Contra cualquier pronóstico la pandemia de Covid-19 se extendió en el tiempo de una manera increíble, caso contrario al comportamiento de la americana Gripe Española, el nuevo SARS llegó o fue potenciado con una capacidad tremenda de mutación, contagio y daño. Algunos médicos dicen que, por lo visto, ómicron es eventualmente la etapa final de la gran pesadilla, empero, la indisciplina, la falta de consciencia y de verdades han hecho de este mal, uno de los más perdurables en su género. La historia vio aparecer e irse por sí sola la peste negra, así como aconteció con otras enfermedades infectocontagiosas que tan solo pudieron enfrentarse con aseo, confinamiento y paciencia.
Un común denominador de las pandemias es que destruyen vidas y con ellas industrias, economías, empleos y metas, de todas maneras, en medio de los nefastos saldos, las tragedias dejan grandes enseñanzas y gigantescas oportunidades de negocio. Aquí se evoca el milenario dicho, “no hay mal que por bien no venga”, título inclusive de la obra del dramaturgo Juan Ruíz de Alarcón, al parecer escrita en 1630, cuando la frase ya era añeja, un logro adicional en el recordado Siglo de Oro español, ubicado entre 1492 y 1659.
En Colombia las pandemias han llegado y han causado verdaderos estragos, sin embargo, en esta ocasión el ya crecidito Covid-19, con dos años de existencia, avanza y pareciera no tener una cura inmediata porque no ha surgido la vacuna real, desarrollada, que erradique el mal, el planeta sigue inyectándose paliativos experimentales, disparando las ventas de la industria farmacéutica, pero ocasionando perjuicios en el resto de la economía global, que aparte de pandemia, enfrenta una crisis logística inimaginable, desabastecimiento, escasez y carestía.
El contexto no es nada alentador, los empresarios siguen con un lastre desafortunado expresado en bancarrota, deudas e imposibilidad de avanzar y reavivar sectores porque desde el ejecutivo y el legislador, no llegan las medidas contundentes que acompañen un sector real postrado, con arrojo y compromiso, pero sin aliados. En 2021 hubo algunas medidas para el sector de los restaurantes que sobrevivieron a la epidemia, pero tristemente tenían fecha de vencimiento y el fantasma de la quiebra hizo de nuevo su indeseable aparición.
Colombia que sumó antes del arribo del Covid-19, 90.000 restaurantes, vio con impotencia el cierre de 48.100 negocios, el 54 por ciento de un total que generó, riqueza y empleo.
Es bueno aclarar del 54 por ciento de restaurantes clausurados, el 29 por ciento estaba al amparo de la formalidad. A propósito de la industria y sus vicisitudes, salieron 235.000 trabajadores que vieron a sus empleadores bajar la persiana para siempre o en medio de estrategias para subsistir, reducir la planta de personal, en fin, una serie de medidas desafortunadas que en algunos casos no evitaron el punto final. El tema resulta bien alarmante porque los restaurantes conformaron el 92 por ciento de las MiPymes, las mismas que hoy siguen por el desamparo contra la fría, rugosa y áspera pared.
En charla con Diariolaeconomia.com, el presidente de la Junta Nacional de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres, Diego Mauricio Arana Núñez, afirmó que los temores volvieron al gremio en vista que regresó el cobro de impuesto al consumo en tarifa plena, dejando en manos de los alicaídos empresarios la imparable inflación que reportan los alimentos. Al haber oídos sordos frente al asunto, vino un impacto estimable en la rentabilidad de los negocios y en la dilatada recuperación, un factor que se une a la tasa de cambio, la crisis logística, el mayor precio de los víveres y la medida de pico y placa que golpeó seriamente las cenas, pues si bien hay movimiento al mediodía, en la noche, con cargo a la providencia, bajó la demanda de consumos noctámbulos.
El dirigente expuso que independiente de los altos precios en las provisiones, el fenómeno se viene experimentando desde mayo de 2021 cuando se alinearon los planetas, paro nacional, escasez de contenedores, pandemia y una inflación exponencial. En su momento, agregó, a las industrias no le creyeron, los argumentos pasaron por debajo de la cerca y hoy con la carestía tenaz se demuestra que a los empresarios hay que escucharlos para generar sinergias y un cúmulo de ideas que resuelvan problemas.
