Martes, 07 Junio 2016 22:45

Por incumplimiento y corrupción camioneros entran a paro

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Los transportadores dicen estar cansados de falsas promesas, de amenazas, inseguridad y de una inviable canasta de operación que tan solo genera pérdidas.

Estaba cantado, el paro nacional de transportadores se estaba demorando y todo porque el gobierno al igual que todos los que han pasado arregla los problemas de inmovilización con oficios de buena voluntad que con el tiempo son solo eso, papeles que se van llenando de moho en los archivos del ministerio de Transporte o en otras carteras.

Las quejas en esta ocasión no son para desestimar, la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, le exigió al ejecutivo poner en claro que pasó con los más de dos billones de pesos que los transportadores aportaron y que a la fecha no se ven ni han generado una renta económica o social.

Como si los reclamos fueran pocos, los transportadores reiteraron su petición al Ministerio de Transporte para que evalúe a todas y cada una de las empresas que operan en Colombia en el sector transporte e identificar cuáles son las que se conocen como fachada y que tan solo le sirven al narcotráfico para lavar dinero toda vez que hay empresas que cobran fletes muy por debajo del valor real y que se dan el lujo de poner camiones a rodar completamente vacíos.

En diálogo que Diariolaeconomia.com sostuvo con el Secretario General de la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, Juan Carlos Bobadilla, se pudo establecer que son muchos los motivos que incentivaron el paro nacional de transportadores que de manera paralela expresan solidaridad con el paro nacional agrario.

Según Bobadilla hace quince meses el gobierno firmó unos acuerdos de los cuales se ha cumplido el quince por ciento porque lo demás tenía que ver con relaciones económicas y otros aspectos comerciales que están ligados con el flete que se cobra así como con la estabilidad en la economía del camionero.

Dijo que no es consecuente que en un país en dónde se trabaja a pérdida y todavía con trochas y pasos de herradura se esté queriendo instalar 17 nuevas casetas de peaje con precios que pasarían de 25.000, hasta 95.000 Y 115.000 pesos lo cual no es pagable por parte de ninguna empresa o de los camioneros, se trata, aseveró, de tarifas imposibles y hasta irrisorias.

En desarrollo de esta tema, Juan Carlos Bobadilla especificó que frente a los peajes que se quieren imponer para nuevas vías, había un acuerdo que apuntaba a que solo cuando estuvieran las obras realizadas podría el gobierno autorizar unas casetas de peaje con unas tarifas adecuadas y acordes con la realidad del transporte de carga. El asunto, comentó, es hasta entendible porque con buenas vías hay un ahorro en combustible, menor deterioro del equipo y los menores trayectos podrían revertir en un nuevo peaje sin perjuicio de la canasta camionera, pero desafortunadamente, expuso, el gobierno se olvidó de los procesos y quiere cobrar dichas obras antes de tiempo con el agravante que en Colombia ese ejercicio ya se hizo con una experiencia muy mala y es que no se hicieron vías nuevas y la plata se evaporó.

“Aquí ha pasado de todo durante años, han inaugurado obras que no funcionan o lo que es peor con todo y fiesta incluida han inaugurado obras fantasmas, totalmente inexistentes por dónde jamás pasó una retroexcavadora. Para no ir tan lejos la doble calzada Bogotá-Girardot fue un fiasco porque hubo incumplimiento y la obra la terminaron otros concesionarios. Hoy la vía está en precarias condiciones, con hundimientos que no se corrigen, hecha todo un riesgo y con tarifas de peajes más costosas, eso no se entiende”, apuntó.

Un ítem adicional para la ACC es que la contratación oficial es deficiente y totalmente carente de confianza razón por la cual se quieren ver obras primero para pagar después, lo que fue un compromiso en aras de la transparencia, ni más ni menos.

Otra pregunta que surge en los transportadores es ¿en donde está la plata de Isagén?, porque arrancando el año al país se le dijo que ese activo del sector eléctrico sería vendido para llenar al país de obras. Para la ACC esos dineros de la privatización no se están viendo y destacó que jurídicamente el estado no puede destinar recursos para los concesionarios porque incurriría en peculado, lo cual no sería nada halagüeño para el ministro de Hacienda que tendría que responder ante los jueces de la República.

El gremio insiste en que los peajes no tienen razón de ser por cuanto la plata ya la puso el país con los millones de dólares que costó Isagén. El sector transportador, anotó Bobadilla, ya se cansó de la cuentas alegres del gobierno que siempre que habla de un Fondo pasa facturas adicionales que no se sabe de dónde surgen y que deja en morosidad a los camioneros que tan solo pagan y pagan, pero paradójicamente deben y deben.

“Hay dos peticiones muy grandes que respetuosamente hacemos desde esta tribuna, primero que se esclarezca en dónde está la plata de la chatarrización que vale hoy más de dos billones de pesos que canalizó el Gobierno Nacional con destinación específica y que hoy no aparecen los citados recursos. El segundo punto que queremos que quede bien claro es que la plata de Isagén se invierta directamente por Invías, pero no como un fondo para prestarle plata a los contratistas que además del favorcito pasarían a explotar los peajes, eso es un delito que afecta no solo a los camioneros sino a todo un país”, dijo.

Adicional a la queja de nuevos cobros el Secretario General de la ACC denunció que a la fecha a los transportadores no les están pagando los fletes que cubren los costos lo que tildó de muy delicado porque por sentido común ninguna empresa puede funcionar cuando lo que devenga no cubre los costos operativos. Informó que el Decreto 2228 que dice que nadie debe pagar por debajo los valores de operación respetando la tabla del SICE, muchos la están pasando de agache.

