Martes, 30 Agosto 2022 15:33

SOAT, seriamente amenazado por fraude y accidentalidad

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SOAT, seriamente amenazado por fraude y accidentalidad Imagen-de-Admiral_Lebioda-en-Pixabay

La protección de las víctimas de siniestros viales corre peligro. Alrededor de 900 mil personas al año perderían el seguro que les garantiza la atención médica inmediata.

La alta accidentalidad y el fraude al SOAT han generado una crisis en el seguro que, por décadas ha salvado vidas. Desde hace más de cinco años, el gremio asegurador ha advertido al Estado sobre los efectos adversos de estas problemáticas.

El parque automotor colombiano hoy registra 17.6 millones de vehículos, de los cuales 10.5 millones son motocicletas que, aunque hoy son el principal medio de transporte de los colombianos, es el que mayor cantidad de víctimas registra, especialmente en personas menores de 30 años que en plena etapa productiva quedan seriamente lesionadas, inválidas o en el peor de los casos fallecen en las vías de nuestro país.

De cada $100 pesos de prima que se recibe por el SOAT de una moto se pagan $174 en siniestros. Además, las compañías de seguros detectaron cobros irregulares al seguro por cerca de $456.000 millones que se denunciaron ante las autoridades competentes. Por todo lo anterior, este seguro está en cuidados intensivos y requiere acciones urgentes por parte del gobierno, el sector privado y los actores viales.

La situación es insostenible, y cerca de 900 mil víctimas de accidentes de tránsito al año perderían el seguro que les garantiza los recursos para que su atención médica sea inmediata.

 

“Este modelo de aseguramiento permitió superar, para los heridos en accidentes de tránsito, el inhumano paseo de la muerte, y cada vez más se parece a un paciente en estado terminal del cual nadie se quiere hacer cargo. El Soat, el seguro que salva vidas, está en cuidados intensivos”, expresó Miguel Gómez, presidente de Fasecolda.

 

Graves y serios síntomas

 

 

Al SOAT lo aquejan todo tipo de males, uno de ellos la creciente evasión. De los 17.6 millones de vehículos que circulan en el país solo 9.3 billones cuentan con un Soat vigente, es decir un 47% evade el cumplimiento de la obligación de contar con el seguro. El 61% de las motocicletas no adquieren este seguro.

 

Accidentalidad con curva ascendente

En Colombia circulan 10.5 millones de motos y en el 87% de los accidentes de tránsito con lesionados, hay una motocicleta involucrada. Los estudios de Fasecolda confirman que los principales afectados son hombres menores de 30 años, con falta de experiencia y pericia en la conducción de estos vehículos, a lo cual se suma los nulos elementos de seguridad activa y pasiva y la deficiente infraestructura vial.

Para el año 2022 las estimaciones del gremio asegurador determinan una cifra récord en la historia. Este año serán unos 940 mil heridos en nuestras calles y más 7.600 fallecidos. Un drama nacional ignorado que, a criterio de Fasecolda, no recibe suficiente atención del Estado.

 

“Este es un grave problema de salud pública que es la segunda causa de muerte violenta en Colombia”, expuso el señor Gómez Martínez.

 

Fraude, como una moto

 

 

Al SOAT lo está desangrando el fraude. Algunos prestadores de servicios de salud han descubierto que el SOAT es una mina de plata e inflan las atenciones de los heridos hasta los topes permitidos por las coberturas. Un accidente menor, explicó Fasecolda, termina por consumir los niveles garantizados haciendo inviable el modelo financiero.
También están todos aquellos que, teniendo accidentes no relacionados con la movilidad, mienten para obtener la atención médica que el seguro de tránsito ofrece.

 

La tarifa es insuficiente

Pocos saben que la tarifa del SOAT está subsidiada para las motos. Los motociclistas pagan por el seguro 3,7 veces menos de lo que corresponde según su accidentalidad, en cambio, los vehículos familiares pagan un seguro 9,5 veces más caro para cubrir ese subsidio.

Desde 2013 el número de motocicletas superó al de los demás vehículos en el país, esta tendencia se ha incrementado y en el 2022, se espera que el país rompa el récord y venda más de un millón de motos adicionales.

 

Urge actualizar la reglamentación

La crisis del SOAT exige acciones coordinadas de las entidades responsables de los temas de salud y movilidad, verbigracia, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, Superintendencia Financiera, Superintendencia Nacional de Salud, Agencia Nacional de Seguridad Vial y secretarías de movilidad. A esta lista, estiman los aseguradores colombianos, debe sumarse la industria privada de fabricantes, ensambladores e importadores de automotores, a quienes compete la seguridad de los vehículos que comercializan en el mercado.

