El asunto de las tierras ha resultado espinoso a través del tiempo, desde que el hombre optó por el sedentarismo para domesticar plantas y animales dándole curso a la agricultura, la propiedad terminó siendo la base del poder y de las políticas. Por hectáreas de suelo hubo invasiones, muertes absurdas, guerras y despojo en toda su dimensión.
La tenencia de los títulos otorgó jerarquía social, pero igual algunos métodos non sanctus pusieron a muchos de patitas en la miseria y la proscripción. Abordar el tema de la tierra siempre será complejo porque generalmente se asocia con la injusticia, el hurto, ese histórico abuso de poder y la concentración malsana de muchísimas hectáreas en unas pocas familias, se trata de una problemática mundial con profundas raíces en los pueblos antiguos y desde luego en el medioevo en donde alcanzó su máxima expresión, más puntualmente en los siglos XI y XIII cuando el feudalismo tuvo un apogeo con el llamado sistema de vasallaje, ello acompañado de crecimiento demográfico y un desmesurado poder local que comenzó en los siglos IX y X.
En Colombia el poder a través de la tenencia de la tierra también ha generado agudos inconvenientes ya que hubo concentración de propiedad en la conquista, la colonia y la época republicana a la que se llegó con unas guerras de independencia que se pagaron con predios, fincas y espacios para la fundación, de hecho, algunos generales que actuaron con Simón Bolívar ganaron mucho con su labor bélica, pero demasiados combatientes murieron sin que se les diera un ápice de tierra.
Hoy el gran problema es la informalidad en la propiedad, muchos predios o haciendas carecen de títulos o registros de tenencia, azuzando el inconformismo, los reclamos y los problemas jurídicos. Un caramelo que debe sortearse para darle uso debido a la tierra cultivable y lograr la misión de alcanzar la agricultura de gran escala que garantice seguridad alimentaria en el país y oferta exportable.
Colombia ha sido escenario de varias reformas agrarias, pero lamentablemente el Estado no ha dado pie con bola y siempre queda un error, un pendiente y una retahíla de reclamos que inclusive han terminado de mala manera. Hoy son recordadas reformas agrarias o experimentos como la de 1936, 1961 con la Ley 135 y la de 1994. Actualmente se habla de reforma agraria, pero de manera integral, inteligente y consecuente en donde haya espacio para los Comités de Reforma Agraria, adjudicación de tierras y la necesaria formalización de los territorios en favor de comunidades indígenas, población afrodescendiente y campesinado, todo en procura de un acceso más ecuánime a la tierra.
Se ha hecho de todo, el presidente de la República Gustavo Petro ha dejado ver una buena voluntad, pero como en todos los procesos se ha cometido errores, los procesos terminaron siendo extensos y la entrega de terrenos en algunos casos no se hizo adecuadamente porque la idea de facilitar suelo es promover la agricultura con una productividad importante, toda una dinámica alimentaria que pide más herramientas y algunas precisiones contractuales para blindar la propiedad y evitar las lamentables prácticas del pasado en donde algunos terratenientes expulsaron de sus feudos ancestrales a muchos labriegos, un fenómeno que sumó en la crisis de la obtención agraria porque sin duda el despojo fue un común denominador precisamente motivado por la falta de legalización de predios, el caldo de cultivo para las acciones irregulares.
Quizás algunos analistas y críticos pidan más resultados en productividad, pero viendo los casos de beneficiarios con tierra es visible que hay siembras y cosechas, inclusive se adelantan labores de valor agregado con la comercialización de derivados lácteos y otras experiencias en diferentes núcleos de producción.
En charla con Diariolaeconomia.com, el ex Superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa Guerra, afirmó que la política de tierras debe entrar por derroteros innovadores, prácticos y de máxima eficiencia porque una reforma agraria no debe leerse como la mera entrega de terrenos habida cuenta que el término productividad debe izarse como base esencial de esas iniciativas, es decir un ejercicio completo que tenga como igual una mejor agricultura, inclusión y oportunidad para todos.
Según su análisis, una cosa es hacer una reforma rural comprando tierras y otra muy distinta el ordenamiento social de la propiedad. Dijo que el actual mandato se dedicó a la compra de tierras con unos indicadores muy bajos en adquisición de predios así como en repartición porque efectivamente la gran mayoría de entregas llegaron al campesinado, pero indició que la Agencia Nacional de Tierras, ANT, tiene grandes problemas para conceder esas tierras a sus beneficiarios porque no se ha cumplido con las metas de cesión a comunidades afrodescendientes e indígenas, pedro eso, manifestó el distinguido abogado, es una parte del ordenamiento social de la propiedad.
