Luego de dos largos y sufridos años de pandemia puede decirse que Colombia fue uno de los países de la región que arrojó saldos lamentables en pérdidas humanas y un impacto alarmante en su aparato económico. El Covid-19 no solamente arrancó vidas, igual dejó cientos de miles de personas sin empleo, empresas y negocios cerrados, deudas y un aumento considerable en los índices de pobreza.

Para los analistas del laboratorio de ideas, libertank, las consecuencias de la situación pandémica arrastró la economía colombiana a una de las peores crisis de su historia ya que hubo una drástica caída del PIB, aumento de la pobreza, crecimiento del déficit fiscal así como de la deuda externa. También se perdió el grado de inversión, quebraron muchísimas empresas, el empleo quedó atomizado y el país sigue en una incertidumbre, sentimiento que acompaña el miedo y el hambre.

Los expertos reconocen que hay una importante recuperación en la economía, empero estiman que no parece traducirse en un repunte sostenido de cara al futuro que permita reducir sustancialmente el desempleo y la pobreza crónica, fenómenos que afectan a millones de colombianos, hoy fundidos en dilemas e interrogantes.

Para el centro de pensamiento, es hora de que Colombia dé el salto hacia la prosperidad y por ello elaboró unas propuestas que pueden ser determinantes en el estímulo e impulso del crecimiento económico. Son cinco reformas, qué de encontrar eco, ayudarían, según los conocedores, a reavivar una economía que apenas está saliendo de la UCI.

Posiblemente inspirados en la frase célebre de Winston Churchill, “nunca se debe desaprovechar una buena crisis”, los reformistas esperan encontrar respuesta a una situación que exige compromiso, labor e ideas.

En charla con Diariolaeconomia.com, Director de Acción Legislativa de Libertank, Gabriel Aranguren, indicó que las propuestas apuntan a darle luces a Colombia sobre lo que debe ser el inicio de la reactivación económica sostenible y la reacción de los indicadores sociales, hoy venidos a menos por el caos que propició la pandemia.

Aclaró que las iniciativas que plasma el centro de pensamiento quieren contribuir con el retoque económico que demanda Colombia, todo al amparo del derecho que le asiste a los empresarios y al capital nacional, o de aquel que confiando en la solidez de la democracia, optó por instalarse en el territorio.

Las propuestas concretamente apuntan a la reducción de la burocracia con limitación constitucional del gasto público nacional. Según Aranguren, ello implicaría eliminar muchas entidades y reformar la Constitución para que el gasto del Estado no supere el 30 por ciento del producto interno bruto, PIB.

La segunda proposición tiene que ver con la adopción de un impuesto sobre la renta proporcional simplificado para personas naturales y jurídicas del 20 por ciento. El experto dijo que la medida supone una verdadera y profunda reforma tributaria, no como la que se acabó de aprobar o la fallida del mes de abril que desencadenó violencia y episodios lamentables en el país.

La tercera propuesta sugiere un salario mínimo diferenciado por municipios o regiones por cuanto la capacidad adquisitiva varía por ciudades, aparte que el costo de vida no es semejante entre algunas provincias con los grandes cascos urbanos. En opinión de Aranguren, la petición tiene todo el asidero porque la economía en Colombia es bastante disímil y por ello la plata no rinde igual en un sitio que en otro.

“El precio de las cosas no es igual en Chocó que en Arauca, La Guajira, Medellín o Cali. Nosotros proponemos que el salario mínimo sea determinado en cada región o municipio de acuerdo a la capacidad productiva existente y al costo de vida real”, expuso el señor Aranguren.

En cuarto lugar se contempla una flexiseguridad laboral, propuesta muy relacionada con el salario mínimo diferencial por regiones con la cual se quiere proteger al trabajador, al empleado o desempleado y no al puesto de trabajo. El vocero indicó que no se trata, como la legislación actual lo menciona, de proteger los puestos de trabajo porque sí. En este caso, explicó, se aconseja proteger al ser humano y al trabajador propendiendo por relajar y flexibilizar el régimen de contratación para que se pueda laborar de manera más fácil, de forma remota, desde diferentes países, contratar sin problema mano de obra colombiana en otras latitudes, que se pueda trabajar por horas y en general oxigenar las empresas.

La quinta propuesta habla de un bono educativo que supone subsidiar la formación pública que siga siendo gratuita, pero no financiando a las instituciones educativas sino a quienes consumen educación, es decir, los estudiantes y sus familias. La idea, precisó Gabriel Aranguren, es poder entregarles a padres y alumnos un cheque para que ellos libremente escojan el lugar para matricular a sus hijos, todo de acuerdo a sus convicciones y capacidades.

Con ese modelo, aseveró Aranguren, los educandos pueden ubicar una escuela especializada en arte, música, idiomas, deportes o ingeniería, todo evitando forzar a la familia a matricular a su hijo en la institución que le sea asignada por el Estado porque hay una relación de dependencia muy lamentable actualmente entre los dirigentes políticos que manejan el presupuesto de educación y los rectores de los colegios.

Conceptuó que las instituciones educativas compiten entre sí, no con calidad y servicio en la formación sino con quién es más amigo de los políticos que aprueban el presupuesto.

