El Consejo Colombiano de Seguridad reveló que en el último año el país registró 647.310 accidentes de origen laboral, una cifra que no deja de ser alarmante toda vez que representa 6.1 accidentes por cada 100.000 trabajadores.

Según el organismo, en Colombia el 65,7% de los trabajadores carecen de protección social, es decir de salud, pensión y riesgos laborales, dato que sube a 87% en el sector rural. En el primer trimestre del 2019, indicó el Consejo, fueron reportados más de 155.000 accidentes laborales, 2.000 más que a igual periodo de 2018.

La presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad, Adriana Solano Luque, apuntó que de acuerdo con los datos de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, durante el primer trimestre del 2019 se han registrado 2.604 enfermedades calificadas de origen laboral, 74 más que el mismo periodo del año anterior. En el caso de accidentes mortales, se han reportado 130 pérdidas, 18 menos que el primer trimestre del 2018.

Cabe precisar que en los últimos doce meses fueron diagnosticadas 10.524 enfermedades tipificadas como laborales dentro de las cuales se destacan el síndrome del túnel carpiano, manguito rotatorio, epicondilitis lateral y trastorno del disco lumbar entre otras.

Hay que anotar que las prestaciones asistenciales sumaron 767.148 millones de pesos. A su vez las incapacidades temporales, las pensiones de invalidez y las eventualidades en salud con impacto económico sumaron 708.214 millones de pesos.

“En Colombia anualmente se producen más de 600.000 accidentes de origen laboral, si bien la tasa de accidentalidad en Colombia ha bajado desde el 2014 situándose en 6.15% para el 2018, la cifra implica que aún se puede seguir mejorando en la prevención. Es por esto que desde el Consejo Colombiano de Seguridad, generamos espacios de discusión y trabajo como el 52 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente para que Gobierno, academia, sector público y privado generen soluciones y acciones puntuales para mitigar las cifras de accidentalidad laboral en Colombia”, aseveró, Adriana Solano Luque.

Agregó que los avances tecnológicos han traído consigo cambios significativos en las modalidades de trabajo de los colombianos, esto hace que algunos empleos tangan más flexibilidad y sean mucho más accesibles, incluso cuando de trabajar en la casa se trata. Es por esto, anotó, que el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), en alianza con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Fasecolda trazarán la hoja de ruta para el sistema de protección social ante los nuevos escenarios laborales.

Frente a la posible aprobación del Proyecto de Ley 082 de 2018, el director de la Cámara de Riesgos Laborales de Fasecolda, Germán Ponce, afirmó que los retos inmediatos para el sector de cara a la inclusión de estas figuras en el mapa nacional de riesgos laborales sugieren el fortalecimiento de la información sobre la realidad de estas nuevas formas de relacionamiento laboral en Colombia y las tendencias globales, construir registros de todas las transacciones realizadas en plataformas digitales, lo que les convierte en un instrumento útil para asegurar que todos cuenten con seguridad social, desarrollar obligaciones de reporte o acceso de los reguladores a las redes operadas por las plataformas digitales, lo que permitiría conocer los ingresos totales de las personas que realizan trabajos en varias plataformas.

Añadió que es necesaria una regulación integral que permita que las empresas tradicionales asimilen la transformación digital con el objetivo de reducir la asimetría con las empresas que desarrollan teletrabajo. Según el experto, la regulación de las plataformas digitales podría tener efectos no deseados sobre las empresas tradicionales, al generar asimetrías en favor de las primeras.

En materia de protección social, Colombia tiene un determinante constitucional con gran poder y que tiene que ver puntualmente con la capacidad contributiva como elemento que define la vía de protección social adecuada, razón por la cual, esta iniciativa no tendría efecto práctico si no se amplía a la población con plena capacidad contributiva, es decir trabajadores con ingresos igual o superior al salario mínimo.

Basados en experiencias internacionales, la OIT sugiere tener en cuenta aspectos identificados en otros países en los cuales la legislación sobre este respecto ha avanzado considerablemente, puntos que al ser tenidos en cuenta evitarán vacíos legales y riesgos ya identificados para contar con una legislación robusta y contundente.

Algunas de estas experiencias sugieren tener en cuenta aspectos tales como falta de respuesta de las plataformas a los trabajadores, pago de las tareas, disponibilidad laboral del trabajo y trato injusto por parte de los solicitantes.

