Las empresas generadoras de energía reportaron un buen año al cierre de 2018 toda vez que hubo abundantes lluvias lo cual se vio reflejado en una generación que se hizo en un 84 por ciento con hidroeléctricas en tanto que un 16 por ciento fue la oferta y la puesta en marcha de las termoeléctricas. Los empresarios aseguraron que el ejercicio y la energía producida fue muy similar a la de 2017 cuando la composición fue 85 por ciento hidráulica y 15 por ciento térmica.

Un factor que marcó la actividad de las generadoras tuvo que ver con la situación compleja de Hidroituango que debió entrar en operación el 30 de noviembre de este año, lo que no sucedió, obligando al regulador convocar a una subasta de cargo por confiabilidad para mitigar el riesgo de Hidroituango con nuevas plantas que ingresaran al sistema y que según cálculos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, deben estar dentro del sistema en diciembre de 2022 que es cuando se prevé un déficit de energía, firma que podría inclusive darse en 2023 lo cual si no es posible cubrir, expone a Colombia a un nuevo racionamiento, es decir que ese faltante demanda nuevos proyectos.

El Director Ejecutivo de la Asociación de Empresas generadoras, Alejandro Castañeda Cuervo, habló con Diariolaeconomia.com, y aseguró que esperan que el proyecto Hidroituango supere sus vicisitudes para que pueda entrar en operación, asunto que no se ve difícil teniendo en cuenta que Empresas Públicas de Medellín, EPM, sigue con los trabajos.

“Hoy no tenemos más conocimiento más allá de lo que es público y la verdad eso no nos permite saber con certeza cuando estará Hidroituango en marcha. En ese sentido hay muchas decisiones que puede tomar la empresa para ver como evoluciona en un negocio que requiere recursos y finalización para hacerlo rentable”, indicó el señor Castañeda.

Recalcó que lo único claro es que se viene un déficit en generación eléctrica entre los años 2022 y 2023 y por eso la subasta de cargo por confiabilidad lo cual es importante porque mitiga el riesgo al que conlleva el fenómeno de El Niño y garantiza de igual manera que exista la generación suficiente de energía para poder atender los momentos más críticos y desde luego los años normales.

Explicó que con el cargo por capacidad es posible tener plantas al día, y financieramente estables y con toda la certeza en su capacidad operativa, de tal manera que si a futuro hay que encenderlas y tenerlas disponibles, estén listas y con el combustible para que puedan generar y ese voto de tranquilidad lo da tan solo ese pago que es sinónimo de confianza.

En opinión del Director Ejecutivo de ANDEG, el sector sigue siendo atractivo y por ello sigue en el radar de la inversión extranjera a tal punto que proyectos de la envergadura de Taraza, que es hídrico ya está en la mira de un consorcio Chino-portugués y hoy ya está cerca de empezar su construcción. Otro mensaje del lado de las empresas es que hay registrados para las subastas de cargo por confiabilidad unos 3.000 Megavatios de plantas térmicas para participar en proyectos de generación. Hídricos, dijo, hay unos 2.000 megavatios inscritos es decir que si la necesidad sube a 1.000 o a 1.200, o lo que considere la CREG, al final de la subasta lo que hay, afortunadamente, es el interés de muchas empresas por invertir en Colombia y puntualmente el su sector eléctrico.

ANDEG anotó que durante el año la demanda creció en unas regiones más que en otras pues la Costa Caribe fue una de las zonas del país que más creció en consumo de energía eléctrica ya que reportó un repunte muy por encima del promedio nacional que está entre 3 y 3.5 por ciento en promedio, dependiendo el momento, pero en la Costa Atlántica los crecimientos pasan del seis y el siete por ciento, de acuerdo a la subregión.

Un factor a tener en cuenta es el desarrollo acelerado de Barranquilla que jalona muy duro esa mayor dinámica, la industria de Cartagena y el movimiento cada vez más notorio de la región Caribe que sigue recibiendo inversión, industrias, turismo y nuevos residentes.

“Al mirar el promedio de consumo de energía en el país que fue del orden de 188 gigavatios hora al día que comparado con 2017 dejó ver un crecimiento del tres por ciento. La verdad hemos venido creciendo, como le digo más en unas regiones que en otras, pero sin perder esa fuerza ni la sostenibilidad”, afirmó.

