Se podría llegar al extremo, según lo establece la norma cuestionada, que las áreas delimitadas como tales pueden culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería.

Desafortunadamente durante los 32 años de vigencia no solo no se ha reivindicado la autonomía territorial, sino que se ha dado una recentralización que la ha tornado nugatoria.

Entre los años 2002 y el año 2008 las entidades territoriales dejaron de recibir por cuenta de dos actos legislativos de marras la suma de $27.9 billones y entre 2010 y 2016 la bicoca de $71.2 billones.