Sobre inflación, Arana Núñez expuso que anteriormente los reportes de incremento de precios llegaban cada mes, actualmente están apareciendo semanalmente y a unos niveles exorbitantes, por fuera de las capacidades de una industria, una situación que llega acompañada de escasez y de un entorno sumamente difícil, ya que los restaurantes no pueden subir sus precios en la medida en que trepan los costos, porque significaría el desplome de las ventas, una presión económica fuerte que termina sacrificando empleos al no poder remunerar debida y oportunamente a los colaboradores.
“La modalidad de comercio más sensible al mercado, y quedó supremamente comprobado en pandemia, es la gastronomía. Nosotros venimos sintiendo el golpe del aumento de precios en los alimentos a partir del paro nacional, es decir desde el mes de mayo, luego vino la crisis de los contenedores que le dio paso a una escalada inflacionaria que el Banco de la República de la República proyectó en su momento a largo plazo, haciendo la situación muy complicada para los restaurantes formalmente constituidos, porque no se superó la pandemia, los negocios que soportaron los embates del Covid-19, tuvieron que sobre endeudarse para aguantar. Cuando se hizo la reapertura, la prioridad de la industria fue recuperar los equipos de trabajo, una labor difícil porque con el nuevo repunte en precios, la salida más consecuente fue, nuevamente, despedir personal”, aseveró el señor Arana Núñez.
Explicó que mantener la operación y la nómina con unos costos día a día más onerosos, se hizo imposible porque aparte de la carestía en los alimentos vino el ajuste en 10 por ciento del salario mínimo, una buena noticia para los trabajadores e inclusive de regocijo para las empresas del sector que tuvieron la oportunidad de mejorar la remuneración, solo que se hizo en un momento de crisis que se transformó en un costo bastante pesado, un lío grande porque atado al incremento del salario mínimo están otras tarifas como costos de administración y demás que a su vez integraron el listado de bienes y servicios más caros por la tarifa de inflación que rige para otros productos, en este caso 5.4 por ciento, sin dejar por fuera servicios públicos y arriendos que hacen uso de la misma referencia para su reajuste.
Según el directivo, la escalada de precios para los negocios que debieron endeudarse en alta proporción, impactó el empleo y la sostenibilidad de los mismos aumentando las angustias, pues pese a que las ventas se han mantenido, se ve una coyuntura difícil que no se ha hecho más dramática porque la gente cuenta con capacidad de consumo.
Para el caso de Bogotá, expuso Arana Núñez, medidas como el pico y placa todo el día castiga las ventas nocturnas, básicamente las cenas, un punto que ya era de conocimiento de la Alcaldía, porque el 60 por ciento de los ingresos de un restaurante se da entre las seis de la tarde y las diez de la noche, de tal manera que afectar esas opciones comerciales implica castigar la operación en su punto de mejor dinámica.
El vocero repisó que la situación del sector no es la mejor porque se encuentra nuevamente arrinconado y sin ninguna herramienta a la mano para solventar el complejo momento.
Acodres agradeció y reconoció el esfuerzo del Gobierno Nacional de haber hecho la exención del gravamen conocido como Impoconsumo, toda vez que marcó la diferencia entre el empresario que quebró y el que pudo resistir, lastimosamente, afirmó el gremio, el beneficio estuvo hasta el 31 de diciembre por pandemia.
Un hecho inexplicable fue que en plena discusión de reforma tributaria se hiciera caso omiso a la petición de extender el alivio, si no total, por lo menos parcial, pero no hubo apoyo. La industria logró a pesar de todo, impulsar en el Congreso, un proyecto de ley, el 077 de 2021 que propone el regreso progresivo del Impoconsumo, para arrancar 2022 en el cuatro por ciento, el 2023 en el cinco y finalizar 2024, máximo en seis por ciento. A cambio de ello, precisó Arana, los establecimientos que operan bajo el formato de franquicia, regresaban al régimen de Impoconsumo lo cual beneficiaba el recaudo del ejecutivo y permitía resistir el golpe de la inflación que se hizo muy notoria en el quinto mes de 2021.
