Por: Jairo Alonso Mesa Guerra
La Unidad Agrícola Familiar nació en la Ley 135 de 1961 como respuesta a un país profundamente desigual en la distribución de la tierra; décadas después, la Ley 160 de 1994 la convirtió en unidad de adjudicación de baldíos y en límite a la acumulación. Su espíritu fue loable: evitar el latifundio improductivo y garantizar que cada familia campesina tuviera una extensión suficiente para vivir dignamente.
Pero las instituciones no pueden ser eternas por razones sentimentales. Deben evaluarse por sus resultados económicos.
Sesenta años después de su diseño conceptual y treinta años después de su aplicación como regla de adjudicación, la UAF se ha convertido en un instrumento rígido frente a una economía rural que exige flexibilidad, escala y productividad. La pregunta ya no es si la intención fue buena; la pregunta es: ¿Realmente el instrumento funciona en el siglo XXI?
El campo colombiano no compite hoy en mercados locales aislados, compite en cadenas globales, en agroindustria tecnificada, en proyectos forestales, energéticos y agroexportadores que requieren integración logística, financiamiento estructurado y continuidad territorial. Sin escala no hay eficiencia. Sin eficiencia no hay rentabilidad. Y sin rentabilidad no hay desarrollo rural sostenible.
La UAF parte de un supuesto de subsistencia familiar, pero la política pública no puede limitarse a garantizar subsistencia; debe promover la acumulación productiva, generar empleo formal y transformar la económica. Fragmentar la tierra como principio estructural puede evitar concentración, pero también puede impedir competitividad.
En la práctica, el límite rígido de la UAF ha generado inseguridad jurídica, sobrecostos en estructuración de proyectos, barreras para la inversión formal y esquemas societarios complejos diseñados para sortear restricciones normativas. No se eliminó la concentración económica; se sofisticó jurídicamente.
Mientras tanto, el país sigue con baja productividad rural, informalidad en la tenencia y enormes extensiones subutilizadas; el problema de Colombia no es únicamente la concentración, es la improductividad. Por lo tanto, la solución no es profundizar la fragmentación, es rediseñar el modelo.
La adjudicación de tierras debería estar ligada a proyectos productivos viables, medibles y evaluables, no a un metraje fijo predeterminado hace seis décadas; el Estado no debería preguntar cuántas hectáreas puede tener una familia, sino qué modelo productivo puede desarrollar con eficiencia y sostenibilidad. Incluso dentro del propio Estado ya existen señales de evolución conceptual.
La Unidad de Restitución de Tierras ha hablado de “unidad agrícola familiar dinámica”, donde reconoce que el tamaño y la viabilidad no pueden ser estáticos ni uniformes para todo el territorio; esa visión es más coherente con una economía moderna: la tierra no debe asignarse por fórmula rígida, sino por proyecto, vocación productiva y sostenibilidad económica.
Al mismo tiempo, el país necesita fortalecer mecanismos de formalización y saneamiento. Sin seguridad jurídica plena, catastro actualizado, registro depurado, clarificación de la propiedad, eliminación de falsa tradición, cualquier modelo fracasa; la verdadera reforma rural no es solo repartir tierra, es formalizarla, sanearla y hacerla productiva.
Persistir en un esquema rígido de UAF como límite estructural puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo territorial, por supuesto que, no se trata de volver al latifundio improductivo ni de debilitar la protección al pequeño productor; se trata de entender que la equidad no se mide únicamente por hectáreas distribuidas, sino por ingresos generados, empleo creado y riqueza rural sostenible.
Colombia necesita una política de tierras del siglo XXI, una política que combine equidad con productividad, formalización con inversión, acceso con eficiencia. Si la UAF fue una respuesta válida en 1961, eso no significa que deba ser dogma en 2026.
Las leyes no son reliquias. Son herramientas. Y cuando una herramienta deja de resolver el problema para el cual fue creada, lo responsable no es defenderla, sino reemplazarla.
Tal vez la verdadera pregunta no sea para qué sirve hoy la UAF, sino si el país está listo para superarla.
