El tema es apremiante, en cinco años podría darse un registro nada halagüeño para el país ya que de seguir la actual tendencia en productividad e informalidad laboral el país perdería la nada desestimable suma de 450 billones de pesos. Las alertas las encendió el Consejo Colombiano de Seguridad, CCS, que realizó un estudio sobre el impacto que tendría el no cumplir con los perentorios compromisos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, ODS-8, el cual apunta a promover a 2030 trabajo decente y crecimiento económico sostenible.

El estudio fue revelado en cumplimiento del 58 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente, evento que reunió a más de 1.500 líderes empresariales, expertos, técnicos, académicos y profesionales prevencionistas.

La presidente Ejecutiva del CCS, Adriana Solano Luque aseveró que hay preocupación porque el estudio fue hecho con base en dos indicadores específicos que fácilmente permiten medir el avance del país hacia el cumplimiento del ODS-8, meta que de no llegar a buen puerto representaría una cifra equivalente a nueve, diez o más reformas tributarias, un verdadero descalabro para un país que urge de mejorar sus estándares empresariales y productivos justo en momentos en que llegan nuevos retos internos como también externos en dinámica industrial sin dejar de lado las amenazas que desprenden de la impredecible geopolítica.

Productividad laboral (Indicador 8.2)

Según documentos, para dar cumplimiento a la meta 8.2 del ODS 8 y lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra, Colombia estableció como indicador que, para el 2030, se debe contar con un incremento del PIB por persona empleada del 3 % anual.

Sin embargo, con base en los reportes del ‘Banco de datos regional para el seguimiento de los ODS en América Latina y el Caribe’, el CCS identificó que entre 2015 y 2023 el crecimiento promedio es de tan solo el 1,57 % por año.

Ahora bien, a partir de los datos del Dane para 2024, el PIB de Colombia se estimó en 1700 billones de pesos y la población ocupada en 23,3 millones de personas, lo que equivale a un promedio de 72,96 millones de pesos por cada trabajador al año.

 

 

Insumos con los cuales se proyectaron dos escenarios

Escenario base: crecimiento constante de 1,57 % anual en productividad hasta 2030.

Escenario meta: crecimiento acelerado que permite alcanzar el 3 % anual en 2030.

El CCS estimó la brecha entre ambos escenarios utilizando una fórmula de interés compuesto y considerando la población ocupada constante. La diferencia acumulada en valor agregado que se dejaría de generar bajo el escenario base equivale a $243 billones de pesos acumulados al año 2030.

 

“Estas pérdidas representan menores recursos disponibles para inversión social, desarrollo productivo y mejoras en la calidad del empleo, comprometiendo así el avance hacia un crecimiento económico inclusivo y sostenible del país”, destacó Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del CCS.

Formalización (Indicador 8.5)

La meta 8.5 del ODS propone, de aquí al 2030, “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”. En otras palabras, es una apuesta por la formalidad laboral.

 

 

Aunque Colombia se fijó como meta alcanzar una tasa de formalidad laboral del 60 % para 2030 , la realidad muestra un panorama preocupante. Según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, para el primer trimestre de 2025, esa tasa apenas llegaba al 43,2 %, lo que deja una brecha de 16,8 puntos porcentuales. Traducido en personas, eso significa que el país aún necesita formalizar a unos 3,9 millones de trabajadores.

Ssegún cálculos del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), la informalidad laboral no solo afecta los derechos de millones de trabajadores, sino que también le está costando al país una parte importante de su productividad.

Con base en el dato actual del PIB por persona empleada en Colombia —72,9 millones de pesos anuales— y en un estudio del Banco de la República que advierte que la informalidad puede reducir la productividad hasta en un 29 %, el CCS evaluó cuánto pierde el país por mantener altos niveles de trabajo informal.

Para ello, se analizaron dos escenarios: uno en el que la formalidad laboral se estanca en 43,2 % hasta 2030, y otro en el que esa tasa crece progresivamente hasta alcanzar el 60 %, meta trazada por el país.

