Cuando hablamos de derecho hacemos referencia inmediata al engranaje de ordenanzas, legislaciones y normas que se hicieron para reglamentar el comportamiento humano al interior de las colectividades. El derecho se puede concebir como una serie de criterios, políticas o pautas que constituyen facultades y deberes con el fin de garantizar la justicia y el orden social. Todo lo atinente al régimen normativo hace parte del estudio al amparo de las ciencias sociales que razona, observa, pero también dilucida las leyes, sus alcances, bondades y aplicabilidad.
Es el derecho per sé, un estudio apasionante que reúne pensamientos, distintas maneras de concebir la vida y de definir conductas, delitos y penas.
Desde tiempos milenarios el hombre ha generado castigos para quienes infringen la ley o alteran moral y mandatos, hubo todo tipo de sanción en los tiempos iniciales, de un lado arresto en pútridas mazmorras, golpes, amputaciones o la más dolorosa y cruel muerte. Los comienzos de la humanidad estuvieron marcados por violencia extrema, guerras y actos impíos, para muchos era normal ver leones matando y devorando seres humanos, verbigracia Roma, el imperio en donde se cree, todo empezó en materia legislativa o de jurisprudencia, pero no, para hablar del padre o pionero del derecho hay que remontarse a Atenas la tierra de Pericles ese destacado y brillante orador, político general, jurista y magistrado que despuntó con sus alegorías y frases en plena edad de oro.
Dicen algunos con autoridad intelectual que Pericles el hombre de la tremenda voz que dejó el mundo de los vivos en 429 antes de Cristo fue el primer abogado en el globo que dejó perplejos a muchos con un poder que no tuvo tan fino en su espada, su gran arma fue la palabra, la oratoria y la capacidad de hacer de una idea la más férrea defensa.
Cuando el gran Pericles vivía, los juicios eran demasiado incipientes a tal punto que la defensa la ejercía de manera oral cada una de las partes en conflicto. La norma les permitía los enfrentados ir acompañados de familiares o amigos que a manera de subsidiario o como asistente accesorio podían inmiscuirse, en ese momento el militar ascendió en el derecho ya que logró varias victorias y sacó juicios adelante de manera audaz, apoyado en admirable laudatoria y exposición clara de argumentos. Esas nuevas competencias lo hicieron famoso, no solo en Atenas, también en otras urbes vecinas en donde su nombre creció y su popularidad se catapultó de manera increíble.
Después viene Roma y otras culturas en donde el ejercicio de la defensa sobre pilares de derecho les da solidez y credibilidad a las instituciones democráticas. Aunque parezca increíble, las sociedades indígenas precolombinas tuvieron igualmente leyes y normas, una muy mentada es el código de Nemequene quien fuera el tercer zipa de Bacatá. En esa compilación reposaban leyes decretadas por el gobernante que ejerció su mandato entre 1490 y 1514.
Quienes han analizado la iniciativa en materia de penas instaurado por el zipa aseguran que el derecho precolombino tiene gran similitud con la concepción de derecho habitual o tradicional de occidente lo que demuestra que para interpretar la ley y los procedimientos no importan lugares o épocas, Nemequene fue capaz de consolidarse como el encomiable hacedor de leyes de la nación Muisca.
Algunos empiezan a contar la historia del derecho colombiano a partir de la colonia por venir de la mano con el derecho español que con los años fue tomando otros modelos de distintas culturas europeas que inspiraron el Código Civil de Chile planteado por Andrés Bello que terminó siendo la plataforma para la creación delo Código colombiano de 1873.
Precisar quién fue el padre del derecho no es un asunto fácil ya que esta ciencia nace en la intelectualidad y el estudio de las sociedades desde diferentes ángulos. Algunos juristas también ponen a Justiniano I como gran referente en la materia toda vez que fue el padre del derecho romano todo con un trabajo de elevada argumentación, un compendio de jurisprudencia llamado Corpus iuris Civilis, un trabajo que implicó acopiar las constituciones partiendo de Adriano, después de clasificar de acuerdo a las materias el libro llega a las manos del público en el año 529 con el nombre de Codex lustinianus o código de Justiniano.
