En Colombia se ha hablado siempre de reforma agraria y de una ecuánime repartición de la tierra, el problema es que muchos se pasaron por la galleta las iniciativas porque abandonaron los predios, los vendieron o simplemente transfirieron sus dominios a otras manos por la terrible condición de violencia que han tenido los territorios, un lugar en Suramérica tan opaco y pertinaz en amenazas, boleteo, asesinatos e injusticias que no tener es muy lamentable, pero ser dueño de algo, la más profunda tragedia, eso porque el propietario se vuelve blanco de los grupos delincuenciales y desde luego del Estado que no rebaja media con las recurrentes y pésimamente diseñadas reformas tributarias, un plan fiscal en donde el saqueo se hace oficial porque en el país confunden una herencia fuertemente trabajada y bien ganada con un baloto, pero también un campo productivo con uno de golf, que poca cabeza nos ha faltado en ese sentido y en muchos frentes.
La tierra, la pertenencia, la labranza y la ganadería fueron durante décadas y siglos el desvare de muchos por los hurtos y toda modalidad de crimen en la ruralidad, generó odios, distanciamientos y exclusión, pero igual hay que refutar la desidia de tantos gobiernos que permitieron el acopio malsano de tierras y el abandono de las actividades agropecuarias, sencillamente y llanamente por malgastar los dineros del poquito petróleo que ha arrojado el país en importaciones, esencialmente de alimentos. Como diría mi abuelita, que en paz descanse, “qué pecado”.
Otro punto que debe tenerse en cuenta es la propiedad indígena, muchos olvidan que, por las venas de cada uno de nosotros, aparte del elevado estrato que acreditemos, corre sangre Chibcha, Muisca, Caribe, Guambiana, Paéz, Awa, Ticuna, Tairona, Calima, Tumaco, Quimbaya, Motilona, de aborígenes precolombinos Pijaos, Chitagaos, Muzos, Huitotos, Wayuu y muchas más, lo que llama poderosamente la atención es que no todos cierran vías nacionales, intimidan, insultan, reclaman o invaden la propiedad privada. Los indígenas con arraigo siguen reclamando tierras, demandando territorios, pero de manera estéril porque sus enormes propiedades no son productivas, no generan el alimento de las etnias y como si fuera poco obstruyen el desarrollo, no saben que es concertar, dejan de lado el diálogo y siguen pidiendo hectáreas que serán reportadas como ociosas ya que el trabajo es también enemigo de las comunidades indígenas salvo algunas que producen café, plátano y cacao, eso sí muy contadas con los dedos de la mano. Las poblaciones indígenas no dejan de lado su entusiasmo por la tierra, la Pachamama que les da alimento, a la que se rinde homenaje por obsequiar entorno y hogar, lugar sagrado en donde siguen consignadas grandes riquezas. La reverencia es entendible en la familia indígena colombiana solo que pasa por alto la seguridad alimentaria, el progreso y las mejores condiciones de calidad de vida, desde luego es urgente salvaguardar el bosque nativo y evitar que la frontera agrícola devaste o arruine la selva, el agua y la vida, pero sin exageraciones ni argumentos que ya no convencen a nadie en absoluto, ellos nuestros hermanos de bosques y marañas deben comprender que también deben trabajar para comer y prosperar, aún en medio de las junglas y apartados de las civilizaciones, también demostrándonos que cuidan la vida en todas sus expresiones porque muchos cazan y trafican con fauna y flora, solo que de eso poco o nada se habla.
Qué tanto se extraña la laboriosidad e inteligencia de las comunidades prehispánicas, trabajadores incansables, todo un paradigma agrícola y de crecimiento económico, pero poco a poco la conquista, la colonia, la independencia y cargada de errores la indeleble República, fueron afectando e impactando el sentido de propiedad y del mismo desarrollo rural, fenómenos a los que se sumó la Colonización Antioqueña y otros episodios vitales en la compleja historia económica de Colombia marcada por la mita, el resguardo y los encomenderos, todos hijos del feudalismo.
Es fácil hablar de reformas agrarias, son fácilmente recordadas la de 1936, 1961 y 1994, en su totalidad puestas en marcha para conjurar los agudos apuros que desprendieron de la concentración de tierra y que llevaron a la pobreza, injusticia, violencia, tergiversación en los derechos de propiedad y una inoperancia que condujeron la agricultura colombiana a un vergonzante atraso.