La falta de acción coordinada entre todos estos actores está llevando a la quiebra un instrumento de aseguramiento que ha salvado cientos de miles de vidas en Colombia.

 

Motos sin equipamiento de seguridad

La mayor parte de las motocicletas que se venden en Colombia, no podrían comercializarse en otros países por no reunir los requisitos mínimos de seguridad, por ejemplo, sistemas de frenado ABS. Un estudio reciente de Cesvi Colombia que incluyó una muestra de más de 600 mil motocicletas vendidas en Colombia, de las cuales el 97% corresponde a motos entre 0 y 250cc demostró que, solo el 6% de las líneas comercializadas entre los 0 y los 125cc están dotadas de luz de freno y direccionales LED; el 1% cuenta con sistema de freno combinado CBS, el 23% tiene luz de circulación diurna LED y el 76% llegan al mercado con freno de disco delantero.

Ninguna de las 82 líneas analizadas cuenta con el equipamiento requerido para cumplir la línea base de seguridad de los estándares internacionales. En este sentido Colombia no ha tenido una regulación definida para prevenir y disminuir accidentes en la vía.

 

El diagnóstico hoy

 

 

A diciembre de 2021, el ramo del SOAT registró pérdidas por $192 mil millones y en el primer semestre del 2022, ya presentaba un déficit de $138 mil millones. El SOAT además de asumir los siniestros, destina un porcentaje de la prima para contribuciones y transferencias para entidades del Estado. De cada $100 que paga el ciudadano por su póliza, $54.3 son para pagar siniestros y la operación del seguro y $45.7 para contribuciones y transferencias.

En $8 billones se verían afectado el presupuesto nacional si el SOAT desaparece y queda en manos del gobierno toda la financiación de la atención de las víctimas de accidente de tránsito.

 

Soluciones a la mano

En opinión de Fasecolda, se requiere un conjunto de acciones para enfrentar la compleja situación del SOAT. En primer lugar, establecer una mesa interinstitucional público privada para formular e implementar políticas públicas efectivas destinadas a disminuir la accidentalidad vial, el fraude y la evasión a este seguro.

Igualmente, limitar el número de veces que se puede utilizar una misma póliza durante su vigencia y destinar una proporción de la contribución a la ADRES para ayudar a cubrir la insuficiencia en la tarifa.

Dentro de las sugerencias se contempla también, acelerar la implementación de la Ley “Julián Esteban” que fortalece diversos aspectos de la seguridad vial, entre ellos, regular la comercialización de vehículos seguros, fortalecer las exigencias para obtener las licencias de conducción, promover la calidad de la infraestructura de la red vial.

En la lista de medidas se suma el fortalecer la gestión de las autoridades competentes para mitigar el fraude en los cobros a este seguro y reducir la evasión.

 

Modalidades de Fraude

Las compañías de seguros detectaron cobros irregulares al SOAT por cerca de $456.000 millones que se denunciaron ante las autoridades competentes. Las modalidades de fraude e irregularidades más frecuentes detectadas por las aseguradoras son, traslados irregulares de las víctimas de accidentes de tránsito.

Los pacientes deben ser llevados al centro médico con capacidad de atención más cercano al sitio del accidente. Se presentan recorridos superiores a una hora y con frecuencia inusual hacia las mismas IPS.

Atención médica por eventos diferentes a accidentes de tránsito. Es el caso de una persona que sufre un accidente casero y la IPS cobra los servicios de atención médica como víctima de accidente de tránsito.

 

 

Cobros duplicados a las aseguradoras. Cuando una IPS reclama los gastos médicos a dos aseguradoras distintas por la misma víctima de accidente de tránsito o, por ejemplo, cuando dos IPS reclaman a compañías distintas por la atención de un mismo paciente que se accidenta en municipios diferentes el mismo día.

Prestación de servicios médicos innecesarios, y excesos de protocolos no necesarios para aumentar el costo del siniestro, cualquier procedimiento médico que no se necesite es intrusivo contra el paciente, y pone en riesgo su salud.

Servicios no prestados por algunas IPS que son facturados a las aseguradoras como, procedimientos médicos, radiografías, exámenes de diagnóstico que no se realizaron, entre otros.

Diferencias injustificadas en los costos de las atenciones entre IPS por procedimientos similares. No menos preocupante es el cobro de medicamentos y dispositivos para tratamiento de fracturas a precios superiores a los del promedio del mercado.

Para finalizar se reporta la utilización de pólizas prestadas, falsas o adulteradas para la reclamación de una indemnización.

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