Una demanda interpuesta contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Avianca Holdings S.A. fue aceptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, instancia que imputó medidas cautelares para evitar el desembolso por 370 millones de dólares que el ejecutivo le había asignado a la aerolínea.
A criterio del querellante Jonatán Ruíz Tobón, dicho empréstito viola los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el patrimonio público y la seguridad social en aspectos puntuales de sostenibilidad.
Hay que indicar que el Tribunal después de admitir y reconocer la demanda, al considerar válidos los argumentos, derivó la medida cautelar solicitada por el demandante que apuntaba a suspender el desembolso del préstamo aprobado a Avianca Holdings S.A. Este dinero sería girado por el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, por un valor de 370 millones de dólares.
“Para tales efectos, el señor Ministro (sic) de Hacienda y Crédito Público deberá adelantar, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comunicación de la presente medida, todas las actuaciones administrativas necesarias con el fin de dar cumplimiento a la orden impartida e informará a este Tribunal sobre tal determinación, acompañando los soportes correspondientes”, reza el fallo.
El fallo instaura que sobre los recursos estatales hoy en las arcas del FOME, no existe claridad acerca de las condiciones del otorgamiento ni de las garantías reales verificadas para su respaldo.
La decisión admite la demanda y adopta como medida cautelar de urgencia la suspensión del desembolso de dicho crédito a través del FOME, que a su vez se abastece de dos fondos:
Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE). Una bolsa especial, administrada por el Banco de la República, en la que se ahorra parte de las regalías por la explotación de recursos naturales. El objetivo principal de ese fondo es ahorrar en épocas de vacas gordas para garantizar que haya con qué invertir en tiempos de vacas flacas por la disminución de esos ingresos, como cuando el precio del petróleo cae.
El Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). Una bolsa de recursos administrada por el Ministerio de Hacienda, pero cuyo contenido está repartido en cuentas que le pertenecen a municipios y departamentos. Contiene los recursos que le corresponden a quienes trabajaron en entidades y empresas del Estado antes de la Ley 100 de 1993. Los entes territoriales tienen los recursos ahorrados para que, a más tardar en 2029, paguen sus deudas por concepto de pensiones.
