En carta dirigida a la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López y a sus secretarios de salud, Alejandro Gómez y de Desarrollo Económico, Carolina Durán, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar sale en defensa de los derechos a la salud y la alimentación de los menores, cuando se realizan gigantescos esfuerzos por evitar el incremento de nuevos contagios y muertes ocasionadas por los efectos de esta pandemia.
Es por ello que hacen referencia a dos desafortunados casos que han evidenciado estás prácticas en Bogotá; el dos de julio del presente año, Nestlé hizo entrega de comestibles ultraprocesados, donación que tuvo un amplio despliegue publicitario en las redes de la Alcaldía Mayor de Bogotá. También, en la entrega de 11 mil bebidas azucaradas y 16 mil comestibles de paquete que hizo Pepsi Co. a finales de abril, evento que inicialmente fue publicitado en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero que posteriormente dichos mensajes fueron borrados de las cuentas de la entidad.
Al mismo tiempo, señalan que “en ningún caso la Alcaldía de Bogotá, sus Secretarías u otras instituciones públicas, deben contribuir a campañas publicitarias de grandes empresas privadas de ultraprocesados y bebidas azucaradas, ya que tal accionar implica poner los recursos públicos al servicio del lucro privado”.
Enfatizan que “recurrir a personal del Distrito, usar las redes sociales de sus entidades o emplear los canales públicos de prensa para favorecer campañas de lavado de imagen de empresas privadas genera un claro conflicto de interés que los servidores públicos deben evitar, en cualquier caso, en aras de garantizar transparencia y defensa de lo público”.
Manifiestan preocupación por “el manejo de las donaciones hechas por transnacionales de la industria de comestibles ultraprocesados. A nuestro juicio, las instituciones públicas deben abstenerse de participar en ejercicios de marketing asociado a causas, en programas de donación impulsados por compañías que produzcan comestibles no saludables, y deben evitar a toda costa convertir las donaciones en oportunidades para que las marcas que donan hagan publicidad, o para que desarrollen estrategias de lavado de imagen”
En la misiva hacen referencia a que tales donaciones también conllevan riesgos que han sido documentados por organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- que recomiendan no aceptar donaciones de productos con altos contenidos de grasas saturadas, azúcar o sal por considerarlos ‘comestibles no saludables’. Los cuales, si no hubiese existido interferencia en el Congreso, hoy tendrían sellos frontales de advertencia.
Explican que las donaciones en especie de las empresas de bebidas y alimentos son aceptables cuando contienen únicamente alimentos saludables, preferiblemente de productores locales. La Organización Panamericana de la Salud -OPS- reveló sobre los productos ultraprocesados que el aumento de las ventas (y del consumo relacionado) se asoció con el incremento del peso corporal, lo que indica que estos productos son un importante impulsor de las crecientes tasas de sobrepeso y obesidad. En la Región, casi el 60% de los habitantes, unos 360 millones de personas, vive con sobrepeso.
Reinaldo Villalba Vargas, Presidente Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo explicó en la misiva que el Estado debe tener un rol de garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía y que las instituciones públicas deben cumplir con las obligaciones que el Estado ha asumido internacionalmente en materia de derechos humanos.
Es importante recordar que, en reiteradas ocasiones, la OMS ha dicho que una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Lo anterior adquiere mayor relevancia dado que la evidencia científica señala que “las personas con enfermedades no transmisibles (ENT) también son más vulnerables a enfermar de gravedad como consecuencia del virus”.
Finalmente, destacan las acciones asumidas en países como Uruguay, cuyo Ministerio de Desarrollo Social estableció un Protocolo para la evaluación de donaciones de alimentos.