“Esa iniciativa se aprobó en primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes que le dio su visto bueno plenamente y aún se abriga la ilusión que el proyecto pueda avanzar, sobre todo en este momento en el que estamos viendo que la situación del Gobierno frente a la inflación es de no contar con herramientas para controlarla y contenerla y seguimos creyendo que una medida muy eficiente es hacer que estos impuestos para el cliente de la industria se apliquen en tarifas progresivas, de tal manera que el establecimiento formal resista el golpe, no incremente precios y le pueda ayudar al Gobierno a recaudar sus impuestos porque sabemos que necesita recursos, pero desafortunadamente en una tarifa plena donde en este momento el cliente está pagando el ocho por ciento de Impoconsumo más 19 por ciento de IVA, se convierte en una situación que estrangula a los empresarios formales y termina incentivando la informalidad porque claramente los propietarios van a tratar de sobrevivir al impacto, lo cual es una mala noticia. Nosotros los que invertimos en restaurantes, no podemos estar de acuerdo porque los incentivos deben ir orientados a la formalidad, a nada más”, manifestó el presidente de la Junta Nacional de Acodres, Diego Mauricio Arana Núñez.
Todo ese desdén con la industria gastronómica no tiene sentido en opinión del gremio, porque la pandemia sigue muy vigente y el problema de inflación, al parecer no lo para nadie porque tiene orígenes globales que hacen prever que el inconveniente será de largo aliento. El Covid-19, agregó Acodres, tiene a los mercados inseguros y hay un apuro de mayores precios del que se advirtió hace mucho tiempo, haciendo que el ejecutivo reaccione hasta ahora con los impactos recibidos, un asunto que genera una desilusión muy alta porque hubo información, advertencias, peticiones y alertas encendidas que quedaron en nada porque no hubo protección oportuna para el colombiano productivo, pasando por alto que los estados dependen del emprendedor, del trabajador y del empresario formal que es el que tiene una cultura de pago de impuestos, ese que si desaparece, deja en tremendas dificultades a la nación que tendrá menos plata del sector real.
En su análisis, Arana Núñez, dijo que el Estado no puede seguir sosteniéndose a punta de deuda pública porque no es responsable ni viable, razón por la cual la industria gastronómica sigue insistiendo, en estos momentos de percance nacional y mundial, en la importancia de impulsar el proyecto de ley 077 para amortiguar el golpe y así salvaguardar las empresas formales y con ellas el empleo de calidad.
No todas las medidas para contener el Covid-19 han sido útiles
Sigue siendo común que los restaurantes dejen por fuera a quienes no se vacunan o no muestran el correspondiente carné de vacunación, una disposición de doble filo porque para nadie es un secreto que las ventas han bajado por ese concepto, pues la gente repele las decisiones coactivas y más aquellas en donde no se tiene en cuenta el grado de blindaje de los establecimientos para vender alimentos.
Fue usual ver en los restaurantes la aplicación de gel desinfectante, la toma de temperatura y el cumplimiento de unos protocolos estrictos que invitaron a retomar la vida de consumo y el ambiente de manteles. Demasiadas personas dicen que la medida carece de fundamento, puesto que perfectamente puede haber personas con carné en mano que están infectadas, dejando el mal por donde pasan, como quien dice la exigencia es totalmente estéril.
Acodres dijo que sin duda alguna la exigencia de un carné afectó las ventas con el agravante que en su momento se le envío un mensaje al mercado en el sentido que la industria cuida a sus clientes y por ello en principio hubo respaldo a la exigencia de una credencial sanitaria, sin embargo, la decisión alcanzo a castigar las ventas en una etapa trascendental como diciembre, lo cual llevó a prescindir de clientes, especialmente en zonas turísticas a donde acuden grupos familiares de ocho, quince o más personas. En el momento de pedir el registro, con una persona que no lo tuviera, se perdía la venta y ese consumo terminó en negocios informales en donde no hubo ningún tipo de exigencia.