En ambos casos, se mantuvo constante el valor del PIB por trabajador y se calculó, año por año (entre 2025 y 2030), cuánta productividad se pierde al multiplicar el número de trabajadores informales por ese 29 % de merma estimada.
El resultado es contundente: si Colombia no avanza hacia la formalización del empleo, el costo en productividad acumulado podría ascender a 207 billones de pesos en los próximos cinco años.

 

“Esta cifra refleja no solo un rezago en términos de producción y generación de valor agregado, sino también una pérdida significativa de recursos fiscales potenciales. La ausencia de formalización implica una menor contribución al recaudo de impuestos y aportes parafiscales, lo que limita la capacidad del Estado para financiar bienes y servicios públicos esenciales, como salud, educación, infraestructura y protección social”, afirmó Solano Luque.

 

 

Adicionalmente, la elevada informalidad restringe el acceso de los trabajadores a sistemas de seguridad social, que incluyen el Sistema General de Riesgos Laborales y el Sistema General de Pensiones, perpetuando condiciones de vulnerabilidad y exclusión que alimentan ciclos de pobreza y desigualdad.

El análisis también evidenció que las brechas en formalización varían según el tamaño de la unidad productiva . Según datos del Dane para 2025, solo el 14,6 % de los ocupados en microempresas son formales, frente al 79,9 % en pequeñas empresas, y al 94,3 % y 97,4 % en medianas y grandes, respectivamente. Este panorama plantea un reto estructural: fortalecer el sector micro y pequeño, donde se concentra el mayor rezago y donde deben enfocarse con urgencia las estrategias de apoyo y regularización.

En suma, los resultados del estudio del CCS evidencian que el rezago en productividad y la persistencia de altos niveles de informalidad podrían costarle a Colombia hasta $450 billones de pesos al 2030. Esta cifra, que resulta de la combinación de las pérdidas proyectadas por no alcanzar la meta de crecimiento en productividad laboral ($243 billones) y por mantener bajos niveles de formalización ($207 billones), representa un impacto económico de gran magnitud que compromete no solo el desarrollo sostenible del país, sino también la equidad, la inclusión y la calidad de vida de millones de colombianos.

Estrategias integrales para promover el empleo formal y sostenible

El Consejo Colombiano de Seguridad propone una hoja de ruta integral para avanzar en las metas del ODS 8, centrada en alianzas estratégicas, innovación, fortalecimiento empresarial y enfoque diferencial e interseccional. Se requiere una acción coordinada entre el Gobierno, las grandes empresas y las mipymes para ampliar la formalización laboral y elevar la productividad en el país.

 

 

Maniobras a seguir

Fortalecer alianzas entre Gobierno, empresas, academia, gremios y trabajadores que fortalezcan y promuevan estrategias como beneficios tributarios o programas de cofinanciación, especialmente, para aquellas empresas que generen oportunidades de empleo decente, equitativo y justo, especialmente para jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.

Ratificar recomendaciones de la OIT como la No. 204, sobre la transición de la economía informal a la formal. En Colombia, dicha recomendación no ha sido ratificada a la fecha, pese a haber sido adoptada desde el 2015.

Fomentar la creación y regularización de las empresas, especialmente para micro, pequeña y mediana empresa, en donde se genera un poco más del 60 % de empleos en el país. Para ello, es clave, además, impulsar programas de formación técnica, tecnológica, profesional y continua, dirigidos a fortalecer sus capacidades y sostenibilidad, especialmente orientados a las mipymes.

Divulgar y compartir las buenas prácticas de trabajo seguro, saludable y decente que se generan desde los diferentes sectores y que puedan adoptar y apalancar las micro y pequeñas empresas para su crecimiento.

Realizar evaluaciones periódicas de las acciones implementadas para promover la formalización empresarial y del empleo, con el fin de medir su impacto real, ajustar los recursos de manera eficiente y fortalecer la coordinación entre el Gobierno y los actores involucrados.

Incorporar enfoques diferenciales e interseccionales en las estrategias de formalización, para atender las realidades y barreras específicas de poblaciones como mujeres, jóvenes, pueblos étnicos, personas con discapacidad y comunidades rurales, y, así, garantizar una transición más inclusiva hacia el trabajo decente.

 

 

Incentivar estrategias que promuevan un relevo intergeneracional efectivo, facilitando la transferencia de saberes empíricos de la población con mayor experiencia en el mercado laboral y su fortalecimiento a través del conocimiento técnico de las nuevas generaciones que ingresan al mercado laboral.