Las migraciones obligan a actuar

La presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad, Adriana Solano Luque, dijo en Diariolaeconomia.com, que la situación de los migrantes venezolanos ha generado todo un choque económico y social en Colombia porque le tocó al gobierno nacional darle la bienvenida a los venezolanos que a su vez tienen que ser registrados para tener una base de datos sólida que permita cuantificar y operar en materia de atención prestacional.

Una preocupación manifiesta es el hecho que algunos empresarios están aprovechando las dificultades venezolanas para contratar personal muy por debajo del salario básico, conllevando a un detrimento con doble lectura ya que hay afectación en las familias que perciben un estipendio irrisorio, pero igual hay que tener en cuenta que muchos colombianos del mínimo y otros ingreso perdieron sus puestos de trabajo.

“Los empleadores colombianos no podemos pensar que porque son venezolanos no tienen los mismos derechos que tiene un trabajador colombiano y ese es el mensaje que queremos dar sin lugar a dudas, tema que hemos abordado con nuestras empresas afiliadas que hacen parte del Consejo Colombiano de Seguridad. Ellas saben de las responsabilidades que tienen, independientemente del origen del trabajador pues hay que cumplir según reza la ley, unas condiciones mínimas, llámense salud, pensión y riesgos laborales”, declaró la señora Solano Luque.

El tema venezolano, expuso, no deja de ser todo un desafío porque claramente el fenómeno migratorio tiene una incidencia en el desarrollo económico del país porque a las importantes tasas de desempleo doméstico se suma una fuerza de trabajo adicional, asunto que es una realidad la cual obliga a que todos los colombianos se comporten como unos buenos vecinos.

Destacó la solidaridad del ejecutivo en esta situación que afecta a millones de venezolanos, trabajo que se hace al amparo de la institucionalidad, de la Constitución y de una solidaridad que llega en momentos del bicentenario de la construcción de libertad y patria en los pueblos bolivarianos.

En su análisis, la presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad, vio como positivo que en medio de la difícil situación, igual están llegando a Colombia un número interesante de empresas y capitalistas del vecino país que han erigido empresa y con ello, expresó, le han prestado un servicio determinante al país, es decir que en la migración hay personas naturales, pero igual factorías y firmas de grueso calibre.

“El fondo para no ir tan lejos es que Colombia tiene un marco legislativo y normativo profundo que protege a los trabajadores nacionales, igual debemos cumplirlo aun en medio de la migración venezolana tal y como se viene dando, es decir, honrando las cláusulas laborales y contractuales de los empleados sin ningún distingo porque ello hace parte del principio universal de garantizar el bienestar de esa fuerza trabajadora”, afirmó.

Sobre el cáncer y las enfermedades profesionales el asunto es universal del cual muchos están aprendiendo para poder atacar de raíz las causas que están llevando a que los trabajadores se enfermen lo cual implica un camino constructivo que exige a los empresarios y al gobierno fortalecerse en toda la reglamentación que viene haciendo el Ministerio de Salud frente a la clasificación de las enfermedades y a su origen.

“Este tema obliga a que los empresarios identifiquen todo el panorama de riesgo para evitar que sus trabajadores se enfermen, y este tema se observa, no solo en Colombia sino en Europa y en otras latitudes”, manifestó Solano Luque.

Las medidas tomadas en contra de la fabricación de bienes hechos con fibra de asbesto, explicó que la disposición entró en una etapa de implementación, aclarando que ya muchos de los fabricantes habían dado el paso para reemplazar tejas, tanques y otros productos que quedaron totalmente prohibidos por afectar la salud humana.

El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) es una asociación de utilidad común fundada en 1954, integrada por empresas y personas de los sectores público y privado, líderes promotores de la prevención de riesgos. 65 años siendo el referente de la industria colombiana en seguridad, salud en el trabajo y ambiente mediante la fortaleza técnica, el desarrollo de conocimiento, la divulgación de buenas prácticas y la innovación, elementos que elevan los niveles de competitividad del empresariado colombiano. Apoya al Gobierno Nacional, al sector empresarial y a los profesionales de la seguridad como organismo asesor y consultivo en los temas de seguridad y salud en el trabajo, así como en los programas de prevención de riesgos de origen industrial que puedan afectar a las comunidades y al medio ambiente.