Una de las metas trascendentales del presidente de la República Gustavo Petro, tiene que ver con la urgente reactivación del campo, una política que garantice producción de alimentos, nutrición para los nacionales, pero sin dejar atrás la necesaria rentabilidad en el negocio rural y el beneficio para los hogares que podrán adquirir comida a menor costo ante la eliminación de los intermediarios y todo un sistema espurio de comercialización.

Las cosas van a paso lento, según el ministerio de Agricultura, por todo el cuidado que demanda el proceso de recuperación del sector primario, pero algunos productores y críticos han dicho que hay un error craso que le está costando credibilidad al ejecutivo por cuanto han pasado algunos meses del mandato y aún no se hace visible la actividad agropecuaria familiar y a gran escala, sencillamente porque la Casa de Nariño se concentró obsesivamente en el tema de tierras y no en productividad. 

La entrega de tierras sigue siendo una prioridad y puede de alguna manera entenderse el afán por dar tierra productiva y legalizar esa tenencia, el meollo del asunto es que el proceso es demorado, complejo, oneroso y apenas la cuota inicial para la empresa campesina, ya que se hace consecuente facilitar la vida en el campo, llevar sustento mientras despegan esos planes y poner semillas, maquinaria y toda una hoja de ruta que evite incumplimientos y la venta de predios, como ha pasado con las últimas reformas agrarias.

En síntesis, la sola entrega de tierras no garantiza ingreso ni calidad de vida, darla solo por compromiso puede redundar en problemas, no solo contractuales sino económicos porque no puede estar en la ruralidad quien no sabe gerenciar cultivos y zonas de explotación agropecuaria, los labriegos deben capacitarse para la actividad agrícola, determinando qué pueden cultivar con éxito, lo que los puede condenar.

Hacer agricultura en Colombia no ha sido fácil, los campesinos han vivido con tragedias durante siglos expresadas en violencia, clima, deudas, carencia de competitividad, falta de políticas de fomento, expropiación, desplazamiento forzado, amenazas y olvido estatal. Retomar un lío de 200 años no será tarea fácil, pero demanda celeridad, acción y resultados.

El exsuperintendente de Notariado y Registro Jairo Alonso Mesa Guerra, le dijo a Diariolaeconomia.com, que lamentablemente no hay un horizonte claro en lo referente a la reactivación agropecuaria porque infortunadamente el Gobierno está más concentrado en adjudicación de tierras y propiedad que en productividad. Aseveró que los oficios del ejecutivo están más focalizados en cuantificar las hectáreas que serán transferidas a los campesinos y no las que se están recuperando en siembras con el debido aporte a la seguridad alimentaria.

Agregó que en el país sigue viéndose un problema de inflación muy alto con el que se convive y no una redención productiva, pues están disminuyendo el número de cultivos que sin duda alguna y a plenitud harían efectiva la caída de los elevados precios.

Por eso, indició el ex Superintendente, se reporta de manera desproporcionada la carestía en los alimentos como papa, verduras, frutales, lácteos y otros que han ido estancándose o saliendo porque no hay condiciones de siembra y obtención por falta de fertilizantes, una escalada exagerada en los costos de producción y la casi inexistente mano de obra, eso sin hablar de falencias en infraestructura, intermediarios y sobrecostos por insumos, impuestos y servicios públicos cuando los hay.

“En Colombia desde el Gobierno se habla de todo menos de cómo disminuir los costos de los productos básicos de la canasta familiar”, declaró el señor Mesa Guerra quien es consciente del agudo inconveniente de la informalidad en la propiedad.

Entrando en temas de productividad, el analista indicó que hoy no existe excusa alguna para no sembrar o elevar quejas por ese ítem geopolítico habida cuenta que el conflicto no es nuevo, ya lleva más de un año y podría durar mucho más, luego el agricultor no puede quedarse con la opción rusa, ucraniana o cualquiera que a la fecha esté en dificultades.

El tema agropecuario, insistió, no puede estar supeditado a que termine la guerra en Europa Oriental, pues hay que buscar soluciones más cercanas tal y como lo esboza la iniciativa contemplada en las cadenas regionales de valor, una salida rápida para ser competitivos, contar con materias primas, retomar las que existieron y se dejaron de producir, así como unas apuestas locales que conlleven a atacar la carestía.

Para no salir de la región, aseveró el entendido, Venezuela cuenta con agroquímicos en cantidades importantes que pueden volver a explotar y Colombia una minería que fácilmente solventa el impase, pero no hay muestras que se esté resolviendo a fondo el problema de los agroinsumos, el discurso y la justificación lamentablemente se quedó en Ucrania, no hay, reprochó Mesa Guerra, iniciativas o propuestas nuevas que arreglen el problema muy a pesar de lo que ocurre al otro lado del mundo.

