Mientras el país y el mundo se debaten en una crisis motivada por la pandemia del Covid-19, el campo colombiano sigue produciendo y alimentando a toda la población. Pese a un mayor precio de los insumos, la labor del sector rural se cumple cabalmente manteniendo la productividad del país y, a su vez, protegiendo la salud de los productores y consumidores para evitar mayores perjuicios.
En respuesta, la industria procesadora, representada por Asoleche, lanzó un feroz ataque para debilitar más la estructura productiva del sector rural, con presiones indebidas que rayan en la ilegalidad sobre el eslabón más débil de la cadena, planteando una crisis artificial. No hay sobreproducción ni hay reducción del consumo, tal y como lo demuestran las cifras presentadas en mayo de 2020 por el mismo Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, y generadas por la Unidad de Seguimiento de precios, USP.
Intempestivamente, Alpina, la empresa privada más representativa de la industria en Colombia, encabeza una inexplicable reacción en cadena, con el anuncio, primero, de la reducción del precio por litro pagado a los productores y, luego, con la reducción de un 10% en la compra total de leche al productor, poniendo como excusa la pandemia para conseguir la consolidación de sus intereses económicos y generando una enlechada totalmente artificial.
Esta determinación, puntualizo el gremio, se torna inexplicable cuando durante todos los meses anteriores las distintas procesadoras les pedían más leche a los productores y les ofrecían un mejor precio por litro para que cambiaran a su favor de comprador.
Es evidente, expresaron las directivas de Analac, que la jugada de la industria no obedece a la realidad del sector y pone en riesgo la estabilidad laboral en el campo. Se trata de una jugada que pone en jaque a los productores de leche, en donde no sólo hay un daño económico, sino, también, un impredecible y profundo efecto social.
Según Analac, la industria ha impulsado sucesivas determinaciones del Gobierno, que sólo buscan su beneficio. Dice el gremio que los transformadores lograron la aprobación de la resolución 083 para comprar leche a menor costo en las denominadas zonas más afectadas por el conflicto armado, Zomac. Asimismo, explicó, al comienzo de la pandemia consiguieron que se expidiera la resolución 072 que está vigente y que congeló los precios, permitiéndole a la industria pagar la leche sin tener en cuenta los resultados de calidad establecidos en la resolución 017.
Desde su perspectiva, Analac estimó que la industria, además, se ha beneficiado de los aportes parafiscales de los productores a través de las subastas de leche en la Bolsa Mercantil de Colombia, compensadas desde el Fondo de Estabilización de Precios, FEP.
“La resolución 017 la hemos defendido convencidos de que es un salvavidas para evitar la voracidad de los compradores, siempre empeñados en obtener únicamente mejores utilidades a cualquier costo. Esta resolución, por primera vez, compensó este año el deterioro del precio del litro de leche causado por la permanente devaluación del peso, no en el porcentaje que la industria pretende argumentar”, expuso el gremio en un comunicado.
Analac subrayó que el incremento promedio anual del precio pagado al productor desde 2008 subió sólo el 3,4% y el incremento del precio al público fue del 3.9% anual, generándose, año tras año, una disminución del poder adquisitivo de los productores.
Es claro, dice Analac, que no hay enlechada por sobre producción, dado que el contingente de importaciones para el actual 2020, previsto en los TLC, fue consumido en tan sólo los dos primeros meses del año. Manifestó que las cifras reportadas por la USP lo demuestran, resaltando que el consumo de leche ha crecido permanentemente, incluso durante el confinamiento por la pandemia.
Los productores dejaron claro que no han escatimado esfuerzos para mejorar continuamente y asegurar la calidad de la leche, cumpliendo los parámetros establecidos por las normas vigentes y por la misma industria. Indicó que igualmente, e incluso en medio de la pandemia, el gremio ha cumplido a cabalidad con la vacunación contra la aftosa y la brucelosis, tal y como lo puede certificar el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.
“Los productores de leche pequeños, medianos y grandes solicitamos la decidida intervención del Gobierno Nacional para evitar un grave daño al sector rural colombiano y a la economía del país. La intervención gubernamental es vital para controlar los desafueros de la industria, al igual que a las importaciones, así como la vigilancia de las autoridades sanitarias”, concluyó el comunicado firmado por el Gerente General de Analac, Javier Ardila Mateus.