También dejaron huella Ulpiano por todo su aporte en el derecho romano, Francisco de Vitoria conocido como el padre del derecho internacional moderno, No menos importante fue el austriaco Hans Kelsen, reconocido jurista y filósofo quien contribuyó con teoría excelsa del derecho, pero los nombres podrían ser interminables porque por especialidad hay verdaderos genios que dejaron una estela de conocimiento y propuestas acertadas con lo cual se le dio mayor cuerpo y solidez al estudio de las leyes.
En el Nuevo Reino de Granada y en Colombia más exactamente, brotaron los primeros abogados tras haberse profesionalizado la jurisprudencia debido a la puesta en marcha de instituciones formadoras. Es por eso que los primeros doctores en jurisprudencia fueron educados bajo el techo de la Universidad Nacional de Colombia, entidad que otorgó los títulos iniciales en 1871 a unos estudiantes que presentaban exámenes de forma oral en presencia de un exigente jurado.
Como pasa con todos los procesos y cambios tras la independencia y en pleno auge de la República los adelantados quisieron imponer un esquema legal autóctono y eficaz que finalmente se apoyó en códigos como el Civil chileno así como el francés.
Después de 1850 en pleno siglo XIX el derecho como carrera se amoldó a los cambios económicos y sociales, a unas exigencias inherentes a la evolución misma que redundó en nuevas leyes y transformaciones.
Con el correr de las épocas fueron surgiendo opciones universitarias y otras maneras de formarse en derecho, una carrera que sigue cambiando e innovando por los variables modos de sobrellevar la vida y la sociedad, un hecho que llevó al surgimiento de recientes necesidades y nuevas reglas que garantizan propiedad, derechos, respeto, acatamiento, honra y vida.
En Colombia hay diferentes firmas, organismos y fundaciones encargadas de prestar servicios legales a muchas personas, inclusive defendiendo los derechos fundamentales como la vida, la buena dieta y la probidad, también los derechos ambientales, de los pueblos, asimismo la verticalidad y el compromiso con la construcción de una sociedad justa en donde haya inclusión económica, política, social y cultural, verdaderos defensores de la gente que debe buscan cumplimiento a partir de la industria para con el consumidor y del Estado con sus conciudadanos. Allí encaja perfecto el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, una confiable y audaz organización no gubernamental sin ánimo de lucro, empecinada en defender los Derechos Humanos en Colombia, labor que hace desde 1980 cuando adquirió la personería jurídica.
En charla con Diariolaeconomia.com, la presidente del CAJAR, Yessika Hoyos Morales afirmó que es necesario hacerle una reforma a la justicia porque hay cosas por mejorar en el país, sin embargo, expuso que Colombia cuenta con una Constitución Política muy importante por cuanto les da derechos a todos y a todas, una Carta Magna que reconoce que en el territorio hay pueblos indígenas y derechos fundamentales como la salud, educación y otros, que igualmente reconoce la alimentación como un derecho fundamental para los colombianos en su totalidad. Destacó que otra bondad de la Ley de Leyes es que reconoce la diversidad y la manera de pensar y expresar de los nacionales.
Agregó que el reto grande de una encomiable Constitución de donde han desprendido muchas leyes que protegen a la comunidad precisamente tiene que ver con el estricto cumplimiento de la norma en donde el derecho genere confianza y tranquilidad por ser justo, razonable, equitativo y legítimo.
La también integrante de la Comisión Asesora de Política Criminal aseveró que quienes tienen que operar la justicia, muchos de los funcionarios que hacen parte del Estado debe hacer todo por cumplir la ley, una tarea que no se debe quedar solamente en fiscales o jueces, un trabajo que bien hecho y que matizado por responsabilidad, compromiso, puntualidad, honorabilidad y pulcritud ética les llevará ese mensaje de optimismo a los colombianos que tienen que volver a creer en los administradores de justicia.
