La Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, respaldó de manera decidida el esfuerzo del Gobierno Nacional por combatir a las organizaciones ilegales dedicadas al contrabando de combustibles.

En ese sentido, el gremio felicitó a los miembros de la Policía y el Ejército Nacional que en los últimos días incautaron más de 33.000 galones de combustible y capturaron a 19 personas, que transportaban gasolina de manera ilegal por una vía del departamento del Cesar, en lo que se conoce como las “caravanas de la muerte”.

Para la ACP es claro que el contrabando de combustibles es un fenómeno que afecta gravemente las finanzas de la Nación y de los departamentos afectados por este fenómeno delincuencial, pues dejan de percibir los dineros que por impuestos genera todo el ciclo legal de producción y distribución del líquido, y perjudica a los consumidores por la falta de controles de calidad sobre el producto ilegal.

Por tal razón, el gremio espera que las sanciones que por este hecho les imponga la rama judicial a los detenidos sea ejemplarizante, pues es necesario castigar a los responsables de estas conductas y, por la vía de la judicialización, reducir la comisión de este delito en todo el territorio nacional.

Fortalecer penas contra el contrabando

LA ACP, como integrante de la Coalición Empresarial Contra el Contrabando (CECC), la cual es impulsada por diferentes sectores productivos del país, considera que una herramienta eficaz para combatir el contrabando en todas sus dimensiones será la Ley Anticontrabando, cuya discusión avanza en el Congreso de la República.

Este proyecto de ley busca fortalecer la lucha contra la competencia desleal realizada por personas y organizaciones ilegales relacionadas con actividades de contrabando, lavado de activos y defraudación fiscal, a partir, entre otras herramientas, del endurecimiento de las penas establecidas para esos delitos en el Código Penal.

Una característica muy importante del proyecto de ley es que busca atacar la fuente, es decir a los grandes carteles ilegales que manejan el contrabando en el país, pues en la medida en que se logren resultados positivos contra ellos, se corta la cadena de distribución.

En el caso específico del contrabando de hidrocarburos y sus derivados, el proyecto de ley establece penas de 12 a 16 años de prisión, de acuerdo con los volúmenes de líquido que sean transportados.