Sábado, 24 Abril 2021 01:46

Tributaria de Carrasquilla arrasaría con el campo: Mejía López

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El impactar el agro es una idea de vieja data cuando el ex Ministro Roberto Junguito Bonnet, propuso castigar la ruralidad por sus altos índices de informalidad.

El proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno a instancias del Congreso de la República generó todo tipo de inquietudes, críticas y descontentos, a tal punto que muchos vislumbran un país unido en torno al rechazo que produce el paquete impositivo abocado al legislativo. Posiblemente, se dice en corrillos, la polarización estaría dándose por terminada, gracias al controvertido engendro.

Para los más experimentados, un sector que está llamado a pagar los platos rotos de la discutida y resistida propuesta será el agropecuario, que alcanzó un desarrollo en algunos sectores, sentando las bases del impulso para otros subsectores. Ya hay indisposición y los que están al frente de las labores del campo coinciden en afirmar que si pasa la reforma, habrá fiesta de importadores y unas exequias para el grueso de la ruralidad.

En diálogo con Diariolaeconomia.com, el empresario y ex presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía López, aseguró que la reforma tributaria en trámite legislativo, sencilla y llanamente destruye el campo porque es una iniciativa citadita, carente de conocimiento y sin asidero que arrasará la economía rural de lograr un espaldarazo en Senado y Cámara de Representantes.

Según el experto, la reforma que empezó con eufemismos, porque nada tiene de solidaria más sí de impositiva, es políticamente absurda e inoportuna, toda vez que apenas el país está intentando salir de la crisis económica.

Al Gobierno, anotó, se le ocurrió lo menos apropiado porque quiso disfrazar la agresividad de una reforma tributaria sin decir verdades y sin rodeos. Agregó que el ejecutivo desestimó una población, hoy muy pensante e inquieta con las medidas estatales, que justo por ello no quiere seguir engañado.

 

Rafael Mejía López

 

Al seguir con su análisis, Mejía López sostuvo que el proyecto fue entregado de manera absolutista, lo cual fue políticamente erróneo, pues si bien el Gobierno “medio habló” con algunos sectores, a ninguno le hizo caso, pasó por alto inclusive las recomendaciones de la Comisión de Expertos y obvió las inquietudes gremiales como también las laborales, es decir no le importó absolutamente nadie.

Criticó el hecho alarmante de reportar una enorme carga tributaria en todos los sectores económicos y sociales, pero un beneplácito mal sano con la banca a la que según algunos en los sitios de café, no les llega cobro impositivo sino bono.

Dijo que el país está cansado y saturado de reformas tributarias que nada, absolutamente nada le representan a la nación, la misma que registra un retraso vergonzante en infraestructura, desconexión con el campo, deuda con vías terciarias, casi todas las mismas que conoció Alexander Humboldt. Las famosas leyes para modificar el estatuto tributario, manifestó Mejía, tan solo alejaron inversión, le restaron competitividad al sector real de la economía, castigaron el gasto de los hogares, dañaron la calidad de vida, sacaron empresas de Colombia y agudizaron la pobreza.

Los industriales y los más connotados tributaristas han visto que se pueden obtener recursos por diferentes medios sin dejar la carga de manera exclusiva en las empresas, aclarando que el Estado en muy baja proporción contribuye. Una propuesta coherente, expuso el líder de opinión, es suspender el impuesto de Industria y Comercio, ICA, acción que le representa al Gobierno 5,2 billones de pesos, otros 6.2 billones entrarían a la caja posponiendo la reducción de la tarifa general del Impuesto sobre la renta a personas jurídicas, dejando claro que éste será llevado a 30 por ciento desde 2022.

La otra propuesta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, que mereció el apoyo del muy destacado empresario e inversionista Rafael Mejía López, tiene que ver con establecer por dos años el impuesto al patrimonio para personas naturales, una decisión que significaría un recaudo de un billón de pesos. Paralelo a esto, los industriales propusieron la venta de activos de la Nación para sumar 15 billones adicionales que le darían soporte a planes como el Programa de Apoyo al Empleo Formal, PAEF, e Ingreso Solidario.

Otros planteamientos se han escuchado, expresó Mejía, uno por ejemplo, los dineros que pagaría la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, por la adquisición de Interconexión Eléctrica S.A., ISA, operación que al pasar de dólares a pesos serían, mal contados 12 billones de pesos, otra plata importante, y a lo anterior, comentó, se unirían los ingresos petroleros que posiblemente estarán por encima del estimativo, es decir, otros cinco billones de pesos con un precio promedio de 60 dólares por barril de crudo.