“Cualquier persona en Colombia como ya muchas lo han hecho, puede hacer uso de mecanismos tan importantes como la tutela o como el derecho fundamental de petición. No es en todos los países se acude tan fácilmente a estos componentes que son herramientas sumamente importantes para ejercer nuestros derechos porque viene además con términos perentorios y clausulas o métodos que hacen que los funcionarios sí o sí cumpla, al punto de que si omite una Ley de tutela puede ser arrestado y encarcelado”, declaró la muy amable y reconocida jurista.
Colombia ha estado bien enfocada en temas de Constitución, de hecho, la de Rafael Núñez en 1886 fue útil y con grandes propuestas que operó hasta el inició de la última década del siglo XX. Con las reformas de 1991 mejoraron los temas de inclusión y atención de derechos fundamentales. Reconoció que en medio de todo hubo errores y retrocesos con otras leyes, verbigracia la Ley 100 o de Seguridad Social, poco diáfana y sí un negocio pulpo para algunos inversionistas que dejaron secas las arcas estatales a tal punto que puso en aprietos al Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga.
Manifestó que en increíble que después de tantos años haya sido tan difícil aprobar una reforma laboral en donde no se pedía más que recuperar derechos básicos que tenían los trabajadores y trabajadoras, un ejemplo que las horas extras se liquidan a partir de las seis de la tarde, momento en el que termina el día, luego de mucha tensión y pocos amigos se logró que quedara después de la siete de la noche.
Sobre las reformas hechas con ligereza, la abogada expuso que hubo algunas transformaciones que afectaron gravemente a la sociedad porque desdibujaron los principios y fines de la Constitución, aunque reconoció que el país ha demostrado que no solo son las leyes o lo que está escrito sino lo que va sucediendo poco a poco en Colombia.
En algunos gobiernos, anotó la abogada, se ha vulnerado la Carta Política porque eso de hacer reformas quitando derechos adquiridos es un raponazo a un activo legal obtenido al amparo de la ley, medidas que llevaron a cumplir principios fundamentales de los Derechos Humanos como el de no regresividad, derechos adquiridos que ya se tienen y que por una mala jugada conllevan a que el país retroceda, algo que sigue pasando hasta afianzarse como una constante razón por la cual es demasiado trascendental que los derechos que están plasmados en la Constitución colombiana se cumplan a cabalidad porque hay unos estigmatizados como el derecho a la protesta. La jurista indicó que históricamente los derechos se conquistaron en las calles como ocurrió con el derecho al voto para las mujeres que en su momento salieron a las plazas y avenidas a exigir igualdad para elegir a las personas idóneas para los cargos de mayor responsabilidad.
“Desafortunadamente el derecho a la protesta se ha estigmatizado pues si bien ha habido momentos en los que ocurren cosas que no deben darse en la queja o desaprobación multitudinaria, el tema no deben mancillarse como ocurrió hace poco con el alcalde de Bogotá que se atrevió a decir públicamente que iba a denunciar, y lo hizo, penalmente al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, algo gravísimo porque como cabeza de una organización sindical salió a animar a los trabajadores para que se expresaran en las calles y defendieran sus derechos básicos, el dirigente de esa central obrera como muchos exigió la aprobación de la reforma laboral, tan solo cumplió con una misión encomendada y al Alcalde no s ele puede olvidar que la protesta es ni más ni menos que el control al poder, algo que el funcionario señaló y tildó de irregular, procedimiento delicado y carente de conocimiento, algo muy delicado en un país de tradición y democracia. No se nos puede olvidar que fue justamente Colombia el país en donde más asesinaron trabajadores y trabajadoras por el solo hecho de ser sindicalistas, no podemos permitir que eso pase, es un llamado en general para sociedad para todos y todas, no tenemos por qué estigmatizar los derechos fundamentales para este caso la propuesta.
