Por Keir Villero Damián

En debate de control político fueron reveladas billonarias sumas de dinero que reciben los empresarios que tienen a su haber la administración en concesión de las carreteras del estado Colombiano, tal como los denunciaron congresistas que mostraron su extrañeza, del porqué los entes de control como fiscalía y procuraduría son hábil para investigar a los opositores políticos y darles toda la gabela a infractores permanentes de la ley como en el caso de Odebrech y el grupo AVAL.

La senadora Aida Avella Esquivel precisó que es urgente estudiar un proyecto de ley para reformar la ley 80, que sólo ha permitido privatizar los bienes del estado y facilitar la corrupción, siendo el primer instrumento de contratación, ejemplo, la compra de una escoba en una institución no se puede hacer porque el estado necesita un proveedor, que no le va a vender una si no decenas al triple del precio real, entre tantas formas de corrupción.

“Hoy los concesionarios de la ruta del sol que va desde puerto Salgar en Cundinamarca, hasta San Roque en el departamento del Cesar siguen cobrando sus peajes pese a que aún no ha sido terminada de construir por los empresarios de odebrech y el grupo aval que hasta la fecha ha causado 571 muertos desde su inicio el cinco de abril del 2010”, denunció Avella Esquivel.

Según detalló la congresista, el grupo Aval–Odebrech y Carlos Alberto Solarte manejan varias concesiones como la vía Bogotá Villavicencio, la ruta del sol y otras ya conocidas.

En su intervención, la senadora indicó que los negocios de las citadas firmas se hacen en unión con otros concesionarios, verbigracia, Rafael Amín, que con 45 peajes canaliza 11.9 billones de pesos. Así mismo, Mario Huertas Cortez que administra 12 peajes y recibe 8.3 billones de pesos.

Sostuvo que el grupo empresarial GEA, dueños de Banco Colombia, Nutresa, Sura y Conconcretos, esta última firma, una de las que participó en la construcción del puente de Chirajara, que tiempo después se desplomó, maneja 15 peajes, mientras el país espera que se castigue la responsabilidad social.

Seguidamente la senadora María José Pizarro expresó que si la justicia y la fiscalía funcionaran los colombianos no estarían en el mencionado debate, cuando, según la parlamentaria, es de público conocimiento que Corficolombiana sobornó a funcionarios nacionales con la suma de 28 billones de pesos y produjo ganancias al grupo AVAL por 32 billones de dólares, delitos aceptados por el grupo AVAL en Estados Unidos.

En su intervención Pizarro apuntó que luego de la confesión del delito por parte de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el grupo AVAL pagó 80 millones de dólares para que se suspendiera la investigación en ese país del norte, lo lamentable, añadió, es que se detuvo dicha investigación por el fiscal Francisco Barbosa, teniendo en cuenta que el delito fue cometido en Colombia y se conoce de los culpables.

La también citante al debate María José Pizarro, señaló que visiblemente hay un silencio cómplice de muchos colombianos, mientras el fiscal Barbosa dice que ha adelantado proceso a algunos mandos medios incluyendo a ex congresistas. A juicio de Pizarro, la entidad persiste en mantener la impunidad, el fiscal pues no quiere llegar a fondo en el espinoso tema y por el contrario, afirmó, es notorio que hay fiscales denunciados por amenazas para que los testigos no declaren o presenten evidencias contra el ex fiscal Néstor Humberto Martínez y Luis Carlos Sarmiento.

“Sólo pedimos en este debate Justicia, porque hoy ésta solo le llega a los de Ruana y no a los corruptos poderosos, a sabiendas que Odebrech patrocinó la campaña del expresidente Santos así como la de Oscar Iván Zuluaga, y la fiscalía en lugar de sancionar, esconde las pruebas de los culpables y la justicia no avanza como pasó con las pruebas del fallecido Jorge Pizano”, certificó el senador Fabián Díaz.

El congresista Fabián Díaz dijo, que hoy si se tramita una ley que busque reducir los peajes no prospera porque estos empresarios de las vías son los principales patrocinadores de las campañas políticas y por eso, manifestó, los colombianos seguirán pagando peajes sin control, aunque el temor del actual fiscal es que esto cambie cuando llegue otro fiscal y destape la olla.

Entre tanto el senador Valle Caucano Wilson Arias del Pacto Histórico, deploro que el fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello no hagan presencia, y opinó que lo más sensato ante los hechos es acudir a la justicia internacional porque como lo dijo el ex fiscal Gustavo Moreno, “aquí se utilizó el sicariato Judicial, como le sucedió con Jorge Enrique Pizano, quien murió luego de hablar con Néstor Humberto Martínez”.

El congresista Wilson Arias exteriorizó que los corruptos ataron la voluntad popular con la captura de los partidos políticos, donde hoy se tiene de la justicia un 93 por ciento de impunidad, tanto que el cartel de Sinaloa informó que dirigentes políticos pagaban para que Gustavo Petro no llegara a la presidencia de la república.

“Les recuerdo que el primer asalariado de ODEBRECH fue Andrés Felipe Arias en el mandato de Álvaro Uribe, señalado por Macaco, pero lamentablemente la corrupción en Colombia es de viejos tiempos, les digo que pese a ser admirador del expresidente Virgilio Barco en algunos procesos, también tengo que decir que él fue intermediario ante el presidente Bush de Estado unidos para que no sancionaran al grupo AVAL por lavar dinero del narcotráfico”, puntualizó el senador Wilson Arias.

Por último, indicó el miembro de la rama legislativa, el gobierno le quitó la vía del túnel de la línea al empresario Carlos Nocol, quien pedía 105 mil millones de pesos para terminarla y se la entregársela a Odebrech y al grupo AVAL por un mayor costo.

El Gobierno Dice

El ministro de Transporte William Camargo Triana indicó que la ley 80 ha limitado al estado para que pueda realizar obras o simplemente no desarrollarlas. Reconoció que las concesiones han ido sofisticando su accionar, pero, expuso que hoy el país tiene unos arbitramentos en varias vías entre el Estado y dichos concesionarios donde la ANI actúa como víctima.

Por su parte el Ministro de Justicia Néstor Osuna, respaldo la iniciativa de una reforma al Estado que facilite o permita darle vuelta a la contratación y por esa vía preparar al aparato estatal para que realice obras, así mismo anuncio que el ejecutivo presentará un proyecto que proteja a quien denuncie actos de corrupción.