El sector salud sigue sin curarse de un flagelo que golpea el desarrollo del país y el buen desempeño de las entidades en Colombia, la corrupción.

El asesor del despacho de la Secretaria de Transparencia, dependencia misional del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Camilo Jaimes, señaló que la principal modalidad de corrupción en el sector salud, está en la celebración de contratos, y en la compra y entrega de medicamentos, incumpliendo requisitos legales.

Agregó que en ese relicario de ilícitos sigue el recobro; la adquisición de medicamentos vencido o de contrabando; la formulación para pacientes inexistentes; la reclamación de medicamentos vía tutela para venta posterior; y medicamentos para enfermos mentales.

En el tema de prestación de servicios no requeridos, el funcionario informó que, así como fue el cartel de la hemofilia, se encuentra un cartel para la atención de pacientes con VIH con las mismas características que el cartel de la hemofilia, lo mismo para personas con síndrome de Down. Igualmente la entidad encontró la simulación de prestación de servicios hospitalarios que nunca se dieron; también hubo simulación en la ejecución de servicios de promoción y prevención de educación en salud.

Una nueva modalidad que se encontró fue la instrumentalización de la administración de justicia, en la que los jueces y magistrados entregan los medicamentos a sabiendas que las facturas son falsas o que la prestación del servicio no se puede hacer.

Adicionalmente a estas denuncias, en los estudios con las entidades de control, también se reporta el cobro inadecuado de cuotas moderadoras con la suplantación de la calificación de las personas para el acceso al sistema.

Entre otras modalidades, continúa la relación entre IPS y EPS, que son proveedores de servicios de medicamentos para laboratorios que son propiedad de los familiares de los accionistas, comprándose entre ellos mismos y la modalidad en la que los médicos reciben incentivos para formular medicamentos o tratamientos.

El funcionario presentó este reporte de denuncias de corrupción en el sector salud, en un trabajo mancomunado con la Comisión Nacional de Moralización, cuya Secretaría Técnica la tiene la Secretaría de Transparencia.

A partir de esos hallazgos, informó que se ha avanzado en medidas para subsanar esos actos de descomposición de la moral y la buena fe, dentro de las acciones que se destacan está la identificación de afiliados al régimen de salud que viven en el exterior, o los del Convenio interadministrativo Adres y Migración Colombia, el cruce de información con la DIAN para identificar los beneficiarios del régimen subsidiado, expedición de resoluciones para fijar valores máximos de recobro y medicamentos, verbigracia, Resolución 3078 de 2019/ Resoluciones 205 y 206 de 2020. Otras disposiciones tienen que ver con el listado de medicamentos que deben ser regulados en precio y la aplicación del decreto PEP en el sector salud.

Luego de presentar las acciones anticorrupción, Camilo Jaimes explicó la aplicación y el alcance del decreto PEP o de personas políticamente expuestas, en el sector salud, y señaló que siendo las EPS empresas descentralizadas de servicios en unos casos, o sociedades de economía mixta, en otros, el decreto rige porque el régimen jurídico aplica a sus miembros, considerados funcionarios públicos sin perjuicio de que el régimen jurídico que impera en su vinculación sea el de derecho privado.

El debate sobre el alcance de la norma en el sector dejó la creación de una mesa técnica para estudiar más a fondo el asunto dado que en el tema de proveedores surgieron dudas que ameritan según los oficiales de cumplimiento, mayor precisión.

Las denuncias y los anuncios fueron hechos en cumplimiento del evento organizado por La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, en el cual se reunió al Comité de oficiales de cumplimiento del sector salud.