2020, si debió realizarse una adecuada gestión para su cobro?

Sobre los cambios en cartera en el primer semestre 2020 ¿En dónde se reflejan en los activos del fondo la reducción de cerca de $2.000 millones?

 

Los $208 millones provisionados para deterioro de cartera ¿si reflejan el rodamiento que se ha presentado en el mismo periodo de tiempo?

¿Por qué la Superintendencia no tuvo en cuenta la razón fundamental de la iliquidez de Corveica que sí se usó en su momento como argumento principal para la retoma de la entidad? ¿Acaso era necesario pasar por alto el desembolso de $ 8.500 millones para atender devoluciones de aportes institucionales promovidos por Agrosavia, que obviamente afectaron la liquidez? ¿Era más importante castigar ese evento inesperado, que apoyar y asesorar a la entidad para salir del problema?
Si se realizan las ventas de inmuebles en las condiciones expresadas y ya adelantadas por el Agente Especial, a pesar de las peticiones de los ahorradores de Corveica y de que el patrimonio de la entidad quedará gravemente afectado al punto que no sea viable continuar ¿qué responsabilidad asume el Agente Especial? O es que ¿lo previsto en las normas de la Superintendencia, de proteger los intereses de los asociados, no aplica para nuestro fondo?

Igual cabe indagar, ¿Cuáles son las razones para apresurar las ventas de activos inmobiliarios y no esperar unos meses hasta que existan algunas señales de normalidad en este mercado?

 

“Finalmente, queremos proponerle al Señor Superintendente que nos acepte una nueva reunión para exponerle una vía alterna para la realización de los inmuebles, convenir un nuevo acuerdo de pagos, recuperar la confianza de los asociados y entregar los ahorros y aportes a los que ya se retiraron, así como a los tenedores de AVF que hace tiempo esperan su rembolso”, concluye el documento.

 

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