Hoy el tema se discute y de agricultura se habla, solo que hay muchas entidades haciendo de lo mismo y con muy pobres resultados, es por eso que afloran audaces propuestas que, con toda seguridad, si son escuchadas, marcarán un antes y un después de la ruralidad productiva del país.
El exsuperintendente de Notariado y Registro Jairo Alonso Mesa Guerra le dijo a Diariolaeconomia.com, que en aras de reorganizar el derecho agrario y la propiedad es perentorio tomar decisiones intrépidas que jalonen el proyecto agropecuario porque desde su perspectiva en Colombia hay una legislación dispersa. En el país, apuntó, existe norma para todo, la que habla de prescripción, de adjudicación de baldíos y reglas para todo, pero también, precisó, son varias las sentencias contradictorias con respecto a la caducidad adquisitiva del dominio y muchas otras como las atinentes a la acumulación de tierras.
Anotó que es fácil concluir que no hay leyes claras y dijo que lamentablemente Colombia tiene una normativa que todavía el ciudadano de a pie no entiende razón por la cual hay una gran cantidad de entidades haciendo doctrina, verbigracia la Superintendencia de Notariado y Registro en donde Mesa Guerra laboró por espacio de ocho años, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, Agencia Nacional de Tierras, ANT, el ministerio de Agricultura , la Dirección General Marítima, Dimar, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Agencia de Desarrollo Rural, ADR, y algunas agencias mineras que de alguna manera tienen que ver con la tierra, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, municipios, las Corporaciones Autónomas que tienen unidades agrícolas familiares con autonomía también para dividir predios y generalmente se ve una enorme cantidad de normativa que en lugar de ayudar y ser práctica, confunde al ciudadano que no sabe finalmente a quien o a dónde acudir.
Sostuvo que Colombia es un país de regiones que se maneja con un sistema centralista desde Bogotá, ciudad en donde se cree que toda la geografía es igual, es decir que las provincias no tienen lomas, llanos y otras características en suelo. Recordó que las Unidades Agrícolas Familiares de las corporaciones son 2.500 metros en todo el país, pasando por alto que esa altura de qué manera se ven en la montaña o para que sirven en terrenos planos.
“Tenemos que llegar a la unificación de criterios y carácter motivo por el cual es urgente hacer leyes más flexibles, pero en donde las regiones tengan más autonomía en el ordenamiento de la propiedad”, declaró el señor Mesa Guerra.
En su plática el experto reiteró que las entidades del régimen nacional tienen que ser reguladoras, el Estado central, comentó, debe actuar como normalizador y por eso estimó que debería existir un Departamento Nacional de Tierras que ordene todo y por esa vía acabar con una burocracia onerosa en todo el territorio.
Ese Departamento Nacional debería dictar las políticas para que los mismos municipios les adjudiquen tierras a los campesinos para poder formalizar todos los predios de esos asentamientos urbanos que cada vez crecen más, ello para poder ayudar en el catastro con unas buenas normas y que sean las regiones en su autonomía las que tengan capacidad para hacer esa labor. Anotó que, si bien hay poblaciones que no tienen suficiencia e idoneidad, pero allí, propuso, el Gobierno podría ayudarlas a generar esas capacidades, pero subrayó que no se puede adjudicando terrenos baldíos en Vichada desde Bogotá porque nunca se terminará con unos procesos que demandan celeridad y precisión para viabilizar el agro.
Agregó que tampoco es procedente seguir desde la Superintendencia de Notariado y Registro, emitiendo las normas a nivel nacional para poder registrar un terreno baldío o no baldío. Deploró que el país sigue con unas normas extremadamente estrictas en el manejo de fraccionamiento de predios pues no hay una política clara que determine cuando se puede fraccionar y cuando no, para rematar, apuntó, la Agencia Nacional de Tierras saca una norma cada quince días, luego la proposición es promover un Departamento Nacional de tierras que tenga que ver con desarrollo productivo de las tierras, selección de tierras destinadas a la preservación del medio ambiente, las reservadas para minería, reforma agraria y otras finalidades, todo eso perfectamente diseñado y con la consignación correspondiente para que una junta directiva de la entidad sea la que dicte las normas en materia de ordenamiento social de la propiedad de lo contrario no será posible alcanzar nunca el objetivo.
