La Superintendencia de Sociedades confirmó las multas impuestas a cuatro administradores de la sociedad Autofinanciera S.A. -Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial (Sapac)- por un total de $350 millones.

Las multas fueron para Marco Antonio Peixoto y Fernando Alarcón en su calidad de representantes legales ($120,9 millones cada uno); Óscar Pinto Zárate, como representante legal suplente ($79,89 millones) y Clara Elisa Cervantes, en calidad de revisora ($29,64 millones).

La investigación inició luego de que un grupo de suscriptores formulara quejas contra la sociedad por presuntas irregularidades en el funcionamiento de los planes de financiación ofrecidos, denominados “Multiplan, Transporplan y PLBO”.

El primer cargo formulado a los representantes de la sociedad Autofinanciera S.A. fue extralimitación del objeto social exclusivo, en la que incurrió con la entrega de dinero a los suscriptores, además de un plan de préstamos para la adquisición de vivienda.

Pese a los descargos presentados, se demostró, por ejemplo, el otorgamiento de un crédito para liberación de hipoteca sobre un inmueble del señor Óscar Pinto Zárate (representante legal suplente de la sociedad).

También se evidenció conflicto de intereses en la operación por medio de la cual se otorgó un crédito a la firma Serven Ltda. Su socio mayoritario, Marco Antonio Peixioto, y su gerente, Óscar Pinto Zárate, son representantes legal y suplente de Autofinanciera, respectivamente.

Otro cargo hizo referencia a que no se evidenció la aplicación de un procedimiento tendiente a la devolución de las cuotas no reclamadas por los suscriptores que se han retirado del grupo y que al 31 de julio de 2015 ascendían a más de $1.300 millones.

Un cargo adicional fue formulado debido al incumplimiento para la conformación de planes, pues se encontró una diferencia mayor de la permitida en los montos de los planes del más pequeño y el más grande de los suscriptores en un solo grupo.

La norma dice que los grupos deben estar conformados por planes que entre sí no difieran en su valor en más de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suma que para 2014 era de $19.330.500. Ese límite fue obviado por la sociedad.

También se ofrecieron planes sin garantías suficientes, como quedó demostrado en el siguiente cargo formulado. Dos préstamos fueron otorgados solamente con la garantía personal, cuando la norma exige que el suscriptor cuente con un seguro que ampare el bien entregado.

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, reiteró que la resolución que reglamenta el sistema de autofinanciamiento comercial establece que “no está permitida la entrega de dinero, el otorgamiento de préstamos a los suscriptores, ni la colocación de planes para la adquisición de vivienda”.