Anotó que se hace necesario escuchar una voz tranquilizadora desde el Gobierno para saber que se va a hacer con los agroinsumos y la manera como pueden morigerarse los precios, pero angustia que solamente se habla de repartición de tierras, algo muy complejo porque en la distribución de predios no está la verdadera productividad que solicita Colombia.

En su opinión, el país se está olvidando de la seguridad jurídica para poder invertir en el campo porque más allá de la propiedad está de por medio el aval contractual para arrancar con cultivos grandes de maíz, algodón, soya, sorgo el que sea si no hay ese tipo de blindaje, es decir que hay dos componentes importantes que agilizan la reactivación agraria, los agroinsumos para sembrar y la seguridad jurídica.

Recalcó que la parte legal es sumamente significativa porque de nada sirve apostar por siembras a gran escala si el Estado no garantiza la propiedad en el largo plazo teniendo en cuenta que bajo esa incertidumbre nadie se lanza con proyectos agrícolas o pecuarios de gran tamaño. A manera de ejemplo expuso que, si bien el cultivo de maíz es de ciclo corto, la adecuación para esta siembra en los Llanos Orientales requiere como mínimo veinte años de producción para que los suelos sigan mejorando, algo parecido con los empresarios de La Fazenda dedicados a cultivar, procesar y comercializar alimentos de considerable calidad. De ellos puede asegurarse que tras un largo periodo, están llegando a los niveles óptimos de producción de maíz, sorgo y los cereales requeridos para la alimentación animal.

Comentó que es claro que la seguridad jurídica atrae inversionistas que son los que con su musculatura financiera impulsan la reactivación del campo.

Sobre la política de tierras subrayó que de nada sirve otorgar predios en un país en el que no hay vías terciarias y se mantiene la deuda con los bienes públicos. Añadió que las regiones a desarrollar que son las mismas zonas ganaderas en donde las explotaciones, según el contertulio, no son eficientes, serian un problema si se les adjudica a los labriegos que no tendrán infraestructura productiva, tecnificación o proyectos productivos promisorios.

“Yo no sé cómo jurídicamente la Sociedad de Activos Especiales, SAE, hace para entregar tierras a los campesinos si no hay a la vista proyectos productivos y eso lleva a considerar que si se quiere seguir dispensando o concediendo predios, lo más obvio es distribuir infraestructura. Yo quiero ver zonas verdaderamente productivas porque las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, una especie de ordenamiento territorial creado por Ley en 1994 que pretende fomentar la economía campesina, prevenir la concentración de terrenos, regular su ocupación y el aprovechamiento de los recursos, son regiones totalmente apartadas, sin vías, carentes de bienes públicos y lejanas del verdadero desarrollo rural”, puntualizó el experto en notariado y registro.

Expuso que un gobierno totalmente coherente con una ZRC debería crear modelos productivos y eficientes, acompañados de toda una infraestructura, tal y como lo dice Ley, todo un plan para el desarrollo, algo que no estamos viendo.

Tierra para profesionales del campo, no solamente para labriegos

Al platicar sobre las cualidades y capacidades que debe tener un campesino para acceder a tierra productiva, el invitado de este especial manifestó que es concluyente exigir conocimientos sobre siembras, manejo de ganado, avicultura o especies menores. Sostuvo que no todos los campesinos son productores e insistió en que debe ampliarse la educación y formación agrícola para darle un norte al relevo generacional en la ruralidad para que lleguen personas atiborradas de conocimiento y con un concepto empresarial y comercial del manejo de la tierra.

Así las cosas, aseveró Jairo Alonso Mesa Guerra, es muy importante que Colombia empiece a reflexionar que a los profesionales del campo también hay que darles posesión y hacerlos participes del dividendo expresado en tierras porque no puede pasarse de agache que un campesino o sus hijos que se proyectaron e hicieron una carrera afín con las labores rurales, verbigracia zootecnia, agronomía, veterinaria, economía y otras, debe ser sujetos de reforma agraria porque son ellos quienes gracias a su preparación están llamados a liderar y optimizar la productividad en los campos, sin ir tan lejos deberían ser legítimos dueños de esas fanegadas ociosas.

Con unos profesionales vinculados como actores esenciales de una reforma agraria, se abren paso de mejor manera los proyectos asociativos para quienes se desempeñan, apalancados en el estudio y el conocimiento, en diferentes disciplinas porque no solamente un veterinario o un agrónomo aportan, igual lo hacen economistas y abogados que dan luces en el frente financiero y legal.