Hay que revisar la Ley 80
En su amena conversación la presidente del CAJAR Yessika Hoyos Morales apuntó que a la Ley 80 de 1993 o de Contratación Pública hay que revisarle muchas cosas como debe pasar con otras leyes pues el asunto es mejorar el país haciendo correctivos y llevando garantías a las personas.
A criterio de la abogada, con el cambio de la sociedad, la adopción de nuevas costumbres y roles que van surgiendo, debe haber una actualización de las normas porque ante la evolución tan inherente al hombre la ley se va quedando atrás. Igual expresó que más allá de esos ajustes lo que siempre debe pensarse por lo menos en el Congreso, lugar en donde se aprueban las reglas, es en legislar a favor de los derechos de todas las personas mas no en los intereses económicos de algunas industrias que financian campañas.
Con la Ley 80, comentó, se han inaugurado carreteras inexistentes, se le dio vía libre a los llamados elefantes blancos y como diría el indio Rómulo en Colombia construyen puentes en donde no hay ríos, algo que desafortunadamente sigue pasando en el país, pero justo allí es importante que los nacionales sientan que tienen poder de control y vigilancia, una potestad adquirida con el derecho democrático del voto y allí es en donde hay que pensar en este momento electoral quienes serán los llamados a proteger los derechos, algo que invita a ser muy responsable cuando se elija a las personas que tendrán en sus manos la conducción del país, pero de manera paralela el cumplir con la Constitución.
En Colombia, lo digo a título personal, se cometió un error que debe corregirse con urgencia porque la Carta Magna reza que el estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, verbigracia minerales, piedras preciosas, petróleo o gas. El punto hace claridad que la tenencia del subsuelo no quiere decir que el Estado no reconozca o respete el derecho a la propiedad de algunos actores que eventualmente tengan sus haciendas o predios en sitios en donde hay riqueza subterránea.
El artículo 332 de la Constitución Política de Colombia indica textualmente que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.
Este mandato constitucional ha facilitado la regulación y aprovechamiento de los recursos haciendo uso de figuras como la concesión, contratos en donde el mismo estado otorga licencias o permisos para hacer la debida explotación de las riquezas. El tema es que haciendo sumas y restas el país ha perdido, no se refleja el volumen de las extracciones en desarrollo y calidad de vida. Hay casos en los que el país vendió activos o concedió explotaciones en total desventaja, ahora lo grave del tema es que la plata que llegó no se vio y los colombianos tan solo vieron crecer su deuda externa, las importaciones y la corrupción. Es allí en donde debería aclararse que el subsuelo debe ser propiedad de la Nación con administración vigilada del Estado, suena elemental, pero muchos piensan que no es buena idea dejar la plata en manos de pésimos administradores que luego remiendan los daños con reformas tributarias que restan competitividad, rentabilidad y confianza.
“En eso el reto que tenemos es con las autoridades, por ejemplo, que dan las licencias ambientales que posteriormente son cuestionadas. Desde el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, hemos hecho el llamado y ganamos una acción de como hoy las autoridades están obligadas sí o sí a cada estudio de esos asentimientos llámese licencia minera, de hidrocarburos o de otro frente extractivo. El tema pasa por explorar e investigar impactos también por la crisis climática pues hoy estamos ante una realidad que no podemos seguir negando y que no podemos desconocer, de manera anunciada estamos asistiendo a una serie de transformaciones del clima con todo tipo de consecuencias y por eso no podemos seguir actuando de la misma forma. Es por eso que le hacemos un llamado especial a todas esas autoridades sobre las que recae semejante responsabilidad”, enfatizó la jurista.
Dentro de las encomiables conquistas del CAJAR, fruto del trabajo, estudio y profundo conocimiento está el derecho a la sana y nutritiva alimentación para las personas especialmente niños a quienes se les ofreció de vieja data productos saturados en grasas, azucares y sodio, es decir cáncer, cáncer y más cáncer.
