Por: Horacio Serpa
El proyecto de Reforma Constitucional sobre “Equilibrio de Poderes” ha generado bastantes controversias. Modificar la Carta Fundamental siempre provoca inquietudes y contradicciones, máxime si se trata de asuntos relacionados con la política, el Congreso y la Justicia. Las tensiones se han agudizado cuando de los ocho debates reglamentarios solo faltan dos en la Cámara de Representantes.

La Comisión Interinstitucional Judicial pidió suspender su trámite y en cambio convocar a una Asamblea Constituyente que reforme integralmente a la Justicia y defina los parámetros de la Justicia Transicional para la paz. El señor Fiscal General avaló la petición.

El doctor Montealegre le dijo a Yamid Amat, con énfasis, sulfurado, que el proyecto de marras es inconveniente, abusivo a favor del Ejecutivo e inconstitucional. Insistió en la Constituyente y arremetió contra el Congreso. Criticó al Ministro Cristo por estar cometiendo una “irresponsabilidad histórica” cuando permite que a las Cortes y al Fiscal se les dé tratamiento de indeseables. En términos populares, declaró una guerra institucional.

El Congreso viene obrado correctamente. Ha tramitado la reforma con seriedad, dentro de su independencia, escuchado con atención a las altas Cortes, al Fiscal y a otros funcionarios judiciales. Ha tratado de acertar, sin pretender decir que es la última palabra.

Han ocurrido debates intensos, nunca con pretensiones de difamar, injuriar o lastimar. A la Justicia se le respeta en el Congreso y se le escucha con alta consideración. Sobre el Fiscal General solo se han escuchado manifestaciones de amistad y solidaridad. Si tal o cual intervención o episodio parlamentario causaron malestar, nunca se quiso afectar la independencia y dignidad de la Rama o de sus dignatarios.

Al Ministro Cristo siempre se vio respetuoso y en extremo cuidadoso de la administración de Justicia y de sus Jueces, como del Fiscal Montealegre.

Las tres Ramas del Poder Público son independientes pero deben actuar armónicamente en la búsqueda de los altos intereses del Estado y de la sociedad. Una confrontación entre ellas desquicia la labor institucional, afecta en el funcionamiento del Estado y perjudica al pueblo.

El planteamiento de una Constituyente sin duda será analizado por el País, especialmente viniendo de la Justicia. Ya hay partidarios e impugnadores. Pero no es un asunto de resolución inmediata. La convocatoria de una Constituyente debe hacerse por medio de ley aprobada mayoritariamente por el actual Congreso, la cual necesitará contar con el voto favorable de unos once millones de ciudadanos, en consulta popular. Una vez aprobada toca citar a elecciones para elegir a sus miembros.
No es fácil ni pronto reunir una Constituyente. Además, nadie puede vaticinar quienes la conformarán, ni cuál será su actitud frente a la Justicia.

Lo mejor ahora es procurar que la reforma se apruebe con el mejor contenido, sin retos, sin amenazas, sin disgustos, apaciblemente. En cualquier caso quedará abierta la acción pública de inconstitucionalidad. Es preciso que las Cortes, el Fiscal, el Gobierno y el Congreso se reúnan y con la independencia de que gozan encuentren las soluciones más apropiadas.
Bogotá D.C., 10 de Mayo del 2015