Anotó que el país volvió compleja la definición de reforma agraria y más cuando le pone apellidos, un ejemplo reforma agraria integral que viene sin productividad, con mil hectáreas en los Llanos Orientales en donde un campesino se va a morir de hambre o la simple entrega de los predios de la Dirección Nacional de Estupefacientes como los del Magdalena Medio en donde se repartieron cuantiosas hectáreas, se les puso proyecto productivo y otros beneficios que no fueron obra ni iniciativa del actual gobierno.
En reforma agraria, recalcó Mesa Guerra, todos los gobiernos han dicho lo mismo y han promovido la entrega de predios de Estupefacientes con maquinaria, tal y como lo hizo el contertulio en el Magdalena Medio en donde todos los beneficiarios vendieron muchas propiedades ofrecidas a quienes solicitaron tierras para producir y oh sorpresa la que dieron los entonces necesitados.
“Cuando paso por el Magdalena Medio me genera tristeza porque a esa gente que le hicimos entrega de predios, hoy en su integridad vendidos, los dotamos con maquinaria de última tecnología, capital de trabajo y distrito de riego, todo eso lo dimos, pero la reforma agraria no les sirvió a los nuevos propietarios porque la tierra valía más para hacer casas que para producir y por eso mi propuesta ya que sería muy afortunado que Colombia tuviera la unificación de todo el manejo de tierras en un solo departamento, en un ente eficaz y probo”, acentuó Mesa Guerra.
Hoy con tantas entidades el país tiene muchos cuellos de botella en la parte de tierras y en la misma productividad agraria, lo que explica porque el desarrollo no está llegando al campo y por qué Estado y sociedad se encargaron de convertir al campesino en personas miserables cuando la vulnerabilidad no se debe entender como pobreza y el cuidar los derechos de la población vulnerable no implica que deba dársele subsidios, tan solo facilitarles a los campesinos productivos, por medio de una atención especial, los mecanismos para que puedan penetrar un mercado, para que tengan vías y se vuelvan empresarios.
Dijo el conocedor que en Colombia a los trabajadores del campo no se les da acceso a la reforma agraria porque se tiene la idea que un zootecnista no es un colaborador de la ruralidad y un profesional de esos perfectamente podría ser también beneficiario de los proyectos, no llamados reforma agraria, sino productivos que involucran la tierra, que dicho sea de paso, es un factor productivo, por eso repartir tierras, aclaró, no es necesariamente aplicar reforma agraria y la llamada integral no debe llevar subsidios llámese por predios o producción. En opinión del exsuperintendente de Notariado y Registro, una verdadera reforma es la que une, genera fuerza y conlleva a una productividad ganadora en donde igualmente participen empresarios, una política que entregue sin problemas un módulo agrícola empresarial de 10.000 hectáreas que es la unidad mínima productiva para la siembra de maíz, una opción viable porque genera empleo, ingreso y oportunidad, ello porque articula muchos labriegos con profesionales de todo tipo que le pueden dar un mejor perfil a la economía agropecuaria que llevará sin duda verdadero desarrollo al campo.
Movimiento indígena, talanquera y bandera política
Un enorme desencuentro se está dando y de vieja data con las comunidades indígenas que se convirtieron en el palo en la rueda para el desarrollo sin que ello signifique que se les deban sustraer derechos porque entre otras cosas son vigías del bosque y parte del patrimonio de un país.
Con el nuevo discurso se ha exacerbado el arraigo y la ancestralidad, todo un dilema puesto que en Colombia todos llevan sangre indígena y eso equipara los derechos, pero igual los cumplimientos y obligaciones constitucionales que no pueden sintetizarse en la respetabilísima Guardia Indígena y en unas leyes añejas que aplican castigos por separado a quienes fomentan anarquía y atentan contra la propiedad, vida y honra de los nacionales, todos con descendencia mixta, mestiza en donde el aporte genético aborigen está presente en cada uno de los colombianos.