Sobre el tema de moda, el proyecto de energía nuclear por fusión o energía solar que está en el proceso de controlar las altas temperaturas y que ya tiene un cronograma, Castañeda, en línea con los expertos asegura que pondría en riesgo la vigencia del petróleo para el año 2030.

Sostuvo que las nuevas tecnologías siempre estarán como una bondad o una amenaza e indicó que lo que se refleja en los mercados energéticos es ese tipo de opciones tal y como sucedió con el Shale-gas en Estados Unidos que no era esperado, pero que finalmente fue un desarrollo por unos precios altos que llevaron a un avance tecnológico totalmente nuevo como el fracking con lo que el poderoso del norte cambió su matriz al pasar de importador a exportador de hidrocarburos por tecnologías no conocidas o desarrolladas.

Según el Director Ejecutivo de ANDEG, por fortuna hay quien cree esas nuevas tecnologías, pero igualmente consideró afortunado que haya mercados que las absorban lo cual es un buen mensaje desde el punto de vista económico por cuanto conlleva a esperar cómo se desarrolla el tema y cuándo entra.

En el momento no hay problema, consideró, pero a futuro vendrán cambios en el mercado y en las formas de producir energía, aspecto que tiene muy claro la industria que ve evoluciones cada vez más rápidas tal y como pasó desde hace 15 años con el tema de renovables y baterías sin dejar de citar los vehículos eléctricos, como quien dice muchos cambios que obliga a estar pendiente de las innovaciones para no quedarse atrás.

Hoy hay consumidores más activos que cuentan con los medidores inteligentes, aspecto que dicho sea de paso ha mejorado en gran medida la respuesta de los usuarios del sistema eléctrico.

La reforma tributaria les dejará de ser aprobada en el Congreso de la República, alivios a las empresas que verán disminuida su carga impositiva, aspecto que hará de Colombia un país mucho más atractivo para la inversión doméstica y exógena.

En su análisis del sector eléctrico, Castañeda dijo que la industria lleva ya 25 años con las leyes 142 y 143 las cuales fueron muy acertadas desde el punto de vista de darles dientes a los operadores de red para que sortearan situaciones de fraude como alteración de medidores, hurto de energía y esquemas de fraude.

El dirigente gremial le pidió a la rama judicial ser más consecuente con sus fallos y medidas toda vez que ante los ojos de la justicia es imposible privar del servicio de energía a quien comete fraude. En ese sentido las empresas perdieron terreno en lo que tiene que ver con lo coercitivo frente a lo que se hacía anteriormente para controlar líos de índole fraudulento, de pérdidas y demás.

“Al igual que a la salud, al sector eléctrico lo está matando el incontable número de tutelas porque siempre hay excusas para evadir el pago o cometer ilícitos, pero la mal utilizada tutela premia a quienes no hacen las cosas al derecho lo cual es muy complicado porque hay un robo de frente que no tiene castigo y eso igual lleva un mensaje terrible para la inversión que no sabe cómo frenar ese desangre”, dijo Castañeda.

En Colombia el robo de energía, solamente en la Costa Norte llegó a costar 1.000 millones de pesos por día, unos 30.000 millones al mes y una factura anual que espantaba.

Hay que aclarar que las pérdidas en energía, reconocidas o técnicas, son del orden del 15 por ciento, las no técnicas, es decir robos y demás pueden subir entre cuatro y cinco puntos. Lo anterior quiere decir que si todas las transacciones de energía en Colombia suman 10 billones de pesos, el fraude es de un cinco por ciento en promedio. En el Caribe las conexiones fraudulentas pasaron una factura de 285.000 millones de pesos, llevando a Electricaribe a una situación difícil en su frente económico porque lamentablemente la cultura de no pago resultó premiada.

“Temas como licenciamiento ambiental, manejo con comunidades y temas de seguridad pública lograron degradarse en el gobierno pasado motivo por el cual un proceso para poder hacer un proyecto ya no tarda seis meses sino dos o tres años en desmedro de un inversionista literalmente frenado lo cual resulta muy complejo. Hoy hay incumplimientos en los proyectos porque en las líneas de transmisión los retrasos están actualmente por el orden de 18 a 24 meses, dos años en un proyecto perentorio para llevar energía es bastante alto lo cual pide a gritos una verdadera seguridad jurídica”, concluyó el Director Ejecutivo de ANDEG.