“Creo que el futuro presidente o el próximo gobierno tiene un reto muy grande y es la formalización y el saneamiento de la propiedad. Colombia tiene más de 2.5 millones de predios en falsa tradición y casi todos tendrán que ir a la instancia de los jueces de tierras en juicios de pertenencia. ¿quién va a ayudarles a estos campesinos a cumplir con las normas?, ese es un gran desafío que tendrá que abordar el próximo mandato porque sin duda alguna este proceso necesita del acompañamiento del ejecutivo”, declaró el señor Mesa Guerra.
Recalcó que el máximo reto del gobierno venidero, más que comprar tierra, es formalizar la que ya se tiene. Añadió que otro tema bien importante es la reforma a la Ley 160 de 1994 o Ley de Reforma Agraria la misma que le dio vida al Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, ello en aras de democratizar la propiedad de la tierra, respaldar a los labriegos así como las distintas etnias incentivando el desarrollo rural a través de subsidios, créditos y la puesta en marcha de las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, instrumento vital para rubricar un acceso a la tierra al amparo de la equidad y la sostenibilidad.
Definir de qué manera se repartirán los baldíos partiendo de la premisa de que en Colombia hay cabida para todos y allí habrá que trabajar muy duro en la formalización y saneamiento de la propiedad, es decir, darles títulos a esos campesinos que toda la vida han ocupado predios, bien sea de la nación o de privados. Comentó que en departamentos como Boyacá, Santander o Nariño es fácil encontrar considerables extensiones de tierras las cuales durante muchos años no fueron registradas por sus dueños o actualizadas por diversos aspectos jurídicos, verbigracia, las sucesiones y por eso muchas haciendas o fincas siguen hoy en falsa tradición, factor contractual con cifras alarmantes ya que la suma total de predios bajo esta condición supera los 2.7 millones de propiedades no legalizadas, algo que pide a gritos resolver el apuro, sin duda un reto de consideración para un gobierno.
Dentro de las consideraciones de Mesa Guerra, por los indicadores vistos, la actual administración no ha pasado de 100.000 predios formalizados y eso muestra que hay oficio por concretar para hacer de Colombia un país de verdaderos propietarios, inclusive de productores tranquilos porque todo lo que se hace bajo el techo de la ley conlleva al sosiego.
A juicio de Mesa Guerra, el problema de la tenencia de tierra no pasa por falta de cultura de la pertenencia porque allí hay sapiencia, raigambre y usanza, en su opinión el problema radica en la cantidad de trámites que hay para llegar a una formalización.
“Los colombianos somos expertos en hacer difíciles las cosas fáciles, nosotros acá sacamos un poco de normas casi imposibles de cumplir, por ejemplo, determinar si un terreno es o no baldío demanda la interpretación de las leyes que tenemos y que son sumamente complejas y por ello metemos al campesino en un entramado jurídico que hace que ese labriego desista de formalizar su tierra. Yo creo que en Colombia la Ley 160 invita no solo a reformarla sino a diseñar una reforma más sencilla y fácil de interpretar por todos los actores que tienen que ver con la legalización y formalización de tierras, con esa perentoria depuración de la propiedad. El país urge de una ley de saneamiento rápido, algo cercano a una amnistía para que la gente se acoja en dos años y pueda legitimar sus tierras”, enfatizó el ex Superintendente de Notariado y Registro Jairo Alonso Mesa Guerra.
En su observación Mesa dijo que el estado no alcanzará a recuperar los microfundios que evidentemente le puede hacer daño a la economía, no obstante, reconoció que es peor tenerlo sin título. Señaló que Colombia se enredó mucho y evocó que cuando inició la formalización en Boyacá, una de las cosas trascendentales que la Superintendencia tenía era los Registradores de Instrumentos Públicos, RIP, y las mismas Oficinas de Registro, ORIP, cumplían con un papel más rápido de cara a formalizar con mayor celeridad los predios de los campesinos boyacenses puesto que no se puede desconocer que Boyacá tiene propiedad privada y por eso casi no hay baldíos, pero tienen cédulas reales, títulos de la corona, bienes de sucesiones ilíquidas que jamás saldaron, todo herencia del antiguo sistema. El conocedor subrayó que el país necesita normas ágiles y flexibles para poder formalizar la propiedad.
Uno de los grandes errores es considerar que solo los pequeños agricultores tienen derecho a la tierra dejando de costado que hay medianos y grandes agricultores que necesitan crecer, pero también inversionistas buscando opciones en los suelos colombianos. El experto fue claro al precisar que es necesario darle propiedad a la agroindustria porque esta no se puede desarrollar bajo esquemas de agricultura familiar porque para progresar y ser verdaderos jugadores del sector agropecuario, Colombia necesita zonas empresariales y volver a términos tan sencillos como trabajador del campo porque en el territorio se habla solamente de campesinos, pero no se contempla como beneficiario de la reforma agraria al veterinario, al zootecnista, al agrónomo y en general a las personas dedicadas a las labores del campo.