Según el exsuperintendente de Notariado y Registro, el campo es un tema que por razones obvias debe desarrollarse con conocimientos interdisciplinarios. Al hacer una exploración en el tiempo, la caída reciente de la producción agropecuaria está asociada con la Apertura Económica, sin embargo, y a criterio de Mesa Guerra el gran problema rural viene desde la colonia porque los españoles llegaron a dividir y a modificar la estructura del campo, proceso que utilizaron para repartir haciendas, a maltratar las comunidades indígenas y después a las familias afrodescendientes que se establecieron.

El lío inclusive se avinagró con la independencia en 1819 porque como en todo conflicto, a Simón Bolívar le cobraron el servicio prestado y en ese momento se ordenó la repartición de tierras en todo el país, inclusive con graves secuelas ecológicas, un ejemplo familiar la laguna de Fúquene, alterada para crear feudos y otros lugares intervenidos para pagar deudas en los albores de la República. “Mejor dicho”, como batiendo la mano diría mi abuelita.

El campo, comentó el amable versado, jamás se tuvo como escenario de desarrollo económico o como parte de la política para el progreso sino como un contexto de lucha de clases, de diferencias políticas, inconvenientes territoriales, narcotráfico y otros apuros. De haber sido protagonista del aporte económico y social ya se tendría como mínimo el 20 por ciento de la Altillanura desarrollada, sitio en donde solo hay unos pocos proyectos en acción y eso por el empuje de unos inversionistas privados que soñaron con reforestación y con cultivar cereales en esa especial región de Colombia, pero el tema quedó en eso, un anhelo, porque no hubo política de Estado.

Con los terrenos se apagaron incendios políticos, económicos y sociales, los cultivos y proyectos fueron la consecuencia de iniciativas individuales, nada el igual de una ambiciosa política productiva.

El café, explicó Jairo Alonso Mesa, logró crecer porque era un buen negocio en el contexto internacional, algo similar a las siembras de aguacate que prosperan por los precios en el mercado global y la calidad del producto colombiano.

“En este momento está disparada la exportación de gulupa, con seguridad habrá crecimiento, pero eso no quiere decir que haya que aplaudir una política estatal, sencillamente los ciclos y las modas siguen ayudándonos, todo claro está por iniciativa privada, en eso hay que ser reiterativo porque pasa igual con las flores, el banano y otras frutas”, precisó Mesa Guerra.

Reconoció que en Colombia ha habido varios programas incentivando el agro, pero acentuó que la política agraria como tal nunca ha sido consistente.

Arriendo de predios, una alternativa importante

Sobre opciones de cultivo, Jairo Alonso Mesa manifestó que en Colombia hay un mercado de arriendos muy importante como se ve usualmente en zonas arroceras, sitios en donde los agricultores acuerdan un canon con los propietarios, dicho de otra manera, actividad de los rentistas de capital que aportan tierra a quienes saben de la producción de alimentos, un mecanismo apropiado porque a los productores les resulta más económico no ser dueños de los predios, tan solo compran maquinaria, arrienda suelos y siembra arroz.

Esa práctica es muy usual en las zonas arroceras en donde hay distritos de riego, pero el experto indicó que no solamente la propiedad garantiza la seguridad jurídica, ya que el Estado debería crear condiciones para generar por ejemplo un contrato de arriendo, por decir algo en una zona especial en Córdoba y el interesado quiere sembrar cereales, impulso que lo lleva a recoger unas 2.000 hectáreas, lo que se requiere para una combinada, la parte estatal debería brindar el aval para que los contratos de arriendo rubricados con campesinos y dueños de las fincas sean respetados por el ciclo del proyecto productivo, inclusive debería llevarse el contrato a escritura pública, registrarla, abocarla a terceros, lo que implica que si llega un embargo al dueño, este no puede afectar al labriego que paga su arriendo, igual debe pasar si hay extinción de dominio en donde el bien pasa al estado que no puede sacar al productor sino hasta que se cumpla el ciclo pactado.

Esa figura, razonó Mesa Guerra brindaría más confianza, atraería mayor inversión y haría más productivo el campo, un proceso que debe estar totalmente supervisado por el Estado colombiano, pues el ejecutivo querrá cerciorarse que sí se están sembrando los cereales en las zonas estipuladas, que el contrato por 20 años avanza bien en tecnificación y generación de empleo, grosso modo, una buena herramienta para dar seguridad jurídica, lo dicho a manera de ejemplo para el caso del arriendo es una parte de las posibilidades porque existen figuras como el derecho de grandes superficies, posesión de tierras y muchos más que tienen que ver con la seguridad jurídica en donde el país debe ser muy audaz con una Ley puntual para esos contextos, más no en materia de propiedad porque para cultivar se necesitan agricultores no dueños.