La nueva fase de la campaña Dulce Veneno1 llega a través de canales y medios digitales para llamar la atención a colombianas y colombianos que toman las decisiones del consumo de alimentos en sus hogares para que conozcan las denuncias, entiendan las prácticas de captura corporativa e interferencia de la gran industria de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados en nuestro país, las rechacen y se unan para hacer parte de la solución.

Es así, como el CAJAR convoca a enfrentar la Ley del Vivo, a no seguir en silencio frente a la falta de políticas públicas de salud y alimentación que garanticen los derechos fundamentales de niños, adolescentes y adultos, al conocer la información clara y veraz sobre la alimentación que consumen. ¿Qué pueden hacer los interesados en la campaña Dulce Veneno?, replicar la información, firmar peticiones y compartir a través de redes sociales la importancia de las denuncias y etiquetar a congresistas, alcaldes, personeros, concejales y otras autoridades que tienen en sus manos garantizar nuestros derechos.

La interferencia de la gran industria en políticas de salud y alimentación es nociva para la salud. Desde el año 2016, la industria de Productos de Comestibles Ultraprocesados, PCU, y bebidas azucaradas, BBAA, ha implementado de manera sistemática diversas acciones, equiparables con las malas prácticas de la industria del tabaco, para impedir la aprobación de medidas que las regulen.

Estas prácticas históricas y estructurales se recrudecen en tiempos de pandemia donde la industria se ha aprovechado de la crisis creando un falso dilema entre saciar y nutrir, para continuar posicionándose como salvador y como un actor legítimo en la política pública de alimentación.

Organizaciones de la sociedad civil, que han impulsado políticas de salud pública y alimentación como el etiquetado frontal de advertencias, impuesto a las BBAA, restricción a la publicidad de PCU y entornos escolares alimentarios saludables, han encontrado al menos diez formas en que la industria de PCU y BBAA obstaculiza los procesos de formulación de política pública:

Usar la financiación a los partidos políticos para interferir en la regulación de productos que ocasionan daño a la salud.

Lobbying en el Congreso realizado para obstaculizar el paso de leyes de Salud Pública.

Invalidar argumentos de salud pública. Pago a expertos con conflictos de interés.

Estigmatización a las organizaciones que defienden los derechos a la salud y Alimentación.

Cooptación de medios de comunicación – Silenciar sociedad civil.

Argumentos falsos sobre la caída de la economía.

Usar la responsabilidad social empresarial como lavado de marca y no para compensar los daños en la salud pública que producen sus productos.

Mostrarse como salvadores, como buenos donando comida chatarra y utilizando esas donaciones para propaganda de sus productos.

Pasar del sector privado al Estado y viceversa, lo que se conoce como Puertas giratorias, entre otras.