Pocas políticas públicas impactan de manera tan directa la vida de los ciudadanos como la salud. Un medicamento que no llega, una cirugía aplazada, una cita especializada que tarda meses o un hospital que deja de prestar servicios por falta de recursos no son simples indicadores administrativos: son la expresión de un Estado que no está respondiendo oportunamente a uno de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución.

Precisamente por esa trascendencia, la salud fue la principal apuesta de transformación del gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde la campaña anunció que cambiaría de manera estructural el sistema, cuestionó el modelo de aseguramiento vigente y defendió una mayor presencia del Estado en la administración de los recursos. En ese contexto quedó grabada la expresión del "shu, shu, shu", utilizada por el propio Presidente para ilustrar el efecto dominó que, según explicó, tendría la desaparición progresiva de las EPS como se conocían hasta entonces.

Cuatro años después, el debate ya no debe centrarse en las promesas ni en las diferencias ideológicas. Debe centrarse en los resultados. Porque las políticas públicas no se evalúan por la fuerza de los discursos, sino por la evidencia que dejan al terminar un gobierno.

Y esa evidencia plantea interrogantes que el país no puede ignorar. Uno de los síntomas más preocupantes es la crisis de liquidez del sistema. El más reciente estudio de cartera de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reportó que las deudas con hospitales y clínicas alcanzaron 25,7 billones de pesos al cierre de 2025. Más grave aún, el gremio advirtió que 12,6 billones de esa cartera corresponden a EPS intervenidas y que las medidas adoptadas por el Estado no han producido los resultados esperados para normalizar el flujo de recursos hacia los prestadores. Esa realidad explica, en buena medida, las crecientes dificultades que enfrentan hospitales y clínicas para sostener su operación. (ACHC, Estudio de Cartera No. 55).

La discusión sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) terminó convirtiéndose en otro de los grandes ejes de la crisis. Mientras el Ministerio de Salud defendió la metodología empleada para fijar su valor, EPS, hospitales, clínicas y diferentes organizaciones del sector insistieron en que los recursos resultaban insuficientes para cubrir el costo real de la atención. La controversia trascendió el escenario político y llegó a la Corte Constitucional, que durante el seguimiento a la Sentencia T-760 reiteró la obligación del Estado de garantizar fuentes de financiación suficientes y advirtió que persistían problemas relacionados con la suficiencia de la UPC, el aumento de las deudas con los prestadores y la falta de información confiable para calcular adecuadamente los costos del sistema.

A ello se suma el caso de Nueva EPS. Los estados financieros revelados en 2026 muestran pérdidas acumuladas por 6,1 billones de pesos, pasivos superiores a 22 billones y un patrimonio negativo, cifras que reflejan la dimensión del deterioro financiero de la aseguradora con mayor número de afiliados del país. Más allá del debate sobre las causas de esa situación, lo cierto es que el nuevo gobierno recibe una entidad cuya estabilidad será determinante para millones de usuarios.

Las dificultades no se limitaron al frente financiero. También comenzaron a reflejarse en la experiencia cotidiana de millones de usuarios. La entrega oportuna de medicamentos, uno de los compromisos más reiterados por el gobierno durante el debate de la reforma, terminó convirtiéndose en una de las principales fuentes de inconformidad ciudadana. Las imágenes de pacientes recorriendo varias farmacias en busca de tratamientos formulados o denunciando la suspensión de medicamentos esenciales se hicieron recurrentes y ocuparon un lugar permanente en la agenda pública.

Esa percepción encontró respaldo en los indicadores institucionales. La Superintendencia Nacional de Salud reportó un crecimiento sostenido de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), impulsado principalmente por dificultades en la entrega de medicamentos, demoras en la asignación de citas y barreras para acceder a servicios especializados.
Paralelamente, la Corte Constitucional, reiteró que el aumento de las acciones de tutela continúa siendo uno de los principales indicadores de fallas estructurales en la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.

Otro de los capítulos más controvertidos fue la intervención de varias EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. El Gobierno defendió estas decisiones como un mecanismo para proteger a los afiliados y corregir problemas administrativos y financieros. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron cuestionamientos sobre sus resultados. La Contraloría General de la República advirtió que las intervenciones no estaban produciendo mejoras estructurales en la atención de los usuarios ni resolviendo los problemas financieros que motivaron esas medidas, mientras la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas señalaba que buena parte de la cartera con los prestadores correspondía precisamente a EPS bajo intervención. Más allá del debate jurídico sobre la facultad para intervenirlas, la pregunta que queda abierta es si esas decisiones mejoraron efectivamente la atención de los pacientes. Esa será una de las evaluaciones que deberá realizar el nuevo gobierno.

