Por: Jairo Mesa

Las denuncias conocidas durante el proceso de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella no pueden reducirse a una simple confrontación política. Cuando se habla de convenios por cientos de miles de millones de pesos, de presuntas deficiencias en la formalización de predios y de cuestionamientos sobre la ejecución de la reforma agraria, el país merece mucho más que comunicados de prensa. Merece respuestas.

La tierra es demasiado importante para Colombia como para administrarla entre dudas.

Durante años se nos dijo que la reforma agraria sería el gran instrumento para saldar la deuda histórica con el campesinado colombiano. Nadie puede oponerse a ese propósito. Democratizar el acceso a la tierra, formalizar la propiedad rural y dignificar al productor del campo constituyen objetivos constitucionales.

Pero una reforma agraria no puede medirse por el número de ruedas de prensa ni por la cantidad de hectáreas anunciadas. Debe medirse por la legalidad de cada decisión, por la transparencia de cada compra y por la seguridad jurídica de cada predio adquirido.

Hoy son muchas las preguntas que permanecen abiertas.

¿Cumplen todos los predios adquiridos los requisitos legales para ser incorporados a la reforma agraria?
¿Fueron seleccionados mediante criterios estrictamente técnicos?
¿Los avalúos reflejan realmente el valor comercial de los inmuebles o existieron diferencias que ameritan una revisión independiente?
¿Los procesos de saneamiento jurídico quedaron completamente terminados antes de comprometer recursos públicos?

Estas preguntas no son un ataque contra la reforma agraria. Son precisamente la mejor forma de protegerla.
Si el Estado compra un predio que no reúne las condiciones jurídicas necesarias, quien termina perjudicado no es únicamente el erario. También lo son las familias campesinas que esperan recibir tierras con plena seguridad jurídica y sin conflictos futuros.

Las denuncias conocidas durante el empalme, así como los cuestionamientos publicados por distintos medios de comunicación sobre la gestión de la Agencia Nacional de Tierras, obligan a una revisión profunda. No basta con afirmar que todo se hizo correctamente. La ciudadanía tiene derecho a conocer los estudios técnicos, los criterios de selección, las metodologías de valoración y los soportes que justificaron cada adquisición.

En una democracia, administrar recursos públicos exige algo más que legalidad: exige confianza. Y la confianza solo nace cuando las decisiones pueden ser examinadas sin reservas.

Quienes dirigieron la Agencia Nacional de Tierras durante estos años tienen hoy una enorme responsabilidad institucional. No porque una denuncia equivalga a una condena, sino porque el país necesita saber si el patrimonio público fue administrado con el rigor que exige la Constitución y si la reforma agraria avanzó sobre bases sólidas o sobre decisiones que ahora deberán ser revisadas.

El nuevo gobierno tiene la obligación de ir más allá de la confrontación política. Debe abrir una auditoría integral sobre las adquisiciones realizadas, revisar expediente por expediente, avalúo por avalúo y resolución por resolución. Si todo se ajustó a la ley, será la mejor manera de restablecer la confianza. Pero si se encuentran irregularidades, el país espera que las investigaciones avancen sin contemplaciones y con absoluto respeto por el debido proceso.

La reforma agraria merece sobrevivir a los gobiernos

Lo que no puede sobrevivir es cualquier sombra de opacidad sobre la institución encargada de ejecutarla.

La Agencia Nacional de Tierras llegó a un punto en el que ya no basta con defender su gestión.

Ha llegado la hora de explicarla.