En carta enviada al Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, el gremio de las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, reiteró su preocupación por las dificultades en el flujo de recursos, el incremento de la cartera, la alta morosidad y el impacto que generan los procesos de liquidación de EPS, entre otras situaciones que afectan el cumplimiento de las obligaciones de las IPS.

En su misiva, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, planteó al Ministro de Salud la necesidad de que las liquidaciones de EPS que se adelantan actualmente y las que pudieran venir, se acompañen de medidas que protejan a la red hospitalaria y para ello esperamos se concrete la creación del Fondo de Garantías impulsado por el gremio, que entraría a mitigar los efectos de las liquidaciones entre los prestadores de servicios de salud.

Los hospitales y clínicas de la ACHC le entregaron al Ministro de Salud un informe de las deudas con el sector prestador. El monto de la cartera lejos de mejorar se incrementó y el porcentaje de vencimiento se mantiene en porcentajes altos; según el estudio de cartera con corte a junio de 2023, para 207 instituciones muestra un incremento de 14,7%, frente al corte a diciembre de 2022. Una cifra absoluta creciente de más de $ 16 billones de pesos frente a los $14 billones a diciembre de 2022.

“La morosidad no se comporta mejor. En la concentración de cartera de 60 días y más a junio de 2023, el Estado tiene 65,6 %, las EPS del Régimen Subsidiado 60,8 %, las EPS del Régimen Contributivo con 51,9 %, para un total promedio en el estudio de 52,3%.”, puntualizó el Director Ejecutivo de la ACHC Juan Carlos Giraldo Valencia.

La anterior situación, expresó la ACHC, se agrava con comportamientos cada vez más frecuentes como las demoras en las autorizaciones por parte de las EPS, disminución en los giros acordados, demora o nula conciliación y depuración de la cartera, exigencias de preauditoria, pre autorizaciones, trámites administrativos que impiden la radicación de las facturas y falta de legalización de anticipos girados por estas entidades.

La ACHC propuso en primer lugar, la urgente y plena aplicación del Giro Directo universal. Que se incluya a todas las EPS con algún tipo de medida o intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y se realicen los giros en los porcentajes suficientes para irrigar recursos hacia las IPS. En el régimen subsidiado, explicó la agremiación, los giros vienen alejándose del porcentaje mínimo establecido de 80% y en el contributivo se desploman montos y número de IPS; en 2018, reveló la Asociación de Prestadores de Salud, fueron 358 mil millones al mes entre 1.446 IPS y para 2023 bajó a 22 mil millones para 300 IPS; menos del 1% del total de la UPC neta.

Como segunda medida, la ACHC, solicita que, desinvertir las reservas técnicas de las EPS que, según la Supersalud en sus estados financieros a junio de 2023, tienen un monto cercano a los $18 billones de pesos y las respaldan inversiones por $5,3 billones aproximados, estos recursos inyectarían liquidez a la red hospitalaria.

Una tercera petición tiene que ver con ampliar el cupo de redescuento con tasa compensada de créditos autorizada a Findeter bajo la línea “Compromiso salud liquidez”, con lo cual se podría irrigar recursos de capital de trabajo o sustituir deudas a las IPS.

“Solicitamos a la banca pública asumir el liderazgo y promover mejores condiciones de acceso en esta línea”, puntualizó el señor Giraldo Valencia.

El cuarto pedido, que hacen Clínicas y Hospitales al Gobierno consiste en la asignación de recursos para la Compra de Cartera a las IPS y que se exploren mecanismos adicionales para el pago de las obligaciones que se adquieran por parte de las EPS.

La quinta propuesta se enfoca en la revisión y optimización de los tiempos para el cobro de las atenciones con SOAT, porque actualmente, el certificado de agotamiento de cobertura que deben emitir las aseguradoras demora meses, se formulan glosas a las facturas y para aclararlas conceden citas que van hasta febrero y marzo del 2024, con el agravante que, hasta no ser aclaradas las cuentas, no expiden dicho certificado, sin el cual, no es posible radicar ante la ADRES. Ese requisito debe ser modificado.

Por último y no menos importante, el gremio de Clínicas y Hospitales propuso que la destinación de 0.5 puntos del Iva social al Sistema de Salud, que fuera autorizada en una pasada reforma tributaria, pueda orientar su uso de forma específica a la liquidez del sistema prestador de servicios de salud.

“Las instituciones hospitalarias públicas y privadas no claudicamos en nuestra misión natural de atender a la población y salvar vidas. Consideramos que adoptar las medidas que proponemos, integradas en un plan simultaneo e inmediato de liquidez, puede ayudar al sistema prestador a continuar garantizando la asistencia completa, oportuna y adecuada a todos los afiliados al sistema”, concluyó, el Director ejecutivo de la ACHC.