En el caso de las grandes empresas, fortalecer sus cadenas de suministro, especialmente las conformadas por mipymes, mediante la transferencia de tecnologías, buenas prácticas laborales, inversión en innovación y programas de formación continua que impulsen la productividad y el trabajo decente en toda la cadena de valor.

La formalización laboral conlleva diversos beneficios para el país, las empresas y las personas, puntualizó Solano Luque, a medida que se generen más empleos formales y aumente el número de empresas legalmente constituidas, el Gobierno incrementará su recaudación tributaria, esto permite una mayor inversión social, una mejor provisión de bienes y servicios y el desarrollo de políticas públicas orientadas a responder a las necesidades de las comunidades. Al mismo tiempo, aseveró, se impulsa el desarrollo social y económico del país y se contribuye a la reducción de la pobreza y las desigualdades.

El país, expuso la versada, no puede darse el lujo de dilapidar una cantidad tan elevada de recursos, puesto que si se generan habría beneficios para el Estado y la sociedad como un todo y expuso que definitivamente todo trabajador formalizado genera un 30 por ciento más en productividad en el sistema, así como en el desarrollo de sus actividades.

Dijo que surgen inquietudes como por qué no trabajar en una política de mediano y largo plazo que permita ese crecimiento en lugar de buscar unas decisiones mucho más de corto que tiene que ver con las reformas tributarias y otras medidas desgastadas, inoperantes y antitécnicas.

 

 

Colombia, sin condiciones competitivas para pensar en desarrollo industrial

Después de más de tres décadas en donde el país infortunadamente se afianzó como una endeble fábrica de reformas tributarias, cayó estrepitosamente en productividad, la competitividad jamás llegó porque sin infraestructura, careciendo de bienes públicos, sin vías terciarias y en medio del olvido, productores primarios y transformadores no lograron dar los saltos de calidad que demandan los acuerdos comerciales y la infausta apertura económica que llevó a la bancarrota a muchísimos empresarios, claro, había que impulsar las importaciones amén del desmedro empresarial o agrícola.

El país lleva como dijimos años de sumar y sumar impuestos, pero de manera paralela, de restar y restar en competitividad y productividad. Según algunos críticos, a muchos mandatarios les quedó grande el país, fueron crudos, calculadores e impíos porque los faltantes que casi siempre fueron el igual de la corrupción se la cargaron al contribuyente primario, al que ofrece puestos de trabajo, al que aporta y cumple, a ese tenían que acabarlo para fomentar una cultura de informalidad tremendamente aguda.

Los TLC y el libre comercio, exacerbado por Estados Unidos, hoy reposa en el Campo Santo tras las decisiones del presidente Donald Trump que impuso aranceles de manera unilateral a unos convenios que automáticamente quedaron sin piso jurídico ni asidero, el tema es tan delicado que atomizó el modelo económico de un plumazo haciendo que los países en todo el globo estén replanteando comercio, industria, productividad y soberanía alimentaria, claro todo en línea con lo que hace la Casa Blanca a propósito de que el ejemplo empieza por casa.

En un gobierno audaz, decidido, inteligente y consecuente lo ideal sería abaratar el país, bajar el impuesto de renta al 20 por ciento, llevar el IVA a un digito, ocho por ciento, y eliminar exenciones y vagabunderías como la caridad y los regalos malsanos que fomentan pereza y el acabose de la mano de obra, verbigracia familias en acción o auxilios solidarios que deberían salir de las arcas del Estado y no del ahorro del público resguardado en cuentas individuales. El país pide a gritos empresas, grandes marcas produciendo y fomentando empleo, pues no hay mejor subsidio que un trabajo en vista que no solo ofrece ingreso sino independencia y dignidad. Las exenciones, según algunos economistas, cuestan entre 150 y 180 billones de pesos, si se desmontan, aclaran, el estado tendría una maniobra generosa que le facilitaría utilizar, eso sí, siempre y cuando no siga esa manía perversa de desaparecer los dineros públicos, recursos eficientes para el desarrollo.