Otros dineros entrarían atacando la evasión que representa en promedio el 30 por ciento del total del recaudo de impuestos y la elusión, tarea que de hacerse con responsabilidad y compromiso, pondría en el bolsillo estatal entre cuatro y cinco billones de pesos. Sumando opciones, el país puede tener sin mayores problemas 23 o 24 billones de pesos, dándole oxígeno al estado, acabando medidas permanentes que afectan las rentas empresariales y familiares, eso sí, llevando una solución audaz para acabar con la pobreza, una meta que debería empezar por el campo y la transformación, valor agregado que salvaría empleo y pondría a Colombia en el sitio en el que debe estar, produciendo alimentos y reemplazando importaciones.

 

El Gobierno debe ahorrar y demostrar disciplina fiscal

 

En opinión del expresidente del Consejo Gremial Nacional, Rafael Mejía, el Gobierno debe ahorrar y dar ejemplo porque en ese sentido no hay de momento nada sustancial porque el país sigue con los mismos ministerios, y lo más grave fueron creados otros, siguieron las consejerías y las agencias que prácticamente están haciendo el trabajo de los Ministros.

 

“El decreto de ahorro del Estado muestra eso que coloquialmente se conoce como chichiguas, por ejemplo, cambiar gasolina extra por corriente, no viajar en primera clase sino en turismo, dejar los restaurantes de lujo e ir a McDonalds y otras medidas lánguidas. Algunos economistas han contemplado la conveniencia de echar mano del Banco de la República, lugar donde pueden salir otros cinco o seis billones de pesos, es decir, la plata para adoptar medidas de manera transitoria está a la mano, habría flujo para dos años, si son tenidas en cuenta todas las ideas”, aseveró Mejía.

 

Esa plata existente se puede canalizar, suma los 23 o 24 billones de pesos que representa una tributaria recesiva, eso, plasmó el empresario, muestra que hay soluciones para lo extraordinario y para lo que debe ser sostenible. Puntualizó que en el común de las personas está la expresión, “yo ayudo, pero el Gobierno NO se está ayudando”, ya que no acude al ahorro ni a la austeridad, y prevalece una burocracia heredada. Es urgente acabar con cargos innecesarios, inoperantes y demasiado costosos.

 

Ruralidad: incertidumbre, olvido y maltrato

El campo, uno de los sectores más complejos sigue en su laberinto, basta preguntarse, ¿cuánta gente hay en el sector rural y qué número de personas vive en el sector rural?, ¿quién dio la cara y le puso el pecho a la brisa en el año 2020 en medio de la pandemia?

A criterio de Mejía López, es increíble que se hayan atrevido a presentar una reforma tributaria para enterrar y acabar de tajo con el campo. Manifestó que sería bueno saber cuál funcionario hizo un análisis histórico sobre el índice de precios al productor que es finalmente la ganancia del agricultor comparado con el índice de precios al consumidor.

 

“Generalmente cuando el precio de los alimentos sube en los hogares, le echan la culpa al productor primario sin tener en cuenta que en la mayoría de las veces el agricultor es un tomador de precios más no quien forma el valor ante el consumidor porque cuando un producto llega a la mesa de las familias ya ha pasado por las manos de los intermediarios, por la industria y por el eslabón que está antes del consumidor. Caso opuesto quien siembra es medido por el índice de precios al productor, indicador que de subir puede ser sinónimo de ganancia, pero si disminuye muestra una caída en la rentabilidad, pérdida que puede ser tan exagerada donde el labriego sale del sistema productivo para dedicarse a otra actividad, eso que infortunadamente está pasando en la actualidad y seguirá como una tendencia”, reveló el experto.

 

 

Mejía López dejó claro que la solución no es el crédito como lo plantea el Gobierno siempre, pues se trata de tapar huecos profundos o sin fondo que agrava más la situación en el evento de un préstamo para inversión. Lo ideal sería separar ese principio crediticio y propiciar fomento con dinero barato sin ahorcar a los empresarios de la ruralidad. Hoy, afirmó, ningún ministerio le mete recursos al sector agropecuario y al retomar el tema de reforma tributaria se nota que trae implícito un castigo monumental, determinación desatinada porque llega en un momento en el cual el mundo demanda con urgencia alimentos. Esa misión del empresario agrícola necesita estímulos tributarios y no sanciones o escarmientos de corte impositivo.

En su razonamiento Mejía dijo que cuando proponen que todos los exentos, es decir carne, pollo, pescado, huevos, queso, leche, arroz y otros pasen a excluidos, por fuerza mayor van, la medida impacta la rentabilidad del productor que es, como bien se dijo, un tomador de precio. El efecto es eléctrico porque al consumidor se le disparará el costo de la canasta familiar, como quien dice hay en medio de dos supuestos beneficiados una verdadera ganadora y es la cadena productiva que querrá conservar sus márgenes.

