A las voces que han surgido en contra de algunos puntos de la reforma tributaria que plantea el Gobierno, se suma ahora la posición del gremio de los restaurantes, por considerar que la iniciativa les representa graves perjuicios.
Así lo aseguró la presidenta ejecutiva nacional de la Asociación Colombiana de la Industria gastronómica (Acodrés), Claudia Barreto, al explicar que, tal como está planteado, el proyecto genera un desequilibrio económico a estos establecimientos que tienen servicios e insumos gravados con IVA.
“Al plantearse que estos también tienen que tener impoconsumo, y no siendo este tributo descontable, el costo se ve afectado”, dijo la directiva al añadir que la situación se complica aún más para cerca de 75% de restaurantes que funcionan en locales arrendados, dado que se plantea incrementar a 19% algunos servicios como el arrendamiento”, explicó la dirigente gremial.
Barreto dijo que, desde los planteamientos de la Comisión de Expertos, Acodrés abordó al Gobierno Nacional representado en Minhacienda, Dian y Mincomercio, para exponer la inconveniencia que implica lo propuesto para el sector, pero los argumentos no fueron tenidos en cuenta.
Por lo tanto, advirtió que el gremio insistirá ante el Legislativo sobre esta situación, y confió en que el Ministerio de Hacienda haga un análisis de las cifras y de lo que aporta el sector así como de las consecuencias que el proyecto tributario puede generar en esta industria, que es una de las pocas que le ha respondido al país este año con tantos cambios de las condiciones económicas.
A juicio de la señora Barreto, si bien no se puede prever si habrá cierres masivos de establecimientos, es claro que se presentará una desaceleración que afectará los proyectos de expansión del negocio, más teniendo en cuenta que la recuperación de la inversión en este segmento se estima entre tres y cinco años, y ya se habla de un cambio significativo en materia de tributación en tres años.
Por último, hizo un llamado para que el Gobierno redoble sus esfuerzos por controlar la informalidad y la evasión en el sector; en tal sentido, pide que se generen opciones para que los ilegales se incorporen a la formalidad, e igualmente se revalúe el monto a partir del cual se sancionará a quienes evadan ($5.000 millones), dado que en esta actividad se observan casos que involucran cifras mucho más bajas.
En medio de este panorama, el gremio no se atreve a calcular cuánto crecerá el sector en 2016 y a corto plazo, a la espera de lo que decida el Congreso de la República sobre el futuro de la reforma tributaria.
Los estimativos no se hicieron, entre otras cosas porque hay un ambiente de enfriamiento en la economía y unas perspectivas mucho más preocupantes que las de este año toda vez que el próximo 2017 será por obvias razones mucho más costoso, sin dejar de tener en cuenta aspectos como el nivel de las tasas de interés y el IVA que al subir generará contracción de la demanda interna y muy seguramente el cambio de actividad de aquellos que no ven rentable un restaurante y que por el contrario resultan castigados por ofrecer empleo y por apostarle al crecimiento de la riqueza colombiana.