Esta lucha la ha dado el CAJAR junto con otras organizaciones que reconocen y respetan en el colectivo como Red PaPaz, FIAN Colombia y otras que han sido muy importantes en esa lucha porque ayudaron en la construcción de políticas públicas que son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que ha dicho que el mundo pasa por una pandemia denominada no transmisible, pero que al interior del CAJAR sí son vistas como contagiosas porque el consumo de esos ultraprocesados que no se quieren regular generan enfermedad, menoscabo en las defensas y todo tipo de secuelas, empezando por la obesidad y los daños cardiovasculares en menores.
La vocera recalcó que el colectivo en ningún momento está en contra de la industria y dejó claro que, así como los ciudadanos están en la obligación de cumplir con la ley, el sector industrial debe dejarse regular porque nadie está por encima de la norma. Dejarse reglamentar o atender la regla no es nada complejo puesto que deben permitirse cuatro políticas totalmente fundamentales, una, impuestos a las bebidas azucaradas o para ultraprocesados que ya existen, pero que deben ser más altos para mejorar la iniciativa y desestimular un consumo a toda vista perjudicial y allí, expuso Hoyos Morales, la gente tiene derecho a saber que ese producto le está haciendo daño y que si cuesta mucho más es porque es absolutamente perjudicial para la salud tal y como lo dijo la Corte Constitucional.
De otro lado, puntualizó la abogada, el país tiene que garantizar agua potable y evitar inconvenientes a futuro. En ese frente fue incisiva habida cuenta que la experta sabe que el recurso hídrico cumple finalidades poco ortodoxas cuando se procesa con altas cantidades de azúcar y colorantes.
La otra medida, recordó, es el etiquetado frontal de advertencia la más grande desilusión o desengaño en la vida porque muchos consumieron productos de marcas aparentemente inofensivos y hoy ven que tienen tres sellos. Insistió que al demandante de esos bienes hay que brindarle la información correcta porque esos ingredientes escritos en letra muy pequeña, prácticamente ilegible están produciendo enfermedades como el cáncer y por eso la importancia del etiquetado frontal de advertencia, meta que casi no se logra.
Entornos escolares están llamados a la regulación
Siguiendo con el tema de buena y sana nutrición la presidente del CAJAR Yessika Hoyos Morales manifestó que es necesario regular los entornos saludables escolares en escuelas y colegios en donde están los niños y las niñas que deben tener acceso a comida real y no a ultraprocesados que les está generando enfermedad.
Hay costumbres malsanas que están atacando a la población infantil con lo que consumen y por eso igualmente es perentorio regular el marketing dirigido a los niños y niñas porque no se puede permitir que toda hora, por todas las pantallas o radios o en cualquier lugar los menores vean o escuchen que prometen convertir campeones o lograr ser altos y fuertes, productos que asocian con el deporte y que tienes hasta dos, tres y hasta cuatro sellos de advertencia, eso, dijo, debe morigerarse y la única manera es regulando ese tipo de anuncios que resultan engañosos.
La abogada cuestionó el hecho que se quiera trasladar la responsabilidad a los colombianos sobre la base de hacer deporte y alimentarse bien, asunto consecuente y afortunado, pero remarcó que es el Estado el que debe regular los alimentos para garantizar el derecho a la salud y a la educación.
Colombia, como pasa en otras latitudes, dijo la conocedora, tiene factorías de cáncer y otras enfermedades, todo sintetizado en ultraprocesados y no en lo que se conoce como industria de alimentos ya que lo que elaboran y comercializan no nutre, no ayuda y caso opuesto precariza la salud. Subrayó que son muy buenos para catapultar ventas con publicidad porque esas empresas se saben vender tremendamente bien en vista que usan colores de alto impacto, aromas y todo lo que lleva a consumir unos productos que están enfermando porque aparte del cáncer hay hipertensión, diabetes y muchas más, es decir que la publicidad de los ultraprocesados no dice verdades y tiene la niñez en alto riesgo.