“En síntesis, esta propuesta tiene muchos acápites puntuales, pero lo que pretendemos de manera general es flexibilizar, facilitar el trabajo en Colombia y bajar la barrera para el empleo formal porque el 48 por ciento de la fuerza laboral colombiana está en la informalidad, es decir no existe para el sistema de seguridad social, no cotiza pensión, cesantías y las obligaciones inherentes al mandato de trabajo sensato. En esa tribuna no hay acceso a la atención médica o de riesgos laborales y el 12 o 13 por ciento aproximadamente de esa masa está desempleada”, dijo el versado.

Ilustró que dos tercios de la fuerza laboral o dos de cada tres personas que pueden trabajar en Colombia, o ganan menos del mínimo porque es muy difícil generar empleo o no ganan nada y lo que se quiere desde la propuesta es bajar esa barrera para que más colombianos ingresen a la formalidad.

La coyuntura más que un problema, una oportunidad

Un punto a tener en cuenta, expresó Aranguren, es la situación compleja de la logística en el mundo que ya hizo crisis y que ahora redundará en más incrementos de las materias primas, de los insumos y de bienes básicos, incluidos alimentos y fibras. El punto, analizó, invita a que el país y otras naciones de la región, retomen algunas labores agropecuarias desconectadas para garantizar suministro y seguridad alimentaria, no hacerlo, estimó, podría conllevar a agudos problemas.

Admitió que el mundo tiene hoy un tremendo problema con la cadena de distribución de alimentos y de muchos otros bienes lo que representa un problema gigante que no es exclusivo de Colombia. Para colmo de males, expuso, el país tiene un inconveniente muy serio, y es que tiene una infraestructura paupérrima por cuanto no tiene ferrocarril, adolece de puertos con aguas profundas pues tan solo un par se pueden citar con alguna tranquilidad, Buenaventura y Barranquilla, ni que hablar, indicó, de las vías colombianas, específicamente las de Antioquia que en su parecer, dan vergüenza, como ocurre en todo el país.

“Tenemos un problema muy viejo que ahora se le suma al lío de tráfico y cadenas de abastecimiento global con lo cual surgen dos o tres retos en Colombia en ese sentido y estamos hablando de cosas que no se solucionan rápido pues si empezamos ya e iniciamos la construcción de un puerto en el Urabá antioqueño o en el Chocó si se quiere, son proyectos que tardan décadas, pero el tema es intervenir y arrancar sin titubeos sin antes advertir que el impacto de los mega-trabajos no es inmediato pues son planes a largo plazo”, afirmó Aranguren.

Señaló que el tema es apremiante y anotó que quienes toman decisiones en materia de infraestructura e inversión, están pensando siempre en el corto plazo debido a la naturaleza de las funciones electorales y democráticas. De todas maneras dijo que la situación obliga a cambiar el concepto de voluntad política por trabajo, hechos y gestión en favor de las comunidades, de los productores y de una economía que no tiene obras que le permitan competir. Indicó que le llega a la mente una frase, propiedad de una figura muy importante del siglo XX que dice escuetamente, “los políticos casi siempre están pensando en las próximas elecciones, pero los verdaderos estadistas piensan en las próximas generaciones” y así las cosas, afirmó, el país necesita más de los últimos tratadistas que de aquellos primeros, Colombia demanda gente que con prospectiva y protección esté pensando en el futuro, en el lugar que habitaran hijos, nietos y bisnietos. Opinó que así mismo la Colombia actual está pagando las decisiones que tomaron los abuelos y bisabuelos en los años 50 y 60 en materia tributaria, de inversión y cuando tomaron la decisión de no apostar por el ferrocarril o invertir en puertos de aguas profundas, aeropuertos, como también puertos fluviales, otra falencia competitiva, luego enfrentamos un problema añejo y con muchas aristas en el tiempo.

Lamentó que en términos de normalidad, cueste sacar a mayor precio unas mercancías de Bogotá o Medellín a Buenaventura que despacharlas del puerto sobre el Pacífico a Tokio, o de Barranquilla a Nueva York, Londres y otros destinos comerciales, algo increíble y que el país no debió permitir que eso sucediera.

“Aquí el llamado es a todo el mundo, a los empresarios, a los ciudadanos, a los dirigentes políticos, académicos y a los estamentos para que ojalá se piense en el largo plazo”, apuntó Aranguren.

Los TLC deben incentivar el valor agregado y apartar la extracción

Sobre los TLC en donde se esperaba más ingresos de tecnología, innovación y bienes de capital, más no la entrega generosa de sectores productivos, Gabriel Aranguren comentó que históricamente Colombia le ha dado muchos beneficios a la inversión extranjera y aclaró que esos tratados de libre comercio suelen inclinarse por la extracción de recursos naturales. Colombia, consideró, sigue siendo un país agrario en ese sentido, en donde aún se extrae, leche, café, banano, flores y otros productos a los cuales no se les agrega valor.

Es urgente, exteriorizó, que Colombia salga de los commodities, de la economía agraria de los siglos XVIII y XIX pues hay que dar los saltos de modernidad productiva y ver por aparte los TLC en donde se puede ser ganador con una adecuada transformación, generando industria y ofreciendo servicios, no en vano el tercer renglón de la economía, un avance fácilmente exportable. Algún día, concluyó, Perú dio el paso, dejó los temores, se atrevió y hoy exporta en valores y volúmenes admirables.