Por: Carlos Alberto García

Uno de los errores más frecuentes en política consiste en creer que la sola salida de un mal gobierno garantiza la llegada inmediata de las soluciones. Los países no funcionan como un interruptor que se apaga y se enciende cada cuatro años.
Cuando una administración deja rezagos económicos, deterioro institucional, caída de la confianza, incertidumbre para la inversión y un ambiente permanente de confrontación, sus efectos permanecen mucho después de que termina su mandato.

Por eso, sería un error esperar que el gobierno recién elegido de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo revierta en cuestión de meses los problemas acumulados durante los últimos cuatro años. La recuperación económica no ocurre por decreto ni por la simple voluntad de un mandatario. Requiere reconstruir confianza, atraer inversión, generar empleo, recuperar la productividad, estabilizar las reglas de juego y devolver credibilidad a las instituciones. Son procesos que demandan tiempo, consistencia y resultados graduales.

La experiencia demuestra que las sociedades suelen caer en dos extremos igualmente perjudiciales: la resignación frente a los malos resultados o la impaciencia frente a los esfuerzos de recuperación. Ninguno de los dos contribuye al progreso. Lo responsable es mantener una vigilancia crítica sobre el nuevo gobierno, exigir transparencia y resultados, pero también reconocer que los cambios estructurales requieren un tiempo razonable para consolidarse.

La magnitud del desafío económico obliga partir de un diagnóstico honesto. La principal herencia que deja el gobierno Petro no es una recesión abierta, sino una economía que perdió dinamismo, confianza y capacidad de crecimiento. La inversión privada, verdadero motor de la generación de empleo y riqueza, llegó a registrar caídas cercanas al 24%, reflejando la incertidumbre que durante años rodeó a los sectores productivos. Al mismo tiempo, el crecimiento económico pasó de 7,3% en 2022 a apenas 0,6%, una reducción superior al 90% en el ritmo de expansión de la economía.

A este panorama se suma el deterioro de sectores estratégicos que históricamente han impulsado el desarrollo nacional. La actividad minero-energética, fundamental para la generación de divisas e ingresos fiscales, registró retrocesos cercanos al 5,2%. La construcción y la vivienda, actividades con una enorme capacidad de generación de empleo, cayeron alrededor de 4,2%, mientras la industria manufacturera se contrajo 3,5%, debilitando la capacidad productiva del país. El comercio, uno de los principales termómetros de la confianza de consumidores y empresarios, también mostró una reducción cercana al 2,8%, reflejando el menor dinamismo de la demanda interna.

El deterioro no se limita al aparato productivo. El nuevo gobierno recibe además unas finanzas públicas sometidas a una fuerte presión, con un déficit fiscal cercano al 6,4% del PIB y una deuda pública superior al 60% del PIB. Estas cifras reducen significativamente el margen de maniobra para impulsar nuevas inversiones, desarrollar programas de crecimiento o responder a eventuales contingencias económicas.

Ese es el punto de partida real de la nueva administración. La tarea que tiene por delante no consiste únicamente en administrar el país, sino en recuperar la confianza de quienes producen, generan empleo y arriesgan capital; reactivar los sectores económicos que perdieron dinamismo; fortalecer la competitividad; y devolverle al Estado la capacidad de actuar con responsabilidad fiscal y visión de largo plazo.

Sin embargo, reconocer la dimensión de los problemas heredados no significa otorgar un cheque en blanco. Hay asuntos en los cuales los colombianos tienen derecho a exigir resultados desde el primer día. La seguridad es uno de ellos. El deterioro del orden público, el fortalecimiento de estructuras criminales, la expansión de economías ilegales y la creciente sensación de inseguridad en muchas regiones exigen respuestas inmediatas. La recuperación económica requiere tiempo; la autoridad del Estado no.

También existe una expectativa legítima de coherencia. Durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo hicieron de la seguridad, la recuperación de la confianza inversionista, el fortalecimiento institucional y la reactivación económica los pilares de su propuesta. Ahora les corresponde demostrar que esas banderas representan una hoja de ruta de gobierno y no simplemente un discurso electoral.

No deja de ser significativo que quienes hoy llegan al poder hayan sido identificados durante la campaña como el gobierno de los "nunca": los que nunca habían gobernado, los que nunca habían tenido la oportunidad de poner en práctica sus ideas y los que durante años cuestionaron las decisiones de quienes estuvieron al frente del Estado. Esa condición les permitió interpretar el cansancio de millones de colombianos frente a los errores acumulados y construir una propuesta de cambio basada en la autoridad, la eficiencia y los resultados.

Precisamente por ello la exigencia será mayor. Ya no podrán limitarse a señalar las equivocaciones de sus antecesores. El país espera que demuestren que las soluciones que defendieron son viables, que cuentan con la capacidad política para ejecutarlas y que poseen la firmeza necesaria para enfrentar los desafíos que reciben. Los colombianos no votaron únicamente por un cambio de gobierno; votaron por la expectativa de un cambio de rumbo.

La recuperación de la economía, la inversión, el empleo y la productividad no ocurrirá de la noche a la mañana. Reconstruir siempre toma más tiempo que destruir. Pero la autoridad, la coherencia y el liderazgo sí pueden demostrarse desde el primer día. Ese será el verdadero desafío del gobierno de los nunca: convertir la esperanza de millones de colombianos en resultados concretos y comenzar a devolverle al país la confianza en su futuro.