A juicio de Hoyos Morales, el derecho a la alimentación hay que verlo integralmente porque este capítulo cumbre no solamente lo que un individuo come sino que va por analizar quien tiene la tierra en el país, para que se utiliza y cómo se está cultivando, qué se esta sembrando y quienes están haciendo ese trabajo agrícola, toda una cadena que obliga a pensar a quien debe ayudársele, si al productor que planta los suelos y genera abundancia y buenos precios en temporada, igual a ese campesino que cultiva diversa como también responsablemente y protegiendo predios de labranza o debe respaldarse los monocultivos que esterilizan la tierra, absorben toda el agua posible sin apartarse que utilizan herbicidas y venenos que están causando enfermedad.
En términos de derecho a la alimentación, explicó la directiva, las personas deben pensar si lo que se come está enfermando seres humanos, pero además al planeta, es decir contaminando, un apuro que seguramente está empacado en miles de paqueticos.
“Me llama mucho la atención que la gente quiere ser muy consciente y lleva la bolsa de tela al supermercado y paradójicamente la llena con plásticos porque todo viene envuelto en ese material como galletas, panes y otros productos. Caso muy diferente es la plaza de mercado en donde se encuentra alimentación real y quien compra apoya directamente a un sector muy importante para la sociedad, los agricultores y campesinos”, afirmó la presidente del CAJAR.
Los colombianos tienen que apostar por buena alimentación, comida rigurosamente sembrada, con buenas prácticas agrícolas y total inocuidad. En el tema alimentario, como en todo, hay que hacer transiciones ya que se hace urgente pasar de la síntesis química y los venenos a un agro sano, verde y orgánico, pero para eso precisó la abogada se necesita el concurso del gobierno que debe dar fuertes respaldos para potenciar la ruralidad productiva, el renglón más importante porque la gente ni come oro ni toma petróleo.
En opinión de Yessika Hoyos Morales es trascendental empezar a desmontar mitos porque la gente dice que comer frutas o verduras es más costoso, algo fuera de contexto porque el colectivo hizo el ejercicio de comprar ultraprocesados y comida real, al final las cuentas mostraron que es más económico ir a la plaza y adquirir lo que los labriegos cosechan y llega al mercado como fruta o verdura de temporada, una ley muy conocida, oferta y demanda. Son, exteriorizó, ecosistemas que realmente permiten ser circulares.
Recordó que Colombia es el país más biodiverso en la producción y cantidad de frutas y por eso hay que apostarle decididamente a la alimentación real, frutos y verduras que le aportan vitaminas y nutrientes al cuerpo, productos del campo que suman en salud, pero sin estigmatizar bienes como la guayaba, los cubios, las habas y otros que no gustan porque hay gente que no los sabe preparar.
La gente tiene que aprender a comer y también a informarse, muchos no saben que existen más de 3.000 variedades de papa y el consumidor se limita solamente a una, igual pasa con el maíz en donde también hay muchas variedades, pero en Colombia a lo sumo se conocen dos. Instó a los colombianos a jugársela por la variedad porque ello implica diversidad, así como cuidado del planeta.
La agricultura, reiteró, debe mejorar en cuanto a producción y buenas prácticas para garantizar comida plenamente confiable, pero allí es trascendental el apoyo estatal para alcanzar un sólido fortalecimiento, labor que está haciendo el Ministerio de Agricultura, entidad enterada que el campo necesita tecnificarse para producir mejor, igual tiene claro que hay falencias en vías terciarias y secundarias, pero en general en infraestructura.
El trabajo en los campos y en la producción agropecuaria está avanzando, pero para la presidente del CAJAR también se necesita una ciudadanía más consciente de dónde se compra y qué se compra. La jurista invitó a los colombianos a comprar vida que sencilla y llanamente está en la alimentación real, nada lejano ni imposible.
A lo anterior, concluyó, es bueno meterle las espectaculares y apetecibles recetas de la abuela para comer rico, nutrirse debidamente y ganar en salud.