Dijo que Colombia tiene que trabajar muy duro en la productividad del campo, en esos proyectos asociativos, pero también en las zonas de desarrollo empresarial ya que, de seguir en lo mismo, expresó, no se alcanzará la debida productividad. Mesa puntualizó que es increíble que en el país, 39 millones de hectáreas estén focalizadas en ganadería y solo seis millones de hectáreas existan para la agricultura cuando debería ser al contrario, es decir que el país no produce el alimento o materias primas requeridas, algo complicado porque una de las grandes restricciones para la competitividad del sector agropecuario es la Unidad Agrícola Familiar, UAF, razón por la cual hay que revisar muy bien esa extensión mínima de tierra para que una familia viva con dignidad, pero también trabajar fuertemente en la reformulación de la Ley 160 que permita la productividad del campo.
Urbes a producir alimentos, “de la ciudad al campo”
Una queja ya común en el campo es que quienes tienen núcleos productivos en la ruralidad están pagando servicios públicos urbanos en vista que las otrora zonas de siembra fueron invadidas por condominios, edificios y multifamiliares, un tema mucho más complejo aseveró Jairo Alonso Mesa Guerra porque debe tenerse en cuenta que el ordenamiento territorial tiene una autonomía regional, de los municipios y allí Colombia tiene que armonizar entre el crecimiento de las ciudades y la parte productiva. Dijo que independiente de la labranza o la cría de ganado, hay múltiples sentencias de la Corte Constitucional que respeta la autonomía de las regiones para su ordenamiento territorial.
“Me parece que ese es un trabajo que le corresponde a los gobiernos nacional, departamental y municipal de coordinar los crecimientos y las olas de expansión”, estimó Mesa Guerra.
En el tema de crecimiento urbano en zonas de cultivo, podría alternarse una actividad con la otra buscando mecanismos para no afectar la producción primaria, indispensable en la seguridad alimentaria que debe darse igualmente a partir de las ciudades que son una fuente de economías agrícolas con las huertas caseras, cultivos hidropónicos y otras propuestas que han arrojado muy buenos resultados en el entorno global.
Mesa rememoró que Colombia tuvo un programa muy bonito de seguridad alimentaria que debe rescatar porque ante las progresivas necesidades de nutrición no puede renunciar a él. Apuntó que el crecimiento de las urbes es algo inevitable, pero que debe contemplar y definir es qué proporción se pueden dejar expandir las metrópolis puesto que en Cundinamarca es visible que Cajicá, Chia y otros municipios perdieron su vocación agrícola y hoy solo están destinadas al desarrollo urbano, algo muy importante que debe tenerse en cuenta.
El tema es aplicar el slogan de Agroexpo, pero al revés, la ciudad en el campo porque de las selvas de cemento como se les conoce a las capitales pueden salir alimentos que pueden mejorar la calidad de vida del propio campesino porque en Colombia reiteró deben caber todos lo que obliga a rubricar normas que permitan la convivencia del pequeño, el grande, de ese juicioso productor agrícola, la minería y la conservación del medio ambiente.
Es triste, pero todo cambió y hoy los pueblos le dan campo al cemento
Los años pasan, viene la evolución que en algunos casos puede tildarse de involución, cambian los escenarios, los oficios y las disposiciones. A nivel nacional, pero obedeciendo a una tendencia global, las zonas de cultivo pararon y se convirtieron en barrios, soluciones habitacionales, hoteles y extensiones de las grandes urbes, lamentablemente la agricultura fue marchitándose, quizás se inmoló para darle vida al desarrollo urbano, llevándose consigo paisajes, fuentes acuíferas y entornos naturales.
“Hoy en día, y lo digo por un municipio en donde resido que se llama Venecia, Antioquia, se perdió la vocación agrícola y el pueblo que era totalmente cafetero hoy en día es cien por ciento turístico. Lo que digo con eso es que aquí ya no se siembra un solo palo de café, sino que se edifican solo hoteles, reconociendo que esos cambios afectan mucho la producción del campo, en este momento todas las fincas que antes cosechaban café suave se convirtieron en eco-hoteles. A duras penas Venecia debe conservar dos o tres fincas cafeteras y un par adicional de cítricos, lo demás dejó la agricultura para darle campo al cemento”, precisó el reconocido jurista.
