En un entorno de desaceleración del comercio exterior y mayor presión fiscal, las empresas importadoras en Colombia han entrado en una etapa de "cumplimiento técnico obligatorio" para salvaguardar su rentabilidad con la entrada en vigor del nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, prevista para junio de 2026, que redefine las reglas del juego al centrar la vigilancia en la conducta de los actores y la precisión de la información técnica; y convirtiendo el cumplimiento de este nuevo régimen como un requisito para operar.

Existe un ambiente desafiante en materia de comercio exterior ya que La Organización Mundial del Comercio (OMC) proyecta sólo un crecimiento del 0,5 % para el comercio global en 2026. Colombia enfrenta retos importantes para superar la meta de US$50.000 millones en exportaciones, además de desafíos por procesos de inspección y levante más exigentes en los puertos.

A esto se suman las recientes medidas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que restringen el tráfico postal y los envíos urgentes, exigiendo que los productos sujetos a reglamentos técnicos cuenten con certificaciones válidas para evitar decomisos o reenvíos.

En este nuevo escenario, el cumplimiento de normas como el RETIE, RETILAP y RETIQ, certificadas por NYCE, deja de ser un trámite operativo y se convierte en una estrategia de supervivencia financiera para las empresas colombianas.

Según las cifras de la Asociación Nacional de Comercio Exterior y el Departamento Nacional de Planeación, las importaciones de productos eléctricos y de iluminación alcanzaron cerca de US$4.200 millones en 2025, un volumen que ahora estará sujeto a controles más estrictos.

"La complejidad del comercio exterior actual no permite improvisaciones. Ante las nuevas dificultades para cumplir con las regulaciones de las autoridades, no solo en Colombia sino en todo el mundo, es imperativo que las empresas cumplan de forma adecuada con las pruebas de laboratorio y la certificación de sus productos", afirmó William Vizcaíno, Director General de NYCE en Sudamérica.

El cumplimiento de las regulaciones no es solo un tema de seguridad para los consumidores, es un mecanismo de viabilidad económica empresarial que permite evitar riesgos económicos por sanciones aduaneras, incluyendo la inmovilización de mercancía en puertos, que podrían representar el cierre de muchas de las organizaciones dedicadas al intercambio de mercancías en toda la región.

El endurecimiento de las condiciones podría generar mayores costos y riesgos para las empresas que no estén preparadas. En este contexto, la certificación de productos y las pruebas de laboratorio acreditadas como las de NYCE, ganan relevancia como herramientas para garantizar el acceso al mercado y la seguridad jurídica en las operaciones de comercio exterior.