Lo complejo de esta situación, puntualizó Arana, es que las medidas generen una competencia desleal, porque se vuelve al punto, incentivan la informalidad y destruyen la cultura del empresario que paga impuestos y cumple con la ley. En ese aspecto vino un desacuerdo porque el golpe se sintió duramente en los destinos turísticos que no lograron reactivarse y perdieron la oportunidad de reavivar la dinámica y hacer sostenible los puestos de trabajo.
Acodres manifestó que un lío de considerable dimensión para los negocios de comercio es la cascada de normas, verbigracia el POT para Bogotá en donde ilegalmente le añade regulaciones al comercio, lo cual lleva a preguntar, ¿la administración pública en todos sus niveles tiene al empresario y al trabajador forma para asfixiarlo o a la inversa para impulsar su crecimiento?
El gremio maneja ampliamente el pensamiento que cuando la sociedad protege al ciudadano productivo y le permite crecer, hay beneficio para todos, inclusive para el propio sector público que vive de lo que hace el privado, un punto que a criterio de Acodres, es importante dado que permite razonar sobre la necesidad de llamar la atención sobre los incentivos en favor del colombiano trabajador y allí hay que decir que la industria gastronómica es intensiva en mano de obra, con unas exigencias laborales altas donde se crean ambientes de disciplina y asepsia por ser un sector muy regulado a nivel de sanidad.
“Llamamos la atención sobre la urgente necesidad de proteger y respaldar al empresario formalmente constituido que es minoría en Colombia, tenemos que citar que antes de la pandemia, el 70 por ciento del sector gastronómico en el país era informal. No tenemos cómo medir la informalidad, pero en Acodres estamos seguros que ya debe superar el 80 por ciento, porque hubo una gran destrucción de empleo, y nuestro personal, capacitado para la gastronomía, no tiene cómo migrar a otro sector productivo, luego es apenas entendible que muchos, hoy por fuera de las labores remuneradas, terminen sobreviviendo en las toldas irregulares, lo cual es una muy mala noticia para el desarrollo social y económico del país”, recalcó el dirigente.
Lo más terrible de la pérdida de empleos, es que la industria privilegia mujeres que representan el 58 por ciento de la nómina y jóvenes que para el caso de Colombia significan el 30 por ciento de plazas de trabajo, luego se hace visible la necesidad de políticas públicas en favor de la juventud y el género, ya que resquebrajar la industria gastronómica, equivale a afectar las fuentes de ingreso de estos dos sectores poblacionales, de tal suerte que es alarmante y obliga a la industria a insistir sobre su importancia estratégica y la necesidad de contar con soluciones estatales de total blindaje al sector, por la facilidad que tienen los restaurantes, no solo de crecer sino de crear nuevos empleos.
Arana señaló que los países en donde hubo respaldo a la gastronomía, lograron una notable recuperación del empleo. En Colombia, expresó, se tiene ese pendiente muy a pesar de los sobresalientes registros de crecimiento revelados en los últimos días, reporte que lastimosamente llega con la queja social la cual refleja que ese repunte no se está traduciendo en mejores ingresos o un acceso al bienestar de las familias colombianas, una condición que la gastronomía permite.
Incertidumbre reina y los cierres seguramente continuarán
El país no tiene nada resuelto, la pandemia acosa, el número de muertos sigue alto y los contagios logran multiplicarse de una manera preocupante, todo con arandelas y problemas paralelos que se traducen en incertidumbre, el tema central, debido a que los negocios dependen de la capacidad de planeación, dicho en otras palabras, de la facilidad de programar costos, compras, contratación de personal y además proyectar ventas diarias, todo un compendio de eficiencia que genera ganancias, paga nóminas, impuestos y responde por unos arriendos, caso contrario cuando no hay espacio para planear, exteriorizó Arana, obligan a los negocios que hacen la tarea en este frente, a vivir del día a día, lo cual conduce a esa inseguridad que no permite ser eficientes.
Ante la innegable realidad, el directivo estimó que si no se les ayuda a los negocios formales a ser eficientes y a reducir la incertidumbre, de un momento a otro se pueden ver abocados a una quiebra, al tener que cerrar definitivamente, una pésima noticia para el mercado laboral, para el desarrollo social así como para la capacidad que tiene la industria gastronómica de promover oportunidades en la mayoría de los territorios ya que mediante la cocina especializada, muchos de los municipios tienen la oportunidad, no solo de generar ingresos sino de convertirse o consolidar destinos turísticos.