 

 

Como si fuera poco, los eventos geopolíticos dicen que Colombia debe retomar con urgencia la agricultura y ponerle sello de tranquilidad a la seguridad alimentaria porque ante un ataque súbito en cualquier parte del mundo, no hay mucho de donde echar mano porque cada país guardará sus reservas, no exportará, entre otras cosas porque la logística puede colapsar. Hoy nadie tiene claro absolutamente nada.

Ante estas opciones la presidente Ejecutiva del CCS, Adriana Solano Luque, anotó que hoy el país es inviable para la inversión o el fomento de las empresas porque hay tantas tarifas impositivas que no hay manera de competir con las factorías extranjeras, en años anteriores las reformas tributarias castigaron los índices de rentabilidad e hicieron imposible encarar la internacionalización de los mercados.

Hoy los colombianos tienen más impuestos, pero paradójicamente menos activos porque hubo una feria de empresas y de actividad extractiva que no redundó en desarrollo porque los dineros grandes se fueron para las cuentas exógenas, no sin antes dejar caos ambiental, pobreza y poca oportunidad de surgir, una fórmula que debe revisarse para hacer que la riqueza, como dice la Constitución, sea de todos y no de unos cuantos, finalmente en Colombia todos caben y hay recursos para todos.

 

“Definitivamente creo que una política coherente de largo plazo tiene que ver con la atracción de la inversión en el país y la creación de nuevas empresas. Nosotros en el Consejo Colombiano de Seguridad llevamos 71 años velando por los trabajadores, estamos convencidos y lo creemos de fondo que para tener clase trabajadora que cuidar, sencillamente hay que tener empresas, pues de lo contrario no tiene sentido hablar de sociedad, oportunidad e inclusión. Está comprobado en estudios de organizaciones como la OIT o las OMS que es el empleo un factor de protección para el bienestar de los seres humanos, además de los incentivos fiscales y económicos que implica para un país tener sus nacionales con empleo, pues ni que decir desde el punto de vista de salud mental que alcanza un ser humano con esas garantías”, puntualizó Adriana Solano Luque.

 

 

Precisó que para hacer de Colombia un país prometedor y viable empresarialmente hablando, hay que impulsar una política que atraiga inversionistas, que generen puestos de trabajo, estabilidad y mayor oferta y demanda de bienes y servicios. A juicio de la presidente Ejecutiva del CCS, es necesario buscar unas adecuaciones del Sistema General de Seguridad Social para ciertas actividades que hoy pareciera, no tienen tanta correlación, pero insistió en la urgencia de crear de forma sensata, una política de crecimiento económico de largo plazo que sin lugar a dudas sacará adelante al país.

 

“Hay que pensar en una visión que vaya más allá de cualquier intención política. Creo que todos los colombianos cuando nos sentamos, queremos un país prospectivo y en permanente repunte, un tema que no hace parte de ninguna agenda política, es tan solo un tema con una visión de largo plazo, quizás algo que nos ha faltado en los últimos años porque Colombia cada cuatro años vuelve y se reinventa, algo complejo porque en ese periodo no es posible construir historia, la gran respuesta a por qué no avanzamos en este número de formalizaciones, uno de los factores que influye terriblemente. Vemos que hay ciudades que avanzan en esa formalización, pero otras, por citar un ejemplo, Sincelejo o Riohacha, tienen unas tasas de formalización inferiores al 30 por ciento, algo que nos obliga a trabajar de manera más coherente, aunada y con propósitos entre todos los actores para lograr esas metas”, detalló Solano Luque.

 

El problema de la reinvención de país cada cuatrienio es que llega con menoscabo en productividad y empresas que se van haciendo inviables por la cascada de impuestos. Precisamente con el informe de siniestralidad analizado hace unos días, el CCS observó que la principal amenaza que tiene la competitividad es la informalidad, un fenómeno que no ayuda y se afianza como una gran amenaza en la eficiencia productiva de cualquier país, lo que incluye a Colombia. Reiteró que deben eliminarse todo ese tipo de barreras y propender por una construcción de país a largo plazo que facilite lograr éxitos sobre pilares de eficiencia, trabajo, método y buena fe.