Con el debido respeto, precisó Mesa Guerra, el movimiento indígena termino siendo una ideología política en Colombia, luego si una persona no les ayuda a las etnias es de una corriente y se les da una mano, esa persona está con el pueblo y la sociedad, algo totalmente equivocado que demanda un manejo bajo criterios técnicos, motivo por el cual la Agencia Nacional de Tierras está en mora de definir hasta donde llega el territorio de las comunidades, sencillamente trazar o definir la frontera indígena o de las comunidades negras porque a criterio del entendido el país no puede seguir permitiendo que haya invasiones y estas se legitimen al otro día con la entrega de títulos de tierras porque con eso se sigue desorganizando cada vez más el territorio, llevando a una peligrosa vulnerabilidad habida cuenta que todo ese proceso arbitrario y violento abre más heridas en un país en donde literalmente hay cabida para todos, pero no hay viabilidad productiva ni progreso porque se sigue expandiendo la lindero indígena sin ningún control.
“En el Cauca, en donde tuve que comprar demasiada tierra, es necesario determinar hasta donde van los dominios indígenas, población que crece vertiginosamente y en donde hay familias más numerosas y en ellas niños y niñas que a futuro querrán pedir más tierra con muy baja productividad agrícola, pero bajo sus creencias, aportando desde los ambiental y la misma contemplación, nada que nutra o calme el hambre, caso opuesto un gran inconveniente porque no hay control en esa población que crece versus la tierra, unas familias indígenas que no viven de lo que siembran y cosechan sino lastimosamente del Estado, dicho más exactamente de los cada vez más golpeados contribuyentes que no tienen tantas consideraciones”, dogmatizó el acreditado y respetable jurista.
Es el momento para invertir en Colombia
Como ocurre en todas las charlas, no todo es malo ni da para el desmayo, hay aspectos de la vida nacional totalmente positivos que invitan a respirar profundamente y a alentar el optimismo por momentos marchito o decorado con las flores negras del gran poeta chiquinquereño.
En este momento, reveló Jairo Alonso Mesa Guerra, Colombia está pasando por un momento histórico para invertir, manifestó que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos abordó el tema de las tierras, lo hizo prioridad, en el mandato Duque todo fue tranquilidad, paz y amor y el actual presidente volvió a abordar el asunto de la propiedad y la tenencia de tierra, nuevamente un dedo sobre la llaga.
“Este gobierno está igualmente dando la oportunidad para invertir porque hay un buen precio en la tierra, en los Llanos Orientales cuesta en promedio 1.000 dólares la hectárea, lo que no se ve en ninguna parte productiva de Latinoamérica, hectárea a tres millones de pesos a 600 kilómetros de la capital, segundo existen tierras tractorables y tercero pusimos a prueba nuestra legislación porque cada vez aprendemos más a minimizar riesgos y los extranjeros saben que en Colombia el riesgo se puede mitigar haciendo buenas adquisiciones de predios en la Altillanura en donde se puede llegar fácilmente a 10.000 hectáreas para cultivar cereales sin mucha dificultad”, expresó el versado.
Otro aspecto que está ayudando mucho al crecimiento y fomento de la inversión extranjera en Colombia es que la mayoría de tierras están, y las sentencias de misma Corte Constitucional, lo han dicho, antes de 1994, es decir que los predios entregados en ese periodo no tienen problema, un riesgo que adicionalmente se aminora, facilitando compras e inversiones que a la fecha se adelantan con un dólar más barato.
El entorno, dijo Mesa Guerra, es ideal, obviamente haciendo algunos ajustes en reglas de juego, pero los extranjeros están viendo a futuro un país tranquilo y con estabilidad jurídica, además de todo valoran mucho un activo expresado en democracia y respeto por los derechos en toda su extensión.
Con el gobierno Petro, concluyó Jairo Alonso Mesa Guerra, se puso la Constitución Política a prueba que demostró que está muy bien diseñada en donde hay independencia de poderes, que los Altos Tribunales no se dejan manejar por ningún mandato, que los medios de comunicación siguen cumpliendo con su función libremente, que la Junta del Banco de la República es autónoma, es decir que la de 1991 fue una Carta muy bien hecha y que un gobierno de turno, como lo han sido todos, seguramente no la va a cambiar. Hoy lo necesario es preparar gentes y cabezas, llenarlas de conocimientos para que administren país con todas las garantías y al amparo de la ley.