El gran reto del Congreso y el Gobierno, revisar el modelo económico
Este año es electoral y Colombia se apresta a elegir un Congreso del que se espera renovación, conocimiento, compromiso y transparencia, aspectos que fortalecerán la confianza de un país que repite hoy más que nunca, adiós a los mismos con las mismas. Igual habrá votaciones para escoger por la vía democrática al nuevo Presidente de la República, un relevo en dos de las tres ramas del poder público con grandes retos y tareas por cumplir.
Precisamente dentro de los desafíos a futuro, está la revisión del modelo económico y la reconstrucción de un país desigual, sin opciones y por fuera de la equidad, tan solo conforme con unas pocas monedas expresadas en subsidios y asistencialismo, toda una debacle y la peor decisión para la economía agropecuaria que se quedó sin mano de obra porque el sistema paga literalmente por NO hacer nada, algo así como impuestos elevados para los formales y dádivas injustificadas para los desocupados y allegados a la pereza.
Es tan grave la situación nacional que el país importa entre 13 y 14 millones de toneladas de alimentos y productos que perfectamente podrían ser obtenidos en la ruralidad local en la que tan solo cree la FAO, porque al parecer nadie quiere apostar por unas reformas que le den a la economía campesina, nuevo aire y rentabilidad. Hoy, y con el pésimo cálculo de los gobiernos pasados, el país compra comida con dólar caro, cercano a los 4.000 pesos, la hecatombe, sumando la crisis global logística y el rompimiento de la cadena de suministro.
Para Arana Núñez, es el momento de revisar la estructura económica, hacer correctivos y darle importancia a los sectores que históricamente mostraron eficiencia, vocación y perspectiva. El presidente de la Junta Nacional de Acodres citó que la devaluación del peso colombiano se debe fundamentalmente a que el país no está produciendo, fueron dejadas de lado algunas labores y por ello estimó que una de las banderas a enarbolar es la del orgullo de ser productor.
Afirmó que actualmente la sociedad ve con lástima al emprendedor, llámese productor del campo, transformador o comercializador en la ciudad, insistió que la mayoría de las veces se compra por compasión, sin entender que producir es un talento, un don y una capacidad que no tienen todos los ciudadanos, argumento muy sólido para recalcar que urge recuperar esa dignidad, ese decoro, puesto que de lograrse habría forma de impulsar el relevo generacional sobre pilares de respeto, rentabilidad, incentivos y absorción.
Las oportunidades que hay en el campo se están perdiendo, hay destrucción de empleos rurales como también de empresas formales, lo cual se hace notorio en unos indicadores que demuestran que el marchitamiento industrial y agrario no hacen parte de las consecuencias de la pandemia, sino de unas malas decisiones que pusieron los sectores productivos del país en condiciones lamentables y al borde del abismo desde mucho antes, según Acodres se puede hablar sin temor alguno de varios años atrás, cuando ya se veía la atomización del campo y de las empresas.
“Según la Superintendencia de Sociedades, entre 2014 y 2017 estuvieron en problemas 732 empresas, sencillamente porque desaparecieron, pidieron reestructuración o se acogieron a la Ley de Quiebras, lo preocupante es que ese mismo indicador entre 2018 y 2020 aumentó en 70 por ciento, es decir, un poco más de 1.300 razones sociales se ampararon en esta figura. En el primer semestre de 2021 la cifra creció en 36 por ciento, luego cuando vemos ese aumento progresivo de las factorías que entran en Ley de Insolvencia, revela rotundamente que la falta de protección y de garantías al desempeño productivo en el territorio, especialmente al formal, está destruyendo valor, fenómeno que le resta capacidad a la economía nacional de generarle oportunidad a la gente, especialmente a los jóvenes”, dijo Arana Núñez.
El conocedor añadió que ese tipo de frustración es la misma que lleva a decisiones políticas equivocadas, desesperadas que fácilmente pueden hacer colapsar el sistema productivo, un escenario que tiene preocupados a los gremios que consideran que el asunto primordial posterior a las elecciones es el económico, tema que debe estar en las agendas legislativas y de Gobierno como número uno y dos, reiteró, devolverles el orgullo a los agricultores.