“El Sistema Integral de Costos Eficientes, SICE, es una reglamentación que el gobierno no ha querido poner en funcionamiento, capricho que ha ido en detrimento de los camioneros”, declaró el señor Bobadilla.

Los problemas también pasan por la inseguridad toda vez que el problema se agudizó en los últimos meses y todo por culpa de unos reductores de velocidad los cuales serían retirados por no ser necesarios en vista que no estaban en áreas escolares o de alto riesgo para la comunidad. Según el acuerdo firmado en el paro anterior se acordó retirar esos reductores de las autopistas y variantes, pero esto no se hizo y lamentablemente en esos puntos ya se han reportado más de 200 atracos, varios heridos y dos muertos porque en la noche no hay Policía y la baja velocidad le ayuda a los piratas terrestres que no miden sus actos con tal de robar la mercancía que sea.

La pregunta del billón

Los transportadores agrupados en la ACC reclamaron del ejecutivo una pronta respuesta sobre qué pasó con los dos billones de pesos que los empresarios y propietarios de equipo le entregaron al gobierno y que a la fecha no se ve ni la plata ni las acciones en favor del camionerismo formal.

“Cada vez que matriculábamos un vehículo depositábamos hasta 70 millones de pesos que según el ministerio de Transporte alimentaría un fondo para garantizar la chatarrización en condiciones ecuánimes en aras de modernizar el parque automotor. Esa plata se desapareció, no la vemos, el ejecutivo dice que ahí está, pero no le paga a nadie los carros y en el último tiempo se han entregado más de 400 automotores, tampoco les paga desde hace seis meses a las familias que hoy están quebradas porque estas dependían del vehículo o del ingreso que les fuera a entrar para cambiar de actividad económica o comprar un camión nuevo, como quien dice perjuicio total por dónde se le mire y nadie responde”, indicó el vocero de la ACC.

La situación del transporte en Colombia es demasiado apremiante si se tiene en cuenta que la operación en el país es la más costosa de la región y casi que del mundo, asunto aún más delicado al considerar que muchos gobiernos propenden por un transporte más eficiente y más barato, con insumos de bajo costo, pero aclaró que el caso colombiano es deprimente porque contrario a cualquier buen paradigma el gobierno decidió saturar los combustibles líquidos con impuestos. A criterio de Bobadilla, el ejecutivo ha incumplido con un fallo de la Corte Suprema el cual dice que el combustible debería bajar de precio porque hay un Fondo de Estabilización que ocasionó cobros irregulares y que para rematar el lío está en sus últimas de cambio con el giro que dio la economía petrolera con el punto final del boom de los precios por encima de 100 dólares por barril.

“Desafortunadamente el gobierno hace caso omiso de la ley y nos hace conejo a todos los colombianos, prácticamente nos mete la mano al bolsillo encareciéndonos el combustible”, precisó.

Problema de lavado sigue

La Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, dijo que otro problema al que el ejecutivo debe metérsele de frente es al del narcotráfico, porque muchas personas llegan al gremio con compras millonarias de equipo el cual se guarda en bodegas, se pone a rodar con fletes muy bajos o lo que es peor se pone a operar sin carga lo cual deja un mal presentimiento y la sensación de que nada bueno hay detrás de estos nuevos camiones adquiridos en cantidad y a precios relativamente altos si se tiene en cuenta el factor devaluación.

“Un negocio que pase mucho tiempo sin ganancias tiene que estar sacando recursos de otro lado, hoy no tenemos un estricto control y lo cierto es que a pesar de que todos los renglones de la economía han bajado, la única economía fortalecida es la ilegal la cual se alimenta con dineros del narcotráfico que sin duda alguna volverán a inundar la economía nacional. Lamentablemente los que trabajamos legalmente como transportadores o como comerciantes vamos a estar condenados a la quiebra porque como es apenas obvio no podemos competir con los dineros calientes de las mafias, ese es otro gran problema de Colombia y nadie lo quiere ver”, aseveró el Secretario General de la ACC.

Bobadilla deploró el hecho que muchas de las cosas que acontecen en Colombia pasan por debajo de la cerca haciendo que cada vez crezca el nubarrón sobre el país porque detrás de tantas irregularidades y políticas equivocadas hay una debacle social que está condenando al país a un futuro incierto, pero a todas luces, muy lamentable.

Ahora, afirmó, viene una reforma tributaria que castigará las empresas y los bolsillos de los contribuyentes de menos ingresos para agudizar aún más la contracción de las demanda. “La tributaria que nos impondrán con toda seguridad terminará por exprimirnos a todos, no cabe la menor duda”.

Si bien en Colombia hay más de 360.000 camiones, los que paran son más de 150.000 vehículos. Del transporte subsisten más de 1.5 millones de familias porque están las personas que reciben un ingreso en cadena de un sector cada vez más empobrecido y sin opciones.

Con el transporte reciben su sustento quien conduce el equipo, su propietario, quienes cargan y descargan el vehículo, los trabajadores de los lavaderos y de los montallantas, los mecánicos, el personal en carretera como el de los hoteles y restaurantes sin contar con otros negocios que viven del transporte que junto a la construcción son los que más empleo generan, redistribuyendo mejor la riqueza, pero hoy abocados a la banca rota por la condición de economía formal y legal.

Finalmente los transportadores rechazaron la posición del gobierno que anunció mano dura contra campesinos, indígenas y camioneros.
“Esto no habla bien de la Presidencia que tan solo debe cumplir lo que firma, porque ahora no solo quedó mal y faltó a su palabra sino que amedranta con la Fuerza Pública a unos cuantos peones que son los más mal remunerados de la región, esto es un total despropósito”, concluyó.

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