Con ocasión de la convocatoria por parte del Comité Nacional del Paro a realizar nuevas movilizaciones en todo el país este miércoles, la Mesa Minera Nacional decidió unirse a las manifestaciones de forma pacífica, reconociendo que la protesta se constituye en la expresión más legítima de rechazo a las políticas gubernamentales, en este caso, respecto de los Mineros de Subsistencia a quienes se ha estigmatizado absurda e injustamente como Mineros ilegales.
Esta instancia multisectorial informó que los indígenas y afrodescendientes dedicados a la minería tradicional, optaron por sumarse a las peticiones del paro, e informaron a la opinión pública que para llegar a unos consensos perentorios es necesario que el Gobierno atienda hacemos al Gobierno Nacional las siguientes peticiones sus peticiones.
Según los mineros, así como ocurrió con la reforma tributaria, debe ordenarse el retiro del Proyecto de Ley 059 de 2020 Senado, dejando claro que, si bien es necesario sancionar drásticamente la minería ilegal, no se puede seguir estigmatizando la actividad del barequeo o del minero de subsistencia catalogándola de minería ilegal como lo hace el citado proyecto de ley. En su lugar, piden apoyar el Proyecto de Ley No. 314 de 2020 que cursa en la Comisión Quinta de Senado, por el cual se ordena la legalización y formalización de la pequeña minería y la minería tradicional en Colombia, así como del Proyecto de Ley 440 de 2020 que cursa en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes sobre bancarización al sector minero.
La Mesa Nacional Minera pide que se adelante a la mayor brevedad posible, la formalización de los procesos de los mineros tradicionales de la que cientos de miles de familias viven a lo largo del territorio nacional, y que cese la persecución del Gobierno, de la Fiscalía y, en especial, de la Policía y el Ejército Nacional contra ellos y su actividad.
De igual manera, consideró absolutamente indispensable e inaplazable, ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones en la construcción de los nuevos modelos socioeconómicos, productivos y ambientales en los municipios donde hacen presencia, sin ser estigmatizados como delincuentes, particularmente en materia ecosistémica, agraria y minero energética. Además, cree que es fundamental, para la buena implementación del Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, consolidar la Paz en los territorios que habitan, generar unas condiciones pertinentes al logro de un dialogo abierto, franco y respetuoso, buscando un gran Pacto Social, bajo parámetros de una amplia Gobernanza para superar las gravísimas dificultades por las que atraviesa la actividad minera.
Solicitó reformular la estructura y funciones de la Agencia Nacional de Minería (ANM), que le permita resolver las más de 9.000 solicitudes de titularización y contratos de concesión, lo que impide avanzar en el proceso de formalización y legalización, considerando que la Autoridad Minera ha sido absoluta y completamente incompetente en materia de celeridad y simplificación en los procesos de trámite, reconocimiento, legalización y formalización, propiciando que la comunidad minera del país sea descalificada y perseguida por la imputación de conductas punibles.
Rechazó el mantenimiento de títulos mineros de carácter permanente, sin ningún avance en materia de exploración y menos de explotación, con los consecuentes graves perjuicios y conflictos sociales y económicos causados a la minería ancestral, por cuanto a partir del incumplimiento de los contratos de concesión minera de engorde deberían ser declaradas sus caducidades para permitir que las comunidades mineras puedan desarrollar sus labores extractivas.
Exigió reconocer a la Mesa Minera Nacional, integrada por numerosos actores de la actividad minera en el territorio nacional y registrar a las autoridades locales, hoy marginadas de las decisiones del Gobierno Central en materia ambiental y minera, a las comunidades, organizaciones y empresas organizadas en las zonas mineras, como sujetos y actores protagónicos comprometidos en la construcción del ordenamiento territorial, la formulación de políticas de Desarrollo Humano Sostenible y el manejo, recuperación y protección ecológica, a partir de la pronta legalización, formalización empresarial y el mejoramiento de las condiciones de producción, comercialización y valor agregado, el mejoramiento de la infraestructura local, el fomento y financiación de las organizaciones sociales y empresariales nacionales.
La Mesa pretende fortalecer y optimizar los considerados “precarios” procesos de legalización y formalización que se han venido implementando en el país por parte de la ANM, contemplando ajustes normativos, procesos de transición, realidades territoriales, participación de la industria y capacidad institucional en el proceso de establecimiento y fiscalización de la actividad, cerrando además la puerta a los fenómenos de criminalidad asociados a la extracción de oro que permean de manera perversa todo el sistema.
Las políticas de legalización y formalización minera en el país, aseguran los componentes de la Mesa Nacional Minera, han sido un total fracaso ya que el 87% de las unidades de explotación minera del país son ilegales, de las cuales, 2.676 son pequeñas minas que tienen más de 10 años de operación. Estas cifras evidencian que es inadecuado pensar en una política pública que fomente la Mediana y Gran Minería sin que se reconozcan los derechos de los pequeños mineros ancestrales que mayoritariamente son tradicionales y que llevan a cabo la actividad como único medio de subsistencia en las zonas rurales.
Ante el escenario actual, los mineros también pidieron ordenar al sistema financiero, principalmente al Banco Agrario, garantizar a los pequeños mineros, indígenas y afrodescendientes, el legítimo derecho de acceso al sistema financiero, derecho hoy restringido en forma absoluta por la estigmatización de su actividad como ilegal.
Asimismo, invitó a que la autoridad ambiental, en coordinación con la autoridad minera, establezcan mecanismos de simplificación de los procesos y procedimientos ambientales, adoptando términos de referencia preferenciales y expeditos a la pequeña minería y a la minería tradicional.
Pidió la construcción de un nuevo marco legal para lograr prontamente la legalización de la pequeña minería y la minería tradicional, con el fin de salvar los grandes obstáculos normativos mediante una consideración solidaria, eficiente y equitativa al minero tradicional y su importante capacidad productiva. Las comunidades mineras demandan la atención del Estado y una normatividad justa y eficiente que les permita salir del escenario de estar estigmatizados como actores de la ilegalidad, hacia quienes se dirige su criminalización.
Reclamó necesaria la creación de Centros de Innovación y Transferencia de Tecnologías para la Modernización de la producción Minera, orientada a mejorar las condiciones de productividad y competitividad, optimizar el uso sostenible de los factores productivos, facilitar los procesos de transformación y comercialización, así como generar valor agregado, que garantice a largo plazo la sostenibilidad ambiental, económica y social en las actividades productivas de las comunidades mineras, con el fin de contribuir a elevar el conocimiento, las condiciones de calidad de vida, la rentabilidad y los ingresos de los mineros pequeños, tradicionales y de subsistencia.
En atención a las anteriores consideraciones y peticiones, los empresarios y mineros le pidieron comedidamente al Señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez, que los reciba en su Despacho, junto con el Ministro de Minas y el Presidente de la Agencia Nacional de Minería, ello de la manera más pronta posible y así establecer una amplia mesa de diálogo nacional con las autoridades competentes de su Gobierno, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para la pronta y definitiva solución a la grave problemática.