Sobre productos exentos y excluidos, puntualizó el conocedor, es bueno recordar que en el año 2002 el ya desaparecido economista y ministro de Hacienda, Roberto Junguito Bonnet, cuando hizo la reforma tributaria se inclinaba más por los castigos fiscales y no por los estímulos tributarios. Luego de una larga y compleja negociación todo quedó superado cuando llegó a la mesa la palabra formal y formalidad porque había sectores con gran potencial con tecnificación como carne de cerdo, avicultura, leche así como derivados lácteos.

Era un momento incipiente en porcicultura y avicultura, evocó el analista, se hablaba de sectores marginales con enorme necesidad de innovarse y tecnificarse como pasaba con la leche, alimento que estaba quedado en modernización y uso del recurso tecnológico. Allí se negoció el producto excluido y fue importante porque el IVA que era del 16 por ciento bajó para insumos y nutrición con lo cual un productor que vendía en promedio 100 millones de pesos, utilizaba 75 millones en concentrados y ahí el siete por ciento de ese monto ya representaba unos recursos muy importantes para su rentabilidad.

El otrora presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía López, quien convenció al rígido e inamovible Ministro Junguito de cambiar ese IVA por una tarifa menor en los concentrados, favoreciendo áreas como la porcicultura, avicultura y lechería, logró que los empresarios reclamaran su devolución, única y exclusivamente bajo la figura de formalización, es decir con su debida contabilidad y siendo todos unos sujetos tributarios, un diálogo afortunado que terminó con la figura de exentos y excluidos.

Luego de ver la funcionalidad del mecanismo, el campo empezó a mostrar una agricultura más profesional y responsable y por ello se pasó de la cría de cerdos con lavazas a industrias estructuradas como es la porcicultura actualmente, lo mismo aconteció con la avicultura en donde cerca del 75 o 76 por ciento de los costos de producción como pasa en la cría de cerdos, están representados en concentrados, es decir alimentación y nutrición. En producción de leche ese rubro pesa entre el 34 y el 35 por ciento. Por lo anterior, era muy significativo estar formalizado, pero igual no estarlo.

 

“Hoy tenemos sectores productivos especializados, formalizados y profesionalizados gracias a los estímulos tributarios, pero ahora con la absurda reforma, quieren acabar los incentivos. Estoy en línea con el presidente de la SAC Jorge Enrique Bedoya, ese respaldo ha ayudado y ayuda a la formalización, pero igual a sostener la rentabilidad, un sistema diferente, pero igual aterrizado porque Colombia no cuenta con carreteras, ferrocarriles, ríos navegables o infraestructura aérea para el sector rural, menos hay almacenamiento o una aceptable cadena de frío. Para rematar hay carreteras difíciles, peajes en cantidad, inseguridad, sobrecostos y unos puertos congestionados, entre tantos palos en la rueda a la competitividad”, explicó Rafael Mejía.

 

Pasar sectores productivos y eficientes de exentos a excluidos, confirmó el inversionista, favorece expresamente al importador de alimentos que ningún beneficio le ha entregado a Colombia porque le acabó la economía agraria. El país, narró el analista, ya está comiendo una tercera parte de alimentos importados, bien sea de manera directa como el pan, la pasta porque no hay harina de trigo, cereal que los campesinos dejaron de sembrar, o indirecta, carne de cerdo, huevos, leche y otros.

Aparte de los concentrados, hay problemas con el maíz por cuanto el 78 por ciento de ese insumo es importado de los Estados Unidos, toda una inequidad porque el producto importado espetó el agro, mientras que el país compra más de 13 millones de toneladas de alimentos, tan solo exporta alrededor de 3.2 millones de toneladas, una pena porque en tanto repuntan las internaciones, el producto nacional ve dificultades para ir a otras latitudes.

 

 

La economía verde del Presidente Duque quedó en veremos, dijo, porque no solo laceran la productividad agropecuaria sino que proponen gravar la maquinaria agrícola del 5 al 19 por ciento, justo cuando se apela a la mayor competitividad. Igual despropósito está el poner a consideración del Congreso aplicar impuestos a los plaguicidas.

