Por: Carlos Alberto García

Cada vez que termina un gobierno en Colombia se repite el mismo debate: cuántas hectáreas se compraron, cuántas se formalizaron, cuántos baldíos se adjudicaron o cuántos predios ingresaron al Fondo Nacional de Tierras. Cambian las cifras y cambian los discursos, pero la pregunta de fondo permanece intacta: ¿la reforma agraria está transformando realmente la vida de los campesinos colombianos?

Ese debe ser el verdadero centro de la discusión. Sin embargo, el debate suele reducirse a una competencia de estadísticas entre gobiernos, cuando el propósito de una reforma agraria nunca ha sido acumular hectáreas, sino crear oportunidades, reducir la pobreza rural y convertir el campo en un motor de desarrollo.

La respuesta no está en los discursos políticos. La Constitución Política en su artículo 64 establece que el deber del Estado no es únicamente facilitar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra para los trabajadores agrarios, sino promover su desarrollo integral mediante crédito, asistencia técnica, infraestructura, vivienda, educación, salud, comercialización y acceso a mercados.

El Constituyente entendió que entregar tierra era apenas el comienzo. El verdadero objetivo consiste en crear las condiciones para que esa tierra produzca riqueza, empleo y bienestar.

Hace más de veinticinco años, el entonces ministro de Agricultura, Carlos Murgas Guerrero, pronunció una frase que generó amplia controversia, "La tierra ya no es factor de riqueza". Muchos la interpretaron como un cuestionamiento a la reforma agraria. Vista desde la perspectiva actual, encerraba una reflexión que el tiempo ha confirmado: la propiedad de la tierra, sin crédito, asistencia técnica, tecnología, infraestructura y acceso a mercados, difícilmente transforma la vida de quienes la trabajan.

Por eso, hoy esa afirmación merece un matiz: la tierra sigue siendo indispensable para millones de campesinos que aún no la poseen, pero dejó de ser suficiente. El verdadero reto consiste en convertir ese activo en productividad, ingresos y oportunidades.

Ese mismo enfoque quedó plasmado en el Acuerdo Final de Paz de 2016 mediante la Reforma Rural Integral, que fijó dos grandes metas: conformar un Fondo de Tierras de tres millones de hectáreas y formalizar siete millones de hectáreas de propiedad rural para reducir una de las mayores brechas sociales del país.

Desde entonces, cada gobierno ha privilegiado estrategias diferentes.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos dejó la arquitectura institucional de la reforma mediante la creación del Fondo Nacional de Tierras y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Tierras.

El gobierno del presidente Iván Duque priorizó la formalización de la propiedad rural. Según cifras oficiales de la ANT, durante esa administración se formalizaron 1.072.519 hectáreas, brindando seguridad jurídica a miles de familias campesinas.

Por su parte, el gobierno del presidente Gustavo Petro concentró sus esfuerzos en ampliar el acceso a la tierra mediante la compra de predios. De acuerdo con la ANT, se adquirieron 370.192 hectáreas, además de incorporarse tierras provenientes de la recuperación de baldíos, transferencias de la Sociedad de Activos Especiales y otros mecanismos legales. Paralelamente, el Gobierno reporta la formalización de más de 1,5 millones de hectáreas.

Las cifras son oficiales y muestran avances. Pero también evidencian un problema: cada administración ha evaluado su gestión con indicadores distintos. Mientras unas resaltan la formalización de la propiedad, otras privilegian la compra de tierras o la incorporación de predios al Fondo Nacional de Tierras. Todos son indicadores válidos, pero corresponden a etapas diferentes de una misma política pública y, por tanto, no son comparables entre sí.

Por eso, la pregunta que Colombia debería hacerse no es quién compró más hectáreas o quién formalizó más predios, sino ¿cuántas familias mejoraron realmente sus ingresos gracias al acceso a la tierra? ¿Cuántos jóvenes decidieron permanecer en el campo porque encontraron oportunidades? ¿Cuántos pequeños productores accedieron a crédito, asistencia técnica, infraestructura y mercados? ¿Cuántos proyectos productivos siguen siendo sostenibles años después de haber recibido un predio? Estas son las preguntas que permiten establecer si una reforma agraria está cumpliendo su verdadero propósito.

Los informes de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación coinciden en una conclusión: la reforma agraria necesita mejores mecanismos de planeación, seguimiento y evaluación. Más allá de facilitar el acceso a la tierra, el verdadero desafío consiste en garantizar que los beneficiarios cuenten con crédito, asistencia técnica, infraestructura, comercialización y acompañamiento institucional para hacer sostenibles sus proyectos productivos.

Por ello, Colombia debería avanzar hacia un Sistema Nacional de Indicadores para el Desarrollo Rural, liderado por el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y el DANE, con acompañamiento de los organismos de control. Un sistema que permita evaluar la política rural con criterios homogéneos, verificables y permanentes, independientemente del gobierno de turno. Solo así será posible saber qué políticas funcionan, cuáles requieren ajustes y cuáles deben convertirse en políticas de Estado.

En ese contexto, la llegada del nuevo gobierno representa una oportunidad que merece observarse con esperanza, pero también con responsabilidad. Las propuestas anunciadas para fortalecer la productividad agropecuaria, ampliar el acceso a la tierra, impulsar la agricultura campesina y familiar, facilitar el acceso al crédito y la asistencia técnica, modernizar la infraestructura rural y fortalecer la seguridad alimentaria responden a necesidades históricas del sector y generan expectativas legítimas entre miles de productores y potenciales beneficiarios de la reforma agraria.

También resulta alentador que esta agenda vaya a ser liderada por personas con amplia experiencia y conocimiento del sector agropecuario. Ese conocimiento representa una ventaja para comprender la realidad del campo y diseñar políticas públicas más cercanas a las necesidades de los territorios.

Más que comenzar una nueva reforma agraria, el desafío consiste en consolidar una política nacional de desarrollo rural que trascienda los gobiernos, que preserve los avances alcanzados, corrija las debilidades identificadas y fortalezca aquello que ha demostrado ser útil para los campesinos. El campo colombiano no puede seguir empezando de cero cada cuatro años.

Quizá el mayor legado que pueda dejar el gobierno que entra no sea anunciar más hectáreas que sus antecesores, sino liderar un gran acuerdo nacional por el desarrollo rural. Un acuerdo que reúna al Estado, los campesinos, los gremios, la academia, las universidades, las organizaciones sociales y los organismos de control alrededor de un propósito común: convertir el acceso a la tierra en productividad, empleo, seguridad alimentaria, competitividad y prosperidad para millones de familias rurales.

La tierra seguirá siendo indispensable para quienes aún no la poseen, pero dejó de ser suficiente. El verdadero éxito de la reforma agraria no se medirá por las hectáreas compradas, formalizadas o adjudicadas, sino por la capacidad del Estado para transformar esa tierra en oportunidades, ingresos, bienestar y arraigo.

Solo entonces dejaremos de discutir cuál gobierno entregó más hectáreas y empezaremos a preguntarnos cuál logró que más familias campesinas vivieran mejor. Ese será el día en que la reforma agraria deje de ser una estadística para convertirse, por fin, en una verdadera política de desarrollo rural.