Especial mención merece el caso del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). El nuevo modelo de salud para los docentes fue presentado como una muestra de que era posible avanzar hacia un esquema diferente de prestación de servicios. No obstante, su implementación estuvo acompañada de dificultades operativas, problemas en la entrega de medicamentos, demoras en la asignación de citas y una amplia inconformidad de los usuarios, que motivó reiterados llamados de atención por parte de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones representativas del magisterio.

Todos estos hechos permiten extraer una conclusión que trasciende la discusión política. El principal error del cuatrienio no fue intentar reformar el sistema de salud. Los sistemas de salud deben evolucionar y adaptarse a las nuevas necesidades de la población. El verdadero error consistió en impulsar cambios de enorme magnitud sin construir previamente los consensos técnicos e institucionales necesarios, en mantener un clima permanente de confrontación con buena parte de los actores del sector y en no lograr que las decisiones adoptadas se tradujeran en mejoras verificables para los usuarios.

Esa es, precisamente, la principal lección que deja el gobierno saliente. Las reformas no se legitiman por la fuerza de las mayorías políticas ni por la intensidad del debate público. Se legitiman cuando el ciudadano percibe que recibe una atención más oportuna, encuentra sus medicamentos, consigue una cita con menor dificultad y siente que el sistema responde mejor que antes. Cuando eso no ocurre, la discusión deja de ser ideológica y se convierte en un problema de gestión pública.

Ese es el escenario que recibe la nueva ministra de Salud, Ana María Vesga. Su nombramiento despertó expectativas porque llega al cargo con un profundo conocimiento del funcionamiento del sistema, de su esquema de aseguramiento y de los desafíos financieros que enfrenta. Precisamente por ello, el país esperará de su gestión mucho más que nuevos diagnósticos. Esperará decisiones y resultados.

La primera prioridad deberá ser recuperar la liquidez del sistema. Ninguna reforma será sostenible si hospitales, clínicas y demás prestadores continúan enfrentando retrasos en los pagos que comprometen su operación. Restablecer un flujo oportuno de recursos es una condición indispensable para garantizar la continuidad de los servicios y preservar la capacidad de respuesta de la red de atención.

La segunda será normalizar el acceso a los medicamentos. Ningún ciudadano debería recorrer varias farmacias para obtener un tratamiento formulado ni ver interrumpida la continuidad de su atención por fallas logísticas o administrativas. Reducir de manera verificable las reclamaciones por este concepto debe convertirse en uno de los principales indicadores de éxito de la nueva administración.

Una tercera tarea consistirá en devolver confianza al debate sobre la financiación del sistema. La discusión alrededor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) dejó claro que el país necesita metodologías más transparentes, información robusta y decisiones sustentadas en evidencia técnica. Solo así será posible construir acuerdos que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema y reduzcan la permanente confrontación entre el Gobierno y los diferentes actores del sector.

También será indispensable evaluar con objetividad los resultados de las intervenciones a las EPS. La pregunta no debe ser cuántas entidades fueron intervenidas, sino si esas decisiones mejoraron efectivamente la oportunidad, la calidad y la continuidad de la atención para los afiliados. Los pacientes no juzgan las medidas administrativas; juzgan la atención que reciben.

La confianza también hace parte del sistema de salud. Cuando un ciudadano pierde la certeza de que recibirá oportunamente una cita, un medicamento o un tratamiento, el problema deja de ser exclusivamente financiero o administrativo y se convierte en una crisis institucional. Recuperar esa confianza exigirá liderazgo, diálogo, rigor técnico y una gestión capaz de producir resultados medibles. Ignorar esa realidad sería un error; convertirla en el punto de partida para corregir el rumbo será la verdadera responsabilidad del nuevo gobierno.

Los gobiernos pasan; los pacientes permanecen. Por eso, el verdadero éxito de una política pública de salud no se medirá por el número de reformas presentadas ni por la intensidad de los debates políticos, sino por la tranquilidad con la que un colombiano pueda acudir al sistema sabiendo que encontrará una atención oportuna, medicamentos disponibles y servicios de calidad. Si Ana María Vesga logra avanzar en esa dirección, no solo habrá administrado una crisis: habrá comenzado a reconstruir la confianza de los colombianos en uno de los derechos fundamentales más importantes del Estado.