 

“La reforma tributaria tiene un sesgo contra el sector agropecuario de lo más marcado. Aquí no estoy hablando si el sector financiero pagó o no suficientes impuestos, lo que en definitiva sé, es que los márgenes en Colombia son los más grandes que hay comparados con otros países del mundo. Vemos, repito, que la propuesta es inoportuna y obvió una planificación que debió hacerse en marzo del año pasado. El ministro de Hacienda y su equipo económico estaba en la obligación de presentar una hoja de ruta, pero sin que ello afectara una economía que está tratando de dejar atrás la peor crisis económica en muchas décadas”, certificó el versado en temas agrícolas.

 

El sector privado, como nunca se encuentra amenazado, apuntó, en medio de oídos sordos ante la recomendación de eliminar exenciones, de hacer uso de recursos a la mano o de acabar con unos subsidios aberrantes que tan solo mancillan la dignidad de las personas porque las pone en condición de pordioseros, invitándolas a subsistir con migajas y patrocinando con ello el abandono del campo que se quedó sin mano de obra.

El proyecto, subrayó, es mentecato, agrede a la nación y atomiza el agro, es una reforma que refleja desprecio, desagradecimiento y un sentimiento impío por la ruralidad, sector al que se le negó una política agrícola de Estado y que ha soportado la falta de cohesión entre los ministerios. El asunto es delicado porque al campo se le inyecta poco y se le exige mucho. A criterio de Rafael Mejía López, la ruralidad llevó del bulto, fue entregada en bandeja de plata a los TLC y lo prometido en la ya olvidada Agenda Interna, escrita con pluma de tinta invisible, como era de esperarse, pasó de agache.

 

Colombia no debe seguir con la política de la mendicidad

 

El amable zootecnista con posgrado en economía agrícola de la Universidad del Estado de Carolina del Norte, ubicada en la ciudad de Raleigh, deploró la política asistencialista al considerarla nociva e indigna ya que resulta mejor tener gente sembrando en los campos y devengando un salario con el sudor de su frente, que tenerla arrumada en las ciudades, a la espera de una caridad que no sale del Gobierno sino de los colombianos que tributan.

A propósito del tema, indicó que lo más apropiado es enseñar a pescar, expresamente a fabricar la caña para hacer esta labor lo cual implica adiestrar sobre instalar anzuelos y elegir carnadas, todo para que la gente gane un ingreso de manera sostenible en el tiempo sin estar al tanto de la caridad.

 

“Lo hecho en el año anterior con la Ley de Ingreso Solidario no puede sumarse a la fila de equivocaciones, en vista que se presentó consecuentemente como algo transitorio a manera de paliativo, pero quieren volver el tema permanente, como pasó con Familias en Acción y otro tipo de auxilios onerosos y poco viables. Es crear una cultura de cero oportunidades. Nadie niega que el 2020 fue muy duro porque cayó el Producto Interno Bruto, PIB, en 6.8 por ciento, el desempleo pasó del 10.5 al 15.9 por ciento, tasa en la que se mantiene, la pobreza subió y alcanzó el 42 por ciento, luego entra una eventual Ley de Solidaridad, es decir, de subsidios, como si fuese la panacea, omitiendo que debiera ser una reforma tributaria para generar empleo permanente a mediano y largo plazo, algo urgente porque los puestos de trabajo llevan al ingreso y éste a la demanda de bienes y servicios, una fórmula elemental de reactivar la economía, quizás algo sensato”, declaró el señor Mejía López.

 

Recalcó que el camino para el crecimiento y la riqueza es avivar el empleo y apartar los subsidios porque no redunda en soluciones de mediano ni de largo plazo. Expuso que 160.000 pesos, el 15 o el 16 por ciento del salario mínimo no solventa nada, diferente a ofrecerles un empleo que les aumenta los recursos y los blinda en todo lo correspondiente a seguridad social. Hay muchos ejemplos como el fin de la segunda guerra mundial en donde la salida no fueron los subsidios sino la infraestructura y la productividad que finalmente garantizaron nuevas plazas laborales de manera permanente.

Esta es la posición de toda una autoridad en el tema agrario, lamentando una tributaria que se va a parrandear en lo único positivo que tiene el agro, unos dineros que son reinvertidos en competitividad y productividad. De todas maneras están en la mira del proyecto de reforma tributaria, productores y campesinos, esos colombianos que no tienen vías, bienes públicos, a los que se les negó desarrollo, agua, energía, salud y educación. Hoy los de ruana, los que trabajan tiene encima el inri aperturista, pero en medio de todo, de manera abnegada siguen cosechando porque algo los tiene que premiar, ellos los de ruana, jamás dejaron a Colombia sola, estuvieron cuando se les necesitó, hoy quieren borrarlos del mapa, pero bueno, esa es Colombia, velas para lo foráneo y látigo para el que siembra, sin derecho a pan o circo.

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