Por Alba Isabel García Giraldo, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
La reactivación de relaciones con Venezuela genera altas expectativas a los empresarios colombianos, principalmente para aquellos vinculados a los sectores de alimentos, confección de prendas de vestir, y fabricación de productos farmacéuticos, en razón del desabastecimiento que enfrenta la economía venezolana.
Se esperaría que Colombia consiguiera en el largo plazo que el monto de las nuevas exportaciones alcance el valor de su cénit en el 2008: cerca de US$6.0764 millones de dólares FOB según el DANE y el Instituto Nacional de Estadísticas –INE- de Venezuela. De acuerdo con este último, en el 2008 Colombia ocupó la segunda posición como origen de importaciones después de Estados Unidos. Si bien la reactivación genera oportunidades, en términos de riesgos ¿a qué nos enfrentamos?
Para 2008 cuando Venezuela aún gozaba de liquidez en dólares por la bonanza petrolera, entró en mora con exportadores colombianos, una vez su Ministerio de Industrias Ligeras y de Comercio, clasificó los bienes importados en prioritarios y no prioritarios, liquidando solamente obligaciones para los primeros. En el caso de los textileros y confeccionistas, la mora llegó a ascender a cerca de 150 millones de dólares. Las cifras del DANE permiten corroborar que a partir de ese momento las exportaciones colombianas a Venezuela empezaron a decrecer: las del 2008 son en promedio 11 veces mayores a lo que se exportó desde el 2009 hasta el 2021.
¿Qué hará el Gobierno colombiano para evitar que nuevamente el Gobierno de Venezuela proponga medidas que lleven a una nueva moratoria? ¿acaso será garantizando la capacidad de pago de nuestros vecinos, importando petróleo y gas, como han señalado algunos funcionarios colombianos?
Según un informe de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, una política de debilitamiento del sector llevaría a que pongamos en riesgo nuestra autosuficiencia energética, teniendo que importar gas a partir del 2026 y petróleo desde el 2028. Debilitamiento que devendría de la política energética en términos de lo que se ha denominado como transición energética justa, renunciando a los hidrocarburos de manera acelerada, a lo que se suma las iniciativas legislativas para prohibir el fracking.
¿Asumirá Colombia el costo de renunciar a la seguridad energética convirtiéndose en un país dependiente de la industria petrolera venezolana? ¿Sufriremos los colombianos la experiencia actual de Europa a la que Rusia le cerró el grifo del gasoducto Nord Stream trayendo efectos humanos y económicos devastadores?
