El proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible presentado por el Gobierno Nacional generó mucha intranquilidad en el sector lácteo por las repercusiones económicas que esta podría traerle a los ganaderos, procesadores y al país como un todo porque se presumen precios altos e impactos en la economía familiar.
Con la propuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la leche y los quesos frescos, que se encuentran en la categoría de exentos, pasarían al régimen de excluidos, lo que ocasionaría un encarecimiento en el producto final debido a que no sería posible descontar o solicitar devolución del IVA pagado por los insumos (por ejemplo: empaque, concentrado, sal, maquinaria, herramientas, etc) que se utilizan para producir estos alimentos y elevarían los costos de producción.
Estos mayores costos se trasladarían directamente al precio que pagaría el consumidor, es decir, todos los colombianos.
De esta manera, con el cambio de exento a excluido, el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible implicaría un incremento del 5% al 7% en el precio final de la leche y del queso.
Por lo tanto, la reforma tributaria fomentaría la competencia desleal al estimular el desvío del consumo hacia el mercado informal, que no paga gravámenes, ya que la industria cumple con todos los requisitos normativos y de ley, mientras el canal informal evade estas obligaciones, acrecentando uno de los principales desafíos del sector lácteo.
La medida también pondrá en desventaja el producto nacional frente al importado, esto implicaría una afectación en la seguridad alimentaria de los ciudadanos al limitar aún más el gasto de los hogares colombianos, con la pérdida de su poder adquisitivo para la compra de productos de primera necesidad como la leche y el queso. Hoy Colombia consume 20 L menos que el mínimo recomendado por la FAO de al menos 170 L por persona y con esta iniciativa, el consumo de lácteos por habitante se reduciría en cerca del 6%.
A su vez, este cambio de régimen disminuye las posibilidades que tienen los estratos socioeconómicos medio y bajo, de acceder a la adquisición de las proteínas básicas para su alimentación, afectando especialmente a los niños, pues su ingreso económico no les va a permitir pagar el mayor costo de estos productos.
Asimismo, las ventas de las empresas disminuirían considerablemente, afectando la compra de leche a los ganaderos y generando grandes pérdidas en materia socioeconómica para toda la cadena.
Con base en estas consideraciones, desde el sector lácteo hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que revise la propuesta. Actualmente, este renglón económico ya se encuentra aportando a la nación con productos como los quesos madurados y yogures, los cuales están gravados con un IVA del 19%.
Entendemos la situación crítica que afronta el país y por esta razón, consideramos que esta no es la vía al desarrollo económico pues afectaría a las empresas procesadoras lácteas, a los comercializadores y a más de 321.000 ganaderos, quienes son de vital importancia para continuar fortaleciendo la economía y el tejido social del país.
Argumentos de los gremios
Para el Presidente Ejecutivo de Asoleche, Juan Sebastián Bargans, en momentos de reactivación económica es fundamental incentivar el consumo, y estas iniciativas producirían todo lo contrario, “nos alejaría de los 170 L de leche por habitante que debería consumir cada colombiano al año, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)”.
"La propuesta vulnera tanto a los productores de leche como a los consumidores. Todos hemos sido afectados por la pandemia, pero pensar en una reforma fiscal cuando hay crisis y desempleo tampoco es la salida. La reactivación económica de Colombia está en el campo y los productores de leche somos motor de la estabilidad y progreso rural, si algo nos afecta repercute en el campo colombiano en general”. Afirmó el gerente general de ANALAC, Javier Ardila.
Por su parte, la Federación Colombiana de Cooperativas de Productores de leche, Fedecooleche, encuentra inconveniente esta ley de solidaridad sostenible, por cuanto La mayor amenaza que tienen hoy los productores de leche del país son las importaciones de leche que ingresan amparadas por los tratados de libre comercio vigentes. Eliminar la categoría de Exento va a poner aún más en desventaja a la leche colombiana frente a la leche importada porque los productores nacionales tendrán que asumir el IVA de los insumos agropecuarios, convirtiéndose este en un mayor costo de producción, mientas la leche importada estará libre de pagar este tributo.
El Director Ejecutivo de la Cámara de Alimentos de la ANDI, Camilo Montes, manifestó que “Aunque la propuesta de eliminar los exentos y volverlos excluidos, pareciera no tener efectos: el impacto es profundo en cuatro frentes: va en contravía de las mejores prácticas tributarias, aumenta el precio de los alimentos (afectando a la población más vulnerable), promueve la informalidad, y favorece las importaciones frente a la producción nacional”
El sector lácteo en Colombia, es un referente de la agroindustria nacional que genera empleo a más de 736.000 personas que trabajan directa e indirectamente en el sector primario e industrial, donde su incesante labor para garantizar productos lácteos de calidad que alimentan los hogares colombianos ha contribuido a que el sector, sea uno de los grandes aportantes al PIB, consolidándose como motor de desarrollo y crecimiento social y económico del país.
La pandemia ocasionó una crisis económica, reflejada en la pérdida de empleos, cierre de negocios y una constante preocupación por las nuevas medidas de aislamiento obligatorio que se han tomado en distintas ciudades del país. El proyecto de ley que busca canalizar nuevos impuestos, agravaría la situación, haciendo de Colombia un país imposible para agricultores, transformadores y consumidores.