En línea con generadores de opinión norteamericanos, Solano Luque anotó que llegó la hora de empezar a formar un mercado ambicioso entre las ciudades de la Costa Norte colombiana con la Costa Oeste de Estados Unidos, separadas por tan solo tres horas, que actualmente está siendo muy desarrollado por los mexicanos versus lo que hace el empresariado local.

 

 

Por todo lo que ha pasado y en aras de fomentar crecimiento, inclusión y tejido social, la presidente del CCS dijo que en efecto hay que repensar la agenda económica en favor de la mayor dinámica en el país, pero generando valor en los procesos, transacciones, servicios y transformación de materia prima que de verdad sumen a un necesario progreso. El tema no es sacar la bandera de los subsidios sino respaldar al empresariado y toda la agregación de valor teniendo en cuenta que Colombia es un país que históricamente ha sido empresario, lleno de una pujanza admirable y con un fomento a la industria que de buenas a primeras fue quedando rezagado, pero que invita a actuar y a tener conversaciones diferentes para cumplir metas y hacerlas sostenibles en el largo plazo.

Los años han pasado desde la apertura económica y mucha agua corrió bajo el puente, empero, lo cierto es que hoy el tema enorme es el fomento de la industria, puesto que si bien Colombia tuvo algunas iniciativas de desarrollo e innovación en algunos procesos, cierto es que debe arrancar con la reformulación y la apuesta por sectores que estén más decididos a respaldar ese crecimiento económico y allí, apuntó, existen varios retos como avivar la industria sin que el trabajo se quede estrictamente en transformar lo que da la tierra por cuanto hay que robustecer procesos económicos que además incentivan la generación de empleo.

Sobre subsidios, Adriana Solano Luque, manifestó que ningún ser humano quiere pasar la vida esperando que le regalen algo, pues por inherencia todas las personas quieren ser útiles, trabajar y contribuir en algo que realmente impacte a la sociedad, independientemente del rol, la labor, el estudio o la profesión acreditada, y en ese sentido, acotó, el país debe brindar la posibilidad de acceder a esos empleos con los que sueñan los colombianos.

En vista que empieza a cerrarse el ciclo de un gobierno, Solano Duque afirmó que hay temas para desarrollar al unísono entre el ejecutivo, el legislativo, los empresarios y la sociedad que garanticen un punto final en condiciones de seguridad, dignidad y democracia.

 

 

Allí, expresó, deben generarse unas conversaciones entre todos los grupos de interés, expuso que llegó el momento de sentarse empresarios, Estado, trabajadores, gremios y academia para incentivar unas conversaciones diferentes que permitan plantear una ruta con indicadores de corto plazo que consideren una apuesta de país diferente para lo que quede. En su opinión, la recuperación de Colombia demandará tiempo, algunos años, razón por la cual debe dejarse formulado, por lo menos en este año, parte de esa agenda para los siguientes cuatro años de gobernabilidad que impulsen crecimiento y desarrollo económico.

Esa necesidad de diálogo, acentuó, será la mejor excusa para despolarizar un país en donde la política incurrió en el pecado de hablar con tonos desatinados para fortalecer los ataques de oposición dejando de lado obligaciones como el desarrollo de las sociedades o de iniciativas para conjurar agudos inconvenientes. Los sueños de los colombianos y su cristalización, concluyó la presidente Ejecutiva del CCS, Adriana Solano Luque, no pueden estar atados a ideologías o apasionamientos agresivos en donde se funde el sentido de patria y hermandad.

Cabe recordar que el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1954, reconocida como el referente técnico de la industria colombiana en seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental.

A través del cuidado de las personas y el reconocimiento de los trabajadores como eje de las estrategias organizacionales, impulsa la competitividad y la gestión sostenible de las empresas colombianas.

Adicional, aporta al desarrollo de conocimiento, la divulgación de buenas prácticas, la innovación y el respaldo técnico. Contribuye de manera activa a la sostenibilidad del país generando soluciones efectivas y aplicables para la gestión de riesgos laborales y ambientales, apoyados en un equipo humano altamente especializado y comprometido con la excelencia. El Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente es el evento más importante en América Latina frente a todos los temas de gestión de riesgos laborales y sostenibilidad, un espacio para platicar, discutir temas y entregar el fruto de las exhaustivas investigaciones.