Una verdad en favor de Colombia es que aún quedan grandes extensiones de tierra como la Orinoquía y la Altillanura en donde hay espacio para siembras a gran escala, una oportunidad para grandes capitales, asociaciones de campesinos e inclusive países necesitados de alimentos básicos, pero el tema es que si no hay seguridad jurídica la gente no hará inversiones en desarrollo rural, en este caso en la promisoria Altillanura en donde la mayoría de las personas con alguna actividad económica se dedicaron a hacerle el quite a la ley ya que no hay certeza de que es o no acumulación, vacíos jurídicos en la compra de tierras, todo un conjunto de temas complejos que hace importante que el Estado les dé seguridad jurídica a esos sitios de sembradío, algo esencial para la inversión extranjera, igual trato para los nacionales porque la mayoría de cultivadores de palma que están en los Llanos Orientales son colombianos y las soluciones o blindajes legales deben darse de lado y lado.
Hay gente mirando a Colombia, son muy atractivos el Meta, Casanare, Arauca y el Vichada, pero el tema es afianzar normas y hacerlas cumplir para lograr un salto de calidad en agricultura y el modelo de desarrollo.
Mesa destacó que hay en el país normas muy audaces como el derecho a las grandes que contempla entrega de tierra cultivable en grandes extensiones a grupos de verdadero músculo económico por 100 o 200 años, una estrategia de producción, crecimiento, empleo y generación de riqueza con el dinero de los grandes conglomerados que saben, tienen el recurso y el tiempo para apostar por siembras en zonas habidas de desarrollo.
No es difícil, exclamó Mesa Guerra, existen muchas maneras de hacer atractiva la inversión para que todas esas zonas con potencial agropecuario se puedan desarrollar, todo atado a la transferencia de conocimiento, inversión en educación y cuidado de la tierra cultivable para permitir que las nuevas generaciones garanticen su seguridad alimentaria y el mismo agronegocio lo que incluye exportaciones y tranquilidad al planeta.
Recordó el experto en propiedad que Colombia es el séptimo país del mundo que más tierras puede tener para seguridad alimentaria y según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, vital en la erradicación del hambre, Colombia es el sexto país en donde más áreas hay para la producción agropecuaria, pero a criterio de la comunidad internacional, una de las restricciones más grandes para invertir es la Unidad Agrícola Familiar, algo necesario de replantear porque generalmente se abordan los temas estrictamente sociales dejando de lado la agenda macro de la economía agraria en donde está la deuda por saldar de Colombia precisamente por ocuparse siempre de temas pequeños, abandonando las opciones de gran calado que siempre quedan al garete.
En el tema agrícola debe haber un sistema en donde todos entren y participen de esas grandes posibilidades, en ese esquema debe haber espacio para los grandes productores y los más voluminosos capitales a quienes debe dárseles garantías para que tengan la tierra por el tiempo suficiente, los años que demanden acorde a la inversión y toda la seguridad jurídica para que tengan una estancia amable, rentable y socia del desarrollo, el empleo y los mejores ingresos para la nación.
En sus sondeos sobre costos y productividad, Jairo Alonso Mesa Guerra dijo que una combinada que vale más de dos millones de dólares, es una máquina que requiere entre 10.000 y 20.000 hectáreas para que sea eficiente, como quien dice que a ese inversionista que adquiere bienes de capital de alto costo no se le puede salir con apenas 1.000 hectáreas, ese empresario necesita una extensión considerable porque hay de por medio equipo, empleados y diversas actividades que cuestan mucho.
En el campo la eficiencia es un imperativo porque se pueden tener 1.000 hectáreas como productor mediano con alta productividad, pero el problema es tener esa cantidad de tierra con una vaca por cada diez hectáreas.
Para no perder esa filosofía social de la tierra, Mesa Guerra dijo que las mutuales o cooperativas de agricultores pueden estar presentes en grandes desarrollos pues hay varios proyectos asociativos admirables y de enormes eficiencias como se ve en palma de aceite, cultivos transitorios y otros en donde quedó demostrado que la unión con disciplina, hoja de ruta, propósito y trabajo hace la fuerza.
Ya cerrando, el ex Superintendente de Notariado y Registro Jairo Alonso Mesa Guerra manifestó que es el modelo productivo el que verdaderamente ayudará a Colombia a desarrollar el campo, eso sí, acompañando las iniciativas con un sistema de precios porque el país muestra mucha volatilidad e inestabilidad, Hoy, acentuó, todo el mundo está sembrando café por los buenos precios, pero apenas empiece a caer la cotización una nueva crisis llegará y justo ahí es en donde debe haber una estrategia que puede darse con rotación de cultivos y apalancada sobre una política rural más integral y mucho más planificada, sin ir tan lejos a partir de la realidad del mercado.
