Hay decisiones que parecen lejanas porque se anuncian en Washington y se explican con términos técnicos. Sin embargo, sus consecuencias terminan sintiéndose en los cultivos de la Sabana de Bogotá, en las fincas cafeteras, en las empresas exportadoras y en el bolsillo de miles de trabajadores colombianos.

Eso ocurre con el reciente anuncio de Estados Unidos de imponer un arancel del 12,5 % a los productos colombianos cobijados por la decisión de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). No se trata simplemente de un porcentaje. Es una medida que puede reducir la competitividad de nuestras exportaciones en el mercado más importante para Colombia y convertirse en una pesada carga para sectores que ya enfrentaban enormes dificultades.

Estados Unidos es, por amplio margen, el principal socio comercial de Colombia. Allí llega cerca de una tercera parte de todo lo que exportamos. Cuando vender nuestros productos en ese mercado se vuelve más costoso, el problema deja de ser empresarial para convertirse en un asunto nacional.

Es importante hacer una precisión. La decisión de la USTR no acusa a Colombia de producir mercancías mediante trabajo forzoso. Lo que cuestiona es que el país no hubiera adoptado e implementado oportunamente un mecanismo eficaz para impedir la importación de bienes elaborados bajo esas condiciones, una exigencia que Estados Unidos viene reclamando a sus socios comerciales como parte de su política comercial.

Y es justamente aquí donde aparece una pregunta que merece una respuesta. ¿Por qué, si el riesgo era conocido, Colombia no actuó a tiempo?

Las propias organizaciones del sector exportador, encabezadas por Analdex, han explicado que el Ministerio de Comercio advirtió con anticipación sobre la investigación adelantada por la USTR y solicitó a la DIAN expedir la reglamentación necesaria para atender esa exigencia internacional. Sin embargo, esa actuación no se produjo dentro de los plazos previstos y, según los exportadores, esa omisión terminó debilitando la posición del país frente a Estados Unidos y facilitó la imposición del arancel del 12,5 % anunciado para Colombia.

Si ello fue así, no estamos hablando de un simple trámite administrativo. Estamos hablando de una omisión que hoy puede costarle millones de dólares a la economía nacional y comprometer miles de empleos.

La primera responsabilidad de cualquier gobierno es proteger los intereses del país. En materia de comercio exterior eso significa mucho más que mantener buenas relaciones diplomáticas. Significa anticiparse a los riesgos, cumplir oportunamente los compromisos internacionales, responder con diligencia a las observaciones de nuestros socios comerciales y evitar que decisiones administrativas terminen afectando la competitividad de quienes producen y exportan.

Los mercados internacionales no premian los discursos. Premian el cumplimiento de las reglas.

El sector que probablemente sentirá con mayor fuerza esta medida será el floricultor, uno de los mayores orgullos de las exportaciones colombianas.

Cerca del 80 % de las flores que exporta Colombia tienen como destino Estados Unidos. Solo entre el 15 de enero y el 9 de febrero de 2026, durante la temporada de San Valentín, Colombia exportó aproximadamente 65.000 toneladas de flores, equivalentes a cerca de 4,3 millones de cajas, enviadas para abastecer el mercado estadounidense. Esa temporada representa alrededor del 20 % de las ventas anuales de toda la floricultura nacional.

Pero el problema no comienza con los aranceles. La floricultura ya venía enfrentando una fuerte reducción en sus márgenes de rentabilidad como consecuencia de la caída del dólar, que disminuye los ingresos en pesos de los exportadores, del incremento en los costos de los fletes internacionales, del aumento en los precios de fertilizantes, empaques, energía y mano de obra. Es decir, el sector ya estaba haciendo enormes esfuerzos para seguir siendo competitivo cuando apareció un nuevo obstáculo comercial.

Y detrás de estas cifras hay una realidad que pocas veces se menciona.

La floricultura genera alrededor de 240.000 empleos formales, muchos de ellos ocupados por mujeres cabeza de hogar. Cuando una caja de flores deja de venderse en Estados Unidos porque resulta más costosa que la de un competidor, el impacto no lo siente únicamente el empresario. También lo siente la trabajadora que depende de ese empleo, el transportador que mueve la carga, el pequeño productor que abastece los cultivos y miles de familias que viven de toda esa cadena productiva.

El riesgo tampoco termina en las flores. El café, las confecciones, las frutas, los alimentos procesados y otros productos exportables podrían enfrentar mayores dificultades si Colombia pierde competitividad frente a países que conservan mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense. Por eso será fundamental conocer con precisión el alcance definitivo de la medida y los bienes que quedaron efectivamente cobijados por el nuevo arancel.

Todo esto deja una lección que el país no puede ignorar. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos costó años de negociación y abrió enormes oportunidades para los productores colombianos. Pero un tratado comercial no se administra únicamente el día que se firma. Requiere una diplomacia económica permanente, una vigilancia constante de los cambios regulatorios, instituciones ágiles y un Estado que responda oportunamente cuando aparecen nuevas exigencias internacionales.

El próximo gobierno tendrá la enorme responsabilidad de reconstruir la confianza con nuestro principal socio comercial, fortalecer la agenda bilateral y convertir la defensa de las exportaciones en una verdadera política de Estado. No basta con mantener vigente el TLC; hay que aprovecharlo plenamente y protegerlo todos los días.

Porque esta no es una discusión entre gobiernos ni entre ideologías.

Se trata de defender el trabajo de miles de colombianos que madrugan a cultivar café, producir flores, confeccionar prendas, empacar frutas y abrir mercados para que Colombia siga creciendo.

Mientras nosotros discutimos quién tuvo la culpa, nuestros competidores siguen ganando espacio en el mercado estadounidense.

La verdadera lección de este episodio es que la política comercial no admite improvisaciones. Cuando el Estado deja de actuar a tiempo, la factura nunca llega al escritorio de un funcionario. Llega al productor que pierde un cliente, al trabajador que teme por su empleo, al empresario que reduce sus inversiones y a un país que deja pasar oportunidades de crecimiento.

Proteger las exportaciones no es una tarea secundaria del Estado. Es una obligación con el empleo, con la inversión y con el futuro económico de Colombia.

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