Para Acodres, Colombia es un país de trabajadores en donde el desarrollo se hace vital para superar la pobreza y allí la industria gastronómica tiene mucho que proponer de cara a una mejor calidad de vida, en un territorio en donde todos tienen cabida y oportunidades. El asunto para cambiar el modelo con fundamento, propuso el gremio, es valorar el potencial de nación que bien vale la pena, al tiempo que estimó igualmente valioso y rentable apostar por un campo productivo como también por la creación de empresas.
Hoy las importaciones están disparadas, dogmatizó Arana, porque el país le dio la espalda al campo y allí son responsables la gran mayoría de colombianos que se amoldaron a estilos urbanos de vida, aquellos que terminaron incitando el desprecio por la ruralidad. Mirar al campo y a sus grandes oportunidades, escribió, es posible desde la gastronomía como industria, pero igual desde los hogares que deben ver en los agricultores, empresarios valiosos y no seres dignos de lastima.
El campo, insistió, no es un asunto de “pobrecitos”, tan solo de entender que la ocasión rural de Colombia es una invitación a mirar hacia los colombianos mismos y observar los potenciales existentes para empezar a fomentar cadenas productivas, un modelo descifrado por la academia hace décadas, sobre el entendido que ese encadenamiento y la misma especialización pueden conducir perfectamente al desarrollo.
Las importaciones son viables cuando Colombia no siembra o elabora un producto en particular, es deficitario o no cuenta con las ventajas competitivas de otras latitudes, pero hay muchos productos con potencial y elevadas oportunidades en donde se puede generar oferta exportable, todo sobre bases de estímulos e incentivos que le den un cambio de chip a los modelos urbanos.
Una tarea pendiente es querer a Colombia, no maltratarla o hablar mal de ella, si bien hay problemas, también es cierto que se ha avanzado en muchos frentes en donde hoy existe lo que nunca hubo. Para el directivo, es increíble que los extranjeros tienen más apego y amor por Colombia que sus propios nacionales, un ítem que debe mejorar para enderezar las condiciones actuales.
Hay que propender por un país más barato
Finalmente, el presidente de la Junta Nacional de Acodres, Diego Mauricio Arana Núñez, dijo que es totalmente coherente pensar en un país menos costoso, más viable para la inversión, el campo y la fundación de empresas. Expuso que no es descabellado visualizar una reforma tributaria audaz que baje tarifas como IVA, impuesto de renta y otras, ya que de esa manera habría más y mejor recaudo, obviamente siendo más pragmáticos, en otros términos, eliminando exenciones, tarifas diferenciales y todo lo que complica el cobro de los impuestos.
La medida, más que audaz, resulta ideal para aliviar al productor y al contribuyente que debe contemplar personas jurídicas y naturales. Un país más barato, razonó Arana Núñez, invita a crecer, pero uno con más y más cargas impositivas como acontece con cada gobierno, no permite que las iniciativas privadas lleguen a buen puerto, le pone palos en la rueda al desarrollo y limita el crecimiento, lo cual implica renunciar al progreso y a sostener la pobreza.
“Para Acodres, la reforma tributaria que prácticamente todos los candidatos están planteando, por fin toque asuntos estructurales, puesto que en cada transformación que se le hace al estatuto tributario, se habla previamente de movidas estructurales y al final termina siendo la solución tibia a problemas inmediatos o de urgencia que terminan asfixiando al productor que requiere de protección. Los expertos insisten en la necesidad de aumentar la base tributaria con personas naturales, lo cual tiene toda la razón de ser, porque esta sociedad debe impulsar la empresa para alcanzar las oportunidades y el empleo. De no hacer lo que dicen los entendidos, el país seguirá sufriendo un sistema tributario regresivo. La cultura de la evasión en Colombia ha hecho carrera precisamente por esa visión de corto plazo en las estructuras tributarias por lo que se hace determinante dentro de la agenda del próximo Gobierno, que esa reforma tributaria sea del todo estructural”, concluyó el presidente de la Junta Nacional de Acodres, Diego Mauricio Arana Núñez.
